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La Comisión Ciudadana de Transparencia del municipio de Bonito Oriental en Colón, presentó el informe de auditoría social sobre la construcción de un pavimento en el barrio Loma Linda, que se ejecutó con fondos públicos a través del Instituto de Desarrollo Comunitario de Aguas y Saneamiento, Idecoas, a un costo de casi dos millones de Lempiras.

Después de 7 licitaciones privadas el Estado de Honduras otorgó la construcción del pavimento a la Fundación para el Desarrollo de la Educación y Progreso de Honduras, Fundeproh, una organización no gubernamental de Comayagua, que, según el alcalde municipal de Bonito Oriental, Clemente Cardona García, es empresa de maletín del gobierno de Juan Orlando Hernández.

“Empresas de maletín que sólo prestan el nombre”, afirmó el alcalde asegurando que los materiales empleados no fueron los adecuados, así como la gente que construyó el pavimento. Además, que al pueblo de Bonito Oriental no se le consultó la construcción del proyecto. “Solo nos dijeron que de la transferencia municipal se iba a realizar una inversión manejada por Idecoas”, agregó el edil al consultarle el origen de los fondos.

El informe de auditoría social refleja que, por cada 12 metros cuadrados de pavimento, la empresa tuvo que emplear 25 bolsas de cemento, sin embargo, solo aplicó 15 bolsas de material, dejando un pavimento delgado, angosto y con poca durabilidad. En algunos puntos del pavimento se observan desniveles, que según la ciudadanía podrían provocar accidentes.

El informe también refleja, que los trabajadores en varias ocasiones detuvieron la construcción por falta de pago salarial, que no hubo una supervisión de la obra y que los representantes de la empresa no tienen domicilio físico ni legal en el municipio, razón por la cual el proyecto duró más meses de lo acordado.

Además, en la revisión de las facturas y recibos de compra de materiales se encontraron inconsistencias en las cantidades, letra poco legible y algunas facturas presentan borrados con corrector, por lo que se considera que fueron alteradas por la empresa para elevar los costos.

“Sólo tuvimos acceso a pocas facturas, la empresa nos ocultó información”, expresó luego de la presentación del informe Edita Hernández de la Comisión Ciudadana de Transparencia de Bonito Oriental. A criterio de Edita la ciudadanía gracias al apoyo de la Iglesia Católica y el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación-ERIC-SJ, se pudo hacer el trabajo de auditoria social.

Esta investigación es parte del proceso de capacitación en auditoria social que facilita el ERIC-SJ, a representantes de organizaciones comunitarias interesadas en conocer cómo el gobierno local está administrando el dinero de los impuestos recaudados en el municipio.

El asesor de la comisión ciudadana de transparencia Víctor Henri, asegura que esta investigación fue posible por la apertura y participación de las autoridades municipales de Bonito Oriental, caso contrario a lo que vive la Comisión Ciudadana de Transparencia de Arena Blanca en El Progreso, Yoro, donde el alcalde Alexander López se ha negado a facilitar la información del proyecto que pavimentación.

“Llevamos siete meses solicitando el perfil técnico del proyecto”, dice Henri, haciendo un llamado público al alcalde Alexander López para que cumpla con su deber de brindar información según lo dicta el artículo 59 de la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Participación Ciudadana establecida en el año 2009 bajo el gobierno de Manuel Zelaya.

La comisión Ciudadana de Transparencia es una organización comunitaria en Honduras, que, en la mayoría de los municipios, los comisionados y representantes responden al interés del gobierno local de turno o terminan convirtiéndose en tapaderas de la corrupción e impunidad. 

El papel de la Comisión Ciudadana de Transparencia y el Comisionado Municipal, según la Ley de Municipalidades, es poner en práctica la vigilancia ciudadana y la auditoria social para que los corruptos no sigan aprovechándose de los recursos públicos.

Los actos de corrupción que se cometen en la ejecución de proyectos comunitarios, son el reflejo de la corrupción macro que se vive en el gobierno central, que priva de una vida digna a los hondureños y hondureñas. En municipios como Bonito Oriental en Colón, se está avanzando a la construcción de una sociedad responsable desde la participación ciudadana y desde la organización que denuncia a los corruptos y violentos con nombre y apellidos.

El proceso electoral en Honduras se acerca a la recta final con las elecciones generales pactadas para el 26 de noviembre. Como parte del ambiente previo, saltan acusaciones de fraude sobre todo de los sectores de oposición contra el oficialismo encabezado por el actual presidente y candidato ilegal a la presidencia, Juan Orlando Hernández.

El gobierno responde a dichos señalamientos informando que las elecciones de este año serán las más observadas de la historia del país, sobre todo porque la comunidad internacional está preparando a sus delegaciones.

El Tribunal Supremo Electoral, TSE, convoca a la población a votar masivamente ya que se calcula que serán acompañados por unos 15 mil 400 observadores entre internacionales y nacionales, dijo el magistrado presidente del TSE, David Matamoros.

OEA y la Unión Europea

Entre los observadores internacionales se han promocionado a través del poder mediático la presencia de instancias como la Organización de Estados Americanos, OEA y la Unión Europea.

Hace unos, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea aseguró poner en marcha las labores de observación a las elecciones en Honduras. Además, dejaron en claro que no les correspondía referirse a la reelección presidencial, pero si recomendaron reglamentarla constitucionalmente.

“Yo ya lo he dicho: no es una función de esta misión de observación de tomar partido, comentar el fallo de la Corte Constitucional pero sí, ya lo hemos hablado muchas veces, estaría muy bien que lo reglamentarán también que la reglamentarán a nivel de las instituciones hondureñas”, dijo Marisa Matías, jefa de la delegación europea.

El candidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, denunció que “aparentemente” un grupo de observadores internacionales “están arreglados con dinero”.

“No sirve para nada porque el proceso está viciado, cuando el proceso está viciado y es el mismo sistema, sólo que ahora en vez de manejarlo Mapa Soluciones, lo maneja otra empresa, el sistema no sirve, no es confiable, y además en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas no aparece que se deba respetar resultados por transmisión, ese es un invento que se hicieron”, dijo Nasralla.

Pero la eurodiputada Marisa Matías aseguró que no están en el país para interferir. “No estamos aquí para tomar partido ni para legitimar, sino para observar, no estamos aquí para hacer campaña, y puedo entender que estamos en un país libre, todos los candidatos están libres de decir lo que quieran y cuando quieran. Sólo dependemos de los ciudadanos europeos, no tenemos ninguna otra forma de financiación”, dijo Matías.

“Ellos tuvieron la oportunidad de apoyar las reformas electorales y no hicieron nada, la Unión Europea presentó un informe de fraude y no hicieron nada, la OEA presentó que hubo fraude y no hicieron nada, por lo tanto, ellos tienen que sujetarse a lo que quiere la mayoría y la mayoría en Honduras es la Alianza de Oposición contra la Dictadura”, insistió Nasralla.

Credenciales, uno de los problemas

El magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ramiro Lobo, señala que esta semana se entregarán las credenciales para los representantes de las Mesas Electorales Receptoras, MER, a los partidos políticos.

En cada proceso electoral, el punto de la polémica son las credenciales con las que algunos partidos políticos, sobre todo los minoritarios, las venden a otros partidos políticos sobre todo a liberales y nacionalistas como parte del fraude electoral que se monta en cada proceso.

“Creo que es de los puntos más flacos que tiene nuestro sistema electoral, obviamente es uno de los puntos que genera mayor controversia porque, para nadie es desconocido, que esas credenciales se convierten en una mercancía que al final se venden y se compran” dijo Ramiro Lobo.

El magistrado señala que esperan entregar más de 360 mil credenciales incluyendo las que corresponden a las candidaturas independientes en el proceso electoral.

Está consiente que constituye un atentado a la democracia que ciudadanos compren y vendan credenciales para representar a otro partido que no es el que le corresponde, pero se escudan en la falta de una legislación que regule esas irregularidades que al final forman parte del fraude electoral.

“La ley electoral no establece ninguna obligatoriedad ni siquiera para que los miembros de la mesa electoral sean capacitados. La ley electoral establece que se deberán entregar las credenciales en blanco a los partidos políticos y que éstos van a completar la información para acreditar a sus representantes en las mesas electorales”, justificó el Magistrado suplente del TSE.

Deber ciudadano

Pero para el analista hondureño, Ramón Enrique Barrios, la comunidad internacional poco tiene que hacer en este proceso electoral. Según Barrios, la responsabilidad de fiscalizar el proceso electoral es tarea de los hondureños y hondureñas, y no de la Comunidad Internacional.

“La comunidad internacional, por un lado, tiene un apoyo económico porque ha financiado varios proyectos en el Tribunal, y por otro lado es una labor de acompañamiento el día de las elecciones, pero como observadores”, dijo Barrios.

El ex juez de sentencias señaló que mal haríamos los hondureños pretender que la comunidad internacional haga el papel de fiscalización que le toca a la población. “No cifremos las esperanzas de que va ser la comunidad internacional, a través de sus observadores, que van a determinar si hay o no hay fraude”, manifestó Barrios.

Agregó que los observadores internacionales estarán aquí el domingo 26 de noviembre, y lunes y martes ya van de regreso. Dijo que se trata de una visita, una observación in situ, pero que luego del 26 de noviembre es que comienza la verdadera elección.

“Esta es una responsabilidad de los partidos políticos, los partidos políticos tienen la obligación de cuidar el voto y de minimizar el posible fraude que puede haber, y luego una responsabilidad del ciudadano de emitir el voto y luego de ser observadores, de ser fiscalizadores de las anomalías que veamos y denunciarlas. Igualmente, los medios de comunicación acompañarnos a los ciudadanos en esa lectura y en esa labor de veeduría social”, finalizó Barrios.

Porque a través de sus canciones desenmascaran la desigual, la miseria, la corrupción, sumisión imperialista y la necesidad urgente que el pueblo se una para cambiar esta realidad, el Gobierno hondureño deportó este viernes al grupo musical “Los Guaraguao” de Venezuela. 

Los cuatro músicos ingresaron al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, a las 2:00 pm del jueves con el propósito de realizar varios conciertos en el marco del cierre de la campaña de la Alianza de Partidos de Oposición. 

Después de permanecer 17 horas retenidos, los artistas fueron expulsados en un vuelo comercial que hizo escala en Panamá, luego abordaron un vuelo chárter que los llevó hasta Venezuela. Funcionarios del país bolivariano condenaron estas acciones, calificando en primera instancia la retención como un “secuestro".

“Esta acción dictatorial, aunque logró su propósito, también generó una reacción nacional e internacional en contra de este régimen que busca gobernar al país por cuatro años más. También dejó evidenciado el estado de paranoia y de pánico en el que se encuentra el presidente Juan Orlando Hernández”, indicó el reconocido periodista Lenin Berrios. 

Desde las 3:00 pm del jueves un gran número de personas se concentraron en la terminal aérea para exigir la libertad de Los Guaraguaos, mientras los mantenían aislados en un cuarto sin recibir agua ni comida pese al estado de salud de uno de los integrantes.

“Los Guaraguao, no tienen más armas que sus voces y sus instrumentos musicales, como está acreditado a lo largo de los cincuenta años ¿qué significa este hecho? ¿Qué tipo de régimen es este que prohíbe el ingreso de la cultura, de esta que se inserta en la realidad de las poblaciones excluidas?”, indicó el padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso y el ERIC-SJ, quien es amigo de los cuatro músicos. 

“La dictadura más dura” 

“Lo que le ha pasado a los Guaraguao, es el anuncio de lo puede venir para Honduras en los próximos cuatros años. Solo imagínese que Roberto Micheletti, quien fue presidente de facto luego del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, dejó entrar sin ningún problema a este y otros grupos de música de protesta para que participaran en el concierto desarrollado el 28 de agosto del mismo año, al que titularon “Voces Contra el Golpe”, indicó la sampedrana Mabela Castro. 

A renglón seguido dijo que al país llegaron artistas de Argentina, Guatemala y Venezuela quienes unieron sus voces en el gran concierto contra el golpe militar y por el restablecimiento del orden constitucional en ese momento. “Si Micheletti, que fue acusado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos era más flexible, imagínense lo que nos espera con Juan Orlando, si continúa cuatro años más”. 

Por su parte el dirigente popular Porfirio Casco, indicó “que Dios nos agarre confesados, porque nos podrían esperar varios años de una dictadura al mero estilo de Carias, donde sobresaldrá el “encierro, entierro o destierro”. Eso no lo podemos permitir, sin embargo, se observa mucha pasividad de la población hondureña”, manifestó el ciudadano, mientras era parte de la población que llegó a exigir la liberación del grupo Los Guaraguao. 

Gobierno justifica la acción 

Mediante un comunicado el gobierno informó este día que al momento de su ingreso y al ser entrevistados por el control migratorio, los músicos manifestaron que su motivo del viaje a Honduras, era la participación en amenizar un concierto. Sin embargo, que, al consultar con el ente encargado de extender permisos para este tipo de espectáculos, se constató que no existe ninguna solicitud al respecto.

El comunicado refiere, además, que Los Guaraguao ingresaron al país el 12 de julio pasado, “declarando en ese momento que el motivo del viaje era turismo, habiendo solicitado en esa ocasión permiso para desarrollar espectáculo público, mismo que fue otorgado para ser desarrollado en El Progreso, Yoro, no obstante, desarrollaron espectáculos en otras ciudades del país”.

La Alianza de Partidos de Oposición mostró anoche un documento que constata la solicitud de un permiso al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la realización de una serie de conciertos por parte de los venezolanos, en el marco del cierre de su campaña política. La respuesta a dicha misiva fue que “el Tribunal Supremo Electoral brinda autorización de conciertos”, pero “en lo que concierne a conjuntos o artistas que amenicen sus actividades políticas, no le corresponde a este organismo electoral autorizarlo, en virtud de ser potestad de ese instituto político”.

“La decisión de impedirles la entrada al país y posteriormente deportarlos, es arbitraria y constituye un acto de discriminación por razones políticas, lo cual es inadmisible en un estado democrático y de derecho. Este impase del permiso para los conciertos es algo simple que se debió solucionar en 30 minutos, sin embargo, en gobiernos autoritarios se hace lo que se tenga que hacer para eliminar algo que no está de acorde con sus intereses”, indicó el abogado Ramón Barrios, ex juez de Sentencia. 

A través de sus redes sociales Los Guaraguao denunciaron la retención injustificada en el aeropuerto de San Pedro Sula, y que posteriormente fueron engañados montados en un avión cuyo destino acordado era El Salvador con miembros del INTERPOL, y llevados a Panamá donde fueron deportados a Venezuela. Los venezolanos se preguntaron dónde está el derecho internacional, dónde están los derechos humanos.

Viernes, 17 Noviembre 2017 13:11

NOTI NADA 358 | RADIO PROGRESO

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