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El proceso electoral en Honduras se acerca a la recta final con las elecciones generales pactadas para el 26 de noviembre. Como parte del ambiente previo, saltan acusaciones de fraude sobre todo de los sectores de oposición contra el oficialismo encabezado por el actual presidente y candidato ilegal a la presidencia, Juan Orlando Hernández.

El gobierno responde a dichos señalamientos informando que las elecciones de este año serán las más observadas de la historia del país, sobre todo porque la comunidad internacional está preparando a sus delegaciones.

El Tribunal Supremo Electoral, TSE, convoca a la población a votar masivamente ya que se calcula que serán acompañados por unos 15 mil 400 observadores entre internacionales y nacionales, dijo el magistrado presidente del TSE, David Matamoros.

OEA y la Unión Europea

Entre los observadores internacionales se han promocionado a través del poder mediático la presencia de instancias como la Organización de Estados Americanos, OEA y la Unión Europea.

Hace unos, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea aseguró poner en marcha las labores de observación a las elecciones en Honduras. Además, dejaron en claro que no les correspondía referirse a la reelección presidencial, pero si recomendaron reglamentarla constitucionalmente.

“Yo ya lo he dicho: no es una función de esta misión de observación de tomar partido, comentar el fallo de la Corte Constitucional pero sí, ya lo hemos hablado muchas veces, estaría muy bien que lo reglamentarán también que la reglamentarán a nivel de las instituciones hondureñas”, dijo Marisa Matías, jefa de la delegación europea.

El candidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, denunció que “aparentemente” un grupo de observadores internacionales “están arreglados con dinero”.

“No sirve para nada porque el proceso está viciado, cuando el proceso está viciado y es el mismo sistema, sólo que ahora en vez de manejarlo Mapa Soluciones, lo maneja otra empresa, el sistema no sirve, no es confiable, y además en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas no aparece que se deba respetar resultados por transmisión, ese es un invento que se hicieron”, dijo Nasralla.

Pero la eurodiputada Marisa Matías aseguró que no están en el país para interferir. “No estamos aquí para tomar partido ni para legitimar, sino para observar, no estamos aquí para hacer campaña, y puedo entender que estamos en un país libre, todos los candidatos están libres de decir lo que quieran y cuando quieran. Sólo dependemos de los ciudadanos europeos, no tenemos ninguna otra forma de financiación”, dijo Matías.

“Ellos tuvieron la oportunidad de apoyar las reformas electorales y no hicieron nada, la Unión Europea presentó un informe de fraude y no hicieron nada, la OEA presentó que hubo fraude y no hicieron nada, por lo tanto, ellos tienen que sujetarse a lo que quiere la mayoría y la mayoría en Honduras es la Alianza de Oposición contra la Dictadura”, insistió Nasralla.

Credenciales, uno de los problemas

El magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, Marco Ramiro Lobo, señala que esta semana se entregarán las credenciales para los representantes de las Mesas Electorales Receptoras, MER, a los partidos políticos.

En cada proceso electoral, el punto de la polémica son las credenciales con las que algunos partidos políticos, sobre todo los minoritarios, las venden a otros partidos políticos sobre todo a liberales y nacionalistas como parte del fraude electoral que se monta en cada proceso.

“Creo que es de los puntos más flacos que tiene nuestro sistema electoral, obviamente es uno de los puntos que genera mayor controversia porque, para nadie es desconocido, que esas credenciales se convierten en una mercancía que al final se venden y se compran” dijo Ramiro Lobo.

El magistrado señala que esperan entregar más de 360 mil credenciales incluyendo las que corresponden a las candidaturas independientes en el proceso electoral.

Está consiente que constituye un atentado a la democracia que ciudadanos compren y vendan credenciales para representar a otro partido que no es el que le corresponde, pero se escudan en la falta de una legislación que regule esas irregularidades que al final forman parte del fraude electoral.

“La ley electoral no establece ninguna obligatoriedad ni siquiera para que los miembros de la mesa electoral sean capacitados. La ley electoral establece que se deberán entregar las credenciales en blanco a los partidos políticos y que éstos van a completar la información para acreditar a sus representantes en las mesas electorales”, justificó el Magistrado suplente del TSE.

Deber ciudadano

Pero para el analista hondureño, Ramón Enrique Barrios, la comunidad internacional poco tiene que hacer en este proceso electoral. Según Barrios, la responsabilidad de fiscalizar el proceso electoral es tarea de los hondureños y hondureñas, y no de la Comunidad Internacional.

“La comunidad internacional, por un lado, tiene un apoyo económico porque ha financiado varios proyectos en el Tribunal, y por otro lado es una labor de acompañamiento el día de las elecciones, pero como observadores”, dijo Barrios.

El ex juez de sentencias señaló que mal haríamos los hondureños pretender que la comunidad internacional haga el papel de fiscalización que le toca a la población. “No cifremos las esperanzas de que va ser la comunidad internacional, a través de sus observadores, que van a determinar si hay o no hay fraude”, manifestó Barrios.

Agregó que los observadores internacionales estarán aquí el domingo 26 de noviembre, y lunes y martes ya van de regreso. Dijo que se trata de una visita, una observación in situ, pero que luego del 26 de noviembre es que comienza la verdadera elección.

“Esta es una responsabilidad de los partidos políticos, los partidos políticos tienen la obligación de cuidar el voto y de minimizar el posible fraude que puede haber, y luego una responsabilidad del ciudadano de emitir el voto y luego de ser observadores, de ser fiscalizadores de las anomalías que veamos y denunciarlas. Igualmente, los medios de comunicación acompañarnos a los ciudadanos en esa lectura y en esa labor de veeduría social”, finalizó Barrios.

Porque a través de sus canciones desenmascaran la desigual, la miseria, la corrupción, sumisión imperialista y la necesidad urgente que el pueblo se una para cambiar esta realidad, el Gobierno hondureño deportó este viernes al grupo musical “Los Guaraguao” de Venezuela. 

Los cuatro músicos ingresaron al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, a las 2:00 pm del jueves con el propósito de realizar varios conciertos en el marco del cierre de la campaña de la Alianza de Partidos de Oposición. 

Después de permanecer 17 horas retenidos, los artistas fueron expulsados en un vuelo comercial que hizo escala en Panamá, luego abordaron un vuelo chárter que los llevó hasta Venezuela. Funcionarios del país bolivariano condenaron estas acciones, calificando en primera instancia la retención como un “secuestro".

“Esta acción dictatorial, aunque logró su propósito, también generó una reacción nacional e internacional en contra de este régimen que busca gobernar al país por cuatro años más. También dejó evidenciado el estado de paranoia y de pánico en el que se encuentra el presidente Juan Orlando Hernández”, indicó el reconocido periodista Lenin Berrios. 

Desde las 3:00 pm del jueves un gran número de personas se concentraron en la terminal aérea para exigir la libertad de Los Guaraguaos, mientras los mantenían aislados en un cuarto sin recibir agua ni comida pese al estado de salud de uno de los integrantes.

“Los Guaraguao, no tienen más armas que sus voces y sus instrumentos musicales, como está acreditado a lo largo de los cincuenta años ¿qué significa este hecho? ¿Qué tipo de régimen es este que prohíbe el ingreso de la cultura, de esta que se inserta en la realidad de las poblaciones excluidas?”, indicó el padre Ismael Moreno, director de Radio Progreso y el ERIC-SJ, quien es amigo de los cuatro músicos. 

“La dictadura más dura” 

“Lo que le ha pasado a los Guaraguao, es el anuncio de lo puede venir para Honduras en los próximos cuatros años. Solo imagínese que Roberto Micheletti, quien fue presidente de facto luego del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, dejó entrar sin ningún problema a este y otros grupos de música de protesta para que participaran en el concierto desarrollado el 28 de agosto del mismo año, al que titularon “Voces Contra el Golpe”, indicó la sampedrana Mabela Castro. 

A renglón seguido dijo que al país llegaron artistas de Argentina, Guatemala y Venezuela quienes unieron sus voces en el gran concierto contra el golpe militar y por el restablecimiento del orden constitucional en ese momento. “Si Micheletti, que fue acusado de sistemáticas violaciones a los derechos humanos era más flexible, imagínense lo que nos espera con Juan Orlando, si continúa cuatro años más”. 

Por su parte el dirigente popular Porfirio Casco, indicó “que Dios nos agarre confesados, porque nos podrían esperar varios años de una dictadura al mero estilo de Carias, donde sobresaldrá el “encierro, entierro o destierro”. Eso no lo podemos permitir, sin embargo, se observa mucha pasividad de la población hondureña”, manifestó el ciudadano, mientras era parte de la población que llegó a exigir la liberación del grupo Los Guaraguao. 

Gobierno justifica la acción 

Mediante un comunicado el gobierno informó este día que al momento de su ingreso y al ser entrevistados por el control migratorio, los músicos manifestaron que su motivo del viaje a Honduras, era la participación en amenizar un concierto. Sin embargo, que, al consultar con el ente encargado de extender permisos para este tipo de espectáculos, se constató que no existe ninguna solicitud al respecto.

El comunicado refiere, además, que Los Guaraguao ingresaron al país el 12 de julio pasado, “declarando en ese momento que el motivo del viaje era turismo, habiendo solicitado en esa ocasión permiso para desarrollar espectáculo público, mismo que fue otorgado para ser desarrollado en El Progreso, Yoro, no obstante, desarrollaron espectáculos en otras ciudades del país”.

La Alianza de Partidos de Oposición mostró anoche un documento que constata la solicitud de un permiso al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la realización de una serie de conciertos por parte de los venezolanos, en el marco del cierre de su campaña política. La respuesta a dicha misiva fue que “el Tribunal Supremo Electoral brinda autorización de conciertos”, pero “en lo que concierne a conjuntos o artistas que amenicen sus actividades políticas, no le corresponde a este organismo electoral autorizarlo, en virtud de ser potestad de ese instituto político”.

“La decisión de impedirles la entrada al país y posteriormente deportarlos, es arbitraria y constituye un acto de discriminación por razones políticas, lo cual es inadmisible en un estado democrático y de derecho. Este impase del permiso para los conciertos es algo simple que se debió solucionar en 30 minutos, sin embargo, en gobiernos autoritarios se hace lo que se tenga que hacer para eliminar algo que no está de acorde con sus intereses”, indicó el abogado Ramón Barrios, ex juez de Sentencia. 

A través de sus redes sociales Los Guaraguao denunciaron la retención injustificada en el aeropuerto de San Pedro Sula, y que posteriormente fueron engañados montados en un avión cuyo destino acordado era El Salvador con miembros del INTERPOL, y llevados a Panamá donde fueron deportados a Venezuela. Los venezolanos se preguntaron dónde está el derecho internacional, dónde están los derechos humanos.

Viernes, 17 Noviembre 2017 13:11

NOTI NADA 358 | RADIO PROGRESO

Este #NotiNadaHN está dedicado al negocio de la democracia, que se sostienen por "el chamberismo", las reformas acomodadas y un periodismo agradable y complaciente al calor de las chequeras oficiales y privadas.

Viernes, 17 Noviembre 2017 13:09

Semanario No. 503

 

A menos de dos semanas para las elecciones generales en Honduras, la polarización social y partidaria se agudiza. En la última semana un activista del Partido Nacional fue asesinado y hace unas horas otra candidata a diputada y del mismo partido fue víctima de tres atentados contra su vida.

La candidata a diputada por Olancho, Teresa Cálix, recibió el martes en horas de la noche tres atentados contra su vivienda, ubicada en el barrio El Centro de Catacamas, zona oriental del país. 

La semana pasada fue asesinado Reiniery González, activista del Partido Nacional en Tegucigalpa en la colonia 21 de Octubre. Mientras que días atrás fue asesinado un capataz de un candidato a diputación por Copán, siempre nacionalista.

Por las vísperas se conocerán las fiestas dice el dicho, una frase que podría cobrar vida a partir del 26 de noviembre si las irregularidades se imponen en los comicios nacionales.

La estadística deja otro tipo de agresiones, como la registrada hace una semana en San Pedro Sula, por el diputado y candidato de Libre Edgardo Castro, quien agredió física y verbalmente a Fátima Mena, diputada y candidata independiente a la alcaldía de la capital industrial.

Estos eventos abren una realidad violenta en la previa de un proceso electoral polémico y en el cual sus resultados pueden generar conflictos sociales más fuertes.

Y es que las divisiones tanto entre activistas como candidatos ya están superando los niveles de tolerancia y están mostrando su grado de antagonismo.

En San Pedro Sula hay una fragmentación abierta a nivel de alcaldía: Antonio Rivera, candidato de Libre junto a sus activistas repudian a Fátima Mena, candidata independiente y que corresponde al grupo fundador del Partido Anticorrupción. La división ya evolucionó de insultos a golpes.

"Yo respeto a Fátima es una compañera que tiene su derecho de participar, pero acá hay agendas ocultas y todos sabemos que su pasado es nacionalista, en realidad ellos responden a una agenda oficialista", valoró sobre la agresión el candidato a diputado por Libre Samuel Madrid, quien con su argumento justificó la actuación de su correligionario Edgardo Castro.

"La intolerancia no es buena, no hace bien a estos procesos, pero la gente debe saber que a veces los victimarios se quieren convertir en víctimas", manifestó Madrid.

En reacción a la agresión y también a la división el candidato a vicealcalde por la candidatura de Fátima, Anibal Cálix dijo que fue una falta de respeto y que procederán legalmente para que el acto no quede en la impunidad.

En el actual proceso electoral varias organizaciones trabajan en el registro de violencia contra candidatas, el Observatorio Electoral Noviembre 26, dice que hasta el momento hay diez denuncias de agresiones contra candidatas a cargos públicos a nivel nacional.

Jessica Sánchez vocera del Observatorio manifiesta que entre las agresiones cometidas contra las candidatas están las físicas y sexuales. Entre las últimas contra la candidata a diputada por Francisco Morazán Gabriela Blen a quien le publicaron en medios de comunicación un vídeo íntimo.

"Es una violación a mi integridad, yo procederé legalmente contra los difusores de ese vídeo", reaccionó Gabriela ante ese tipo de agresión.

Para el analista político Omar Menjivar todo esto es parte de un ambiente lamentable, que nos demuestra lo sucia que es la política y en la que al final quienes se benefician son el morbo y los que buscan la reelección.

"Es lamentable lo que ocurre en San Pedro Sula, la gente lejos de conocer las propuestas de Fátima y Rivera, ahora conocen más el tema de las agresiones, ese no es el tipo de debate que debe caracterizar un proceso electoral. Por lo que veo el principal beneficiado será el candidato oficialista Armando Calidonio", dijo Menjivar. 

Pero las divisiones no solo se plasman en agresiones físicas, sino también a través de discursos. "La bestia es la responsable de la situación que vive el país, vamos a sacar a la bestia este 26 de noviembre", dice cada vez que puede en actos políticos el candidato de oposición Salvador Nasralla, mientras que el candidato oficialista Juan Orlando Hernández ha dicho que la Alianza está en contra de su estrategia de seguridad porque tiene vínculos con el crimen organizado.

La previa electoral en el país se desarrolló ante la falta de propuestas, pero con agresiones verbales y físicas de sobra. 

La Fiscalía registra desde el 2016 más de cien delitos electorales, solo tres de ellos están en proceso judicial, los demás en la impunidad, de esta estadística las agresiones no son abordadas, por lo que parece que los entes reguladores no tomarán ninguna carta en el asunto.

El desarrollo de la jornada electoral del 26 de noviembre llena de expectativas a toda la población, los escenarios que de la misma se desprendan todavía son inciertos debido a la ilegalidad en la que se desarrollarán.

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