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Radio Progreso
Jennifer

Jennifer

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Lenta, cansada y con un embarazo de cinco meses, iba Rosalina caminando bajo el inclemente sol de Tegucigalpa. Rosalina no está acostumbrada a caminar en el pavimento en una ciudad que cada vez se ve más muerta, o más industrializada. Esta mujer lenca de Río Blanco, Intibucá, decidida, se fue con una de sus hijas, esperando el onceavo hijo, porque quería ir a gritar que DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) mató a Berta Cáceres, y que, a un año de ese crimen, debe pagar. 

La empresa DESA que desarrolló el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque en Intibucá y Santa Bárbara, querelló la semana pasada a Suyapa Martínez del Centro Estudios de la Mujer (CEM-H) por señalarlos públicamente como autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres. Por eso, las comunidades y diversas organizaciones de derechos humanos, la respaldaron denunciando públicamente que DESA tuvo que ver en el crimen, así conmemoraron un año de impunidad. 

Berta Cáceres fue asesinada el dos de marzo de 2016 en su casa, casi a media noche. El crimen comenzó a investigarse como un crimen pasional, pero la presión nacional e internacional marcó la línea de investigación y hasta ahora hay ocho personas capturadas, entre ellos exmilitares y hasta un ingeniero empleado de la empresa DESA, en ese momento la mayor enemiga de Berta. 

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fundado por Berta, salió el pasado miércoles a las calles para exigir justicia, a un año del crimen que le arrebató a su máxima líder. Encabezando las actividades iba su hija, una de las menores, Berta Zúniga. Pequeña y delgada, pero con voz fuerte, en ningún momento quebrada, dijo que el Copinh nunca se va a detener hasta que salga DESA del pueblo lenca, junto con todos los proyectos extractivos apostados en las comunidades más humildes de Honduras. 

Rosalina la mira desde la sombra del único árbol grande alrededor, ya cuando llegaron a la Corte Suprema de Justicia para hacer un plantón. Delgada y pálida cuenta que se siente cansada y que padece anemia, pero aun así no podía quedarse en casa, sin hacer nada para exigir justicia. Sus ojos hundidos muestran que no se alimenta bien y su apariencia de mayor edad es consecuencia de la vida dura que ha llevado. Esa vida que comparten las mujeres indígenas. 

Ella estuvo allí cuando la comunidad cerró la calle para que las máquinas de DESA no pasaran y no siguieran construyendo la casa de máquinas para el proyecto hidroeléctrico que funcionaría tomando el agua del río Gualcarque, en cinco kilómetros de su recorrido por los departamentos occidentales de Intibucá y Santa Bárbara.  

El Gualcarque es uno de los ríos más caudalosos de Honduras, y esta concesión fue vista como una amenaza por una parte del pueblo lenca. Así llegó Berta a Río Blanco. Junto con la organización comunitaria logró evitar que la trasnacional Synohidro continuara trabajando con la empresa DESA y evitó que el Banco Mundial siguiera financiándola. Un año después del derrumbe de este proyecto, asesinaron a Berta. Rosalina dice que, aunque por ahora el proyecto está detenido, las amenazas siguen. Nada puede repararse en su comunidad mientras haya impunidad. 

 El abogado Víctor Fernández, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ) y acusador privado en el caso de Berta, llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respaldado por la representación de nueve  pueblos indígenas de Honduras liderados por Mirian Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). Su objetivo era presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de los dos decretos que le dieron vida legal al proyecto Agua Zarca de la empresa DESA. Los decretos 67 y 68-2011 que convirtieron en ley la contrata de aguas y el contrato de generación y distribución de 21 MW de energía que producirían con el río Gualcarque y aun no lo hacen.

“Queremos que la CSJ emita una sentencia, que, en términos técnicos, se convierte en una ley en sentido negativo porque niega la vigencia de estos dos decretos y automáticamente tendría como consecuencia la revocación que dejaría sin valor o efecto la concesión sobre el rio Gualcarque”, explica el abogado y ex fiscal. 

La actual CSJ ha emitido fallos contradictorios en temas de contratos impugnados. Tal es el caso de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra los decretos que hacen ley los contratos de concesiones viales. La Corte al decir que estos recursos no son válidos porque los contratos no son ley, desconocen la obligatoriedad de estos proyectos. Eso podría ocurrir en el caso de DESA. Sin embargo, las comunidades no creen que desde la institucionalidad pueda haber una solución. 

“Nosotros por eso queremos que esta represa el presidente la anule. Aunque también queremos que no logre reelegirse para que no siga atacándonos con represas y mineras, eso no nos trae desarrollo”, dice Rosalina. 

Un crimen que sigue en la opacidad

En Honduras la impunidad es el día a día. Existe entre 90 y 96% de impunidad en homicidios, siendo uno de los países con más altas tasas de violencia. A esta realidad se agrega que además este país fue catalogado recientemente como el lugar más peligroso para activistas ambientales, según la organización inglesa Global Witness. A pesar de eso, hubo cierta esperanza de que el crimen de Berta se resolvería con mayor diligencia, por la presión internacional. Sin embargo, cada captura que se hace por este caso, vuelve más confuso el panorama y se aleja de los autores intelectuales. 

“El caso de la investigación penal está en curso, la causa en contra de ocho de los autores materiales e intermediarios tiene deudas fundamentales con la investigación sobre los autores intelectuales del crimen. El contexto de la investigación muestra que el crimen fue ideado y decidido por unos actores que aún no aparecen en la investigación”, aduce Fernández, el acusador privado. 

Esta semana el periódico inglés The Guardian, publicó una investigación en la que determinan que el asesinato de la ecologista hondureña Berta Cáceres fue un asesinato extrajudicial planeado por especialistas en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos.

Los funcionarios han negado la participación del Estado en el asesinato de la activista, y minimizado la detención del oficial en servicio Mariano Díaz, que fue apresuradamente dado de alta del ejército. Pero los registros militares de los detenidos y los documentos judiciales vistos por el Guardian revelan que: Díaz, un veterano de las fuerzas especiales, fue nombrado jefe de inteligencia del ejército en 2015, y en el momento del asesinato estaba en camino de ascenso a teniente coronel.

Otro sospechoso, el teniente Douglas Giovanny Bustillo se unió al ejército el mismo día que Díaz; Ellos sirvieron juntos y los fiscales dicen que permanecieron en contacto después de que Bustillo se retiró en 2008. Díaz y Bustillo recibieron entrenamiento militar en los Estados Unidos.

Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, fue un exfrancotirador de las fuerzas especiales, que había trabajado bajo el mando directo de Díaz. Los fiscales creen que también pudo haber trabajado como informante de inteligencia militar después de abandonar el ejército en 2013.

Hay ocho personas capturadas, sin embargo, aún no cae la responsabilidad en las personas que planificaron el crimen. Gaspar Sánchez, miembro de Copinh además denuncia la secretividad en que el Estado mantiene el caso. Ni la familia ni los acusadores privados conocen el expediente. En septiembre de 2016 el expediente de este caso fue robado del carro de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que se lo llevaba para estudiarlo en casa. Después de ese hecho, el presidente del poder Judicial adujo que la corte perfectamente podía rearmarlo y que nada había pasado. 

Sin embargo, la situación de desconfianza aumentó. 

“Todo esto demuestra la falta de voluntad del Estado de llegar al fondo de la investigación y de acusar los altos mandos de ese crimen, tal como los dueños de Banco Ficohsa que están en la junta directiva de DESA, la empresa culpable de este asesinato”, expresó Gaspar. 

Por otro lado, un vacío de la investigación también es la falta de deducción de responsabilidades de funcionarios del Estado que debieron proteger a Berta, quien gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Fernández también agregó que “hace falta determinar responsabilidad de otros dos actores: las empresas como DESA deben tener un nivel de responsabilidad y la investigación debe apuntarnos cómo exigir esa responsabilidad, por otro lado, están los financiadores, los bancos nacionales o internacionales tienen responsabilidad que no pueden eludir, a la investigación le hace falta determinar esa responsabilidad. Cuando un caso tiene la secretividad que tiene este lo que demuestra es que se está protegiendo a estas estructuras militares, económicas que son las que están ideando estos crímenes que generan terror, este es el terrorismo que tenemos que tener regulado para una investigación eficiente que necesita este país”. 

Presión internacional

Desde el lunes que comenzaron las actividades, hasta el fin de semana con la visita a La Esperanza y Río Blanco, fue evidente el acompañamiento de organizaciones internacionales a la familia de Berta y al Copinh en su exigencia por justicia. 

El día del plantón en la Corte Suprema de Justicia, la comisionada adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras Silvia Lavagnoli, acompañó la caminata junto con una comitiva de observadores de Naciones Unidas.  Lavagnoli dijo a Radio Progreso que están acompañando la investigación del crimen de Berta Cáceres, como muestra del peligro que enfrentan los defensores y defensoras de bienes naturales en el país. Además, expresó que están preocupados por los altos índices de violencia, y sobre todo impunidad que se mantiene en Honduras.

El Centro de Amistad y Encuentros Utopía, en La Esperanza, Intibucá recibió a personas de las comunidades en resistencia y a miembros de la comunidad internacional que siguen haciendo cabildeo en sus países, auditando organismos financiadores, instituciones financieras y empresas trasnacionales detrás de proyectos lesivos para las comunidades indígenas en Honduras y Latinoamérica. 

Esta semana, también el congresista estadounidense Johnson reintrodujo la Ley Berta Cáceres que pretende retener fondos de Estados Unidos para la policía y el ejército de Honduras en nombre de los derechos humanos.

Berta fue sembrada, no asesinada

El lema de la conmemoración de este aniversario fue que Berta fue sembrada, no asesinada. Hubo pocas lágrimas en el encuentro para recordarla y ratificar el compromiso de resistencia de las comunidades indígenas contra el extractivismo. 

Hubo música, baile, risas, y también espiritualidad. Pascualita, la más anciana del Copinh recorrió el lugar regando a los visitantes con incienso de copal. Las niñas y niños de Río Blanco cantaron canciones para Berta y hablaron de lo que recordaban de ella. Las mujeres indígenas con sus bebés en brazos gritaban: ¡Berta Vive!

“No hemos logrado pasar el luto, no lo hemos vivido como se debe”, dice Gaspar con los ojos acuosos. 

Doña Austra Berta, la madre de Berta realizó un rezo en su casa y después fue a Utopía. Habla poco, el llanto la interrumpe tras cada frase. “El gobierno es el culpable, lo que Honduras está pasando después de la muerte de Bertita es algo igual o peor a la horrorosa dictadura de Tiburcio Carías. Solo uniéndonos podemos enfrentar esto”. Ha sido como una muerte en vida para doña Austra Berta, desde la madrugada en que le avisaron que su hija fue asesinada. Y hoy ve a sus nietas tomando el puesto y también teme por ellas. 

Pero ella es el inicio de la resistencia y lo sabe. 

Hay velas por todos lados, hay un altar para Berta, la mártir de La Esperanza. Rosalina aguanta frío y con su vela escucha los discursos, los poemas, la música para Berta. En un par de días regresa a su pequeña casa en esa aldea alejada que pocos conocen. Desde allí escucha el silbido del río Gualcarque y se compromete a cuidarlo.

“Yo soy madre de muchos hijos, por eso peleo por esto. Espero que este que estoy esperando sea otro luchador también como su madre y como sus hermanas y hermanos. La empresa ha parado, pero nosotros seguimos amenazados. Dependemos del río para comer, si no lo cuidamos seremos un gran desierto. No podemos dejar de lado el legado de Berta, cuidar nuestros derechos y hacernos escuchar como mujeres”.

Rosalina saca fuerzas y dice que Berta renació. Sonríe, pero su mirada es triste: “No queremos más muerte en la comunidad”, su comunidad que nunca volverá a ser igual. 

Lenta, cansada y con un embarazo de cinco meses, iba Rosalina caminando bajo el inclemente sol de Tegucigalpa. Rosalina no está acostumbrada a caminar en el pavimento en una ciudad que cada vez se ve más muerta, o más industrializada. Esta mujer lenca de Río Blanco, Intibucá, decidida, se fue con una de sus hijas, esperando el onceavo hijo, porque quería ir a gritar que DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) mató a Berta Cáceres, y que, a un año de ese crimen, debe pagar. 

La empresa DESA que desarrolló el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque en Intibucá y Santa Bárbara, querelló la semana pasada a Suyapa Martínez del Centro Estudios de la Mujer (CEM-H) por señalarlos públicamente como autores intelectuales del crimen contra Berta Cáceres. Por eso, las comunidades y diversas organizaciones de derechos humanos, la respaldaron denunciando públicamente que DESA tuvo que ver en el crimen, así conmemoraron un año de impunidad. 

Berta Cáceres fue asesinada el dos de marzo de 2016 en su casa, casi a media noche. El crimen comenzó a investigarse como un crimen pasional, pero la presión nacional e internacional marcó la línea de investigación y hasta ahora hay ocho personas capturadas, entre ellos exmilitares y hasta un ingeniero empleado de la empresa DESA, en ese momento la mayor enemiga de Berta. 

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fundado por Berta, salió el pasado miércoles a las calles para exigir justicia, a un año del crimen que le arrebató a su máxima líder. Encabezando las actividades iba su hija, una de las menores, Berta Zúniga. Pequeña y delgada, pero con voz fuerte, en ningún momento quebrada, dijo que el Copinh nunca se va a detener hasta que salga DESA del pueblo lenca, junto con todos los proyectos extractivos apostados en las comunidades más humildes de Honduras. 

Rosalina la mira desde la sombra del único árbol grande alrededor, ya cuando llegaron a la Corte Suprema de Justicia para hacer un plantón. Delgada y pálida cuenta que se siente cansada y que padece anemia, pero aun así no podía quedarse en casa, sin hacer nada para exigir justicia. Sus ojos hundidos muestran que no se alimenta bien y su apariencia de mayor edad es consecuencia de la vida dura que ha llevado. Esa vida que comparten las mujeres indígenas. 

Ella estuvo allí cuando la comunidad cerró la calle para que las máquinas de DESA no pasaran y no siguieran construyendo la casa de máquinas para el proyecto hidroeléctrico que funcionaría tomando el agua del río Gualcarque, en cinco kilómetros de su recorrido por los departamentos occidentales de Intibucá y Santa Bárbara.  

El Gualcarque es uno de los ríos más caudalosos de Honduras, y esta concesión fue vista como una amenaza por una parte del pueblo lenca. Así llegó Berta a Río Blanco. Junto con la organización comunitaria logró evitar que la trasnacional Synohidro continuara trabajando con la empresa DESA y evitó que el Banco Mundial siguiera financiándola. Un año después del derrumbe de este proyecto, asesinaron a Berta. Rosalina dice que, aunque por ahora el proyecto está detenido, las amenazas siguen. Nada puede repararse en su comunidad mientras haya impunidad. 

 El abogado Víctor Fernández, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ) y acusador privado en el caso de Berta, llegó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respaldado por la representación de nueve  pueblos indígenas de Honduras liderados por Mirian Miranda de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh). Su objetivo era presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de los dos decretos que le dieron vida legal al proyecto Agua Zarca de la empresa DESA. Los decretos 67 y 68-2011 que convirtieron en ley la contrata de aguas y el contrato de generación y distribución de 21 MW de energía que producirían con el río Gualcarque y aun no lo hacen.

“Queremos que la CSJ emita una sentencia, que, en términos técnicos, se convierte en una ley en sentido negativo porque niega la vigencia de estos dos decretos y automáticamente tendría como consecuencia la revocación que dejaría sin valor o efecto la concesión sobre el rio Gualcarque”, explica el abogado y ex fiscal. 

La actual CSJ ha emitido fallos contradictorios en temas de contratos impugnados. Tal es el caso de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra los decretos que hacen ley los contratos de concesiones viales. La Corte al decir que estos recursos no son válidos porque los contratos no son ley, desconocen la obligatoriedad de estos proyectos. Eso podría ocurrir en el caso de DESA. Sin embargo, las comunidades no creen que desde la institucionalidad pueda haber una solución. 

“Nosotros por eso queremos que esta represa el presidente la anule. Aunque también queremos que no logre reelegirse para que no siga atacándonos con represas y mineras, eso no nos trae desarrollo”, dice Rosalina. 

Un crimen que sigue en la opacidad

En Honduras la impunidad es el día a día. Existe entre 90 y 96% de impunidad en homicidios, siendo uno de los países con más altas tasas de violencia. A esta realidad se agrega que además este país fue catalogado recientemente como el lugar más peligroso para activistas ambientales, según la organización inglesa Global Witness. A pesar de eso, hubo cierta esperanza de que el crimen de Berta se resolvería con mayor diligencia, por la presión internacional. Sin embargo, cada captura que se hace por este caso, vuelve más confuso el panorama y se aleja de los autores intelectuales. 

“El caso de la investigación penal está en curso, la causa en contra de ocho de los autores materiales e intermediarios tiene deudas fundamentales con la investigación sobre los autores intelectuales del crimen. El contexto de la investigación muestra que el crimen fue ideado y decidido por unos actores que aún no aparecen en la investigación”, aduce Fernández, el acusador privado. 

Esta semana el periódico inglés The Guardian, publicó una investigación en la que determinan que el asesinato de la ecologista hondureña Berta Cáceres fue un asesinato extrajudicial planeado por especialistas en inteligencia militar vinculados a las fuerzas especiales entrenadas en Estados Unidos.

Los funcionarios han negado la participación del Estado en el asesinato de la activista, y minimizado la detención del oficial en servicio Mariano Díaz, que fue apresuradamente dado de alta del ejército. Pero los registros militares de los detenidos y los documentos judiciales vistos por el Guardian revelan que: Díaz, un veterano de las fuerzas especiales, fue nombrado jefe de inteligencia del ejército en 2015, y en el momento del asesinato estaba en camino de ascenso a teniente coronel.

Otro sospechoso, el teniente Douglas Giovanny Bustillo se unió al ejército el mismo día que Díaz; Ellos sirvieron juntos y los fiscales dicen que permanecieron en contacto después de que Bustillo se retiró en 2008. Díaz y Bustillo recibieron entrenamiento militar en los Estados Unidos.

Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, fue un exfrancotirador de las fuerzas especiales, que había trabajado bajo el mando directo de Díaz. Los fiscales creen que también pudo haber trabajado como informante de inteligencia militar después de abandonar el ejército en 2013.

Hay ocho personas capturadas, sin embargo, aún no cae la responsabilidad en las personas que planificaron el crimen. Gaspar Sánchez, miembro de Copinh además denuncia la secretividad en que el Estado mantiene el caso. Ni la familia ni los acusadores privados conocen el expediente. En septiembre de 2016 el expediente de este caso fue robado del carro de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que se lo llevaba para estudiarlo en casa. Después de ese hecho, el presidente del poder Judicial adujo que la corte perfectamente podía rearmarlo y que nada había pasado. 

Sin embargo, la situación de desconfianza aumentó. 

“Todo esto demuestra la falta de voluntad del Estado de llegar al fondo de la investigación y de acusar los altos mandos de ese crimen, tal como los dueños de Banco Ficohsa que están en la junta directiva de DESA, la empresa culpable de este asesinato”, expresó Gaspar. 

Por otro lado, un vacío de la investigación también es la falta de deducción de responsabilidades de funcionarios del Estado que debieron proteger a Berta, quien gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Fernández también agregó que “hace falta determinar responsabilidad de otros dos actores: las empresas como DESA deben tener un nivel de responsabilidad y la investigación debe apuntarnos cómo exigir esa responsabilidad, por otro lado, están los financiadores, los bancos nacionales o internacionales tienen responsabilidad que no pueden eludir, a la investigación le hace falta determinar esa responsabilidad. Cuando un caso tiene la secretividad que tiene este lo que demuestra es que se está protegiendo a estas estructuras militares, económicas que son las que están ideando estos crímenes que generan terror, este es el terrorismo que tenemos que tener regulado para una investigación eficiente que necesita este país”. 

Presión internacional

Desde el lunes que comenzaron las actividades, hasta el fin de semana con la visita a La Esperanza y Río Blanco, fue evidente el acompañamiento de organizaciones internacionales a la familia de Berta y al Copinh en su exigencia por justicia. 

El día del plantón en la Corte Suprema de Justicia, la comisionada adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras Silvia Lavagnoli, acompañó la caminata junto con una comitiva de observadores de Naciones Unidas.  Lavagnoli dijo a Radio Progreso que están acompañando la investigación del crimen de Berta Cáceres, como muestra del peligro que enfrentan los defensores y defensoras de bienes naturales en el país. Además, expresó que están preocupados por los altos índices de violencia, y sobre todo impunidad que se mantiene en Honduras.

El Centro de Amistad y Encuentros Utopía, en La Esperanza, Intibucá recibió a personas de las comunidades en resistencia y a miembros de la comunidad internacional que siguen haciendo cabildeo en sus países, auditando organismos financiadores, instituciones financieras y empresas trasnacionales detrás de proyectos lesivos para las comunidades indígenas en Honduras y Latinoamérica. Muchas organizaciones y personas no pudieron llegar a La Esperanza, pero mostraron su solidaridad realizando plantones en las embajadas hondureñas en sus países.

Lea comunicado de Amigos de la Tierra internacional AQUÍ

Esta semana, también el congresista estadounidense Johnson reintrodujo la Ley Berta Cáceres que pretende retener fondos de Estados Unidos para la policía y el ejército de Honduras en nombre de los derechos humanos.

Berta fue sembrada, no asesinada

El lema de la conmemoración de este aniversario fue que Berta fue sembrada, no asesinada. Hubo pocas lágrimas en el encuentro para recordarla y ratificar el compromiso de resistencia de las comunidades indígenas contra el extractivismo. 

Hubo música, baile, risas, y también espiritualidad. Pascualita, la más anciana del Copinh recorrió el lugar regando a los visitantes con incienso de copal. Las niñas y niños de Río Blanco cantaron canciones para Berta y hablaron de lo que recordaban de ella. Las mujeres indígenas con sus bebés en brazos gritaban: ¡Berta Vive!

“No hemos logrado pasar el luto, no lo hemos vivido como se debe”, dice Gaspar con los ojos acuosos. 

Doña Austra Berta, la madre de Berta realizó un rezo en su casa y después fue a Utopía. Habla poco, el llanto la interrumpe tras cada frase. “El gobierno es el culpable, lo que Honduras está pasando después de la muerte de Bertita es algo igual o peor a la horrorosa dictadura de Tiburcio Carías. Solo uniéndonos podemos enfrentar esto”. Ha sido como una muerte en vida para doña Austra Berta, desde la madrugada en que le avisaron que su hija fue asesinada. Y hoy ve a sus nietas tomando el puesto y también teme por ellas. 

Pero ella es el inicio de la resistencia y lo sabe. 

Hay velas por todos lados, hay un altar para Berta, la mártir de La Esperanza. Rosalina aguanta frío y con su vela escucha los discursos, los poemas, la música para Berta. En un par de días regresa a su pequeña casa en esa aldea alejada que pocos conocen. Desde allí escucha el silbido del río Gualcarque y se compromete a cuidarlo.

“Yo soy madre de muchos hijos, por eso peleo por esto. Espero que este que estoy esperando sea otro luchador también como su madre y como sus hermanas y hermanos. La empresa ha parado, pero nosotros seguimos amenazados. Dependemos del río para comer, si no lo cuidamos seremos un gran desierto. No podemos dejar de lado el legado de Berta, cuidar nuestros derechos y hacernos escuchar como mujeres”.

Rosalina saca fuerzas y dice que Berta renació. Sonríe, pero su mirada es triste: “No queremos más muerte en la comunidad”, su comunidad que nunca volverá a ser igual. 

 

RECOMENDAMOS: GUARDIANA DE LOS RÍOS (el documental)

El capital transnacional está echando raíces en el país, teniendo como grandes aliados a grupos empresariales locales. “Fue después del golpe de Estado del 2009, cuando los recursos naturales de Honduras (Carreteras, bosque, Ríos y minerales) se convirtieron en el paraíso a explotar “trayendo la muerte, la contaminación y la violación de los derechos de los pueblos indígenas, negros, y de todo el pueblo hondureño”, indicó de la Pastoral Indígena de la Iglesia Católica.   

Según estudios del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, actualmente el Estado ha otorgado 105 concesiones de ríos para la instalación de Represas Hidroeléctricas, 950  concesiones mineras y más de 800 se encuentran en trámite. Organizaciones ambientalistas estiman que el 30% del territorio hondureño ya fue entregado a las compañías mineras.  

“Para todo esto se preparó el escenario con la aprobación en el 2019 de la Ley General de Aguas y luego se aprobó la Ley de Minería en agosto del año 2013, marco jurídico que favorece incluso una de las formas más irracionales e inhumanas de explotación, entre ellas las de Cielo Abierto a base de cianuro, que tiene bajo costo para las empresas mineras y un alto impacto para todos los seres vivientes; por lo cual ha sido prohibida en varios países del mundo”, indicó el dirigente indígena.

“Las hidroeléctricas y la minería, solo han representado desplazamientos forzosos de comunidades, la desigualdad en el acceso y distribución de los recursos entre los que tienen más y los que no tienen nada, ha provocado conflictos sociales, políticos, y económicos limitando y condicionando a los más pobres a no contar con una soberanía alimentaria, a verse limitada su participación de los beneficios de crecimiento y desarrollo económico del país”, indico el investigador Pedro Landa, quien es parte del ERIC-SJ. 

Dijo además que el Estado no gana al contrario pierde al máximo el costo humano y de país es invaluable comparado con las mínimas  ganancias que este tipo de industria trae para el desarrollo del país, sin embargo dijo que en medio de estas arbitrariedades aparece la luz de la esperanza y es que más de 20 municipios de los departamentos de: Yoro,  Atlántida, Colón, Olancho, El Paraíso, Santa Bárbara y Francisco Morazán, se han declarado territorios libres de minería y algunos libres de hidroeléctricas.   

“La reelección o continuidad de Juan Orlando Hernández, refleja la continuidad de la política de entrega del territorio, soberanía, bienes comunes y de la naturaleza", así como  la consolidación de la dictadura que representa al gran capital nacional y trasnacional”, aseguró Beti Vásquez, del Movimiento Ambientalista Santa Barbarense, MAS. 

A renglón seguido dijo que por eso es que la alta clase política empresarial-política de Honduras,  el Gobierno de Estados Unidos y otros países Europeos incluyendo varios bancos transnacionales, no dicen nada y más bien en secreto han dado la bendición a la reelección presidencial y con ello la dictadura de Juan Orlando.   

Modelo extractivo es sinónimo de muerte

No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras. Según la reciente  investigación de Global Witness, desde 2010 han muerto más de 120 personas. Las víctimas eran personas corrientes que se opusieron a las presas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.

El indígena Lenca  Alan García de 17 años, sobrevivió a una bala disparada por un militar que le fue a impactar a su pecho. Él estaba protestando contra la  presa hidroeléctrica Agua Zarca que se pretende construir sobre el río Gualcarque de Río Blanco, Intibucá,  cuando soldados del  ejército abrieron fuego. Su padre murió asesinado a tiros en el mismo ataque.

Tres años más tarde, en 2016, la destacada líder indígena y  fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres fue asesinada según han denunciado organizaciones nacionales e internacionales por tener una lucha frontal contra la hidroeléctrica Agua Zarca. El 02 marzo de 2016, hombres armados irrumpieron en plena noche en casa de la activista ambiental Berta Cáceres y la mataron a tiros

Modos para entrar a las comunidades 

En Honduras  las empresas mineras e hidroeléctricas   emplean dentro de sus planes métodos de convencimiento y presión a las comunidades rurales para que permitan la operación de sus ambiciosos proyectos, la mayoría enfrentan el rechazo total de las comunidades. 

Sin embargo de acuerdo a Tomas Gómez, del Copinh, existen tres procedimientos que utilizan las empresas para que las comunidades acepten los proyectos: el convencimiento de un anhelado cambio del subdesarrollo al desarrollo, la Responsabilidad Social disfrazada y la creación de figuras criminales, encarcelamiento y asesinato de dirigentes y lideresas.

“Primero, estas empresas llegan a las comunidades a ofrecer comprar los terrenos que les interesa explotar y casi siempre logran su objetivo. Segundo, como parte de su “responsabilidad social empresarial” organizan campeonatos de futbol, algunas ocasiones reparan las carreteras de acceso a las comunidades, o construyen una escuela. 

“Tercero, si algún líder o lideresa comunitaria o la mayoría de la comunidad se opone a los proyectos extractivos, entonces se dan a la tarea de crear figuras criminales. En este sentido, juega un papel importante la policía y el ejército quien actúa en contubernio con jueces y fiscales, quienes crean los escenarios para que los líderes comunitarios sean perseguidos penalmente y hasta encarcelados”.

Pero si no funciona la criminalización entonces acuden a la violencia (amenazas, agresiones verbales y físicas, y asesinatos). Dijo que para muestra de esto es el asesinato la lideresa social y compañera de lucha  Berta Cáceres, quien ayer jueves 02 de marzo cumplió  un año de su martirio.  

Detrás del asesinato de la ambientalista y lideresa del Pueblo Lenca de Honduras, Berta Cáceres, está el mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, Mariano Díaz. Los ejemplos citados nos dan idea del fuerte vínculo que tienen las empresas extractivas con militares y exmilitares.

“Ante este situación en Honduras hay una gran preocupación y por la que hacemos un llamado urgente a detener la industria extractiva  porque ella lleva el acaparamiento y control de grandes extensiones de territorios, de los recursos hídricos (agua), y otros bienes naturales, sumándose la destrucción de la cultura e identidad de los pueblos originarios, de la salud de la población e incluso la perdida de la vida a manos de sicarios de las personas que se oponen a los proyectos extractivos”, indicó el investigador Pedro Landa. 

Carlos vestía una camisa azul y una calzoneta negra; en su mano derecha una tabla de madera y en la izquierda una almohada. Carlos es un niño de doce años, vive en los Bordos de El Pedregal en San Pedro Sula y la mañana del martes 28 de febrero fue desalojado de su casa junto a su familia por la Policía y Ministerio Público.

En los Bordos de El Pedregal habitan aproximadamente 80 familias. Desde la perspectiva de sus habitantes, los predios son ejidales, pero en la óptica de la justicia, pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Bajo esa lógica por tercera ocasión en los últimos dos años, las autoridades desalojaron  a las familias que al no tener donde vivir regresan a esas tierras al menor descuido de la policía.

El material que Carlos portaba en su mano izquierda refleja el carácter violento del desalojo, la Policía como ya es costumbre lleva a los desalojos maquinaria pesada para la destrucción de viviendas, en este caso no fue la excepción, las casas construidas de madera fueron desechas por los uniformados.

Al sector se le llama Bordos de El Pedregal, porque a la par se ubica la Colonia El Pedregal, una zona residencial en la que habitan familias de clase media y alta, con viviendas que reflejan estabilidad económica. A la par de la opulencia se encuentra la precariedad, es por eso que popularmente se le conoce a este predio como Bordos, asociando las viviendas de madera, las limitaciones económicas y las características sociales como una zona marginal que no es digna de tener el adjetivo de “colonia”.

Los bordos están ubicados frente al pavimento que está a pocos centímetros del nuevo edifico de la Facultad de Medicina de la universidad, para entrar a los bordos hay que transitar un par de metros, al fondo se encuentran las viviendas, en su mayoría edificadas con madera de palo, cercos de púa y techos de zinc. 

La mañana del desalojo mostró muchas escenas, la de Carlos fue impactante. Él venía caminando junto a su madre, quien se tomaba el cabello y con rostro de tristeza que no podía ocultar salían de los predios, el niño caminaba con un pedazo de madera, la que seguramente era de la pared de su casa destruida y una almohada en su mano derecha para ubicarla en la calle, nuevo lugar donde vivirían después de la expoliación.

Todos los adultos guardan recuerdos de su pasado, cuando Carlos cumpla 24 inevitablemente se acordará de lo ocurrido a la mitad de su vida, cuando un grupo de periodistas lo veían junto a su madre abandonar su hogar para vivir en la calle, a la intemperie y bajo el impacto de la lluvia y sol.

 Desalojos a la orden del día

Cuando el agua daba la impresión de estar calmada, un nuevo movimiento las agitó. Varias semanas habían transcurrido sin desalojos de tierras en Honduras. Fue en los últimos días de febrero, cuando la Colonia Fe y Esperanza de Villanueva fue víctima de desalojo por parte de las autoridades.

“La Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras (Conafeph) condena este tipo de acciones de los organismos de justicia. En Honduras nos violentan, los juzgados hacen lo que quieren, el Instituto de la Propiedad engaveta los títulos territoriales y los derechos humanos no existen”, expresó Marco Badhay presidente de esta organización patronal.

La Conafeph realizó un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia en San Pedro Sula, reaccionando ante el desalojo de la Colonia Fe y Esperanza, que desde su perspectiva tiene vicios ilegales y de nulidad.

“Los pobladores ya hemos perdido la confianza en la justicia, debido a las constantes violaciones al debido proceso en las diferentes ramas del derecho, como lo refleja el desalojo en la Colonia Fe y Esperanza que fue ordenado por la jueza Cintia Velásquez, quién procedió a nombrar a la abogada Roxana Mesto como jueza ejecutora quien sin notificar a las partes realizó el desalojo, destruyendo viviendas y poniendo en riesgo la integridad y la vida de los habitantes de esa comunidad dejándolos en la calle. Calificamos esto como terrorismo judicial”, reza un comunicado divulgado por la Conafeph durante la protesta.

La Confederación asegura que la comunidad con jurisdicción de Villanueva se encuentra en procesos de legalización en el Instituto de la Propiedad, por lo tanto el procedimiento fue ilegal. Al conocer las denuncias de la Conafeph el equipo de Radio Progreso intentó entrevistar a las autoridades judiciales, pero prefirieron no hablar del tema.

Los desalojos continuaron en otras zonas durante la semana, San Pedro Sula vivió nuevamente la problemática, los Bordos de El Pedregal fueron desalojados y 80 familias quedaron en la calle a la espera de atención de las autoridades municipales y gubernamentales.

“Pedimos a quien corresponda: al presidente, al alcalde, a la rectora, para que nos reubiquen, si nos sacan de acá llévennos a un lugar donde poder vivir, estamos abandonados en la calle, con nuestros niños, viejos y pertenencias a merced del agua y el sol”, lamentó una de las personas afectadas por los desalojos.

Pasaron 48 horas del desalojo, y las 80 familias de Bordos de El Pedregal al no tener donde vivir, regresaron a los predios de donde los desalojaron y de la misma forma reconstruir sus viviendas y estar en zozobra permanente ante un nuevo desalojo.

Y así como Villanueva y San Pedro Sula, El Progreso también registró un desalojo, la Colonia San Isidro, sitio que se ubica en la salida a Santa Rita, fue amenazado de desalojo por las autoridades, Más de 200 familias que viven en el sector tienen cinco años de residir ahí y ahora bajo una orden judicial que supuestamente indican que los propietarios son la institución bancaria Atlántida podrían quedar en la calle.

Según datos de las autoridades, el Juzgado de El Progreso emitió la orden de desalojo desde el 25 de noviembre del 2016, los terrenos son reclamados por la Corporación concordia (Banco Atlántida).

Las familias desalojadas en todas las regiones han quedado en la calle, el gobierno no tiene una política habitacional y criminaliza a quienes buscan un pedazo de tierra para trabajar y habitar.

Alberto Benítez director ejecutivo de Habitat para la Humanidad, aseguró que la crisis habitacional en Honduras golpea a más de un millón de familias.

“Las cifras son alarmantes, es necesario que el Estado cree políticas nacionales y municipales para que los pobres tengan acceso a un pedazo de tierra”, expresó Benítez.

Un problema estructural

Como en un vaso violentamente agitado, todo se ha mezclado en Honduras. “Los problemas agrarios, la falta de acceso a la tierra, los despidos de trabajadores, privatizaciones, venta del territorio, concesiones, violaciones a derechos humanos y la militarización no son producto de la casualidad; son parte de un modelo económico que se llama Neoliberalismo que es un apéndice del sistema de gobierno que se llama Capitalismo”, explicó el analista político Efraín Fajardo.

No es la gramática la que nos enseña a conjugar la realidad, sino los capítulos de miles de historias que se forman mientras unos pisan la dignidad de otros para enriquecerse. 

La falta de acceso a la tierra es sólo un miembro de un gran cuerpo opresor que se aprovecha de su poder para discriminar a los que no tienen. La tierra en posesión de pocas manos, limita a la gente a que acceda a ella de forma ecuánime.

Fajardo continuó diciendo: “el problema es el secuestro de los grupos de poder de casi toda la tierra en el país, todo está en pocas manos, es un monopolio que limita el acceso de la gente a la tierra.

Los grupos de poder aprovecharon la colaboración de un Estado que no está al servicio del pueblo para adueñarse de las tierras a través de la Ley de Modernización Agrícola en el gobierno de Callejas.

El gobierno no tiene una política para garantizar el acceso a la tierra, mucho menos de reubicación de los desalojados, el Estado sólo criminaliza, reprime y no responde a las grandes necesidades de los afectados”.

El analista asegura que es tiempo de organizarse para enfrentar la política monopolizadora y a través de la movilización popular exigir una reforma Agrícola Integral que responda a las necesidades de la gente de un pedazo de  tierra, caso contrario las injusticias, el derramamiento de sangre formarán parte del diario vivir en el país.

Honduras cuenta con un déficit habitacional de más de un millón de viviendas, el Estado sigue ausente en las políticas agrarias y por ahora el panorama que dibuja el futuro inmediato son la criminalización, persecución y despojo de las comunidades.

 

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      Después de varias semanas de propaganda electoral disfrazada de preocupación por la inseguridad y criminalidad, el gobierno de Juan Orlando Hernández y la bancada del Partido Nacional aprobaron la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad o “paquete de reformas penales”.

      Bastaron seis horas, divididas en dos días, para que los diputados oficialistas legalizaran la criminalización de la protesta pública, la invasión a las comunicaciones privadas y la censura a los medios de comunicación.

      En escenarios de autoritarismo nacionalista y manifestaciones convocadas por la Alianza Opositora, que daban un ambiente de concentración política, la aprobación, en tercer debate, del paquete de reformas penales inició con la modificación de los artículos 222 y 335 del Código Penal.

      Se reformó el párrafo 222 del Código Penal para establecer que la extorsión se considera consumada si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, el que realice la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva.

      Los diputados nacionalistas, con apoyo de los denominados partidos bisagra –Vamos y UD-, modificaron el artículo 335 para agregarle un párrafo en el que califican de terroristas a las personas que desarrollen acciones cuyo propósito sea alterar gravemente la paz pública o intimidar a la población.

      El hemiciclo legislativo se convirtió en un estadio lleno de árbitros sonando silbatos. La bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) expresó su malestar de esa forma al negársele espacio para ampliar el debate.

      El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, suspendió la discusión y aprobación argumentando que “muchos andan exacerbados y vamos a esperar que se les baje el gas”.

      Jari Dixon Herrera, diputado de LIBRE, en su intervención durante la discusión y al finalizar la sesión señaló el fracaso del Partido Nacional en políticas de seguridad, y cuestionó el no endurecimiento de penas por los delitos de corrupción.

      “Hace 14 años, se había reformado el artículo 332, le llamaron la Ley Antimaras, y decían que esa era la solución al problema de maras y extorsión, 14 años después siguen diciendo que reformas penales es la solución. Pero más grave aún es que este tema siga siendo usado como bandera de campaña electoral para atraer votos, cuando han fracasado durante años”, puntualizó Herrera.

      La diputada Fátima Mena, integrante de la bancada del Partido Anticorrupción, condenó la falta de debate, la politización de los problemas de seguridad y la tipificación del delito de terrorismo, mediante el cual se criminaliza la protesta pública.

      “Le debería de dar vergüenza al partido de gobierno por estar instrumentalizando el problema de la inseguridad. Es evidente que ellos han venido fracasando y tiene miedo que el pueblo salga a protestar, quieren criminalizar y evitar que el pueblo salga a las calles. Es realmente penoso”, opinó Mena.

      Por su parte, la diputada de Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez, a quien se le negó la palabra durante la sesión, reflexionó sobre sobre los escenarios que se esperan después de aprobadas las reformas: “yo fui diputada cuando se aprobó el artículo 332 y dijeron que iba a eliminar las maras y las pandillas, y ahora miremos como está la situación, está comprobado que la profundización de las penas es una solución al problema, hay que darle un tratamiento integral y verificar cuales son las causas y buscarle solución pero no de manera represiva, a corto y mediano plazo veremos las consecuencias de una política imprudente”.

      Durante la aprobación de la tipificación del terrorismo como delito la bancada liberal se ausentó. El diputado Ángel Darío Banegas justificó que sus compañeros y compañeras estaban reunidos con militares y policías, los que exponían porqué deberían de ser aprobadas las reformas penales.

      “Estábamos atendiéndolos a ellos. Yo estaba escuchándolos a ellos que estaban presentando argumentaciones, eso es parte también de mi deber como diputado. Cuando la bancada terminó su sesión y venimos aquí inmediatamente suspendieron, parece que la presencia de la bancada liberal los asusta”, dijo Banegas.

      Asesor presidencial vota por reformas penales

      El segundo día de debate y aprobación continuó con las modificaciones a la Ley Especial de Intervención de las Comunicaciones Privadas y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

      En ese sentido, la unidad de intervención de comunicaciones quedará a cargo del Consejo Nacional de Seguridad, explica el diputado de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya: “usted puede comprar un aparato y escuchar a cualquier persona, lo que están es legalizando para que el presidente los escuche a usted, ahora el presidente lo puede escuchar”.

      En la sesión, no solo la prepotencia y autoritarismo nacionalista resaltó, también se evidenciaron las cachurecadas, como se le llama popularmente, al momento en el que Ángel Darío Banegas, diputado liberal, denunció que el ministro asesor de la presidencia, Ebal Díaz, votaba durante la aprobación de las reformas penales.

      El diputado del Partido Anticorrupción, Luis Redondo, manifiesta que el Ministerio Público debe de actuar de oficio y recuerda que no es la primera vez que el partido de gobierno protagoniza acciones ilegales.

      “No solamente votó una vez, votó varias veces, y esa es una práctica que han venido haciendo los nacionalistas, igual sucedió con el señor Pineda de Coalianza. Es vergonzoso, se le pidió al presidente del Congreso Nacional que mostrará la votación y no quisieron”, comentó Redondo.

      Sin embargo, las sorpresas no terminaban. Y es que el diputado nacionalista y jefe de bancada, Oscar Álvarez, en la reconsideración del acta presentó una moción para que en la reforma al artículo 335 del Código Penal, que tipifica el delito de terrorismo, se contemple que quien públicamente o a través de medios de comunicación haga apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo sea sancionado con penas de reclusión entre cuatro y ocho años.

      Reformas penales son ambiguas, señala Alto Comisionado de la ONU y la CIDH

      Luego de aprobado el paquete de reformas penales, que deja en claro su objetivo principal de criminalizar la protesta social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación.

      La CIDH y la OACNUDH señalaron que las reformas aprobadas están marcadas por la ambigüedad y facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo.

      “La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”, apuntaron los organismos internacionales.

      Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras, articuladas en la Coalición Contra la Impunidad, también indicaron que las reformas penales traerán como consecuencia la criminalización de la protesta social, “especialmente con la nueva tipificación del terrorismo, de la misma forma, significarían un duro golpe a otros derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República”.

      La Alianza Opositora, integrada por los Partidos Libertad y Refundación, Anticorrupción e Innovación y Unidad, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo en el que piden al Poder Judicial investigar las actas en las que quedó constancia de la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad.

      José Manuel Zelaya, coordinador de Libertad y Refundación, dijo que la CSJ debe amparar su investigación en la Constitución hondureña, en los tratados y convenios internacionales que han sido violentados con las reformas penales al criminalizar la protesta pública y coartar la libertad de expresión.

      La solicitud de amparo se realiza en un poder del Estado que días antes emitió un pliego de recomendaciones y opiniones a favor de las reformas impulsadas desde la presidencia de la república, dirigida por Juan Orlando Hernández que busca continuar pese a que la Constitución lo prohíbe.

      La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras  (Maccih), llegó al país por una exigencia ciudadana expresada en las calles y que exigía la presencia de una instancia internacional de la talla de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para que investigará actos de corrupción cometidos en el país, entre ellos el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

      Pasaron diez meses desde su instalación en el país y su vocero, Juan Jiménez Mayor, expresa que ya tienen las capacidades para la investigación. “Ya ustedes se van a sorprender cuando comencemos a incorporar a nuestros expertos a las tareas directamente en los juicios orales en el poder judicial, es una sorpresa que les vamos a dar” señala Mayor.

      Por la presión ciudadana, el gobierno de Juan Orlando Hernández terminó cediendo a la conformación de la Maccih en coordinación directa con la Organización de Estados Americanos (OEA) que instaló de esa forma su primera Misión de este tipo en su historia. “La Maccih está armándose y los dientes están bien puestos”, advirtió Juan Jiménez Mayor.

      Radio Progreso (RP) dialogó con el vocero y coordinador de la Maccih, Juan Jiménez Mayor (JJM) sobre el papel desarrollado en estos primeros diez meses y los retos que quedan por cumplir, además de las expectativas ciudadanas sobre la acción de la Misión.

      RP. ¿Por qué decidió usted venir a Honduras?

      JJM. Yo soy de Perú. Vengo de una experiencia muy fuerte que fueron los casos Fujimori-Montesinos. A fines del 2000, Alberto Fujimori, que fue presidente de Perú por diez años, se fugó del país. Se comenzó un proceso de investigación para determinar cuál fue el nivel de corrupción que en el Perú se realizó a través de la presidencia de la República y los servicios secretos. El proceso terminó con el presidente preso, diputados, ministros, generales y empresarios también  presos. Con esa experiencia, el Secretario General de la OEA, Luís Almagro, me propone venir a Honduras a conducir una comisión especial, me pareció un reto importantísimo venir a contribuir desde la OEA  a un país hermano.

      RP. ¿Existe otra experiencia similar?

      JJM. Esta es la primera Misión de la OEA en su tipo aquí en la región, y Honduras es el primer país que plantea la posibilidad de una misión de acompañamiento que pueda ayudar a las instituciones, al Ministerio Público, al poder judicial, al Tribunal de Cuentas, en fin, para poder cambiar las cosas y estoy seguro que vamos a contribuir a ese objetivo.

      RP. ¿Usted es amigo personal del Secretario General de la OEA?

      JJM. Así es, así es.

      RP. ¿Y eso lo hizo venir al país?

      JJM. Si porque generó la confianza para poder asumir el desafío que implica tener una misión como ésta acá.

      RP. ¿Es fácil?

      JJM. No es fácil. Yo entiendo que la gente quiera que la Misión, de una vez por todas, tome los casos y que estemos ya con gente en la cárcel por corrupción. Yo quiero decirles a las personas que esto es un proceso. Las investigaciones que está haciendo la Misión son investigaciones de grandes casos de corrupción. No estamos investigando sólo al policía que en la esquina recibe sobornos o funcionarios que le dan una “propina” para que haga o deje de hacer algo. Nosotros estamos involucrados en las grandes redes de corrupción.

      RP. ¿Qué han hecho en diez meses?

      JJM. Estamos trabajando fuerte en todo el proceso de investigación, estamos trabajando ya los casos de investigación y también en el diseño de una arquitectura nueva a nivel legislativo, a nivel del poder judicial y del Ministerio Público que va a dar de qué hablar.

      RP. ¿Cuáles son los casos que llevan?

      JJM. Los primeros casos que estamos viendo son los casos del IHSS, ese trabajo nos trajo al país y el Seguro Social es la preocupación más importante que tenemos a nivel de investigaciones. No es un caso fácil. Quiero que la población sepa que son, hasta el momento 44 investigaciones, que tienen casi  tres años, muchas de ellas que todavía no han pasado al poder judicial, todavía están en la etapa de investigación. A estas 44 investigaciones se suman 15 que ya están en el poder judicial.

      RP. ¿Qué es lo más difícil de todo este proceso?

      JJM. Lo difícil es tratar de superar, en este momento, el tiempo, porque ha pasado mucho tiempo desde que se iniciaron estas investigaciones y no se han presentado estos requerimientos, y claro en el tiempo las pruebas incluso pueden evadirse y pueden borrarse. Pero yo creo que el principal desafío, más que el tiempo, es en este momento tomar ciertas decisiones que son importantes para el país.

      RP. ¿Cómo cuáles?

      JJM. Una de esas decisiones que nosotros consideramos que son de mayor importancia es que el país cuente con una ley nueva, que no existe en Honduras pero que si existe en Guatemala que la aplica la Cicig con la fiscalía o que existe en Perú que se aplicó para los casos Fujimori-Montesinos o que existe en Brasil en este momento para lo que se llama caso Lava Jato, porque implica la posibilidad de que personas que forman parte de una organización criminal puedan aportar pruebas a la fiscalía para poder identificar a quiénes son los miembros de una organización criminal, quiénes dan las órdenes, qué delitos están cometiendo, quiénes son sus víctimas, dónde están sus bienes y dónde están las ganancias de estas organizaciones ilegales en el país.

      RP. ¿Qué ambiente ve usted para que esa ley de colaboración pueda tener eco?

      JJM. Son procesos. Estamos en este momento, además de la ley de colaboración que esperamos que el sector político del país la apruebe y que comprenda la dimensión de esto en una lógica de que detengamos la corrupción y la podamos combatir con eficacia, pero tenemos que trabajar en frentes distintos como por ejemplo necesitamos tener un diseño nuevo en la justicia de Honduras en materia de corrupción.

      RP. ¿Y cómo van a lograrlo?

      JJM. Desde que llegamos al país en abril de 2016, planteamos al poder judicial y al país la necesidad de la creación de una jurisdicción especial en materia de corrupción. Fue creada en agosto del año pasado mediante ley del Congreso. Y también hemos diseñado con la fiscalía la creación de una Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción que va a trabajar conjuntamente con nosotros las investigaciones. Estamos hablando de una arquitectura nueva, de un diseño nuevo de un sistema anticorrupción en Honduras.

      RP.  La Maccih, ¿es una respuesta al grito de la gente o un llamado de JOH?

      JJM. La Maccih se origina por el movimiento de los indignados en el país, la Maccih no es una creación que viene de la nada, viene por un movimiento social. El gobierno tuvo la virtud de aceptar que venga una Misión. Nosotros estamos muy conscientes de cuál es el origen, por eso es que nuestra prioridad está en las investigaciones de los casos del Seguro Social.

      RP. ¿Tiene dientes la Maccih?

      JJM. Absolutamente. Nosotros tenemos las capacidades para la investigación. Ya ustedes se van a sorprender cuando comencemos a incorporar a nuestros expertos a las tareas directamente en los juicios orales en el poder judicial, es una sorpresa que les vamos a dar. La Misión está armándose y los dientes están bien puestos.

      RP. ¿Cuál es el futuro de la Maccih?

      JJM. Nosotros no queremos un fracaso para la Misión. Nosotros queremos que esta misión sea útil para el país. Ésta es la primera misión en su tipo para la OEA. Creo que en las Américas, en la región hacen falta más Maccih o más Cicig, como quiera llamarla. Eso ayuda mucho porque la corrupción está siendo un fenómeno global, un fenómeno que está afectando ya no solamente los bolsillos de la gente porque la corrupción lo que hace es finalmente afectar derechos: menos educación, menos salud, menos infraestructuras y la corrupción también está afectando la gobernabilidad y la creencia en el sistema democrático.

      RP. ¿Cómo le gustaría que, en un futuro, el pueblo recordara a la Maccih y a usted como el responsable?

      JJM. A nosotros nos gustaría que se nos recuerde como la Misión que vino a generar cambios y que vino a devolver la fe a la gente.

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