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Radio Progreso
Jennifer

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Por medio de un plebiscito realizado el domingo 2 de abril, la ciudadanía de los municipios de Minas de Oro y San José del Potrero, Comayagua dijeron NO, a las concesiones mineras en la zona. 

Minas de Oro es un Municipio ubicado al noreste del departamento de Comayagua, en la república de Honduras, cuenta con una población de 13,481 habitantes. Actualmente cuenta con 7 concesiones mineras en fase de explotación para la extracción metálica. La empresa Fischer Watt Company Inc tiene una licencia por 4 años y la empresa Minoro con 5 concesiones por 40 años.

Por otra parte, San José del Potrero, ubicado siempre en el departamento de Comayagua, zona central de Honduras, tiene una población estimada de 6.911 habitantes. Actualmente cuenta con una concesión minera no otorgada no específica. 

Desde muy temprano la población salió a los centros de votación para marcar en una papeleta que tenía una sola pregunta: ¿Está usted de acuerdo con las concesiones mineras? 

Según el ambientalista Martin Galeano Martínez, votaron 2,283 personas de las cuales únicamente 15 dijeron estar de acuerdo con las concesiones mineras, y 2,251 votaron en contra de la instalación de empresas extractoras de minerales en ambos municipios.

El ambientalista Martin Galeano, asegura que a partir de haberse realizado la consulta ciudadana, las organizaciones y la comunidad iniciarán un proceso de socialización de la consulta y al mismo tiempo presionar a las autoridades a nivel local y nacional para que cancelen todas las concesiones mineras en ambos municipios.

Previo a la realización del plebiscito, la población de los municipios, en coordinación con organizaciones ambientalistas y de Derechos Humanos, realizó varias actividades de concienciación, donde explicaron a la ciudadanía   los efectos negativos que tiene la extracción de minerales.

Además se conocieron testimonios sobre el impacto que dejó a la salud de la población, la explotación minera en el Valle de Siria, en Francisco Morazán.

Según el Observatorio de Bienes Naturales del Centro Hondureño de Promoción para el desarrollo Comunitario (Cehprodec), solamente en el departamento de Comayagua hay 43 concesiones mineras metálicas y no metálicas otorgadas actualmente. 

La brisa del mar Atlántico que acaricia a la población y las  pintorescas comunidades garífunas con sus expresiones culturales que se fusionan con las hermosas playas, son testigo del  naufragio del desarrollo y la aguda crisis económica que atraviesa  la municipalidad de la ciudad de Tela, Atlántida, al norte de Honduras. 

El constante endeudamiento,  la mala administración de los fondos públicos y la contratación de personal supernumerario son los responsables que el buque que conduce los destinos del municipio lleve la ruta del Titanic, con el acalde Mario Fuentes como capitán, según el regidor Alan Maldonado. 

“Este pueblo ha caído en manos de las personas equivocadas por eso esta ciudad se ha estancado en el desarrollo y la cosa va del mal en peor”, dijo una ciudadana mientras compraba combustible en una gasolinera que está frente a la municipalidad. 

Para muestra de esta agudizada crisis; después de 9 días de tomada las instalaciones de la alcaldía  por parte del Sindicato Municipal,  por el incumplimiento en el pago de 5 meses salarios,  pago de 3 años del IHSS, ayer jueves fue suspendida a eso de las 11:15 am  luego  de firmar un acuerdo de pago con el alcalde Mario Fuentes. 

Sin embargo, 20 minutos después del acuerdo, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción  y la  Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intervinieron la municipalidad como parte de las investigaciones por denuncias de supuestos delitos de;  abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y  malversación de caudales públicos. 

Los fiscales en compañía de detectives de la ATIC, llegaron desde ayer jueves en horas del mediodía en busca de documentación de los aparentes actos irregulares. Integrantes del sindicato municipal manifestaron que el edil Mario Fuentes tiene el control de la administración de la comuna, por lo tanto el tendrá que responder por las irregularidades que se encuentren.

Deuda impagable, y paracaidista  

El presupuesto de la municipalidad de Tela, para este año haciende a los 350 millones de lempiras, sin embargo la mayoría de estos fondos van para el pago de la deuda y el pago de personal supernumerario, mientras los proyectos de desarrollo comunitario brillan por su ausencia. “cuando necesitamos raspar las calles las comunidades tienen que aportar dinero para que una maquina municipal lo haga”, indicó un habitante de dicha ciudad.    

“Noventa y siete (97) millones de lempiras  se destinan a pagar el salario de más de 430 empleados. El resto de la recaudación es para pagar el servicio de deuda a la banca privada, mientras que los proyectos de desarrollo social para las comunidades están ausentes”, según el regidor Alan Maldonado.  

Por su parte el alcalde Mario Fuentes aseguró que la deuda que mantiene la alcaldía que la banca privada asciende los 240 millones de lempiras y esto se le agrega la deuda flotante que supera los cien millones de lempiras. La última deuda según el edil, son de demandas hechas contra la municipalidad por parte de algunos ex empleados.

Fuentes se comprometió a que en los próximos se desarrollará una reestructuración del personal para bajar la masa salarial. Sin embargo un empleado municipal quien pidió el anonimato aseguró que “existe personal que se presenta a la alcaldía solo el día de pago y de allí nunca se le vuelve a ver, esos son los activistas del alcalde y a ellos no los va a despedir”, indicó en tono preocupado.   

“Esta crisis se viene arrastrando desde hace más de 10 años, pero lo que viene es lo peor para el municipio de Tela “después del acuerdo todo mundo está satisfechos con el pago de salarios, sin embargo lo que viene es algo peor porque los fondos municipales serán exclusivamente para el pago de la deuda y lo que sobre para el pago de salarios”, concluyó  el regidor Alan Maldonado. 

“Aquí nos quedaremos porque el agua es nuestra” afirmaron con seguridad los habitantes del Sector Pajuiles y Mezapa en Tela, Atlántida, quienes mantienen una toma en los accesos que comunican al lugar donde el empresario Jason Hawit construye una represa hidroeléctrica. Las comunidades exigen la suspensión inmediata de los trabajos que realiza la empresa y la cancelación definitiva de la concesión.  La toma comenzó el Día Internacional del Agua y la ciudadanía está decida a permanecer en el lugar hasta que sus demandas sean atendidas. 

La Fiscalía Especial del Ambiente de Atlántida, emitió un dictamen de la inspección realizada en febrero de 2017, en la que refirió que parte de los daños provocados por la empresa Centrales de El Progreso (Hidrocep), es la pérdida de cobertura forestal, sedimentación de los cauces de agua y represas de abastecimiento de agua a las comunidades de Brisas de San Antonio, Planes de Arena Blanca y Sector Pajuiles en el municipio de Tela. A raíz de esta situación las comunidades han sido contundentes en sus denuncias. 

Honduras está viviendo momentos difíciles.  Por un lado hay toda una política estatal de entrega de territorios a empresas transnacionales y por el otro hay una ciudadanía activa que se juega la vida defendiendo sus bienes comunes. Muchas comunidades están alzando su voz de protesta por la presencia de empresas transnacionales que con apoyo de algunos empresarios hondureños cuentan con una licencia en mano para instalar una minera, una represa o talar el bosque y sacar la mejor madera para exportarla. Poco a poco están saliendo a luz pública las concesiones que se dieron durante los gobiernos de Roberto Michelleti, Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández. 

En 2016, organizaciones de la sociedad civil informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existen 837 proyectos mineros potenciales, lo cual en términos territoriales significaría casi el 35% del territorio nacional. Además que hay 76 proyectos hidroeléctricos con estudio de factibilidad finalizado y/o contrato de  operación aprobado en 14 de los 18 departamentos del país (Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortés Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Patuca, Santa Bárbara y Yoro).

Según un estudio del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), a partir de los años 60’, el Banco Mundial promovió la estatización del servicio de energía eléctrica, pero en 1994, en medio de una crisis energética, mediante Decreto 158-94 se aprueba la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico, orientada a incrementar la eficiencia en la utilización de los recursos energéticos del país, facilitando la participación de la empresa privada y blindando a través del Congreso Nacional los proyectos hidroeléctricos. 

“Sabemos que estos proyectos son los responsables de los daños ambientales y de muchas asesinatos a líderes ambientalistas como Berta Cáceres”, dice Silverio López, un joven del Sector Pajuiles en Tela organizado en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Silverio permanece junto a su hermana Albertina en la toma contra la hidroeléctrica de Hawit en la montaña Nombre de Dios. 

La toma del Sector Mezapa y Pajuiles se desarrolla de forma pacífica. La gente ha instalado una cadena en la carretera para bloquear el paso. Únicamente pueden transitar los habitantes de la zona y los carros repartidores de productos de consumo popular. Se han colocado dos carpas donde los protestantes se cubren del sol y se protegen del sereno nocturno. De entrada al lugar se pueden observar pancartas o rótulos con mensajes de protesta por la destrucción de la madre tierra. 

A pesar que existe una orden del Ministerio Público de parar los trabajos de la empresa, ésta sigue destruyendo sin misericordia la cordillera Nombre de Dios en Atlántida denuncia la población. Albertina López vive en Planes de Arena Blanca y afirma que la empresa de Jason Hawit ha dañado el proyecto de agua de la comunidad y que ahora los vecinos se ven obligados a comprar agua embotellada. 

“Antes tomábamos agua de tubo y hoy tenemos que conseguir 30 lempiras diarios para comprar un botellón” expresa con indignación Albertina, una mujer que junto a otras que permanecen en la toma, han construido una cocina para preparar los alimentos en el lugar. “El agua de la llave es puro lodo”, agrega confirmando que la llegada de la empresa ha cambiado para mal la vida de las comunidades y que las mujeres se mantienen firmes en la defensa del agua.

Las comunidades se oponen a la construcción de proyectos hidroeléctricos porque conocen ejemplos como el de Aguacatales en el departamento de La Paz, donde hace algunos años la diputada Gladys Aurora, vice presidenta del Congreso Nacional, llegó con cientos de promesas de prosperidad a cambio de instalar una represa hidroeléctrica. Al final lo logró, instaló su proyecto, pero las comunidades se quedaron sin río y sin tener acceso al agua.

El agua: Un derecho humano

El 28 de julio de 2010, la Organización de Naciones Unidas ONU, reconoció el derecho humano al agua, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización  de todos los derechos humanos. Para poder disfrutar del Derecho al agua, esta debe ser: 

Suficiente: El abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico, o sea: para beber, el aseo personal, lavado de ropa, preparación de alimentos y limpieza del hogar.  

Saludable: Libre de microrganismos y sustancias químicas y peligrosas que constituyan una amenaza para la salud humana. 

Aceptable: El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables para ambos uso, personal y doméstico. 

Asequible: El costo del agua no debe superar el 3 por ciento de los ingresos del hogar. 

Físicamente accesible: Dentro o cercanos al hogar. La fuente de agua debe encontrarse a menos de mil metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no debería superar los 30 minutos. 

Sin embargo, más de 1.6 millones de personas viven sin acceso al agua potable en Honduras, a pesar que el país tiene mayor número de ríos y afluentes por área cuadra según organizaciones defensoras de derechos humanos. 

La lucha por el agua es ahora

Desde el 2013, organizaciones comunitarias, iglesia católica y municipalidad de El Negrito, Yoro, comenzaron un proceso integral encaminado a prohibir en el municipio la instalación de empresas mineras e hidroeléctricas, así como la tala del bosque, la caza de animales y  la siembra de palma africana en las zonas productoras de agua.

El gobierno de Juan Orlando Hernández, ha multiplicado el número de concesiones mineras en los últimos dos años. Sólo el departamento de Yoro cuenta con 23 concesiones, de las cuales 7 están ubicadas en el municipio de El Negrito, una investigación del según el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación Eric de la Compañía de Jesús. 

En 2017, El Negrito, Yoro,  primer municipio en Honduras auto-declarado territorio libre de minería e hidroeléctricas, busca declarar todas sus fuentes de agua como “Zonas Productoras de Agua Exclusivas para el Consumo Humano”, a través del Instituto de Conservación Forestal y el Congreso Nacional. “Gracias a la organización hemos logrado detener la minería y la tala del bosque”, dice Modesta Morales del Sector de Guaymas, asegurando que  desde El Negrito están buscando la forma de articular la lucha con las comunidades de Tela. 

También el Día Mundial del Agua, los  pobladores y pobladoras del municipio de Reitoca, ubicado al sur del departamento de Francisco Morazán,  se tomaron la carretera que conduce al sur del país protestando porque les quieren instalar una represa hidroeléctrica.  La población exige que se pare la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el rio Reitoca, que es la única fuente de agua para ese municipio. 

La empresa PROGELSA cuyo principal accionista es el empresario y político Jack Arévalo, pretende construir el proyecto en el río Reitoca sobre el cerro Petacón dañando la toma de agua de esa y otras comunidades. 

Es muy común ver y escuchar cómo estas acciones de lucha pacífica en defensa del agua se multiplican a nivel nacional ante la amenaza de ser acaparada por el capital trasnacional con el aval del gobierno de Juan Orlando Hernández, señala el ambientalista Pedro Landa.  Esto significa que el agua lejos de ser un derecho humano, que el Estado de Honduras debe proteger, se ha convertido en un negocio redondo,  y en un privilegio reservado solo para aquellos que tengan dinero suficiente para pagar por ella. 

 

Los días pasan y mientras Devis Leonel Rivera Maradiaga, del cartel “Los Cachiros” habla en Estados Unidos, la clase política, policial y empresarial tiembla ante las acusaciones que implican a funcionarios públicos de tener vínculos con el narcotráfico. 

En tres semanas, Rivera Maradiaga ha testificado dos veces en una corte de Nueva York como parte del juicio contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. En sus declaraciones Maradiaga vinculó al expresidente Lobo, al actual ministro de Seguridad Julián Pacheco, al político nacionalista Miguel Pastor, al diputado del departamento de Colón Oscar Nájera y Fredy Nájera de Olancho, asimismo al actual alcalde de Tocoa Adán Fúnez. Todos por tener relaciones con él en el negocio del narcotráfico. 

Los funcionarios salieron a defenderse públicamente; pero sus discursos no superan las pruebas que son presentadas ante la justicia norteamericana. En ese sentido el comisionado de policía en condición de retiro Aldo Oliva aseguró que el involucramiento de funcionarios y políticos en narcotráfico es un secreto a voces que se conoce en las distintas regiones del país, pero que la institucionalidad se hace de oídos sordos y a la gente le da miedo denunciar por miedo a perder sus vidas. 

Sobre las acusaciones contra políticos y policías, Oliva dijo que dentro de la Policía hay agentes vinculados al narcotráfico y que los políticos están enterados y embarrados en ese procedimiento ilegal. 

Como parte del juicio contra Fabio Lobo, el gobierno de Estados Unidos acusó a otro elemento de la Policía Preventiva hondureña, bajo el argumento de conspirar por enviar droga a ese país. El acusado es Carlos Alberto Valladares Zúniga, exjefe de la Sección de Homicidios de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).

De la misma forma el general Julián Pacheco Tinoco, quien funge como Secretario de Estado en el despacho de Seguridad, fue acusado por Rivera Maradiaga de tener vínculos con el narcotráfico. Pacheco Tinoco fue asesor de seguridad del gobierno de Porfirio Lobo Sosa y titular de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, por tal razón Maradiaga afirmó que él colaboró con la organización para garantizar el traslado de la droga por el corredor del atlántico que recorre desde el departamento de Colón hasta el occidente del país en la zona fronteriza con Guatemala.

“En un país serio donde la institucionalidad verdaderamente funcione, el ministro de Seguridad tuvo que haber renunciado ante las acusaciones para ponerse a la orden de los organismos de investigación y si él no renuncia como mínimo el gobierno tuvo que destituirlo”, manifestó el analista Ramón Barrios al referirse sobre las acusaciones contra Pacheco Tinoco.

Barrios es del criterio que no se puede tener confianza en políticos o funcionarios acusados de tener vínculos en actividades irregulares, por eso la ciudadanía, las organizaciones populares deben exigir la renuncia inmediata de los acusados o la acción del gobierno para que los destituya  y los ponga a la disposición de los organismos investigativos. 

“Desde la Comisión de Depuración de la Policía, no podemos pronunciarnos sobre especulaciones; es decir, hasta que no haya pruebas contundentes contra los acusados no podemos decir si son responsables o no”, dijo Alberto Solórzano integrante de la Comisión que dirige el proceso de depuración policial en Honduras.

Esta comisión ha sostenido una postura timorata ante los acontecimientos que involucran a funcionarios del gobierno de estar ligados al narcotráfico, afirmaron que todo se trata de especulaciones, y que no pueden fijar una postura por el momento.

El analista Ramón Barrios, critica esa postura. “Tener una postura de ese tipo muestra incoherencia y servilismo, las pruebas que se emiten desde Estados Unidos son concretas y como mínimo una organizaciones que se supone seria debería demandar la renuncia de estos funcionarios por el simple hecho de transparencia”.

Mientras tanto la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Julieta Castellanos lamentó que los organismos de investigación no hayan actuado desde antes contra los ahora acusados, dudó que los organismos correspondientes no conocieran desde hace mucho las vinculaciones de políticos y policías en el narcotráfico, por lo tanto hizo un llamado urgente a fortalecer la institucionalidad para combatir la impunidad.

Por el momento, el Ministerio Público anunció el comienzo de las investigaciones ilustradas en las declaraciones de Rivera Maradiaga en Estados Unidos, pero hasta el momento ni el expresidente Lobo, ni el ministro de Seguridad Julián Pacheco, ni los diputados acusados han sido llamados a comparecer ante los organismos competentes. 

Mientras la justicia norteamericana amenaza a los acusados, la institucionalidad hondureña los protege y es que a pesar de las denuncias en su contra, los funcionarios continúan en sus cargos como si no sucediera nada. 

 

Para este 2017, las proyecciones de la Comisión de Ayuda a Refugiados en México proyecta que las solicitudes de refugio llegarán a las 22 mil, casi tres veces más que la recibidas el año 2016, donde se registraron 8 mil 781. 

Los migrantes y personas refugiadas en México enfrentan múltiples y graves violaciones a los derechos humanos. Situación que preocupa porque en los últimos años el flujo migratorio incrementó en más de mil por ciento (2012-2016), lo que implica que México ha pasado de ser un país de tránsito a uno de destino.  

Estos datos fueron brindados a los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en una audiencia que se celebró en el marco del 161 periodo de sesiones, que destinó  un espacio para analizar el impacto del refugio en la región. 

Rita Marcela Robles en representación del Centro de Derechos Fray Matías Córdova, junto a una veintena de organizaciones de migrantes en México denunciaron la grave crisis de refugiados y de otras personas con necesidad de protección internacional.   

El Centro Fray Matías de Córdova es un organismo civil de derechos humanos que trabaja en la región del Soconusco desde la Ciudad de Tapachula, Chiapas, la organización inició sus actividades a mediados de 1994, y desde entonces acompaña a sectores vulnerables de la población nacional o extranjera. 

En su participación Rita Marcela aseguró que, el año 2016 más del 90 por ciento de las solicitudes de refugio en México eran de personas provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, países que integral el denominado triángulo norte de Centroamérica, donde la violencia estructural impide que la ciudadanía acceda a derechos fundamentales como el trabajo, educación, salud, vivienda, entre otros, obligándolos a salir de sus países y buscar protección en otras naciones. 

Se dejó claro en la audiencia que en ese contexto de violencia estructural de la región, las personas que son mayormente afectadas son los niños, niñas, víctimas de la extorsión, mujeres, testigos de crímenes y comunidad LGTBI. 

 Antecedentes 

México aprobó reformas que regulan el asilo político en 2014. Con las reformas a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, se legaliza el otorgamiento de asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de protección complementaria; además de establecer las bases para atender a los solicitantes y asistir a los asilados y refugiados.

A través de esta legislación la Cancillería es la encargada de orientar a los solicitantes de asilo político y asilados sobre sus derechos y obligaciones, tener un registro actualizado de los solicitantes de asilo político y asilados y resolver sobre el retiro y la renuncia de asilo. 

Falla en la implementación 

En la audiencia ante la CIDH, las organizaciones dejaron claro que desde el gobierno mexicano hay una serie de fallas al momento de implementar la Ley de Refugiados, lo que expone la vida de personas y familias que huyen esperando recibir asistencia humanitaria. 

Javier Martínez Hernández  de la Casa del Migrante El Saltillo, dijo que desde el gobierno hay acciones que no van a favor de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional de los refugiados. 

“En teoría las personas pueden presentar su solicitud de reconocimiento a la condición de refugiado de forma escrita y oral, pero en la práctica nos encontramos que el Instituto Nacional de Migración solamente recibe las solicitudes por escrito, nunca de forma oral”, denuncia Martínez. 

Agregó que no hay agilidad para atender a mujeres embarazas, niños y niñas, víctimas de tortura, entre otros, a pesar que la ley los ampara. “No se hacen gestiones para ayudar en todo el proceso. La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado incumple su obligación dejando esa responsabilidad únicamente a las organizaciones de sociedad civil que son las que terminamos haciendo las gestiones, cuando la institucionalidad debería de actuar de oficio”. 

Otra de las irregularidades es que con los solicitantes que se encuentren en estaciones migratorias, los centro de detención en el estado mexicano, se debe valorar las medidas que mejor favorezcan a los solicitantes, y en el caso de niños y niñas no acompañadas se debe determinar su interés superior, pero en la práctica las personas quedan privados de su libertad en los centros de detención irrespetando el procedimiento que plantea la ley. 

Las organizaciones dejaron claro ante los comisionados de CIDH que en México no existe una política de integración de las personas refugiadas, ellos son obligados a vivir en situaciones de precariedad durante años ante la omisión estatal que no está promoviendo condiciones de igualdad reales y efectivas. 

La invisibilización del problema por parte del gobierno condena a los refugiados a vivir en la clandestinidad. Ante tantos vacíos reanudar la vida para un refugiado significa un reto enorme, eso frente a un Estado que denuncia la violencia en contra de sus ciudadanos pero que es incoherente con la práctica del ejemplo”, manifestaron las organizaciones de derechos humanos que demandan respuesta del gobierno mexicano, pero también de los Estado centroamericano donde su gente está  huyendo para proteger sus vidas. 

En el marco del proyecto “Defendiendo a quienes defienden la Madre tierra y los recursos naturales en Honduras” financiado por la Unión Europea, coordinado a nivel nacional por la oficina de Diakonía en Honduras y coordinado territorialmente entre el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), se ha propuesto contribuir a mejorar la situación del derecho a la tierra y los bienes naturales en las zonas de mayor conflictividad socio-ambiental del país. 

En este sentido, este proyecto busca mejorar las condiciones de protección y reconocimiento de la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, particularmente de quienes están en riesgo debido a su trabajo en defensa del derecho a la tierra y los bienes naturales. Para ello, una de las actividades a realizar es la investigación y publicación de informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos vinculados a la defensa de los territorios y los bienes naturales que contribuyan a visibilizar su labor y las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en la que trabajan. 

El presente Anuario es el instrumento que CDM, la FSAR y el ERIC-SJ decidimos utilizar para visibilizar tal situación, para lo cual contiene tres análisis que reflejan la condición de mayor vulnerabilidad de las mujeres defensoras, el contexto general de violencia en el Bajo Aguán con respecto al acceso a la tierra y el estudio de un caso que muestra cómo la institucionalidad del sector justicia y seguridad puede ponerse al servicio de la criminalización de las defensoras y defensores de los derechos humanos vinculados a la tierra y los bienes naturales. 

Esperamos que este documento ayude a reconocer las luchas legítimas en la defensa de los territorios, visibilizar la vulnerabilidad en la que se encuentran quienes las asumen y evidenciar el papel cómplice del Estado en la entrega de los bienes naturales sin consulta y participación de las comunidades, y en la criminalización de aquellas y aquellos que se oponen a un modelo de desarrollo con graves consecuencias para la vida y dignidad de las personas en su relación con el medio ambiente. 

Coordinación: 

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) 

Elaborado por: 

Centro de Derechos de Mujeres (CDM) 

Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) 

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) 

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