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Radio Progreso
Jennifer

Jennifer

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Los temores de las comunidades de la parte baja del sector Pajuiles en el municipio de Tela, Atlántida se convirtieron en realidad. El empresario Jason Hawit no está dispuesto a mantener más tiempo su proyecto paralizado. Él es parte de una de las familias más poderosas de la ciudad de El Progreso, Yoro, incluso del país. Varios de sus hermanos, tíos y primos, además de los potentes negocios con que cuentan, han sido funcionarios públicos en varias administraciones nacionalistas. 

Jason Hawit Bueso es el actual presidente de Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. de C.V. HIDROCEP, una empresa que construye una represa sobre las aguas del río Mezapa, fuente que abastece a comunidades de los departamentos de Yoro y Atlántida en la zona norte de Honduras. 

Desde que el empresario anunció la construcción de la hidroeléctrica, avalado por la alcaldía de Tela, las comunidades se organizaron para defender su fuente de agua. Denuncian que el proceso de adquisición de permisos se dio de forma irregular, incluso dicen que se manipuló un cabildo abierto donde el alcalde Mario Fuentes dio el espaldarazo para iniciar con la construcción. 

Las comunidades organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia-MADJ- han denunciado ante las autoridades ambientales y de justicia, hasta ahora sus reclamos no tienen eco. 

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Ante el silencio avalador que las autoridades locales y nacionales mantienen, los pobladores y pobladoras decidieron tomarse los dos puntos de acceso a la zona donde la empresa construye la hidroeléctrica. Tomaron una cadena y armaron turnos de vigilancia para evitar el paso de volquetas y cualquier otra maquinaria que lleve material para seguir labrando el río como parte del proceso de construcción de la presa. 

La toma lleva 39 días. Las presiones y agresiones siempre han estado para los pobladores y pobladoras, ya que la empresa se encargó de dividir las comunidades. A diario llegan pobladores del mismo sector amenazando a quienes mantienen la toma, diciendo que van a pagar por detener el desarrollo del sector. 

Esta semana, cuando la toma cumplía 37 días la empresa mandó las volquetas con la intención de subir el material, ante la negativa de las comunidades de no permitir su paso, decidieron instalarse frente al campamento, lo que ahora mantiene un ambiente de tensión, hostigamiento y amenazas. 

Albertina López, lideresa del sector, denunció que el empresario, con ayuda de activistas del programa “Vida Mejor”, intentó engañar a la gente para subir los materiales hasta el plantel donde ejecutan el proyecto. 

Ante el peligro en la zona, la policía del municipio de Tela llegó, no con la intención de mediar el conflicto, sino a demandar a las comunidades dejar la toma, abrir paso para que las volquetas suban. 

El comisionado Lenin Pineda Bocanegra pidió suspender la toma: “para lograr mantener la paz y la libre circulación”. Ante la negativa de las comunidades, el comisionado dijo que las volquetas tampoco se podrían quitar porque también tienen derecho a manifestarse. 

El peligro es latente. Las volquetas, carros y trabajadores de la empresa se encuentran en el lugar de la toma, hostigando e intimidando a los que están en el campamento. Hasta ahora autoridades se muestran cómplices a las decisiones de la empresa, olvidando su papel de mediar para evitar que la violencia llegue. 

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Actualmente  más del 35 % del territorio nacional está concesionado para la extracción minera, sumándole a esto las concesiones de los ríos podríamos decir que cerca de un 50% del  territorio se encuentra en manos de la industria extractiva.

Organizaciones defensoras del ambiente aseguran que en Honduras existen más de 300 nuevas concesiones mineras, 68 concesiones de ríos para la instalación de represas hidroeléctricas y varias concesiones para la construcción de proyectos turísticos.

Santa Bárbara, Atlántida y Yoro  son los departamentos  donde existen más concesiones mineras e hidroeléctricas, sin olvidar otras regiones del país, como la zona sur, el departamento de Colón, y el resto los departamentos del occidente.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Tegucigalpa fue el escenario donde se reflexionó con análisis, cifras, estudios sociológicos y testimonios, todo lo que rodea el fenómeno migratorio en Honduras. El espacio liderado por la vicerrectoría de vinculación social de la UNAH, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Honduras) y la Red Jesuita con Migrantes del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), se realizó el martes 25 y miércoles 26 de abril. 

Con la ausencia de las autoridades universitarias de la Unah comenzó la Jornada de Reflexión y Acción sobre realidades de las migración internacional en Honduras"La migración es un signo de los tiempos, lastimosamente es una expresión del fracaso de la humanidad, en concreto el fracaso de un modelo económico que ha priorizado el capital y no la vida", dijo el sociólogo Elvin Hernández, representante del ERIC en la inauguración. 

Rolando Sierra, coordinador de Flacso Honduras introdujo el tema diciendo que la academia tiene la responsabilidad de estudiar la migración que en los últimos años en Honduras ha cambiado de muchas maneras. Mencionó que el país además de ser un país expulsor, es también un lugar de retorno y también de tránsito por los nuevos flujos migratorios. 

Yolanda Gonzáles, coordinadora de la Red Jesuitas con Migrantes, dijo que las altas cifras de migración son sinónimo del incumplimiento del Estado en su responsabilidad de impulsar un modelo de desarrollo equitativo. "De los mil millones de migrantes que habla Trump, el 15% son centroamericanos", expresó Gonzalez asegurando que cada vez son más las personas que toman la decisión de huir del país por la violencia. 

En la jornada también participó la hermana scalabriniana Lidia Mara de Sousa, del Foro Nacional de Migraciones (Fonami), quien habló de las convenciones que obligan a los Estados, en el caso de Honduras a proteger a las personas migrantes que pasan por el país y a mantener datos actualizados no solo de personas retornadas, sino de quienes se mueven dentro del país y quienes pasan por él en camino a su destino final, como es el caso de los haitianos, que cada vez son más quienes huyen de su país y pasan por Honduras. 

Andrés Celis, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, señaló en su participación en la jornada que actualmente alrededor de 6,800 hondureños y hondureñas se encuentran refugiados en diferentes países del mundo y 16 mil solicitaron asilo en diversos países durante 2016. En Honduras el concepto de refugiado se pierde porque en el imaginario colectivo la migración se basaba en cuestiones económicas anteriormente, sin embargo, la violencia es cada vez más un motivo para que las personas se muevan en busca de sobrevivir. Son las narrativas las que a veces no nos hacen ver claro el panorama en Honduras, explicó Celis.

La jornada del 25 culminó con un monólogo dirigido por el maestro del teatro nacional, Tito Estrada, titulado "Retornado". En él, el intérprete Dennis Guity, cuenta en un lenguaje popular la travesía del sueño a la pesadilla que viven los migrantes. 

Estudios y testimonios sobre migración

En esta jornada también se presentaron diversos estudios sobre la migración. El perfil de la población de origen hondureño en los Estados Unidos de América de Manuel Flores Fonseca del Instituto de Investigación de Estudios Sociales y Económicos que establecía que el hondureño promedio viviendo en Estados Unidos tiene 29.39 años si es mujer y 27.45 años si es hombre.

Predominan más hombres que mujeres, alcanzando un índice de masculinidad de 104.9 que significa que por cada hay 105 hombres por cada 100 mujeres en ese destino. Además el 45.7% se declara soltero ya que nunca se ha casado, el 40.8% es casado, de ellos el 35.2% con cónyuge presente y solo el 5.6% con cónyuge ausente, el 11.2% está separado o divorciado y 2.2% viudo. Las diferencias por sexo son mayores en las mujeres los estados de separación, divorcio y viudez.

Según este estudio, casi la mitad de los hondureños no tiene la condición de ciudadanía en el país de residencia, aunque la otra mitad es considerada que tiene la ciudadanía, ya sea porque nació en el país de destino el 36.2%, nació en el extranjero de padres americanos un 1.0% o adquirió esa condición a través de la naturalización un 13.7%, lo cual resulta no muy significativo en esa condición de asimilación de toda persona migrante en el destino, siendo todavía alto el número de no ciudadanos.

Después de esta descripción demográfica de la población migrante en Estados Unidos, una madre de migrante desaparecida contó su historia para ponerle rostro a las cifras. 

Doña Dilma Pilar Escobar, del Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso (Cofamipro) contó la historia de su hija Olga quien se perdió en México cuando iba de camino hacia Estados Unidos dejando 5 hijos al cuidado de su madre en Honduras. La vida de doña Dilma ha sido un camino largo y con muchas rutas. En una de esas rutas, su hija Olga desapareció, y ahora Dilma es una de tantas madres que buscan a sus seres queridos en el riesgoso camino del migrante indocumentado hacia Estados Unidos.

 Después de escuchar este testimonio, se presentó el libro: Migraciones en América Central, políticas, territorios y actores de la Universidad de Costa Rica (UCR) en el que se cuentan diversas historias de los países expulsores, los de destino y la ruta. 

 

 La jornada continuó con la presentación de un estudio sobre el impacto de las migraciones en la identidad cultural de las sociedades. También sobre el impacto de la violencia en la migración de hondureños y por último Flacso presentó su informe sobre un estudio en los departamentos de La Paz y Comayagua que revela que el 40 por ciento de los jóvenes de esas zonas desean migrar a otros países en busca de estabilidad económica.

Con esta jornada, miembros de la academia ratificaron su compromiso con estudiar y buscar propuestas para atender la migración forzada en Honduras. 

El asesinato del periodista Herlyn Espinal evidencia la vulnerabilidad de los organismos de investigación que en dos años y medio no han logrado determinar las razones del crimen ni dar con todos los implicados.

Espinal era reportero del noticiero Hoy Mismo en televisión de cobertura nacional asignado al sector de Valle de Sula. También formó parte de la Red de Corresponsales de Radio Progreso en el inicio de su carrera periodística. Fue asesinado en octubre del 2014 en el municipio de Santa Rita en el departamento de Yoro, lugar de donde era originario. Hasta el momento las autoridades identificaron a dos personas como responsables del asesinato, uno de ellos ya falleció y el otro se encuentra en prisión por acusarlo de encubrimiento.

Uno de los sospechosos del asesinato de Espinal era Juan Carlos Acosta Meléndez, fue identificado como uno de los autores materiales del crimen; él fue encontrado muerto por las autoridades policiales en el sector de Talanga, Francisco Morazán en octubre de 2014. Otro de los supuestos implicados es Rigoberto Zambrano quien era empleado de una hacienda de Santa Rita y en ese lugar se encontró la camisa que Espinal vestía el día que fue asesinado. Zambrano enfrentará audiencia en los juzgados de San Pedro Sula el próximo cinco de mayo.

Esos son los únicos resultados que han dejado las investigaciones sobre el caso, en el que las autoridades policiales manifiestan que el asesinato pudo ser efectuado por una persona cercana a Espinal, pero a pesar de eso todavía no hay claridad sobre las razones del crimen, ni sus implicados materiales y mucho menos intelectuales.

“Es necesario que se investigue el asesinato del compañero Herlyn Espinal, no es posible que todavía no se tenga claridad por qué fue asesinado el colega, es urgente que desde los organismos de justicia se investigue y se combata la impunidad en los crímenes contra periodistas”, afirmó el periodista de Canal Diez, Roberto Rodríguez.

Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, en los últimos quince años han sido asesinados de forma violenta al menos 63 personas ligadas a los medios de comunicación, entre ellos: periodistas, comunicadores sociales y propietarios.

De estas 63 personas asesinadas, el 95% han quedado impunes. Además el informe refleja que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Olancho son los cuatro departamentos que en los últimos 15 años registraron los índices más altos de crímenes contra personas ligadas a los medios de comunicación.

En el período de referencia, 18 personas vinculadas a los medios de comunicación fueron asesinadas en Francisco Morazán y 12 en Cortés, mientras Yoro y Olancho registraron cinco muertes cada uno, según el informe del Comisionado.

La abogada Brenda Mejía, integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric) exigió a las autoridades encargadas de la seguridad en el país que adopten medidas preventivas efectivas para garantizar el derecho a la vida y la integridad física de personas ligadas a los medios de comunicación.

Además instó a las autoridades a que hagan efectivas las medidas cautelares solicitadas para proteger la vida de periodistas y comunicadores sociales en Honduras.

Enfatizó que la libertad de expresión es piedra angular de la democracia, porque favorece el debate público, la participación ciudadana y el control del poder político.

El periodista Roberto Rodríguez dice que el gobierno no ha cumplido con la protección a periodistas y que el ambiente de vulnerabilidad se impone en la realidad del gremio a nivel nacional, por tal razón considera pertinente que desde el Colegio de Periodistas se presione al gobierno para que haga algo al respecto.

“Ya viene el día del periodista, esperamos que sea una jornada para presionar y demandar justicia por el asesinato de colegas en el país, esta situación no puede seguir así y por eso debemos levantar nuestra voz como comunicadores”, manifestó Rodríguez.

El crimen contra Herlyn Espinal se suma a la lista de comunicadores asesinados en el país, sucesos que permanecen en la impunidad ante la incapacidad del gobierno de investigar y dar con los responsables materiales e intelectuales de atentar contra la vida y la libertad de expresión.

El gobierno hondureño está a las puertas de comenzar el pago del préstamo 30 millones de dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó para la construcción del servicio de transporte rápido en Tegucigalpa, conocido como Trans-450.

Sin embargo, el proyecto sigue en obra gris y varios tramos han iniciado a demolerse. Ante la situación, la ciudadanía capitalina y analistas están señalando que detrás de la ejecución podría estar una red de corrupción.

“Estas obras son trascendentes, que supondrán un antes y un después en esta capital porque nos pondremos a la altura de las ciudades principales de América Latina, porque le ayudaremos a cambiarle la vida a la gente”, ese era el discurso del ex alcalde del Distrito Central, Ricardo Álvarez, al inaugurar las obras del Trans-450, a mitad de su periodo 2010-2014.

La obra, que no fue finalizada por el ahora designado presidencial, se le heredó a la administración edilicia del también nacionalista, Nasry Asfura, quien ha decidido demoler el tramo que va de la colonia Kennedy a Emisoras Unidas.

Roberto Zablah, gerente de infraestructura de la alcaldía, dice que los nuevos trabajos sobre el Trans-450 están dirigidos a modificar tramos del bulevar Centroamérica: “en primer lugar no se trata de demolición, se va a construir un túnel donde va a tener cuatro carriles, dos carriles para el Trans y dos carriles vehiculares, eso va a generar una mejor funcionalidad donde transitan más de 50 mil vehículos diarios”.

Radio Progreso al consultar a Zablah si con la demolición y modificación del Trans-450 existe un excedente de presupuesto municipal sobre una obra “casi por finalizar” dijo que “lo importante no es lo que se vaya a gastar, es el beneficio al tener una movilidad rápida y expedita en ese sector, que nos va a permitir ahorrar combustible, ahorrar tiempo y en todo sentido y en la economía de cada uno de nosotros”.

Sin embargo, la regidora del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) María Luisa Borjas asegura que la decisión de modificación en el Trans-450 no fue discutida en sesión de corporación municipal. Una terminación que está encaminada para evadir la responsabilidad que recae sobre por el entonces alcalde Ricardo Álvarez.

“Ese Trans fue construido únicamente con la finalidad de obtener fondos, de agenciarse fondos para campañas políticas, y por eso es que yo menciono al BID y menciono al Banco Centroamericano porque yo se que esas son instituciones que tienen un sistema de auditoría y pregunto por qué no funcionó en el caso del Trans-450”, señala y cuestiona Borjas.

La regidora agrega que “esas últimas alteraciones del Trans-450 o mejor dicho destrucción de lo que ya estaba hecho, esas no han sido discutidas en el seno de la corporación municipal”.

Frente al malestar y presunciones de las posibles irregularidades alrededor del Trans-450, la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) iniciaron una investigación para establecer si existen ilícitos.

“Estas acciones se vienen gestando desde del año pasado. Se comenzó con el secuestro de documentos y decomisos en la sede del proyecto de ejecución del Trans-450, ahí se decomisaron importantes expedientes de los contratos que se suscribieron con algunas empresas para la construcción del tramo –Bulevar Centroamérica-“, explica Jorge Galindo, portavoz de la ATIC.

A principios de 2017, la ATIC ordenó una inspección física y técnica de los tres tramos que comprende el proyecto de bus rápido Trans-450, pero además una investigación “de oficio por la destrucción del tramo”, detalla Galindo, quien indica que de encontrarse irregularidades los funcionario de la municipalidad podrían ser acusados de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

El millonario préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el inconcluso proyecto Trans-450 asciende a mil 236 millones de lempiras. Carlos Hernández, coordinador de Transparencia Internacional Honduras, denuncia que el caso no deja de extrañar puesto que los organismos internacionales son rigurosos en la aprobación de contratos.

“El banco presta dinero a cambio de un interés. Esperamos que se haya observado la normativa del banco, es bastante rigurosa, por eso es que este tema nos extraña muchísimo puesto que el banco es muy riguroso con sus contratos, y por eso me remonto a los planes de factibilidad que fueron los que llevaron a la construcción. Hay que seguir presionando al Ministerio Público para que se deduzcan responsabilidades”, opina Hernández.

La diputada Doris Gutiérrez, ex regidora del municipio del Distrito Central, manifiesta a Radio Progreso que le ha pedido al ex alcalde Ricardo Álvarez exija una investigación a la unidad ejecutora del Trans-450 que dirige la administración de Nasry Azfura: “el BID también se ha llamado al silencio, hace como un año aquí se hizo una investigación y dijeron que no había mayores problemas, es más el gerente del Banco Interamericano de Desarrollo dijo que podía dar fe que no había mal uso de fondos, pero ahora se llama al silencio. Qué pasó, por qué modificaron todo y qué va a pasar con ese prestamos”.

Gutiérrez es del criterio que la investigación tiene que desarrollarse a profundidad para determinar porque “vemos maquinarias por todos lados, de quién son esas maquinarias, quienes están en los contratos, a cuánto ascienden esos contratos; sin embargo nosotros vamos que no hay mayor interés porque esta situación se aclare”.

El analista político y ex director de la antigua Dirección Ejecutiva de Ingresos, Jorge Yllescas, critica la apatía del Tribunal Superior de Cuentas y no descarta una posible red de corrupción en la ejecución del proyecto Trans-450.

“Tengo entendido que la persona que encabezaba el BID y que estuvo metido en eso fue sancionado de alguna manera, lo trasladaron a Belice, a punto de ser destituido. Eso es lo que tiene que investigar el Tribunal Superior de Cuentas”, señala Yllescas.

Analiza que los funcionarios internacionales “no están vacunados contra la corrupción, en Costa Rica, por ejemplo, se han visto funcionarios del PNUD involucrados en casos de corrupción”.

Al consultarle sobre una posible red de corrupción alrededor del Trans-450 el analista dijo que “podría haber, eso es lo que se dice, y el Tribunal ha permanecido sin decir esta boca es mía”.

Mientras los entes contralores se deciden a iniciar una investigación y la fiscalía determina si existen delito de abuso de autoridad y malversación de fondos públicos, y el Trans-450 sigue en obra gris, el gobierno de Honduras iniciará, en el segundo semestre de 2017, el pago del préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), firmado a un plazo de 20 años con cuotas anuales de 22.3 millones de lempiras por concepto de interés.

Una manta con el rostro de Berta Cáceres está entre las imágenes y mensajes colocados en la toma que por más de tres semanas mantienen varias comunidades del sector Pajuiles en el municipio de Tela, Atlántida. 

Una carpa vieja, que con suerte lograron conseguir prestada, varias sillas plásticas y un sonido que no deja de sonar canciones que motivan a defender el agua y los bienes naturales son el escenario diario de este grupo de comunidades que rechazan la construcción del proyecto hidroeléctrico Centrales de El Progreso (HIDROCEP) una empresa propiedad del empresario Jason Hawit. 

Es allí, en ese calor sofocante, subida en una motocicleta que conocimos a una mujer de voz dulce, piel trigueña y estatura media. Animaba a sus compañeros a continuar la lucha luego de noches enteras de no dormir, haciendo turnos para resguardar "el campamento de la dignidad", así han nombrado a las dos tomas que mantienen para evitar que camiones de la empresa suban y completen su plan de construir la represa.  

Albertina López Melgar, de 40 años de edad, es originaria de Planes de Arena Blanca, una de las veinte comunidades que se verán afectadas con la instalación del proyecto hidroeléctrico. Por más de dos semanas ella ha dividido su tiempo y energías entre las responsabilidades del hogar, su trabajo de costurera y la presencia en la lucha.

Una vida en comunidad 

Luego de laborar 14 años en la industria de la maquila, cansada de la explotación, bajos salarios y la inseguridad de la ciudad, decidió regresar a la comunidad donde nació. Ya con dos de sus tres hijos, ella y su esposo iniciaron una vida menos ajetreada, disfrutando de la comunidad y contando con tiempo en familia. Ella con los conocimientos de coser y su esposo trabajando en una maquila cerca del municipio de El Progreso, Yoro, han podido brindar lo necesario a sus hijos. 

Desde que retornaron a la comunidad ha pasado más de una década, 10 años donde han criado a sus hijos, ahora de 19, 15 y 10 años, además de todas las responsabilidades que tiene dentro de la iglesia y en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, una organización territorial de base que surgió luego de la huelga de los fiscales del Ministerio Público el año 2008. Ese Movimiento que ahora es comunidad que defiende los bienes naturales comunes.  

Ha sido dentro del Movimiento Amplio que Albertina asegura comenzó su compromiso de defender el agua, defender sus derechos y no dejar que sus bienes, los de su comunidad sean robados para beneficiar a una familia, a unos pocos por encima de la desgracia de los más pobres. 

“La lucha no inició hace un año, recuerdo que junto a varios agentes de pastoral nos alertaron que en el municipio de Tela, las autoridades estaban otorgando licencias de explotación, pero lastimosamente esa advertencia no tuvo eco. Cuatro años después lo que era un rumor se convirtió en una realidad, el gobierno local daba permiso de operaciones a una empresa para tomar el agua del río Mezapa, ese río que es la principal fuente de agua para nosotros”, recuerda Albertina. 

Albertina no es la única mujer en la lucha, pero su compromiso y perseverancia recuerda cuántas otras más están comprometidas con el agua, el bosque, los minerales, las carreteras públicas, el aire, sus cuerpos, dando signos de verdadera construcción de soberanía. 

Varios de sus compañeros están amenazados, no únicamente por el empresario o la autoridad, sino por otros vecinos de comunidades aledañas, a quienes también la hidroeléctrica dejará sin agua, pero que ahora, ante el abandono estatal, prefieren defender los intereses del empresario con la esperanza que las promesas de proyectos y ayudas se hagan realidad. 

Esas amenazas e intimidaciones han llegado hasta funcionarios del Ministerio Público quienes iniciaron investigaciones por posibles irregularidades en el otorgamiento de permisos y de daños ambientales con la ejecución del proyecto, pero que debieron abandonar la ciudad o el país para proteger su vida. 

Ante la pregunta por qué lucha, Albertina no duda en decirlo con claridad y convencimiento: “porque como pueblo tenemos derechos, derecho al agua y a la vida,  no dejaremos que las autoridades nos pisoteen”. Ella no siente miedo, cree que nadie debe arrebatarles el derecho defender lo suyo, y que en esa lucha continuarán a pesar que el empresario coludido con la autoridades, siguen sus maniobras para que la represa sea una realidad. 

Albertina sabe de la conexión que el agua tiene con las mujeres y su familia, sin agua cualquier posibilidad de vida se esfuma, por eso sueña con ver libre de hidroeléctricas y mineras, a la cordillera Nombre de Dios, que baña varias comunidades de los departamentos de Yoro, Atlántida y Colón, sueño que puede convertirse en realidad si las comunidades se organizan para luchar en contra de los proyectos de muerte. 

A partir del golpe de Estado del año 2009, el régimen de facto de Roberto Micheletti aprobó decretos para el concesionamiento de territorios para la instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos que ahora se ha convertido en punto de conflicto debido a los daños que dejan al ambiente y a la vida social de las comunidades, además de la violaciones a las leyes y convenios internacionales vinculados a pueblos indígenas quienes tienen derecho a la consulta previa, libre e informada.

 

 

Sin dar nombres de personas, en la última semana, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, denunció ante los medios de comunicación que “ciertos sectores” han pretendido ejercer influencias sobre “algunas” de las investigaciones que esa institución presentó ante la Fiscalía.

“Y en estos últimos días con amenazas de volcar el aparato de justicia en contra de los que combatimos este flagelo –corrupción-, aseguró Castellanos, previo a la firma de un convenio de cooperación  con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

De acuerdo a Castellanos, el CNA hasta la fecha ha presentado un total de 59 denuncias o líneas de investigación que números se traducen en 2 mil 800 millones de lempiras en perjuicio del Estado hondureño.

“De esas 59 denuncias, 50 han sido remitidas al Ministerio Público y solamente diez han sido judicializadas”, dijo Castellanos.

Entre las denuncias presentadas a la Fiscalía el CNA pide se investiguen los ilícitos de 16 alcaldes municipales y “el caso del mega fraude en la ENEE –Empresa Nacional de Energía Eléctrica- en donde se involucran grupos criminales que están siendo procesados por el gobierno de Estados Unidos”.

En septiembre de 2016, la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC) del CNA presentó una denuncia ante el Ministerio Público en la que verifica la ejecución de 36 proyectos de iluminación de canchas de fútbol en diferentes zonas del municipio de El Progreso, Yoro, a través de una contratación privada realizada mediante cotizaciones “donde le adjudicaron a personas naturales y a tres empresas ejecutar contratos mismos que ascienden a SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L 6,088,085.36)”

Según el CNA “la diferencia entre el monto contratado por la Alcaldía Municipal de El Progreso y el monto evaluado por de los especialistas de proyectos de infraestructura del CNA es de un millón setecientos veinticinco mil setecientos cuatro lempiras con setenta y nueve centavos  (L. 1, 725,704.77) lo cual representa un 22.09% de contratación por encima de la valoración realizada por el CNA”.

El alcalde progreseño, Alexander López, fue acusado por abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.

La titular del CNA pidió al Ministerio Público desempolvar casos como el de la alcaldía progreseña y 15 municipalidades más.

La Fiscalía está en proceso de investigación

Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, indica que la Fiscalía Contra la Corrupción en los últimos meses ha trabajado en más de cuatro operaciones “donde ha involucrado las inspecciones a varias municipalidades del país”. 

“Estas municipalidades, que suman más que las denunciadas por el CNA, están siendo investigadas por diferentes delitos y ya hay alcaldes llevados a los tribunales de la república”, asegura Cálix.

Según la funcionaria del Ministerio Público, “hay casos muy avanzados en contra de municipalidades en toda la nación, estamos de municipalidades en la zona norte, centro y sur”.

A inicios de 2017, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), confiscaron documentos de la municipalidad de Valle de Ángeles, Francisco Morazán para investigar supuestos actos de corrupción durante el periodo 2006-2014.

Población capitalina sigue a la espera de los resultados de las intervenciones de la ATIC a la gerencia de control de permisos de construcción de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y documentos relacionados con el proceso de ejecución del proyecto Trans 450 por irregularidades en la administración el ex alcalde nacionalista, Ricardo Álvarez.

Cálix manifiesta que la preocupación –del CNA- es legítima pero “yo le rogaría a la población un marco de tiempo y de confianza en que las acciones tarde o temprano saldrán”.

MACCIH da seguimiento a los casos investigados por el CNA

El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, asegura que la misión ha “venido analizando las iniciativas y sus líneas de investigación”.

“Hemos concordado con la doctora Castellanos es que podamos integrar equipos de trabajo técnico que permitan avanzar en investigaciones, creo que daremos pasos importantes”, dijo Jiménez Mayor.

En relación a las acusaciones que se desprenden del testimonio del ex líder del cartel “Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera Maradiaga, dijo que son “gravísimas las imputaciones que se han hecho a nivel de la corte de Nueva York en relación a la participación de políticos recibiendo dinero del narcotráfico, presuntamente”.

Jiménez Mayor aseguró que “es un elemento que nos parece de extrema gravedad y la misión, en una reunión de trabajo con el fiscal general Chinchilla, hemos acordado en establecer un equipo integrado especial para estas investigaciones”.

 

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