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Radio Progreso
Jennifer

Jennifer

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“Gordo", como es conocido en el ambiente del barrio, pasó más de 5 años en las cárceles de menores, los denominados centros de corrección juveniles administrados por el Estado hondureño. Fue en este lugar que lejos de encontrar la oportunidad de rehabilitarse salió experto en sicariato y asalto.  

Ahora es parte de una banca criminal en una populosa colonia del norte de Honduras. Ese lugar que lo vio nacer, esa colonia que vio como su padre y madre  se separaron, dejándolo bajo el cuido de su ya cansada abuela de más de 70 años, ahora es el territorio que controla para la mara. 

La historia de “Gordo” se da en muchos lugares de Honduras, jóvenes a quienes se les niega sus derechos y cuando cometen faltas son condenados a permanecer internos en centros juveniles que son las mini escuelas del crimen.

Las leyes hondureñas, al igual que en otros Estados, no permiten el enjuiciamiento de menores de 18 años de edad. Cualquier niño o adolescente que cometa un delito, antes de esa edad, es llevado a los centros de adaptación juvenil, allí existe la obligación de crear programas de rehabilitación que brinden nuevas oportunidades a los menores. 

Reducir edad punible 

Recientemente las declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández sorprendieron, al asegurar que era necesario reducir la edad para condenar a los jóvenes. Que de 18 años se debía bajar a los 16, ya que contaban con estadísticas que confirmaban que el 40 por ciento de los crímenes en Honduras eran ejecutados por menores de 18 años. 

Ante las declaraciones del mandatario, quien fue más allá y creó una comisión para revisar la posibilidad de bajar la edad punible, diversos sectores, sobre todo aquellos vinculados a los derechos humanos le recomiendan mejor cumplir con su obligación de crear oportunidades de empleo, educación y fortalecer el sistema de internamiento de menores. 

Para el director de Casa Alianza hablar de la edad punible es un tema importante para la vida del país, pero lamenta la forma tan desatinada y poco responsable de abordar la temática. “En declaraciones con los medios de comunicación el presidente dijo que era necesario castigar a los niños como adultos porque eran responsables del 40 por ciento de los crímenes que suceden en Honduras, hay que decir que el dato es incorrecto, ya que en la actualidad hay más de 18 mil adultos en cárceles y apenas unos 580 en los centros de rehabilitación, eso revela que lo dicho es totalmente mentira”. 

Ruela además recuerda que más del 55 por ciento de los crímenes en Honduras, según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH, se comenten en contra de menores de 18 años de edad, lo que ratifica que la juventud no es la victimaria sino las víctimas de esta realidad de violencia y criminalidad, son a ellos a quienes se les está asesinado, dice el director de esta organización que además de llevar un observatorio de derechos humanos de la juventud, acompaña a menores en riesgo social. 

El rechazo a la propuesta del mandatario Hernández, lo han manifestado también organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, quien dijo que si el Estado reduce la edad punible en el país estaría retrocediendo en materia de derechos humanos, al tiempo que se entregaría la educación de la juventud a las “escuelas del crimen”, si son ingresado a las cárceles de adultos. 

Para el director de Casa Alianza, la propuesta del presidente Juan Orlando Hernández es parte del proceso de criminalización que tiene el Estado en contra de una parte de la juventud hondureña. “No es a toda la niñez a la que se estigmatiza, es a los niños, niñas y jóvenes pobres. Cuando un policía o un militar en una colonia donde hay conflicto, en una colonia empobrecida y excluida ve a un joven con un teléfono, los policías asumen que ese celular el joven se lo robó, lo detienen, le quitan la camisa, le toman fotos, lo ponen frente a la pared, se lo llevan si no tiene identificación, en cambio si van a un mall y ven a un joven con el teléfono no lo ven sospecho. En Honduras a la gente se le castiga  y detiene por portación de cara, porque ser pobre es un delito, ser pobre es ser sospechoso, por eso las cárceles están llenas de pobres”, 

José Guadalupe Ruela está convencido que llevar a los niños y jóvenes a las cárceles no es la solución, al contrario la violencia será más grande. “La respuesta está en invertir en prevención, en brindar oportunidades a los jóvenes. Si el gobierno los 8 mil millones de Lempiras que ha gastado de la Tasa de Seguridad, lo invirtiera no en armas, no en militares y mucho menos en equipo blindado, sino en verdaderas oportunidad para la juventud, otra fuera la realidad de Honduras”. 

La actual administración se ha mostrado sorda a los análisis de organizaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Impuso que la Comisión de Justicia Penal iniciara con las “discusiones” sobre el tema con varios sectores de la sociedad. Así se dio el primer espacio con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF, el Gabinete de Prevención, Instituto de la Juventud, Registro Nacional de las Personas, Secretarías de Educación y Salud, Relaciones Exteriores, Finanzas, Desarrollo e Inclusos Social, entre otras. 

La labor de la Comisión de Justicia Penal será redactar un documento que abarque las sugerencias y recomendaciones planteadas por los distintos sectores, el documento deberá ser presentado a más tardar el 02 de junio, allí el gobierno tomará la decisión de reducir la edad para castigar penalmente a los menores. 

 

Durante la asamblea extraordinaria de la Alianza Opositora contra la Dictadura, los partidos Libertad y Refundación, Partido Innovación y Unidad (PINU) y Partido Anticorrupción –PAC- proclamaron a Salvador Nasralla como el candidato a la presidencia en las elecciones generales 2017.

Nasralla aceptó la candidatura luego de comprometerse a cumplir la propuesta de gobierno acordada por los partidos de oposición, en la que aseguran la construcción de una nueva Constitución y nuevos modelos económicos y de seguridad.

El anuncio lo hizo Xiomara Castro de LIBRE, en medio de los miles de simpatizantes de los institutos políticos de oposición y después de firmar el documento doctrinario y plan de gobierno de los partidos de la Alianza.

“Hoy somos protagonistas de la gesta más grande de nuestro pueblo, nos hemos unido en Alianza para construir juntos el presente y el futuro de Honduras, una Alianza con la tarea de devolverle al pueblo la esperanza, seguridad, paz y justicia. Hemos tomado la decisión de nominar como candidato presidencial de la Alianza a Salvador Nasralla, cada uno de los tres partidos acompañaremos en la fórmula presidencial como designados", proclamó Xiomara Castro.

Salvador Nasralla, quien dijo aceptar el reto con humildad, aseguró que de llegar a ganar las elecciones generales el gobierno de la Alianza de Oposición acabará con los miedos de la población y será el más tacaño de la historia.

“Dejen de mentirnos políticos tradicionales. No queremos que nos sigan cortando la energía eléctrica y el agua, queremos servicios públicos gratis”, cuestionó Nasralla.

Nasralla, a quien el Tribunal Supremo Electoral no le reconoció el proceso de elecciones a lo interno del PAC, envió un mensaje a los empresarios: “vamos a promover la inversión, no más terrorismo fiscal, nos más impuestos, los empresarios también están con miedo, se acabaron los miedos”.

Agregó que “mientras el gobierno hace eso sigue derrochando el dinero en aviones, en gasto de seguridad para personas sin importancia, siguen derrochando en el Centro Cívico que vale lo mismo que una carretera costera, nosotros no vamos a permitir que sigan derrochando el dinero vamos a tener el gobierno más tacaño de la historia”.

En la fórmula presidencial acompañarán a Salvador Nasralla la candidata de Libertad y Refundación y el candidato del Partido Innovación y Unidad junto a otra persona que estarían determinando en las próximas horas, explica Guillermo Valle, presidente y aspirante del PINU, asegurando que la Alianza de Oposición Contra la Dictadura se ha consolidado.

“Le hemos sugerido al compañero Salvador Nasralla que para la compañera designada presidencial que falta, respetando la Ley de Paridad y Mecanismo de Alternancia, él pueda escoger entre las candidatas que tiene el PINU-SD o la compañera Eva Fernández de Corazón Azul”, detalló Valle.

La Alianza de Oposición, ahora con Salvador Nasralla como aspirante presidencial, se comprometió a construir un plan de Seguridad Comunitaria, política que se enfocará en la prevención del delito común, delincuencia juvenil, violencia doméstica y la extorsión.

La Alianza de Oposición Contra la Dictadura también propone: que las personas sin ingresos regulares no pagarán por la electricidad ni por el agua potable; cancelación de los cobro por concepto de peajes en carreteras que no tengan vías alternativas satisfactorias; programas de promoción de la producción agropecuaria, para dar acceso a los pequeños y medianos productores a créditos; reforma agrícola Justa, con salvaguarda de las propiedades productivas; y un salario mínimo que se indexará al costo de la canasta básica.

José Manuel Zelaya, coordinador del partido LIBRRE y que por decisión de la Asamblea llevará la coordinación general y representación legal de la Alianza, anunció que el candidato Salvador Nasralla “iniciará la gira de la victoria y la alianza con el pueblo” el próximo 27 de mayo en la ciudad de Catacamas, Olancho.

 

“Para lavar, cocinar y bañarnos tenemos que comprar 5 barriles con agua diarios, y cada uno cuesta 35 lempiras. Saque la cuenta para que vea que aquí no se puede vivir”, Dora Barahona presidenta de la junta de agua en la colonia San Buenaventura del Distrito Central,  dijo esto en el programa Foros Populares de Radio Progreso. Ella asegura que la gente cuando lava ropa reutiliza el agua con jabón en el sanitario y en otros quehaceres domésticos. 

En el Distrito Central compuesto por Tegucigalpa y Comayagüela habitan 1.2 millones de personas según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y unas doscientas mil más permanecen en la capital esporádicamente estudiando y realizando trabajos. Más del 60 por ciento de esta población no recibe agua a través de llaves domiciliarias a pesar de estar conectados a la red de abastecimiento del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA). Estas personas se ven obligadas a comprar agua embotellada a 35 o 40 lempiras cada unidad.

La capital vive uno de sus peores momentos respecto al agua. Por un lado las represas Los Laureles y Concepción, principales abastecedoras de agua, están por debajo de un 20 por ciento de su capacidad y de seguir así solo tendrán agua para cuatro meses, según declaró en medios nacionales el gerente administrativo del SANAA y de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Roberto Zablah.

Según Zablah, la capital tiene agua hasta la primera semana de septiembre. “Quiero informar que  tenemos agua en Los Laureles y en La Concepción, que suman 18.4 millones de metros cúbicos, y que nos garantizan tener el suministro hasta el mes de Septiembre”, expresó. 

Por otro lado, la ciudad capital se enfrenta al proceso de municipalización amparado en la Ley General de Aguas y Saneamiento, donde dicta que los servicios de agua deben pasar a manos de las alcaldías, instituciones facultadas para decidir que ente municipal o privado es el encargado de administrar el vital líquido. A nivel nacional la ciudadanía se ha opuesto al proceso de municipalización porque consideran que es un paso a la privatización de un derecho humano. Además denuncian que en ciudades como San Pedro Sula,  donde el agua está privatizada, el servicio es caro y de mala calidad. 

¿Injusta distribución? 

Si en una comunidad hay poca agua, se sobrentiende que todos sus habitantes deben consumir el mismo porcentaje y por ende pagar la misma tarifa. Sin embargo, en Honduras eso no se cumple. La gente pobre de la capital que no recibe agua en sus casas, paga alrededor de trecientos lempiras por metro cúbico de agua, e irónicamente la gente que vive en residenciales con alta plusvalía, paga apenas 20 lempiras por metro cúbico, según la asociación de juntas de agua. 

“En estas residenciales si llega el agua y allí la gente  llena sus enormes cisternas mientras nosotros no tenemos ni para bañarnos” dice Manuel Amador presidente de la Asociación Hondureña de Juntas Administradoras  de Agua y Saneamiento ASHOJAAS, afirmando que el problema no es tanto la falta de agua sino la mala administración del líquido. “Los ricos tienen agua siempre y son ellos quienes han quebrado el SANAA con tantos millones que adeudan”, expresó. 

Según ASHOJAAS, el SANAA en el Distrito Central recauda mensualmente 55 millones de lempiras, de cuales 40 millones de lempiras son para pagar sueldos o salarios y apenas 15 millones son destinados para los gastos de operación. Lo que significa que no hay inversión para nuevos proyectos de agua  dice la organización. “Lo que se necesita es que el SANAA deje de pagar tanto en burocracia e invierta en las comunidades” expresa Amador. Y a esta situación se le suma la deuda que las empresas y el mismo gobierno mantiene con la institución por concepto de agua. 

En tal sentido el dirigente de la Asociación de Juntas de Agua de la capital, Manuel Amador manifiesta rotundamente que se oponen al proceso de la Municipalización del Agua, debido a que todo apunta a que es un método de privatización del agua. Agrega que las autoridades de la alcaldía municipal del Distrito Central no tienen la capacidad para manejar el SANAA.

Agoniza la capital 

A pesar del tráfico y la distancia, Doña Dora Barahona llegó a la cabina de Radio Progreso en Tegucigalpa ubicada en la colonia Palmira. Ella madrugó para llegar temprano y participar en el programa Foros Populares que trató sobre el agua. “No iba a perder la oportunidad de decirle a todo el mundo lo que aquí pasa”, dijo mientras se limpiaba el sudor de su rostro  y sacaba de su humilde cartera unos pronunciamientos que las junta de agua han hecho ante la crisis. 

“Como decimos vulgarmente una miadita de gato nos llega de agua,  una vez a la semana durante una hora”, dice doña Dora aseverando que de la represa Los Laureles sale más fango que agua. Ella nos contó que muchas personas tienen que decir entre comprar comida o agua para bañarse, y que además son pocas las personas que cuentan con un empleo. Que los casos de enfermedades han aumentado porque el agua que compran en barriles es sucia y huele mal.

Propuestas ante la crisis 

El regidor del Distrito Central Rafael Barahona,  dice que por parte del SANAA se concluyeron estudios para la construcción de dos represas. Una en río del Rio del Hombre y la otra sería el embalse Guacerique II. Sin embargo, la construcción en Guacerique es compleja porque se tendría que indemnizar a casi doscientas familias que se verán afectadas con dicha represa.  

También están a la espera de un estudio para ver la factibilidad de un proyecto que consiste en traer agua entubada desde Nacaome, Valle, hasta el Cerro de Hula, y finalmente están trabajando en la posibilidad de construir una represa en un río que comparten con el municipio de Ojojona Jiniguare siempre en Francisco Morazán, donde la población se opone contundentemente porque estarían en peligro de desaparecer por inundación. Además en la cercanía de Ojojona se encuentran territorios Indígenas Lenca. 

“Yo les digo a los vecinos de Ojojona que no deben preocuparse” dice el regidor asegurando que están esperando los resultados de factibilidad del estudio para echar andar el proyecto. Sin embargo, la ciudadanía denuncia que muchos de estos proyectos solo provocan desastres en las comunidades, y que las promesas de mejorar las condiciones de vida nunca se cumplen por parte de las autoridades. 

Por otra parte la Asociación de Juntas de Agua hace una única propuesta que va encaminada a reformar la Ley General de Aguas y Saneamientos y que el servicio agua siga siendo administrado por el Sanaa en coordinación con las juntas de agua. “La propuesta es reformar 20 artículos de la ley, especialmente el artículo 48” expresa Manuel Amador, asegurando que este artículo dicta el plazo que tiene el SANAA para ser traspasado a las municipalidades. “La ley dice que son diez años de plazo y ya han paso 14”, agrega Amador afirmando que los servicios de agua que no han sido traspasados deben seguir en manos del SANAA. 

En Honduras vive una situación tensa producto de las malas administraciones públicas. Por un lado hay toda una política estatal que entrega los bienes naturales comunes como el agua a empresas privadas para su administración, por otro lado hay una ciudadanía que se juega la vida defendiendo su derecho humano al agua. 

Hay tres cinismos que en la Honduras de hoy son dispositivos productores de repudio, confrontación, violencia e inestabilidad: el cinismo de la élite más pudiente que sin descaro vocifera que sus inversiones y la acumulación infinita de capitales son éxitos y logros para todo el país; el cinismo de los que sostienen la corrupción y que se dan incluso el lujo de organizar campañas de lucha anticorrupción e inventar leyes y decretos para perseguir a los corruptos e impunes; el cinismo de un mandatario que ha violado la Constitución y hace proselitismo con el hambre y ansiedad de la gente, generando la falsa imagen de que todo es legal y que su proyecto tiránico es garantía para una “vida mejor”.

Juan Orlando Hernández es al presente el mayor factor desestabilizador de Honduras por cuanto atiza el fuego de la inseguridad, la violencia, la confrontación y la inestabilidad de la sociedad. Su obsesión por la presidencia de la República lo convierte en el dispositivo que ha pervertido la institucionalidad pública y la constituye en un Estado servil, administrador del negocio de los fuertes, y cuyos poderes sirven hoy para su beneficio, para el logro de las ambiciones de una camarilla conservadora y para repartir las así malhabidas ganancias entre su familia y allegados.

La reelección no es el problema. La reelección es, en este caso, una ocasión para delinquir bajo la protección del Estado. La reelección es oportunidad de encaramarse en el ente público y erigirse como dictador. La reelección es el instrumento para abusar del poder viciando con impunidad al sistema democrático y empleando el voto de la gente para justificar fechorías.

La reelección es más bien el disparador de la crisis. Una crisis activada por el abuso extremo del poder de un individuo que usa los más nobles cargos republicanos ––inicialmente como presidente del Congreso Nacional y luego como jefe del Ejecutivo–– para violentar la Constitución de la República y culminar sus degradadas ansias personales. Va cumpliendo a rajatabla el grito de sus campañas, aquel en que prometía hacer lo que tuviera que hacer para convertir en botín a la república. Para ello ha practicado todos los recursos legales e ilegales posibles y ha concentrado en su persona el mando de las decisiones oficiales, el control subrepticio de los medios de comunicación y la invención de una campaña en que hace aparecer como de bienestar social al peor modelo de ineficiencia, despilfarro y corrupción que haya conocido la hondureñidad. Díganlo si no los radares y corbetas invisibles y el regalado avión presidencial que nadie regaló; el espionaje y la fascistación de la sociedad; el secreto como conducta y la mentira como vía de acción.

La pretendida reelección de Juan Orlando Hernández tiene nada que ver con el derecho y con la oportunidad que se otorga a quien bien gobierna para perfeccionar su programa político, como sucede en naciones avanzadas de la tierra. Con lo que sí tiene que ver esta reelección es con una desesperada ansia de continuismo y con el afán de perpetuar un proyecto construido sin la gente y que más bien oficia en contra de la gente. No es solo la reelección de un ser ambicioso sino la prosecución de un modelo que ha multiplicado el lujo de unas pocas familias y radicalizado la miseria y el desempleo de millones de otras familias. Es la infértil repetición de programas asistencialistas donde el partidismo suplanta a las correctas políticas públicas e impide un reordenamiento agrario destinado a atajar la migración y el empobrecimiento campesino. En vez de inversión para empleo digno y permanente, en vez de una modernización fiscal según ingresos y propiedades, salud, vivienda, educación y cultura lo que abunda son banales gastos en armas, en militares y policías. Represión es actualmente el más sagrado sustantivo neoliberal.

La reelección tiene como propósito perpetuar la corrupción y la impunidad de una reducida mafia política que incrustada en el gobierno utiliza el Estado para plataforma de negocios. Es la prolongación de una estructura gubernativa sustentada en alianzas público-privadas que subordinan la economía al lucro de las transnacionales interesadas en la industria extractiva. La minería, el agua, los ríos, los bosques, la riqueza entera de nuestra biodiversidad, la energía eléctrica, las carreteras y todos los bienes comunes y públicos caerán en manos de esa casta oligárquica que apenas si es socia menor del capital multinacional, pues lo que el continuismo de Juan Orlando Hernández en verdad representa es el modelo elitista basado en la pérdida extrema de la soberanía nacional.

¿Es inevitable esa acción, está la reelección de Hernández escrita en piedra? ¡Jamás! Ninguna coyuntura política es indeleble, y cuanto más injusta y cínica, más derecho y responsabilidad tenemos para repudiarla y para resistirla con civismo.

Estamos obligados a conjuntar todos los esfuerzos, dejar de lado las diferencias y desconfianzas, hacer que reluzcan nuestras sinergias y consensos, nuestra identidad ciudadana y democrática, hasta alcanzar la más amplia convocatoria para las diversas iniciativas articuladas y lograr una coordinación unánime y ciudadana capaz de vencer al espectro de la dictadura. 

El instante para rescatar la soberanía nacional y reconstruir el Estado de Derecho no admite retrasos ni discusiones pues la patria está herida: consentir tan malvada reelección la mataría. 

País de Indignados, 12 de Mayo de 2017

 

ISMAEL MORENO, sj

DARÍO EURAQUE

RODOLFO PASTOR FASQUELLEVÍCTOR MEZA

EDUARDO BÄHRPATRICIA MURILLO

WILFREDO MÉNDEZHUGO NOÉ PINO

HELEN UMAÑAEFRAÍN DÍAZ ARRIVILLAGA

MAURICIO TORRES MOLINERORAMÓN ENRIQUE BARRIOS 

LETICIA SALOMÓN MARVIN BARAHONA

JULIO ESCOTO

 

En medio de la realidad pasiva del movimiento sindical hondureño, un nuevo proceso de lucha emprendido por el Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company (Sitraterco) se convierte en la variante opositora ante las políticas aplicadas desde el gobierno contra los trabajadores. 

Hasta la fecha suman más de diez días de protesta de los sindicalistas en contra de las últimas medidas aplicadas desde el gobierno y la empresa Chiquita Brands, sobre la atención médica brindada a los trabajadores bajo las nuevas disposiciones ejecutadas en el contexto de la Ley Marco de Seguridad Social.

Más de 2080 trabajadores y trabajadoras divididos en diez bases sindicales, se encuentran en una toma permanente en las instalaciones de esta empresa bananera ubicada en Omonita, San Manuel y en La Lima, ambos en el departamento de Cortés.

La exigencia se deriva de las nuevas políticas de salud que están recibiendo los trabajadores, quienes amparados por el contrato colectivo tienen derecho a ser atendidos en centros médicos de forma gratuita. Manuel de Jesús Díaz es integrante del Comité de Huelga y afirma que antes del conflicto el servicio de atención hospitalario era brindado por la Lima Medical Center, que bajo acuerdos con la empresa permitía que los obreros llegaran a ese centro a consultas, pero ahora la situación cambió y según Díaz desde hace unas semanas la empresa optó por contratar a doctores y enfermeras a través de una aseguradora, quienes lo hacen sin ningún recurso médico de calidad.

El reclamo de los sindicalistas plantea que en los almacenes de las empresas no hay medicamentos, tampoco hay insumos para la atención a los pacientes y eso significa una reducción importante en la calidad de salud que reciben y que demanda el contrato colectivo en sus cláusulas.

“Nos están violentando el contrato colectivo, lamentamos que no exista una institución que nos proteja, por eso nos acercamos a poner la denuncia a la Secretaría del Trabajo y ellos vinieron desde San Pedro Sula a desarrollar una inspección pero por el momento no hay un acuerdo ni acercamiento con  las autoridades administrativas para poner fin al conflicto”, expresó Manuel de Jesús Díaz.

Los manifestantes denuncian que la compañía anuló los servicios de atención en los centros médicos establecidos, pero con la modificación se contrató a la empresa Mapfre, una aseguradora privada que ahora se encargará de administrar la atención médica a los obreros y obreras.

En los últimos días, las autoridades de la Secretaría del Trabajo se acercaron a las instalaciones de la empresa bananera para constatar las denuncias de los trabajadores, quienes sostienen que en esos centros no hay condiciones para la atención médica, tampoco hay medicinas para sus enfermedades, pero a pesar de la visita no hubo una resolución concreta a la denuncia, escenario que esperan para los próximos días.

Por su parte Walter Erazo integrante del sindicato dice que ellos se mantendrán en sus puestos de toma hasta que la demanda sea escuchada y modificada por el gobierno y la empresa. “Estaremos acá en toma permanente hasta que nos garanticen atención médica de calidad y de esa forma nos respeten el contrato colectivo que como sindicato tenemos”.

Los sindicalistas dicen que este proceso implementado por ellos debe ser el punto de partida y ejemplo que deben seguir los demás sindicatos, quienes se encuentran bajo los ataques permanentes del gobierno a través de los despidos, privatizaciones. “Debemos recuperar la beligerancia sindical, este es un momento en el que hay que luchar y no quedarnos con los brazos cruzados”, dijo Erazo.

Por ahora la huelga continúa, la espera de los obreros sigue vigente y mientras no haya un diálogo inclusivo y reformas inmediatas en la aplicación de atención médica, el sindicato seguirá con la acción de protesta de forma indefinida. 

 

Tras la resolución emitida, por unanimidad de votos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a través de la cual declaran como ilegítimo el proceso electoral interno celebrado por el Partido Anticorrupción (PAC), la Alianza de Oposición Electoral anunció su respaldo a Salvador Nasralla y su movimiento como único candidato presidenciable de ese instituto político.

Los institutos políticos que integran el colectivo, en contra del continuismo del régimen nacionalista encabezado por Juan Orlando Hernández, manifestaron que: “ la Alianza Opositora y sus líderes, candidatos a la presidencia Xiomara Castro de Zelaya y Guillermo Valle reconocemos el liderazgo de Salvador Nasralla como el legítimo presidente y candidato presidencial del PAC y reiteramos nuestra solidaridad contra el abuso del bipartidismo que pretende desvirtuar la lucha del PAC y debilitar sus genuinos líderes y fundadores”.

Salvador Nasralla, coordinador del Partido Anticorrupción, agradeciendo el apoyo de los partidos Libertad y Refundación (LIBRE) e Innovación y Unidad (PINU), dejó en claro que el único camino legal que seguirá como candidato a la presidencia será el de integrar la Alianza de Oposición Electoral.

“La ley en Honduras no existe, la Constitución no vale, la viola el presidente, o sea que legalmente no se puede hacer nada; en Honduras estamos en la ley de la selva, ya nos lo demostraron con la publicación de La Gaceta, por lo tanto no vamos a tomar una medida legal, vamos simplemente por la Alianza y por lo que pueblo quiere”, dijo Nasralla.

El máximo órgano electoral, a 19 días para la fecha límite de inscripción de las alianzas y la convocatoria a elecciones generales 2017, desconoció el proceso interno del PAC, realizado el 09 de abril, y llamó a uno nuevo a desarrollarse el 21 de mayo.

El presidente del Partido Innovación y Unidad (PINU), Guillermo Valle, remarcó que pese a los procesos injerencistas del Tribunal Supremo Electoral sobre el Partido Anticorrupción, la Alianza Opositora dará a conocer el próximo 21 de mayo el plan de gobierno que implementarán de llegar a ganar la contienda eleccionaria.

“Recordemos que el gobierno quiere imponer la inconstitucional e ilegal reelección, porque ellos temen terminar en la cárcel por corrupción. Por lo tanto la Alianza propone esta nueva forma de gobernar para recuperar la paz que nos han robado, para construir una Honduras prospera donde se respete la Constitución, donde haya oportunidad para todos y tengamos desarrollo en armonía con los recursos y el ambiente”, adelantó Valle.

Por su parte, la presidenciable de Libertad y Refundación, Xiomara Castro, asegura que durante la Asamblea se conocerá el mecanismo de elección del candidato o candidata de la Alianza Opositora Electoral.

“Puede ser por una encuesta, puede ser a través de un proceso de elecciones, también puede ser por consenso; yo quiero garantizarles que para el 25 de mayo esta Alianza, que hoy se ha consolidado, estaremos presentándola e inscribiéndola en el próximo proceso electoral”, detalló Castro.

Los institutos políticos de oposición advirtieron que impugnarán la convocatoria a elecciones generales al igual que todo el proceso electoral si el oficialismo, que mantiene el control de la institucionalidad, desconoce las demandas de implementar reformas electorales y otorgar la representación en el Tribunal Supremo Electoral.

“Si no hay reformas electorales justas y equitativas no pueden haber elecciones libres en Honduras”, sellaron los partidos de oposición.

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