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Cada mes de octubre, cuando las lluvias bajan de intensidad los “machaqueros” de la Villa de San Francisco y los municipios del Valle de Cantarranas, afilan sus machetes y se preparan para pasar los cinco meses siguientes dando golpes a los gruesos tallos de la caña, para luego recoger el dulce jugo que acabará hecho azúcar en las mesas de cada familia en Honduras.

Sin embargo, no todo es dulzura, este rubro es considerado el “monocultivo de la miseria”, porque ahí donde se cultiva, las comunidades entran en un círculo de pobreza generado por las pésimas condiciones laborales, fuertes impactos medioambientales, calor excesivo y muerte masiva de animales por los incendios a las plantaciones de caña. 

Y, por si fuera poco, ahora se ha sumado otro gran problema para la Villa de San Francisco, debido a que la empresa azucarera Tres Valles, pretende pasar el cableado eléctrico de alta tensión por encima de las viviendas del casco urbano, de dicho municipio ubicado al oriente del departamento de Francisco Morazán, a 55 kilómetros de Tegucigalpa. 

En la actualidad la población junto al Comité Ambientalista CAPIRHO, están librando una lucha en oposición al paso del cableado eléctrico por el casco urbano, por parte del Proyecto de Ampliación de Generación de Energía Eléctrica a través de Biomasa, de la empresa Azucarera Tres Valles, la cual ha suscrito contrato de entrega de energía con la ENEE. 

La lucha librada desde hace varios meses ha logrado paralizar la instalación de los postes del proyecto de la tercera línea de electricidad de alta tensión por considerar que esto provocaría graves daños a la salud de las personas que viven en la zona. “A nosotros no nos han consultado si estamos de acuerdo o no con que pasen los cables por encima de nuestras casas, por lo tanto, lucharemos hasta el final”, indicó José Jorge Aguilar Ponce, presidente del Comité Ambientalista CAPIRHO. 

Como consecuencia de esta lucha la población ha sido víctima de represión y procesos judiciales contra varios dirigentes. Para el caso el pasado 29 de agosto un contingente de más de 60 efectivos policiales del Comando Cobras, llegaron hasta la Villa de San Francisco, para reprimir a la población que impedía la colocación de los postes para el cableado eléctrico. En la represión fueron agredidos a toletazos y con cientos de bombas lacrimógenas por parte de los agentes policiales.

“El proyecto no cumple con los requisitos establecidos por la ley pues no se realizó la consulta previa. No nos han consultado como ciudadanía, ni han obtenido autorización municipal y además es perjudicial a la salud de la población de nuestro municipio por la construcción de líneas o cables de transmisión de alta tensión en el casco urbano”, indicó Aguilar Ponce. 

Por su parte Nolvia Pineda, dijo que los impactos en la salud serían grandes, por la radiación electromagnética al pasar los cables de alta tensión en la principal arteria vial del municipio (boulevard).

“Pero lamentablemente la empresa tiene el apoyo del gobierno y todas las instituciones públicas, y a los que luchamos por nuestro bienestar nos golpean y nos acusan de usurpación de un territorio que es nuestro y de nadie más”, indicó Pineda. 

A renglón seguido dijo “nosotros no estamos en contra del proyecto, pero no vamos a permitir que pasen los cables por encima de nuestras cabezas, imagínense por donde quieren pasar los cables han prohibido que nosotros hagamos una segunda planta a nuestras viviendas”. 

“La empresa puede pasar los cables del tendido eléctrico por los potreros le aseguro que no tendrán oposición, pero no permitiremos que los pasen por el casco urbano del municipio”, indicó Aguilar Ponce. 

Contexto 

En el año 1976 se fundó la Azucarera Cantarranas, S.A. (ACANSA), por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, siendo propiedad del Estado de Honduras, sin embargo, a pesar de ser rentable fue privatizada en 1993 bajo el gobierno del nacionalista Rafael Leonardo Callejas, pasando a llamarse Compañía Azucarera Tres Valles S.A de C.V., una de las mayores accionistas es la familia Yibrín, (dueña del club deportivo Real España). 

La central de la azucarera, está ubicada en la Aldea El Porvenir, del Municipio de San Juan de Flores, y su área de influencia abarca los departamentos de El Paraíso (Municipio de Morocelí y Yuscarán) y Francisco Morazán (Municipio de Cantarranas, Talanga, Villa de San Francisco y San Antonio de Oriente).

“Las fuerzas vivas de los municipios antes mencionados en 1975 gestionaron al gobierno de Melgar Castro, para que dotara de maquinaria para el procesamiento de la caña de azúcar y así fue aprobada y se logró organizar ACANSA, siendo propiedad del pueblo”, indicó don Pedro Ponce, quien por 15 años laboró en la referida empresa. 

“A pesar que los políticos la saqueaban, la empresa aun así llegaba a ser rentable y había años que llegaba a tener hasta 50 millones de Lempiras solo de ganancias, sin embargo, el gobierno de Callejas la regaló a la empresa privada, entregándola a pagar en un terminó de 10 años. No me recuerdo el precio, pero entiendo que con dos a tres años de producción la empresa se pagó solita”, manifestó. 

Dijo que esto es importante recalcarlo porque el proceso de privatización de las empresas o instituciones públicas se viene arrastrando desde el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, llegando hasta la privatización de la salud, la Enee, Hondutel, los ríos y las carreteras nacionales. 

“No desconocemos que esta empresa genera empleos en la zona y ayuda a mover la economía en estos municipios, sin embargo, a medida se fueron expandiendo las plantaciones de la caña de azúcar se fue bajando la producción de granos básicos, de hecho, antes este municipio era el granero de la zona, pero hoy es todo lo contrario”, manifestó. 

Recordó que el Gobierno de Callejas, desde ese momento impulsó ventajas para incrementar la producción de la empresa, pero al mismo tiempo, los pequeños productores independientes pasaron a desaparecer en buena cantidad porque comenzaron a pagar bajos precios a la caña de azúcar, por lo que muchos terminaron por ceder sus tierras a la empresa azucarera. 

“Así fue como la fábrica se convirtió en la propietaria de buena parte del suelo en la región, mientras muchos de los antiguos pequeños propietarios, hoy se convirtieron en jornaleros sin tierra, viviendo más al límite que nunca”, indicó Conchita Elvir, quién es hija de una de las personas que cultivaban caña en la década de los 80s. 

Los jornaleros, deben trabajar extenuantes jornadas para conseguir salarios de alrededor de 4 mil Lempiras mensuales (menos de 200 dólares). “Trabajamos en pésimas condiciones de seguridad e higiene y las jornadas laborales son de 5:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, y se trabaja hasta los días domingos”, manifestó un obrero que labora en el corte de caña en tiempos de zafra.

Esta misma situación se vive en los departamentos de Choluteca, Valle, en la sur; y en el Valle de Sula, zona norte hondureña, donde están instaladas varias empresas azucareras, que cuentan con grandes extensiones de plantaciones de caña azúcar.

Viernes, 22 Septiembre 2017 11:36

Semanario No. 495

Viernes, 22 Septiembre 2017 11:19

NOTI NADA 352 | RADIO PROGRESO

En este #NotiNadaHN le dejamos claro que, la cosa está dura, habrá cárcel y represión para los que brinquen contra la dictadura.

En sus primeros nueve meses de administración, Donald Trump, ha avanzado a fortalecer las fronteras para impedir el paso de migrantes hacia Estados Unidos. Esta orden ejecutiva consiste en la construcción del famoso muro, equipamiento de los centros de detención en frontera sur e incremento de agentes fronterizos.

Además, ha reactivado el programa “ciudades seguras”, para poner nuevamente a la policía comunitaria a colaborar en las redadas que hace el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Este programa había sido eliminado en la administración de Obama. Y recientemente, a través del Fiscal General de Estados Unidos, Trump ha propuesto dejar morir los programas Acción Diferida para los llegados en la Infancia, DACA, conocidos como dreamers y el Estatus de Protección Temporal TPS, que en el caso de Honduras será revisado el 2018.

Desde la elección y posterior llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, el temor se ha apoderado de gran parte de la comunidad hispana. Los anuncios hechos siendo candidato han comenzado a tomar forma en sus primeros meses de gobierno.

En Estados Unidos se estima que viven más de 3.5 millones de personas centroamericanas, la mitad se encuentra sin autorización, es decir que entraron al país de forma irregular. De esta cifra según la Red de Jesuitas con Migrantes el 20 por ciento son hondureños y hondureñas, que con la implantación de la política de seguridad en la “Era Trumpiana”, se encuentran con miedo e incertidumbre.

“La situación es peligrosa, porque la nueva política seguridad y defensa de Trump está en manos del Pentágono”, expuso Laura Carlsen del Programa Américas en el Seminario Centroamericano que organiza anualmente la Compañía de Jesús. Carlsen asegura que Estados Unidos apuesta por la militarización de su país y de los “países amigos”, justificando una guerra contra las drogas, que al final es una guerra fría racista y misógina contra migrantes.

Carlsen también explicó que la apuesta militarista de Trump le costará millones al país. La propuesta presupuestaria del presidente para el año fiscal 2018 incluye un aumento de 4.700 millones de dólares (un 7,1 %) para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), centrados en las agencias migratorias y fronterizas.

También propone un aumento del 21,6 % (2.913 millones más) respecto al año fiscal anterior para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que ronda el 23,2 % del presupuesto total e incluye partidas para contratar más agentes para la Patrulla Fronteriza y para iniciar la construcción y reparación del muro con México. “Todo esto forma parte de una guerra fría que muestra el lado más oscuro de los Estados Unidos”, agregó Carlsen.

Oscar Chacón de Alianza Américas, quien también participó en el Seminario Centroamericano, dice que Estados Unidos está dejando ver su verdadero rostro racista, misógino y violador de derechos humanos. Las organizaciones que trabajan el tema migratorio tienen la oportunidad de crear puentes y oportunidades que garanticen la vida de la población migrante. A criterio de Chacón la política de seguridad implementada por Trump responde a los intereses de quienes financiaron su campaña política.

“Los centros privados de detención para migrantes fueron los principales financiadores de Trump”, dice Oscar explicando que el 62 por ciento de las “camas” para los migrantes detenidos están en los centros privados de detención. Hay aproximadamente unas 8 mil 500 camas aseguradas con el pago, se ocupen o no, “Eso equivale a unos 193 dólares al día por cada persona detenida que paga el gobierno de Estados Unidos”, agrega Chacón.

Si bien las deportaciones no han aumentado, si lo han hecho las detenciones en Estados Unidos y México, especialmente de migrantes centroamericanos. “Podríamos esperar después de estos nueve meses una nueva crisis de deportaciones”, dice Yolanda Gonzales de la Red Jesuitas con Migrantes. Yolanda asegura que es necesario monitorear y analizar todas las acciones impulsadas por Trump para medir su impacto en la región Centroamérica.

Frente a la “Era Trumpiana”, es necesario echar una mirada al sur. Costa Rica registra en los últimos cinco años un aumento del flujo inmigratorio desde el Triángulo Norte de Centroamérica, en especial de El Salvador y Honduras, países golpeados por la violencia, pobreza y corrupción, según la Red de Jesuitas con Migrantes.

Datos de solicitudes de refugio en Costa Rica reflejan la tendencia de los centroamericanos a buscar asilo en ese país, en momentos en que la corriente migratoria desde Guatemala, El Salvador y Honduras a la frontera de Estados Unidos está en crisis producto de la política de seguridad de Donald Trump.

Karina Fonseca de la Red de Jesuitas con Migrantes en Costa Rica, dice que tradicionalmente Nicaragua ha sido el país que más solicitudes de refugio ha presentado, sin embargo, es evidente el creciente flujo migratorio de salvadoreños y hondureños a ese país.

Los más golpeados 

En el marco del foro “Migrantes Retornados con Discapacidad, la Pastoral de Movilidad Humana y la Comisión Nacional de Apoyo a Migrantes Retornados con Discapacidad (CONAMIREDIS) dieron a conocer que, desde el año 2009 hasta la fecha, han regresado al país 546 personas con mutilaciones sufridas al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

La hermana Lidia Mara Sousa, integrante de la Pastoral de Movilidad Humana, señala el desinterés del gobierno al no implementar un programa que responda a las necesidades de salud y a la reinserción integral de los migrantes retornados con discapacidad.

Desde la Red Jesuita con Migrantes se propone conocer más a los migrantes, no individualmente, sino colectivamente y socialmente para trabajar, pensar y soñar juntos y juntas. Ver al migrante como un desobediente civil ante un sistema legal, social y económico injusto, que cada día expulsa a decenas de hondureños.

Contribuir a construir una ciudadanía que impulse una política pública inclusiva, hospitalaria, solidaria y tolerante sobre todo hacia las personas migrantes, desplazadas internas, refugiadas y deportadas.

Medelin David Hernández, una garífuna acusada del delito de usurpación por los canadienses Patrick Forseth y Randy Jorgensen, este último conocido como “el rey porno”, es uno de los 11 casos de criminalización en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, que revela la recién inaugurada campaña Yo Defiendo.

La Coalición contra la Impunidad, una plataforma que aglutina a diversas organizaciones de derechos humanos, lanzó esta iniciativa para visibilizar la labor que desempeñan los defensores y defensoras de derechos humanos, bienes naturales y territorios en el país.

Yo defiendo tiene como finalidad disuadir del consciente colectivo la estigmatización impulsada por el Estado, a través de todas sus entidades y particularmente desde el Ejecutivo, y evidenciar la utilización del derecho penal para criminalizar la protesta social. 

La campaña que fue lanzada esta semana en San Pedro Sula, al norte de Honduras, cuenta la historia de hombres y mujeres defensoras que han sido víctima de persecución, estigmatización y criminalización, enfatizando el derecho humano a la protesta y la obligación del Estado de proteger a quienes lo ejerzan. 

Entre los casos resaltan los defensores y defensoras de derechos humanos, bienes naturales, territorio, mujeres, independencia judicial, LGTBI, entre otros.

El abogado Guillermo López Lone de la Asociación de Jueces por la Democracia, instancia que forma parte de la Coalición contra la Impunidad, asegura que la campaña llega en un momento crítico para los defensores y defensoras de derechos humanos, por el discurso de odio, estigmatización y criminalización que está a la orden del día en todo el territorio. 

López Lone agregó que la primera etapa de la campaña arranca este septiembre y finaliza la segunda semana de noviembre, ante de las elecciones generales de este 2017. Un segundo momento de Yo Defiendo será a partir del 15 de enero de 2018, donde se continuará la producción de distintos materiales audiovisuales y comunicativos que revelan las realidades que los defensores y defensoras están haciendo en los territorios.

Perfiles de defensores y defensoras

La campaña z través de producciones multimedia, cuenta casos e historias de varios defensores y defensoras que están amenazados o criminalizados por estar denunciando y acompañando las luchas en defensa de las mujeres, los territorios, bienes naturales, la independencia judicial, personas LGTBI, entre otros.

Abel Antonio Pérez

Miembro de la Asociación para el desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), comunicador Social de “La voz de Zacate Grande” y parte de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR).

Sentenciado a cinco años y un mes de prisión, acusado de los delitos de usurpación, daños a la propiedad y amenazas, en perjuicio del señor Jorge Luis Cassís Leiva.

Santos Hernández

Miembro de la Asociación para el desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y parte de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR).

Santos junto a su compañero Abel, ha sido sentenciado a cinco años y un mes de prisión, acusado de los delitos de usurpación, daños a la propiedad y amenazas, en perjuicio del señor Jorge Luis Cassís Leiva.

José Isabel “Chabelo” Morales

Integrante del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), de la comunidad Guadalupe Carney en el municipio de Trujillo, Colón.

Privado de libertad casi 7 años acusado injustamente por el asesinato de Carlos Manrique Osorto, sobrino Henry Osorto un alto jefe policial.

Después de ser juzgado tres veces por el mismo delito, Chabelo fue puesto en libertad y ahora junto al equipo jurídico del ERIC –SJ y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Los Ángeles, California, ha presentado una demanda contra el Estado hondureño.

Miriam Miranda

Coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), espacio que aglutina a las comunidades garífunas que defienden sus territorios y derechos humanos.

En esa lucha por la defensa del territorio y la soberanía, Miriam ha recibido constantes amenazas y ataques de manos de empresarios y políticos interesados en acaparar las tierras de las comunidades garífunas.

Medaline David Fernández

Lideresa garífuna acusada por el supuesto delito de usurpación en perjuicio de Carivida, propiedad de Patrick Forseth y Randy Jorgensen conocido como “el Rey del Porno.

Madeline permanece en campamentos de recuperación de tierras ancestrales en el municipio de Santa Fe, Colón, ante la venta ilegal del territorio a favor de los canadienses en complicidad con las autoridades hondureñas.

Irma Lemus

Integrante del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDDHH). Acusada por usurpación de tierras, hurto de ganado, daños y perjuicios contra el Fondo Ganadero, acto señalado como criminalización de la lucha por la defensa de derechos humanos y la tierra en medio de un conflicto agrario que ha cobrado la vida de más de cien campesinos en el Aguán.

Gaspar Sánchez

Gaspar Sánchez defensor de derechos humanos del pueblo indígena Lenca y activista de la diversidad sexual.

Es uno de los jóvenes Lencas que mantiene vivo el legado: la lucha por el ambiente, la identidad indígena. 

Pedro Canales Torres

Dirigente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), periodista comunitario de “La voz de Zacate”.

Criminalizado por los delitos de usurpación de las tierras de Miguel Facussé, fallecido terrateniente de Honduras, y por el delito de defraudación de la administración pública por instalar la radio sin contar con los permisos por parte de Comisión Nacional de Telecomunicación (CONATEL).

Pedro recibe contantes amenazas a muerte por su labor en defensa del territorio en Zacate Grande.

Tirza Flores Lanza

Defensora de derechos humanos y de la independencia judicial en Honduras.

Se desempeñó como magistrada de la Corte de Apelaciones en San Pedro Sula, pero debido a su oposición al Golpe de Estado de 2009 y a varias acciones realizadas en su calidad de ciudadana y de miembro activo de la asociación Jueces por la Democracia de Honduras, la Corte Suprema de Justicia decidió destituirla como parte de una oleada de represalias que se llevaron a cabo durante ese periodo.

Moisés y Misael Sánchez

Moisés y Misael son dos hermanos integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO) y el Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS).

Por defender los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras fueron despedidos en 2016 junto a 90 personas más.

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