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La comunidad de Pajuiles en Tela, Atlántida ha sido testigo de tres desalojos violentos en menos de quince días. La Policía Preventiva, Militar y elementos cobras son los protagonistas de la represión que ha destruido el campamento de resistencia contra un proyecto hidroeléctrico que afecta la zona.

Por más de 140 días la comunidad instaló una toma de carretera para evitar que la maquinaria de la empresa Centrales de El Progreso (Hidrocep), suba la maquinaria para los trabajos en el río de la comunidad. Esa acción de la gente ha desatado la apertura de procesos criminales, orquestados por la empresa en la que los juzgados de Tela emitieron ordenes de captura contra ya más de 20 personas.

Este martes desde tempranas horas de la mañana se registró un nuevo desalojo, los uniformados llegaron a Pajuiles y con el tono bonapartista que los caracteriza desalojaron la carretera, llevándose a cinco personas detenidas, entre ellas dos mujeres, una de ellas embarazada.

"Es lamentable la situación, es una violación grave a nuestros derechos, acá no respetan ni a las mujeres embarazadas", dijo un poblador del sector.

El desalojo fue a las siete de la mañana, los manifestantes sufrieron gas lacrimógeno, piedras y agresiones con toletes. Los detenidos fueron trasladados a la Policía Preventiva de Tela. Junto a los detenidos, otras 13 personas enfrentan procesos criminales por ser acusados del delito de usurpación, todos ellos comparecerán ante un juez a finales de agosto en la audiencia inicial.

Al transcurrir la mañana, elementos policiales instalaron un operativo permanente en la carretera principal que conduce de El Progreso a Tela, con un total de más de 50 policías asignados. La población en reacción a la represión instaló un plantón a orilla de carretera y otro grupo cerró la vía en la parte alta que da acceso a la hidroeléctrica, el bloqueo de los manifestantes es para evitar que pase la maquinaria.

La Policía reprimió para intentar desalojar a la gente, a eso de las diez de la mañana lanzaron bombas lacrimógenas contra ellos, procedimiento que afectó varias viviendas donde había niños y niñas. Al escuchar denuncias de la problemática en la comunidad, una delegación del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), llegó y pidió a los uniformados bajar la intensidad de su accionar.

"Venimos a pedirles que no actúen violentamente, buscaremos un diálogo entre ambas partes", dijo un delegado del Conadeh en su primera interacción con el oficial Iglesias, policía encargado del desalojo.

El Conadeh reunió a la comunidad para que llegaran a un acuerdo inicial el que permitiera que los uniformados se retiraran de la zona, el diálogo sirvió para que la situación se calmara temporalmente.

Mientras la negociación se concretaba en Pajuiles, en la posta de Tela los detenidos esperaban que la fiscal del Ministerio Público emitiera el informe de su captura y que luego comparecieran ante un juez en la audiencia de declaración de imputado.

Albertina López, mujer embarazada e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, es una de las cinco personas detenidas. "Ellos (los policías) llegaron al campamento con violencia y me llevaron arrestada a pesar que yo estoy embarazada y a poco tiempo de dar a luz".

López dice que como mujer se siente intimidada al solo ver la presencia militar en su comunidad y ahora peor porque ellos llevan orden de detenerlos y llevarlos a la cárcel.

"Me capturaron y esto pone en riesgo la vida de mi bebé, deben respetar la vida de una y garantizar nuestros derechos humanos", dijo Albertina en una entrevista a Radio Progreso.

Los detenidos responden al nombre de: Wendy Yanery García, Kevin Javier Linares y Juan Bautista Santos. Por el momento continúan bajo custodia policial, en las próximas horas deberán comparecer ante un juez para conocer si quedan absueltos o si se suman a las otras 13 personas procesadas criminalmente por oponerse al proyecto hidroeléctrico.

A criterio del diputado Luis Redondo, integrante del Partido Anticorrupción y miembro de la oposición parlamentaria, la discusión sobre reformas electorales es más importante de lo que parece. Desde su perspectiva, esas modificaciones son las que marcarán el destino electoral del país. “Sin reformas no hay transparencia, es decir, sin ellas vamos al matadero en noviembre”.

Las declaraciones de Redondo se dan en un contexto de previa electoral, en el que la discusión en este momento gira entorno a la propuesta de la oposición de aprobar reformas electorales e igualar la representación en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Ambas posturas no tienen el respaldo ni la intención de ser aprobadas por el oficialismo.

Para Luis Redondo, Honduras está ante un evento histórico y solo la ciudadanía y los políticos comprometidos con el país, podrán cambiar las reglas del juego o al menos intentarlo. “Vemos un panorama incierto, sabemos que el Partido Nacional no quiere aprobar reformas que garanticen la transparencia, ellos están interesados en montar un fraude y nuestro papel desde la oposición es luchar para que eso no suceda, pero sabemos que esto es un trabajo de todos”, dijo el legislativo.

La Alianza Opositora está convocando a una acción nacional antifraude para el próximo sábado 5 de agosto, en el que se movilizarán en varias regiones del país. El coordinador de esta estructura política Manuel Zelaya Rosales ha dicho que mediante la protesta buscan expresar su posición contra el fraude premeditado del Partido Nacional y también iniciar con un proceso de exigencia de reformas electorales.

En su visita a la ciudad de El Progreso, Yoro durante el inicio de la propaganda política, Zelaya dijo que harán todo lo posible para que en el Congreso Nacional se aprueben reformas electorales, asimismo aseguró que este poder del Estado se encuentra en la obligación de obedecer al llamado de la democracia.

Por su parte el magistrado del TSE Erick Rodríguez declaró que el tema de reformas electorales no puede ser solventado desde esta plataforma y que es el Congreso Nacional junto a los partidos políticos los que deben tomar esas decisiones. “El tiempo se acaba, si se aprueban reformas debe ser pronto, porque caso contrario no habrá espacio para la implementación de las mismas”, dijo el magistrado.

“Mire en este momento, el TSE dio paso a la aprobación del voto en línea, esa es una práctica inconstitucional, porque solo el Congreso puede aprobar ese tipo de modificaciones, pero en Honduras todos se saltan las instancias correspondientes y es claro que el TSE busca favorecer el Partido Nacional con esa reforma”, siguió manifestando Redondo. El diputado considera que el máximo ente electoral está compuesto por activistas del partido de gobierno, empezando por el magistrado David Matamoros Batson y que en ese contexto no pueden tener confianza de un papel independiente por parte de esa estructura.

“Yo le apuesto que ellos ya tienen firmada el acta donde darán a Juan Orlando Hernández como ganador de las elecciones de noviembre, es por eso que tenemos una gran tarea como oposición y ciudadanía”, manifestó Redondo.

Sobre el tema, el analista Hermilo Soto, dijo que el ambiente electoral que vive el país es claro: las reformas electorales es lo que realmente marcará el destino del próximo proceso electoral, y que si este proceso no se concreta desde ya los partidos que hacen oposición al gobierno deben estar claros que no ganarán los comicios de noviembre.

“La oposición debe ordenarse, por el momento no hay una claridad en sus intenciones, parece que están más interesados en lograr representación en el TSE que aprobar modificaciones sustanciales que garanticen la transparencia en noviembre”, empezó a relatar Soto.

El analista político, manifestó que deben presionar en el Congreso para que se aborde el tema electoral, porque el tiempo se acaba y las elecciones se acercan.

“Yo no veo voluntad del Partido Nacional, ellos son los que tienen el poder y deciden qué temas se van a discutir en el Congreso, el partido de gobierno está planificando un fraude para noviembre y nosotros los diputados de oposición y la ciudadanía debemos acuerpar las acciones antifraude que tenemos planificadas”, considera Redondo.

Luis hace un llamado a la población indignada para que se movilice en dos vías: una, para demandar reformas electorales y otra para presionar a la institucionalidad para que responda ante los recursos presentados contra las ilegalidades que ha impulsado y aprobado el Partido Nacional.

El tiempo pasa, las vacaciones legislativas producto de las elecciones de noviembre se aproximan y la posibilidad de reformas electorales se esfuman en un horizonte sin voluntad política de los parlamentarios y poca presión de los opositores, en ese contexto la transparencia para las elecciones de noviembre se convierten en una utopía.

A un mes de las protestas permanentes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en algunos centros regionales del país se mantienen de parte de los estudiantes, quienes demandan ser integrados, como la ley manda, a los diferentes espacios de discusión y toma de decisión dentro de la máxima casa de estudios.

Las posiciones están tan cerradas entre la población estudiantil que no abandonan las protestas y las autoridades universitarias tampoco plantean el diálogo como vía de solución al conflicto.

“Ratificamos nuevamente que es imposible dialogar con Julieta Castellanos por lo cual confirmamos que el anteproyecto de ley que contempla un gobierno universitario provisional donde se destituiría a Julieta Castellanos es la opción más viable”, dijo una estudiante que pidió ocultar su nombre por miedo a represalias.

Las autoridades universitarias no están dispuestas a sentarse con los estudiantes debido a las tomas que realizan de los edificios y porque ya pidieron un auxilio al Congreso Nacional. Además la rectora Julieta Castellanos ha dejado claro que no va a renunciar. Su periodo concluye a mediados de septiembre.

Ataques a otros sectores

Las autoridades universitarias han acusado a varios sectores de estar atizando y financiando las revueltas estudiantiles. Señalan que hay barras bravas de los equipos de fútbol, políticos y religiosos acuerpando la lucha estudiantil.

La rectora Castellanos señaló que uno de ellos es el sacerdote Jesuita, Ismael Moreno, conocido como “Padre Melo”, quien habría llevado al grupo musical “Los Guaraguao” a Ciudad Universitaria, aún y cuando las actividades académicas y administrativas estaban suspendidas.

La rectora junto al Consejo Universitario determinaron rescindir el convenio de cooperación que tenía con el Equipo de Reflexión e Investigación y Comunicación, Eric de la Compañía de Jesús, firmado en 2014, bajo el argumento que no pueden mantener un convenio con una institución que deslegitima el trabajo de la universidad.

El Padre Melo publicó en su cuenta de Facebook una reacción a las decisiones de la rectora de la Universidad, Julieta Castellanos que lo acusa de ser el promotor del conflicto interno universitario.

“De mi parte, y desde mi equipo del ERIC y Radio Progreso, seguiremos en plena apertura al diálogo y a buscar respuestas racionales, por muy adverso que sea el ambiente” respondió Moreno que también aseguró que seguirán siendo promotores de la paz, la educación, la plena participación ciudadana en libertad y la democracia en un auténtico Estado de Derecho.

Solidaridad

El padre Melo junto a Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Eric, han recibido muchas muestras de solidaridad y apoyo al trabajo institucional que realiza.

Entre esas acciones de solidaridad están algunas parroquias. Por medio de un comunicado, el Consejo Parroquial de la Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, Colón, expresó la solidaridad y apoyo al trabajo de Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC, y en especial con a su director, sacerdote jesuita Ismael Moreno.

“Mostrar nuestra solidaridad y cariño a Radio Progreso y al Eric, y al Padre Melo quien fue párroco de esta comunidad parroquial por muchos años y que la feligresía de aquí también le tiene mucho cariño además de ser un hermano jesuita” dijo a Radio Progreso el sacerdote jesuita Gregorio Vásquez, cura párroco de la Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, Colón.

Salida negociada

El diálogo es el único camino que puede llevar a solventar la crisis señaló el analista hondureño Efraín Díaz Arrivalaga. Arrivillaga fue el presidente de la Comisión Auditora de la Universidad Nacional Agrícola de Catacamas en Olancho y aportó a la solución de la crisis que también se vivió en ese centro universitario.

“Desde mi punto de vista me parece que es fundamental, y aunque parece estar cuesta arriba, hay que retomar el diálogo y la negociación, creo que es el único camino que queda”, dijo Arrivillaga.

El analista Efraín Díaz Arrivillaga también opina que la solución sólo se puede encontrar dentro de la Universidad y nuca con actores externos a la misma porque eso solo atiza más el fuego.

“Tiene que ser en el marco de la Universidad, pienso que fuerzas externas no deben de participar en la solución del problema de la Universidad, yo creo que la ley orgánica y los mecanismo internos de la Universidad permiten realmente poder encontrar los caminos de solución al problema” analizó Efraín Díaz Arrivillaga.

El párroco de Tocoa, Colón, sacerdote jesuita Gregorio Vásquez también opina que el diálogo es la mejor salida. “Un diálogo abierto y franco, donde haya participación de los diversos sectores que puedan aportar a este proceso, y para eso se necesita una escucha sin condiciones y donde básicamente se pueda escuchar a la comunidad estudiantil que tiene todo el derecho de participar en ese proceso”, dijo el Padre Vásquez.

Efraín Díaz Arrivillaga aclaró que la solución al conflicto debe darse lo más pronto posible. “En la medida que se va posponiendo cualquier solución se profundiza la crisis y se vuelve más difícil encontrar la salida, yo diría que hay que retomar el diálogo y la negociación”, finalizó Arrivillaga.

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