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Por: Rossel Montes

Atrás habían quedado los fatídicos golpes de Estado militares desde los tiempos de Oswaldo López Arellano y el reformismo militar en la década de los 60 y 70, que se habían encargado de configurar los mecanismo de poder desde el consenso de Washington. Toda América Latina en el siglo XX fue un experimento de golpes de Estado, el surgimiento del Populismo que canalizó las formas de descontento de social como diría el sociólogo brasileño Octavio Iani; una mezcla de bonapartismo, autoritarismo y populismo fueron las características del autoritarismo latinoamericano (Guillermo O.Donnell) Los golpes de Estado de viejo cuño sobre todo eran para detener el avance y configuración de los movimiento sociales y el movimiento obrero, ya que en el siglo XX se dio un crecimiento del obrerismo y al mismo tiempo un éxodo del campo a la ciudad, lo que diría Aníbal Quijano: una marginalización y urbanización masiva.

Dicha marginalización y éxodo hacia las ciudades desencadenó una relativa masificación de trabajadores en las ciudades grandes, creando condiciones óptimas para el despegue de un capitalismo dependiente. En sintonía con el crecimiento económico que vivió la región latinoamericana, y Honduras no fue la excepción, retoman fuerzas los movimientos sociales que van a darle lucha a los gobiernos bonapartistas, fascistas dirán algunos teóricos, cosa que desmiente Atilio Borón, es una discusión para otro espacio.

En 1964 se dio un golpe de Estado contra el presidente João Goulart por militares brasileños con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, es considerada una de las dictaduras más represivas del continente, en la cual fue reprimida la presidenta Dilma Rousseff. El golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, a pesar del gran apoyo popular del gobierno socialista-socialdemócrata, éste fue derrocado por las armas. El general Pinochet arrancó el poder y lo mantuvo casi dos décadas, las consecuencias fueron cientos de muertes y una represión brutal con el apoyo de los EEUU. Al mismo tiempo de la algarabía de las dictaduras, se pone a maquinar el experimento de los Chicago Boys con Milton Friedman, y el monetarismo neoliberal. Era el inicio de una nueva era, la era de lo privado sobre lo público. Honduras es un caso muy ejemplar en la puesta en práctica de dichas políticas neoliberales, la destrucción del sector estatal y la privatización de casi toda la vida nacional nos ha convertido en uno de los países más paupérrimos de la región, sobre todo con el actual gobierno ultra neoliberal y anarco-capitalista.

Podríamos decir que en todo Latinoamérica, y Honduras la forma política de gobierno que más ha predominado en todo el siglo XX, e incluso podríamos remontarnos a siglos atrás, como bien lo hace la historiadora Ethel García, con su estudio sobre las formas de gobierno en el siglo XIX, rastreando el problema desde las Cortes de Cádiz en su último trabajo. La democracia ha costado sangre y lágrimas conquistarla, un laberinto como diría Octavio Paz, un laberinto de sin fin, donde no se encuentra el norte. La democracia en Honduras parece una entelequia escuché decir al profesor Matías Fúnez, una forma que se contradice a sí misma y que no se nos desliza de las manos.

 El golpe de Estado del 2009 puso en entredicho qué tan fuertes o débiles eran nuestro Estado de Derecho, como pudimos ver no fue difícil para los poderes fácticos, maquinar un golpe de Estado totalmente suigéneris, es decir totalmente novedoso, distinto a los golpes de Estado clásicos, donde se embestía y desmantelaba toda la formación política de determinada sociedad, su forma de gobierno. El golpe de Estado, o sucesión constitucional como lo prefieren llamar muchos abogados e intelectuales conservadores, puso en evidencia la tremenda fragilidad de nuestras instituciones, el Estado de derecho, la construcción del sector público como diría Mario Posas y que tardó tanto tiempo en construir, era disuelto en tan poco unas horas, la vida política, las instituciones, la separación de poderes, se había vuelto una cosa innecesaria, una liquidez, algo superfluo. Las consecuencias fueron nefastas, los muertos siguen siendo cientos, la pérdida del orden constitucional sigue roto. Lo más monstruoso de todo, hace unas semanas conversando con un joven sociólogo, catedrático por cierto, nos planteábamos algo ¿Cómo es posible que toda la experiencia del siglo XX con el fascismo y las dictaduras militares no nos hayan enseñado nada? Al menos más allá del aprendizaje de estos fenómenos en los libros de historia, sociología o ciencia política; la enseñanza política, táctico-estratégica para la izquierda y los nuevos movimientos sociales.

Las fuerzas políticas subsecuentes al golpe de Estado han hecho y deshecho con la vida nacional, la intensificación de todos los males sociales, la delincuencia, el encarecimiento de la vida, la canasta básica, la narco-política, saqueo deshumanizado a instituciones de previsión social, privatización, actualmente una militarización de la sociedad, una criminalización de la lucha estudiantil, creando un ambiente de violación sistemática de los derechos humanos, fuga de capitales, etc., etc.

Tras el Golpe surgen nuevas fuerzas políticas, surge el Frente Nacional de Resistencia Popular contra el golpe de Estado, el cual nuclea en su seno a todas las fuerzas políticas, antes Bloque Popular. El acuerdo de Cartagena y el partido LIBRE fueron los más importantes resultados. Como es usual en los movimientos sociales que deciden ser contenidos y evitar que se salgan de la órbita electoral, y devengan en movimientos que atenten contra el Status Quo, la lucha electoral será la nueva agenda, dejando en un segundo plano la lucha de masas, la calle o como diría Grasmsci: la hegemonía antes de la toma del poder o Lenin: organizar la revolución o Rosa Luxemburgo con la huelga de masas. Pero no tenemos a una Rosa ni un Lenin. Así que las urnas será la agenda a seguir.

 Las consecuencias políticas del Golpe fueron: dejar una sociedad politizada, mucho más ideologizada que antes. En aspectos positivos, el pueblo tomó mayor conciencia de clase e histórica sobre su papel en el todo social y llegó a comprender la situación política de su entorno inmediato. Además este golpe dejó un Estado de derecho fracturado, mucho más débil de lo que se tenía, todos los logros en la construcción del sector público fueron destruidos ipso facto por el golpe, dejando una democracia representativa que parecía más un fantasma y una utopía. Una sociedad militarizada, neoliberalizante, una postura fascistoide por parte de la oligarquía y los poderes fácticos.

El sistema de partidos se democratizó a mi parecer, entrando en la vida política nuevas fuerzas políticas que han oxigenado la cultura democrática del país. Las alianzas políticas entre partidos fuertes es algo novedoso en la vida política, lo cual significa que la sociedad busca, de forma brutal, democratización, no revolución, sino democratizar la democracia como diría Sousa do Santos. Ese fatídico 28 de junio donde se sacó por la fuerza a José Manuel Zelaya, fue de los capítulos más horrendos de nuestra historia inmediata. Estábamos acostumbraos a experimentar el horror de la fuerza militar solamente en los libros de historia, no en carne propia.

La experiencia fue aterradora. Democracia y bestialidad, democracia y totalitarismo, son dos caras de una misma moneda, siempre las fuerzas retrogradas nos toma desprevenidos y hay que aprender de la historia de forma radical para prever este mal social.

En medio de la montaña Nombre de Dios, al norte de Honduras, cada día crece la resistencia pacífica y organizada de una población que está jugándose la vida al oponerse a la construcción de dos proyectos hidroeléctricos: Centrales El Progreso Hidrocep del empresario Jason Hawit en Paujiles, Tela y de la represa sobre el río Jilamito, en Arizona, a cargo de Inversiones de Generación Eléctrica S.A DE C.V, Ingelsa, propiedad del empresario Emín Abufele, quien también es vinculado con las hidroeléctricas de Mezapita y Matarras, siempre en Atlántida.

En este departamento existen 24 concesiones para la instalación de represas hidroeléctricas y 100 para explotación minera, según una investigación a cargo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj junto a la universidad Saint Louis Misuri de Estados Unidos. Siendo Arizona y Tela los municipios más afectados con la implementación del modelo extractivista.

En Honduras, después del golpe de Estado de 2009, se incrementó el otorgamiento de concesiones mineras y la entrega de licencias ambientales para proyectos de generación de energía. Esto, como parte de la política de concesionamiento territorial y de bienes naturales, que otorga el gobierno de Honduras a empresas nacionales y extranjeras.

El total de proyectos generadores de energía es de 334, de las cuales 177 son hidroeléctricas, 6 solares, 39 eólicas, 27 térmicas, 26 de biomasa, 4 geotermias y 1 co-generación, según el “Informe del Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario CEHPRODEC, 2016”.

En Atlántida la población en resistencia denuncia directamente a los empresarios Fredy Nasser, Jason Hawit, Emín Abufele y Salomón López como los destructores de la montaña Nombre de Dios, y exigen a las autoridades la cancelación inmediata de los proyectos hidroeléctricos por los daños irreversibles al ambiente que han provocado.

“Esos proyectos son de muerte y despojo”, nos dice Yuri Serrano de la comunidad Matarras en Arizona, donde el empresario Salomón López ha instalado una represa hidroeléctrica. “Nos dicen que es desarrollo para las comunidades pero es mentira. Nos roban hasta la dignidad”, agrega Yuri asegurando que producto de las hidroeléctricas muchas comunidades del sector se están quedando sin agua.

Que las personas se estén quedando sin agua es un acto criminal por parte de las empresas que con el visto bueno de las autoridades violentan las leyes y se apropian de los bienes naturales comunes para enriquecerse, ha denunciado públicamente el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, organización que junto a la iglesia católica acompañan y animan la lucha de las comunidades.

Producto de la organización y el trabajo legal que realiza el Movimiento Amplio en Atlántida, los municipio de San Francisco, La Másica, El Porvenir, Arizona y el Sector Florida en Tela, se han auto declarado como territorios libres de mineras e hidroeléctricas. Sin embargo, los empresarios con el visto bueno de las autoridades han irrespetado la voluntad del pueblo, y las intenciones de represar los ríos continúan.

Bajo un techo de nylon y sacos de mezcal, que cubren las literas de bambú improvisadas y el fogón donde se prepara la comida que alimenta el espíritu de lucha, se pueden observar familias enteras que permanecen día y noche acampando cerca del río Jilamito. Evitando que la maquinaria de la empresa Ingelsa continúe destruyendo la montaña que da vida a las comunidades de Arizona.

En mayo 2017, tomando de ejemplo la lucha que libran los habitantes de Pajuiles y Mezapa en contra de Hidrocep de Jason Hawit, la gente de Arizona armó su campamento para detener los trabajos de Ingelsa, sin embargo, la policía y algunos trabajadores de la empresa también se apostaron en el camino que da acceso al lugar donde se construirá la planta principal de la hidroeléctrica provocando miedo y hostigamiento en la población, que se resiste a ver su río en manos de la empresa privada.

Pero ¿Cómo es la vida en este campamento? Preguntaron a doña Elena Gaytán, una mujer que desde el 2015 ha denunciado la venta del río Jilamito y el papel de las autoridades municipales a favor del empresario. “Es difícil pero alegre”, contestó con una sonrisa contagiosa. “Difícil porque nos estamos enfrentando al poder económico y político. El mismo poder que mató a Berta Cáceres. Pero también es alegre porque cada día somos más las personas que defendemos el río”, puntualizó doña Elena, alegre y comprometida con la defensa del agua.

El campamento de Jilamito es sostenido por todas las comunidades de Arizona. Fácilmente se puede observar a la gente bajando de la montaña con cargas de maíz, frijoles, arroz o plátanos para alimentar el campamento que lucha contra la hidroeléctrica. “Hay personas que caminan horas para llegar hasta aquí”, nos explica Claudia Sánchez, asegurando que todo el municipio rechaza la privatización de los ríos.

Una iglesia que cuida nuestra Casa Común

Las parroquias de Jutiapa, Arizona y Esparta en Atlántida, se juntaron en una sola voz para animar a la población del campamento, y denunciar a los empresarios y políticos hondureños, que en su afán de enriquecerse, son contrarios a los valores del Reino de Dios.

En una celebración popular realizada el 25 de junio en el campamento de Jilamito, la iglesia reafirmó su compromiso de estar al lado de los oprimidos y violentados en sus derechos más fundamentales, entre ellos el agua, la vida y la dignidad.

“Creemos que tenemos que seguir adelante hasta que los ocho municipios del departamento de Atlántida se declaren libre de estos proyectos generadores de miseria y muerte”, dijo el padre Víctor Cámara, de la parroquia de Jutiapa, en el campamento. El sacerdote asegura que en el Plan Pastoral de la Diócesis de La Ceiba, hay un compromiso genuino de acompañar a las comunidades para que ejerzan su soberanía territorial.

Por otra parte, la iglesia de Atlántida denunció que los sacerdotes que participan en la defensa del agua están siendo retirados de su parroquia y asignados a otras ciudades o países. Es el caso del padre Pedro Lima, quien estuvo asignado a la parroquia de Mezapa, Tela, acompañó la lucha que libra el campamento de Pajuiles en contra de Hidrocep de Jason Hawit.

“Yo estoy aquí como afectado y no como cura”, expresó el padre Mario Adín de Esparta, al cierre de la eucaristía, donde hizo un llamado a toda la iglesia a organizarse y movilizarse en defensa de la madre tierra que es un regalo del Dios de la vida.

La presencia del actual modelo de extracción mantiene a cientos de mujeres y hombres jugándose la vida por defender sus bienes comunes. En Atlántida los campamentos dignos por el agua y por la vida, significan una esperanza para un país empobrecido, donde sus gobernantes han concesionado la tercera parte de su territorio nacional a la empresa privada.

Un traje naranja, un par de esposas que amarran sus manos, la custodia de tres policías y la búsqueda empedernida de periodistas acompañaban ese día a Gary Mejía, un interno de la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara conocida como El Pozo. Esa mañana enfrentaba su audiencia de presentación de pruebas en los Juzgados de San Pedro Sula y necesitaba un escenario para contar todo lo que sucede en ese centro penal.

“En El Pozo nos tratan como animales”, fue la expresión de Mejía para llamar la atención de los periodistas. De inmediato encendieron sus cámaras y dirigieron micrófonos hacia él ¿Cómo es la vida en El Pozo? Comenzó la ronda de preguntas.

“Yo estaba en el centro penal de San Pedro Sula, en el bloque de los Paisas, sin seleccionar a los internos por su peligrosidad, una mañana llegó la policía y militares y a punta de pistola nos sacaron de las celdas para llevarnos a la cárcel de máxima seguridad. Desde ese día yo casi no he visto el sol, la vida es dura en ese lugar compa”, relató en su primera intervención.

Un sistema decadente

El hacinamiento, la corrupción, la complicidad de las autoridades en el ingreso de armas y concesión de privilegios a los presos, junto a las extorsiones desde los centros penales y falta de políticas de rehabilitación, son algunos de los problemas que caracteriza al sistema penitenciario nacional. Honduras ha tenido dos leyes penitenciarias; una creada en 1883 con la construcción de la primera cárcel, duró más de cien años, hasta que llegó la aprobación de una nueva normativa en el 2014.

El 17 de mayo de 2004, un incendio de grandes proporciones consumió varias celdas del presidio de San Pedro Sula al norte de Honduras, en ese hecho fallecieron calcinados 107 pandilleros integrantes de la Mara Salvatrucha.

Según autoridades, el suceso se produjo por sobrecarga de aparatos en los tomacorrientes, además del hacinamiento que el centro tiene desde hace más de 20 años. Este motín se une a las tragedias penitenciarias más graves de América Latina que superó incluso a la ocurrida en Brasil en febrero de 2017 en la que fallecieron 56 personas.

De los 24 centros penales a nivel nacional, el 99% están en hacinamiento, cifras oficiales reflejan que la población penitenciaria es de 17,441 personas, de las que 9,275 están procesados, el resto se encuentra sentenciado.

Las 107 víctimas al ver las llamas que consumían el presidio, suplicaron a las autoridades policiales para que abrieran los portones y salvaran sus vidas, petición que fue negada e incluso varios policías dispararon contra los pandilleros bajo el argumento de mantener orden en medio del ambiente de desgracia. Esa tragedia no fue la única en Honduras, en 15 años hubo cinco siniestros en las cárceles nacionales, entre las más importantes están: el incendio en La Ceiba el 5 de abril del 2003 en el que murieron 69 personas y el 14 de febrero del 2012 en la Granja Penal de Comayagua donde fallecieron 357 internos.

En total 533 hondureños han perdido la vida en las cárceles en los últimos diez años, representando un 40% de la población privada de libertad que ha fallecido en este tipo de tragedias en América Latina.

El papel de las autoridades en el incendio en el penal de San Pedro Sula en 2004, incentivó a varias organizaciones a demandar al Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que se obligara al Estado a cambiar la legislación sobre el manejo de las cárceles. La demanda tuvo eco y la sentencia Pacheco-Teruel fue establecida el 17 de abril del 2012, acuerdo que no fue aceptado por el Estado de inmediato, sino hasta el 2014 con la aprobación de la nueva Ley.

Carlos Paz, integrante de la Pastoral Social Cáritas de San Pedro Sula, estuvo en el proceso de demanda contra el Estado ante el Sistema Interamericano; él considera que la denuncia tenía varios propósitos: “pedía algunas líneas concretas: la reforma del sistema penitenciario en su conjunto, la depuración del sistema que implicaba un diagnóstico de necesidades, una línea de atención a las necesidades particulares de los privados, y sanación de la administración del sistema”.

El panorama penitenciario en Honduras es complejo. Por una parte la desatención de los centros se conjuga con las libertades que gozan muchos internos dentro de las cárceles, por ejemplo: estos centros de retención se han convertido en escuelas del crimen, desde ahí se ordena a diario extorsionar, robar y hasta asesinar.

Además los internos en el caso particular de San Pedro Sula tienen muchas comodidades en sus celdas: habitaciones con aire acondicionado, televisores, equipos de sonidos, celulares, armas y drogas que están a la mano de los privados, todo en contubernio con las autoridades.

Y no solo los pandilleros y líderes del crimen organizado tienen privilegios, también lo tienen figuras políticas que difícilmente son recluidos en los centros penitenciarios comunes, para el caso Mario Zelaya exdirector del Seguro Social y principal figura del descalabro de la institución permanece en una cárcel militar, gozando de ciertos beneficios de seguridad que son comparables con la realidad de los privados con poder de los centros en hacinamiento.

“Es una realidad que no podemos omitir, sabemos que hay aspectos de corrupción, hay tráfico de influencias, tratos preferenciales por zonas y mayormente es para gente que puede pagar, muchos de ellos ligados a las pandillas, crimen organizado o grupos políticos, quienes tienen el control desde sus celdas, esa realidad nos obligaba a pedir en esa sentencia la depuración en el manejo del sistema, porque es parte del problema”, ampliaba Paz.

Paz afirmó que es importante entender que las pandillas son producto de una sociedad excluyente y desigual. “Es necesario que las autoridades, que nosotros como sociedad hagamos algo para cambiar esa realidad y para rehabilitarlos, es cierto que ellos son personas que le han hecho daño a la sociedad pero la violencia no se combate con violencia, eso debemos entenderlo”.

Para Carlos, el Estado inicia un proceso de reforma penitenciara en el 2014 bajo enfoques equivocados. “La seguridad en Honduras está politizada, se convirtió en un elemento de manipulación y control político”. Luego de la creación de la nueva Ley Penitenciaria, el presidente Juan Orlando Hernández ordena la construcción de tres centros de máxima seguridad haciendo una inversión de más de 25 millones de dólares: uno en Ilama, Santa Bárbara, otro en Morocelí, El Paraiso y un tercero en la Isla El Conejo en el Golfo de Fonseca, zona sur del país, cárcel a la que solo se podrá llegar por vía aérea o marítima, donde esperan ubicar a los internos más peligrosos del país. El enfoque mediático se ha centrado en este nuevo trato contra delincuentes que pretende poner orden y castigar a los presos con violencia.

“El tema penitenciario ha servido para ganar votos en un año político; es decir, la campaña mediática sirve para manipular a la gente, y así ubicar al gobierno como héroe”, dijo Carlos, quien argumentó que a pesar de construir cárceles de seguridad, los problemas de raíz continúan en el sistema.

En Honduras hay 24 cárceles para más de 17 mil internos, todas tienen un 99% de hacinamiento, los casos más graves se dan en el Centro Penitenciario Nacional de Támara cuya capacidad es de 1,800 privados y en la actualidad albera a más de cuatro mil. San Pedro Sula con capacidad para 1,300 y tiene casi a tres mil internos, en Puerto Cortés el centro de reclusión tiene un máximo de ingreso de 226 y hay casi 500. En Santa Rosa de Copán con un límite de 300 y congrega a 700, misma situación se da en Santa Bárbara con una capacidad para 150 personas almacenando 391. 

La sentencia Pacheco-Teruel no se ha cumplido en su totalidad, los ejes planteados por esa ordenanza no se han seguido al pie de la letra por falta de voluntad política, valoró Paz.

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Todos los periodistas preguntaron al mismo tiempo ¿Cómo es el día a día en El Pozo? Gary Mejía con un nudo en la garganta y viendo de reojo a los tres policías que lo custodiaban contestó: “es terrible, ahí no hay agua, por ejemplo para bañarme tengo que sacar del inodoro con el vaso que tomo agua, la comida es pésima, todos estamos cada vez más delgados, imagínese que cada día solo nos sacan a ver el sol cinco minutos, después estamos aislados sin poder ver a nuestros seres queridos”.

Mejía dice que es insoportable estar encerrado entre cuatro paredes, con temperaturas arriba de los 36 grados centígrados, sudando y adquiriendo enfermedades porque hasta el acceso a salud es limitado. “Estamos con la misma ropa, los mismos colchones, mire (enseñó mostrando su brazo izquierdo) yo tengo alergia producto de esas condiciones, cada uno de nosotros agarra bacterias, yo ahora mismo tengo amigdalitis y tampoco me quieren dar atención médica”.

Una tarde en El Pozo

Cuatro conos rojos en la calle, tres patrullas de la Policía Militar del Orden Público, (grupo de reciente creación en Honduras, que desplazó a la policía civil seriamente cuestionada por actos de corrupción), cuatro cámaras instaladas en la infraestructura exterior del centro junto a un grupo de familiares que buscaban a sus seres queridos fue la primera escena que vimos en la entrada a El Pozo de Ilama, Santa Bárbara.

“Prohibido tomar fotos. No fumar. Identificarse en el portón principal”, con ese rótulo se daba la bienvenida y el ambiente de represión y orden se respiraba en el aire. Caminamos desde el parqueo hasta el portón principal y siguiendo las indicaciones lanzamos la primera pregunta al oficial penitenciario.

-¿Se encuentra el director del centro penal? Estamos interesados en hacerle una entrevista.

De inmediato respondió el oficial que portaba en el lado derecho de su cintura una pistola, en su cabeza una gorra con el título de Instituto Nacional Penitenciario (INP) y un par de lentes para protegerse de los rayos del sol.

-“Él no se encuentra, y en realidad para entrevistarlo deben hacer las gestiones en Tegucigalpa, acá no estamos autorizados para eso.

El panorama era poco amigable desde un inicio.

-Está bien- contestamos. A nuestro alrededor se encontraba una pareja de esposos de aproximadamente 65 años cada uno, la señora portaba una bolsa con productos de consumo básico: cereal, jabones, máquinas rasuradoras, galletas, jugos de sobre, churros, sopas instantáneas. Su esposo portaba en su mano derecha una hoja de papel. 

-Buenas tardes, queremos enviar a nuestro hijo estos productos- solicitaron al oficial.

-¿Cuál es el nombre de su hijo y qué quiere enviarle? Preguntó el uniformado. Los familiares respondieron al guardia con amabilidad todas sus preguntas.

Con nervios, desatando con ansiedad el nudo de la bolsa, la señora terminó rompiendo el plástico para sacar los alimentos. El guardia sacó un tablero y empezó a anotar lo que le dictaba la señora. “un paquete de máquinas de rasurar, tres bolsas de jugo de sobre, un paquete grande de galletas, tres jabones, dos champús de bolsa, una manteca”.

-Eso no- dijo el guardia -acá no se puede cocinar.

Así la señora detalló finalizando con una solicitud especial.

-Por favor le puede dar esta carta a mi hijo, se lo agradeceré- 

La primera vía de comunicación que tuvieron los familiares con los internos de mínima y media peligrosidad fue a través de cartas, ahora ya está habilitado el proceso de inscripción de visitas bajo algunos requisitos.

-Veré qué puedo hacer- contestó el guardia.

Los señores terminaron contentos a pesar de la privación. Cuando conversamos si sabían algo de su hijo, nos comentaron que solo lo que podían intercambiar por las cartas que se enviaban. Nada más. 

De pronto, el guardia nos llama y nos consulta 

-¿Quién es el periodista de más alto rango?

Nos vimos entre todos y por consenso visual decidimos quien entraría. 

-Dejaré entrar a uno, pero solo a uno, muestre su carné, tarjeta de identidad y pase adelante- ordenó el policía.

Entré, otra guardia me hizo el registro de rutina, me pasó por una máquina detectora de metales y luego pidió que la siguiera. Atravesamos el primer portón y caminábamos bajo un sol extenuante y la zozobra de lo que estaba por suceder.

En la actualidad hay dos centros de máxima seguridad en función. El de Ilama y Morocelí en El Paraíso, más conocido como La Tolva, entre los dos hay capacidad para albergar a casi cuatro mil personas.

Ilama es uno de los 28 municipios de Santa Bárbara, un departamento ubicado en la zona occidental de Honduras, con una extensión de 180 kilómetros con cinco mil habitantes. Un pueblo que se dedica a la caficultura, la cosecha de pimienta, artesanías y ganadería. 

El Pozo de Ilama, Santa Bárbara, está construido en la carretera que conduce de Ilama hacia Chinda, el área de la obra es de unas 20 manzanas, con oficinas administrativas, portones de seguridad que dividen los accesos a las celdas de mínima, media y máxima seguridad con cámaras por todos lados.

Por donde caminábamos, las cámaras nos seguían, era como el ojo que todo lo ve o parecido al ojo que seguía a George Orwel en el libro “1984”. Llegamos con el policía a las oficinas; -espere acá-, ordenó. Yo miraba a mí alrededor, y pensé: “quizá puedo ver al preso que entrevisté en San Pedro Sula. A Gary”.

La espera duró poco. Un hombre grande, musculoso, con estrellas en su uniforme de militar y voz imponente salió por la puerta. –los estuve viendo por estas cámaras (señaló un estante lleno de monitores de las cámaras del centro), me pregunté que les interesa, ¿Por qué están acá? Y bueno por eso te invité a pasar, quiero que conozcas lo que estamos haciendo acá- expresó. 

El militar dijo: -yo veo todo desde acá, aquí no se mueve ninguna hoja sin que yo lo vea. Preguntó cuál era nuestro intereses, qué estábamos buscando en El Pozo. 

Le die que queríamos saber del funcionamiento de la nueva cárcel y cuáles habían sido los resultados luego de traslados de los privados de libertad. Con arrogancia expresó: “por qué ustedes no se contestan esas preguntas, es evidente que la violencia ha reducido con el traslado de los pandilleros al centro penal”.

Además aclaró que él (haciendo referencia a su rango militar), puso orden en ese lugar, que harían lo que fuese necesario para que los pandilleros no contralaran ese centro. 

-Yo tengo línea directa con el presidente, yo levanto el teléfono y directamente puedo hablar con él-

Señalando la computadora dijo que estaba elaborando un informe que ese mismo día debía enviar a JOH. 

Pregunté su nombre. Él no quiso decirlo. “Tengo muchos enemigos, si te digo mi vida corre peligro, es mejor que no sepas quien soy”, contestó cuando a nuestro alrededor todos los militares usaban pasamontañas para no ser reconocidos.

Antes de despedirme de su oficina me acompañó a un cuarto donde llamó a la puerta dos veces, allí dos militares abrieron. Comenzó a mostrar que en esa pared con varias pantallas podía ver todo lo que sucedía en los tres módulos con que cuenta el centro penal. Para demostrar su poder y el control que tiene me preguntó qué cámara quería ver con amplitud, señalé las celdas de máxima seguridad, allí estaban aquellas celdas tan pequeñas que apenas cabe una cama y el sanitario. Allí pudimos ver a los privados con su uniforme naranja. 

Luego me acompañó a la puerta junto a varios militares que resguardaban el sector y que portaban armas de grueso calibre y todo el material para reprimir cualquier intento violento de los presos.

Algunas preguntas internas surgieron de inmediato ¿Para qué sirve el Instituto Nacional Penitenciario, si acá quienes administran el sistema son los militares? ¿Existirá planes de rehabilitación o todo es represión absoluta?

Me fui con esas interrogantes, el militar dijo que me podría dar una entrevista e incluso su nombre, pero que tenía que gestionar ante las autoridades penitenciarias, solicitud que fue escuchada pero no respondida por el INP días después.

Salí de la misma forma que entré, con más claridad sobre esta nueva figura de máxima seguridad. Lamentablemente no vi por ningún sitio a Gary.

Cuando Gary estaba en el centro penal de San Pedro Sula, se dedicaba a la refrigeración y reparación de artículos electrónicos. En El Pozo todo eso se esfumó. “En ese lugar no hay ninguna rehabilitación, para ellos somos animales, solo cuando llegan los derechos humanos hasta nos dan comida rica, todo eso es un paisaje, solo nosotros en realidad sabemos lo que vivimos”.

En la sentencia Pacheco-Teruel, se planteó la necesidad que el nuevo sistema penitenciario le apostara a la rehabilitación de los internos, a edificar y recuperar al individuo. Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos y litigante ante el Sistema Interamericana asegura que al Estado no le interesa ese tipo de trato a los presos, para Mejía el gobierno implanta un ambiente de violencia y todos los conflictos los trata con absoluta represión.

“El gobierno lo que hace es tomar a los delincuentes, meterlos a un módulo y alejarlos de la sociedad y no rehabilitarlos, es como cuando una persona tiene un virus: toma a la persona y la aísla para que no pueda enfermar al resto de la sociedad, con esa lógica funcionan los centros de máxima seguridad, la lógica es que son enemigos y hay que mantenerlos alejados de la sociedad y que se pudran ahí y eso vulnera la Constitución que establece que los centros deben ser de rehabilitación y reinserción social, pero eso no ocurre de esa forma”, categorizó Mejía.

Gary dijo que ellos en su momento iniciaron acciones de protesta a lo interno de El Pozo en Ilama. “Hicimos huelga de hambre, aguantamos muy poco, nadie puede sostenerse sin comer, lamentablemente no se nos escuchó, parece un batallón militar la forma como manejan este centro”.

En el Pozo II (La Tolva) ubicada en Morocelí, El Paraíso, el pasado sábado 27 de mayo se dio un motín al interior del presidio, en el que los internos causaron destrozos, en protesta al traslado y al trato que reciben de las autoridades penitenciarias. 

Las imágenes del motín detallan colchones hechos pedazos y desperdigados fuera de las celdas, además se observan tumultos de concreto. Los internos de La Tolva tuvieron el valor de protestar, el valor que no tuvieron los internos de Ilama, quizá las medidas de seguridad son distintas, en este caso la pregunta de cómo causaron tanto destrozo es una incógnita, que es investigada por las autoridades. Los disturbios se presentaron días después que decenas de privados fueron trasladaron de la cárcel de Támara, Francisco Morazán a La Tolva.

Morocelí es un municipio que tiene 131 caseríos y unas 15 aldeas conformadas por unos 352 kilómetros cuadrados. Es un pueblo seguro, los índices de violencia son minúsculos en comparación a ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, actualmente cuenta con una posta y dos policías. Su alcalde, del Partido Nacional José Tomás Moncada asegura que la noticia de construcción de un centro de máxima seguridad causó en un principio preocupación, no es para menos la gente presionó por miedo a que la violencia se incrementara con la llegada de una estructura de ese tipo a la zona.

“Eso fue al comienzo, pero ya hay tranquilidad, creo que es necesario hacer estas acciones, lamentablemente nos tocó a nosotros, solo queda obedecer el mandato presidencial, y además estamos en la disposición de colaborar.

Fue una sorpresa cuando vino una comisión de parte de la Secretaria de Gobernación y me informaron que el municipio estaba elegido para construir una cárcel, yo les dije que el municipio no estaba preparado y convoqué a un Cabildo Abierto que estuvo polémico pero al final ganó el sí y bueno ya estaba definido por parte del gobierno, tampoco nos dieron a elegir si queríamos o no, sino que ya venía la orden, el cabildo fue en el 2015”, expresó el edil.

Para el exjuez de Sentencia, Ramón Enrique Barrios, el sistema penitenciario atraviesa una realidad terrible, porque en teoría se debería rehabilitar a los internos, pero en realidad eso no sucede aunque la Constitución así lo establece. “Las cárceles en Honduras son escuelas del crimen, porque si usted es un ladrón, allí aprende a ser extorsionador, secuestrador, estafador y tendrá que sobrevivir en esa jungla, eso sucede porque no hay políticas de rehabilitación”.

Barrios dice que el gobierno aplica medidas involutivas, porque mientras los países nórdicos suspenden cárceles, en Honduras se castiga la violencia con violencia; es decir, a todos los problemas le recetan militares y en realidad ellos están preparados para reprimir, no para otra cosa.

Carlos Paz es del criterio que el sistema penitenciario realmente es manejado por los militares. “Al final quien toman las decisiones es el Consejo Nacional de Seguridad y el INP es pura pantalla. Mientras sean los militares los que manejen las cárceles seguiremos con los mismos problemas y el gobierno le apuesta a eso, porque de ahí pretende sacar producto político electoral”.

La modalidad penitenciaria en el país sigue bajo el dominio militar, a pesar que una de las recomendaciones de la sentencia Pacheco es desmilitarizar la administración carcelaria del país.

Asimismo Joaquín Mejía dice que quienes realmente controlan la sociedad son los militares y que la separación de poderes es irreal, por eso hay una grave situación, teniendo en cuenta que ellos los que están con el Presidente se reparten el control del Estado.

En reacción a las acusaciones, el subdirector del INP German Allan Macniel afirmó que han creado un Instituto que sea capaz de sostener las reformas que el gobierno ha dictado. Macniel relata que los procesos son paso a paso y que en este momento se están apoyando en los militares, porque están en formación del personal penitenciario que administrará los centros en el futuro.

El representante gubernamental admitió que quien toma las decisiones es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, una súper estructura que maneja el Presidente Juan Orlando Hernández.

“Estamos trabajando para darle otra óptica al sistema penitenciario, creemos en la apuesta del Presidente, nuestro objetivo es disminuir la violencia, combatir la inseguridad y sabemos que los internos son culpables de extorsión y de lujos, estamos para erradicar eso”, expresó Macniel, siempre refiriéndose a Juan Orlando como punto de partida de sus declaraciones.

Gary en la entrevista a los medios de comunicación recalcó que no hay rehabilitación, que no hay apuesta del gobierno para convertir en otras personas a los internos. En ese sentido Macniel dijo que ya están discutiendo programas de aprendizaje y recuperación para los privados que están no solo en los centros de máxima seguridad, sino en los demás espacios de reclusión.

Las familias sufren

“Yo le pido a mi mamá, si me está viendo en la televisión, que por favor saque los documentos que piden las autoridades para que nos puedan visitar”, dijo Gary, al mencionar que los internos se sienten solos porque no ven a nadie, con suerte observan el sol cinco minutos al día. Están aislados y abandonados.

Cuando entramos al centro de Ilama, el militar nos dijo: “Parte del orden es controlar las visitas, sabemos que en San Pedro Sula, los familiares son quienes llevan armas, drogas, celulares y cosas prohibidas, por eso queremos saber quiénes son los que visitarán a los presos. Si quieren entrar, acá me van a traer antecedentes penales, me tienen que traer copia de identidad, tres cartas de recomendación y examen de parentesco con los internos, sino que no pierdan el tiempo, no podrán entrar”. El segundo domingo de mayo, día de las madres en Honduras, fue el primer ingreso de familiares a visitar a sus parientes en El Pozo de Ilama.

Lorena, como la llamaremos por seguridad, es hermana de uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha en el norte del país, ella relata el dolor de la familia al ver a sus ser querido tras las rejas.

“Mi hermano está preso desde hace trece años, él estaba en el centro penal de San Pedro Sula, mi relación con él siempre fue buena, yo cuando podía pasaba pendiente de él, lo visitaba con frecuencia, pero ahora eso ya no es posible”, inició.

Lorena es consciente de la nueva metodología de visitas que se aplica en los centros de máxima seguridad, en el que se han establecido un conjunto de requisitos para sacar un carnet que autorice las visitas periódicamente.

“Antes del traslado, él me dijo que sospechaba que algo pasaría, que tenía miedo porque seguramente los trasladarían”. Lorena contó que su hermano tiene un hijo de un año, su esposa lo cuida y su temor con la prohibición de ver familiares es que no pudiera ver de nuevo a su hijo.

Lorena lamentó que en la nueva dinámica para visitas se gaste mucho dinero, además del trámite. “Dijeron que solo familiares dejarán entrar, por ejemplo su pareja no está casada legalmente, solo tiene una relación con él, ahora con ese obstáculo ya no se podrán ver, eso es triste y me duele mucho”.

Ella es consciente del daño que en algún momento su familiar hizo a la sociedad, considera que las medidas de seguridad son necesarias, siempre y cuando no afecten a los familiares que quieren pasar al pendiente de sus amados.

El hermano de Lorena está condenado a 30 años, todavía le faltan 17 de cárcel y está interno por el delito de asesinato. “Ahora los deben rehabilitar, a través de talleres o cursos, eso les sirve mucho a ellos”.

Una de las razones de la nueva administración carcelaria para poner trabas a las visitas de los internos es porque en centros como San Pedro Sula las visitas eran quienes ingresaban armas, drogas y teléfonos, todo en contubernio con las autoridades.

“Todo lo que ingresaba ahí no era por nosotros, sino por ellos (autoridades), la verdad es que los responsables de meter las cosas a los presidios son las autoridades no los familiares, ellos son los verdaderos culpables”, dijo molesta Lorena.

A pesar de la tristeza que genera este nuevo criterio de visitas a Lorena, ella expresó un pequeño destello de alegría. “Por lo menos mi hermano está en un lugar que no es una bomba de tiempo, yo me preocupaba por él porque sé que la cárcel de San Pedro Sula es una bomba que estalla casi todos los meses, ahora solo deseo verlo con la misma frecuencia para constatar que esté bien”.

La Comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Glenda Ayala, interpretó la realidad que viven los internos en los centros de máxima seguridad. “Creo que el gobierno debe cambiar su política para tratar los problemas penitenciarios, en este caso los más afectados son los familiares, para sacar la documentación que se solicita se necesita mucho dinero, la mayor parte de gente es de escasos recursos y solo para trasladarse de una ciudad a otra debe gastar una cantidad considerable de dinero”.

Ayala también ingresó a la cárcel de Ilama, cree que no se están respetando los derechos humanos a lo interno de la cárcel, además dice que el trato a los presos es inhumano, no tiene plan de rehabilitación y que el enfoque de violencia solo generará más violencia.

“La comida no es apta para personas que están recluidas, se debe fortalecer la atención médica, yo no hablo de dar privilegios, sino de respetar los principios básicos de derechos humanos. Ellos no son animales, son personas”, calificó Ayala.

En conjunto con el Comisionado, la Pastoral Penitenciaria ha jugado un papel importante en el ámbito de rehabilitación de los internos. Isis Perdomo abogada de la Pastoral se muestra preocupada por el nuevo giro que lleva la situación carcelaria.

“Consideramos que las medidas se tuvieron que tomar en base a lo que dicen los convenios internacionales, la Ley del Sistema Penitenciario y sus reglamentos, los traslados no se debieron realizar porque los privados tienen que estar cerca de sus familiares y creemos que trasladarlos tan lejos no es conforme a sus derechos”.

El Padre Fernando Ibáñez, de la Diócesis de San Pedro Sula manifiesta que parte del proceso de rehabilitación de los internos es tener cerca a sus familias, y consideró errada la política del gobierno de alejar a los privados hasta de sus seres queridos. “Una cosa es querer poner orden, pero otra es querer cambiar la sociedad, y las modificaciones solo pueden venir con medidas de amor y fundamentadas en las enseñanzas de Cristo”.

Mora judicial

Esa mañana, cuando Gary Mejía quería llamar la atención de los medios venía de su audiencia de presentación de pruebas, significaba que todavía no tenía una condena firme. La justicia no había decidido sobre él.

Quienes sí decidieron sobre él fueron las autoridades penitenciarias, quienes sin importar un análisis de los expedientes, envían a cualquier interno a las cárceles de máxima seguridad, ya sean pandilleros, extorsionadores, secuestradores u otros.

“La prisión preventiva según el Código Procesal Penal estipula que una persona puede estar en prisión preventiva hasta dos años con seis meses de prórroga”, expresó el exjuez de Sentencia Ramón Barrios.

En cuanto a la mora judicial en Honduras, según datos del Poder Judicial oscila entre 156,401 y 186,987 casos, la mayoría de categoría penal que a lo largo de los años han quedado engavetados en los archivos de los diferentes juzgados.

“El sistema es tan injusto, tan represivo que de los 17 mil privados, casi el 50% están en prisión preventiva, gente que no ha ido ni a juicio oral y le aseguro que unos ocho mil de esos privados saldrán inocentes, y el sistema los ha tratado como culpables, además que vienen psicológicamente dañados”, añadió Barrios.

El exjuez dice que, en la creación y reglamento de las cárceles de máxima seguridad, la estructura está diseñada para que vayan dos tipos de personas: los que ya tienen una sentencia condenatoria, es decir, los que ya están cumpliendo una pena y los otros son los presos más peligrosos. “Ahora usted ve otra escena, en este momento se llevan a todos, a los mareros, gente que no pertenece a maras y se inventaron la categorización de las celdas, eso no fue lo que se estipuló al crear esa figura carcelaria”.

Para determinar qué presos son de máxima peligrosidad, se debe seguir un procedimiento con las autoridades del poder judicial. Deben ser los jueces mediante evidencia los que determinen a quienes trasladar, pero el procedimiento no se cumple. “No se cumple porque en Honduras no existe la separación de poderes y el Poder Judicial es dócil ante lo que diga el Presidente, es lamentable esa situación”, concluyó Barrios.

Gary no ha sido juzgado, no significa que no sea culpable. En realidad el admitió que había asesinado. “Yo cometí mis errores, pero ahora ya soy cristiano, yo entré en una etapa de rehabilitación personal, pero por mí, no porque en la cárcel me ayudaran”.

Gary logró su objetivo: expresar lo que vive a diario en El Pozo. Mientras brindaba la entrevista, los tres policías que lo resguardaban le tocaban la espalda, haciéndole señas que ya era momento de partir. Él en más de una ocasión les dijo: “déjenme hablar, permítame, no les basta con reprimirnos allá, por favor dejen que hable”.

Y así de esa forma, con esa presión de los custodios, Gary se despidió de los medios denunciando la política de represión de las autoridades, la que se extiende hasta el Palacio de Justicia.

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