• Facebook
  • Twitter
  • Rss
Radio Progreso
Multimedia

Multimedia

Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

A casi un mes del nombramiento de las nuevas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el reto por retornar la calma al centro sigue en el punto de discusión. La necesidad de diálogo y consensos están planteados en un contexto que en cualquier momento puede volver a explotar.

Los acercamientos se han dado a medias entre estudiantes y nuevas autoridades, mientras que los procesos criminales siguen vigentes en los juzgados de Tegucigalpa y San Pedro Sula.

En el caso del centro regional del Valle de Sula, la licenciada Isbela Orellana (IO) asumió en su cargo como rectora interina, que dará paso a la construcción de nuevas autoridades académicas y estudiantiles. En este espacio de entrevista de Radio Progreso (RP) a profundidad dialogamos sobre sus planes inmediatos, decisiones respecto a los procesos criminales y también la apuesta de diálogo que se dibuja en el plano universitario.

RP. ¿Principales objetivos que tiene en este periodo de transición?

IO. Número uno, hacer la transición hacia el nuevo gobierno universitario, dos darles continuidad a todos los proyectos académicos, infraestructura, presupuesto, todo lo que ya estaba planificado.

Por otra parte, yo debo ser la facilitadora de todo lo que ya está planificado para que esto se pueda desarrollar en ese periodo de transición.

RP. ¿Qué mensaje trae para los estudiantes?

IO. El mandato ha sido claro: es lograr la gobernabilidad en la universidad, por esa razón uno de los pilares es el diálogo con todos los sectores, que los incluye a ellos ya sean organizados o no. Entonces, la relación directa con los estudiantes se debe dar a nivel de coordinadores de carrera para tener un diagnóstico de las realidades de los mismos.

Estamos con las puertas abiertas para que dialogar con los estudiantes, escuchar sus problemas y buscar salidas entre docentes y coordinadores.

RP. ¿Qué valoraciones tiene del conflicto universitario?

IO. Cada uno de nosotros tiene derechos y en el marco de eso se pueden reclamar, ese reclamo debe hacerse respetando la dignidad humana, en la educación superior no se pueden reclamar derechos irrespetando, eso es fundamental.

RP. ¿A qué se refiere con “respeto a la dignidad humana”?

IO. En esa demanda se irrespetó demasiado a las autoridades, no voy a entrar en detalle, ya los medios han publicado todo eso. 

El irrespeto fue a la normativa universitaria, pero sabemos que si se va exigir algo debe ser con respeto. Y no se pueden referir los estudiantes a la vida privada de un funcionario y peor cuando es mujer, creo que a la gente se le debe hacer valoraciones por sus actuaciones como funcionarios públicos y no personales, entonces, creo que eso se debe tener en cuenta y respetar.

Además, debemos comprender que en el caso de la población estudiantil se tiene una vida útil, entonces no podemos creer que haya estudiantes que tienen más de 10 años en la universidad, más de lo que dura un plan de estudios. Debemos procurar que se respete y ayudar a los estudiantes con respecto al plan de estudios.

RP. ¿Cómo visualiza las exigencias estudiantiles?

IO. Ellos plantearon al final el tema del gobierno universitario, hay otra parte de la crisis que eran las Normas Académicas. Yo entiendo que en el caso de las autoridades que ya han retomado el diálogo para comenzar a buscar consensos sobre las Normas Académicas.

La crisis hay que verla como una oportunidad para avanzar, ya no hay que detenernos en eso, ahora hay que concentrarnos en resolver todas las cosas que generan crisis, para no caer en una situación de ingobernabilidad, además a la gente no se le debe entorpecer la oportunidad de que su plan de estudios se cumpla en el tiempo establecido.

Es importante no generar conflictos y en la medida que las coordinaciones de carrera mantengan de cerca diálogos con los estudiantes se puede lograr.

Yo solo les pido a los estudiantes que no cierren las instalaciones sin antes acabar con un proceso de diálogo y consensos.

RP. ¿Qué hará la universidad con los procesos criminales?

IO. Hemos hablado con los abogados sobre el caso del joven Daniel Morales y ellos nos han dicho que los procesos judiciales serán vistos por el equipo legal que sabrá cómo actuar, sabemos que al más alto nivel hay intención de revisar los casos.

RP. ¿Cuándo habla de revisar quiere decir retirar los procesos criminales?

IO. No le sabría decir yo, está en manos de los abogados, ellos sabrán de qué manera solucionar el problema, pero sí hay disposición, ellos harán el análisis para saber cómo actuar al respecto. 

Nosotros sólo vamos a recibir el mandato de los abogados porque ellos son los expertos en eso, depende del cuerpo legal porque ellos deben ver caso por caso.

Además, yo debo decirle algo, Daniel Morales fue detenido en el centro, él es el único que va en este momento a audiencia preliminar.

RP. ¿Se puede repetir un desalojo con policías y militares nuevamente?

IO. Es doloroso tener que llegar a una situación de ese tipo, yo les he planteado a los estudiantes que tratemos de evitar llegar a esas instancias, no es fácil decir que yo voy a asumir esa posición, yo quisiera que no me tocará, pero hay un mandato de ley y bueno ese indica que se debe denunciar cualquier interrupción a las actividades académicas.

Pero lo más importante es que no lleguemos a eso, por eso el diálogo debe ser permanente, ellos y nosotros debemos agotar todo el proceso de conversación y así evitarnos escenarios de ese tipo.

Los estudiantes deben comprender que antes de cerrar el centro deben dialogar y nosotros estamos abiertos a eso.

RP. ¿Cómo se imagina la universidad pública?

IO. No es universidad pública solo porque lo diga un sector estudiantil, sino que es un mandato constitucional, por lo tanto, la educación es gratuita, laica, pública. Ahora, lo que los estudiantes pagan en el Plan de Arbitrios prácticamente es una contribución porque eso no cubre los gastos que tiene en realidad la universidad, sabemos que no puede ser del todo gratuita en el contexto general, pero el dinero que pagan en matricula es simbólico en realidad.

Miércoles, 18 Octubre 2017 15:51

“Veinte años no es nada…”

Así nos comparte el canto y su nostalgia. Y así recordamos hoy, veinte años después, a Carlos Escaleras. Con toda su juventud y su energía y su mirada puesta en la defensa de su gente y del entorno. Veinte años atrás un reguero de sangre se mezcló con lágrimas y angustias familiares, comunitarias y familiares. Veinte años después, seguimos en demanda de justicia junto a nombres y rostros de tanta gente que cayó, como Carlos, bajo los certeros disparos de asesinos a sueldo por orden de empresarios, políticos y mafiosos, que a fin de cuentas son la misma cosa.

 Lo dijo su hermano Eldin, el día que el Estado a través de la Procuraduría General de la República, aceptó oficialmente un arreglo amistoso con la familia, “aceptamos este arreglo amistoso, no porque haya cambiado la actitud y práctica de quienes administran el Estado. Lo aceptamos para proseguir nuestra lucha por justicia en un Estado conducido por criminales que son responsables de asesinatos de campesinos en el Aguán. Hoy estamos –dijo don Eldin Escalera delante de los rostros sorprendidos de los funcionarios del Estado—en igual situación que cuando mataron a mi hermano.”

 Veinte años y Carlos Escalera se erige como símbolo de luchador en defensa del pueblo. Es un mártir. Pero todavía más que un mártir. Es un prócer de la patria nueva, esa patria que se construye desde la soberanía que nunca tuvimos, y por la que ofrendó su vida Carlos. Por la soberanía que tiene que ver con la construcción de un nuevo poder administrado para dar vida y capacidad de decidir con libertad a la gente oprimida. Por eso Carlos Escaleras es un prócer de la patria soberana, y así lo nombraremos en esta plaza. Será en el futuro la plaza de Carlos Escalera, prócer de la soberanía nacional. Entendemos por prócer como lo que fue y es Carlos, un hombre ilustre, respetado y querido, con cualidades extraordinarias como para erigirlo como ejemplo a seguir por las nuevas generaciones.

Y así un día podremos decir que una plaza como ésta la tendremos también en otras localidades del país, porque nos ha de tocar rendir honor a los nuevos próceres, cuyas cualidades extraordinarias y su entrega por la vida del pueblo, los convierte en próceres de la nueva patria soberana que ya vamos construyendo, que la vemos venir, que se asoma, que Carlos Escaleras la anticipó con su ejemplo y su entrega.

Carlos Escaleras, gracias por tu terquedad por seguir con nosotros, gracias por agigantarte con tu ejemplo cuando a nosotros nos agobia la desolación y la pérdida de aliento. Gracias porque nos sigues diciendo, casi cantando que, para el amor y la construcción de la ternura, no basta una sola vida, necesitamos toda una eternidad, y en ella, nos dices con cariño, como cuando te reunías con nosotros a compartir tu humor y tu entrega en la lucha, que para tanto por amor por venir, “veinte años no es nada…”

Indígenas de la tribu San Francisco Locomapa en Yoro, en ejercicio de autonomía y soberanía que implican control territorial, cumplieron esta semana 17 días de haber instalado el “campamento Tolupan en defensa del territorio”, mismo que está siendo amenazado por madereros y mineros. 

Hombres y mujeres se han instalado a la orilla de la calle del centro de la aldea San Francisco Campo, para impedir que los camiones cargados de madera puedan salir de su territorio. Desde hace varios años, por su actividad de resistencia al despojo ilegal de sus bienes comunes han sido amenazados, perseguidos y asesinados. 

Su máxima expresión se vivió el 25 de agosto del 2013 cuando sicarios asesinaron a Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina, quienes participaban en una toma de carretera en búsqueda de paralizar la explotación ilegal del bosque y la minería. Este hecho lamentable se suscitó en el mismo lugar donde está instalado el campamento desde el pasado 2 de octubre, y en el cual ya han sido amenazados cuatro líderes indígenas quienes temen perder sus vidas. 

Mostrado su valentía las indígenas y los indígenas, cada día salen de sus hogares ubicados en diversas aldeas de la tribu para participar en lucha. “No pedimos dinero o favores de los políticos, sólo queremos que los recursos naturales de nuestro pueblo Tolupán, sean respetados, y en caso que sean explotados de manera responsable, los beneficios tienen que llegar a todo el pueblo Tolupán que habita el sector”, indicó la líder indígena Ángela Murillo.

Violan tratado internacional 

La Tribu indígena de San Francisco Locomapa, forma parte de las 26 tribus indígenas tolupanes asentadas en el departamento de Yoro. “Los madereros en complicidad con los gobiernos y la dirigencia de la tribu, desde hace 50 años vienen cortando de manera indiscriminada el bosque y los beneficios se quedan en los empresarios y menor proporción en cierta parte de la dirigencia indígena”, denunció Ramón Matute. 

Desde 1864, el territorio donde se encuentra la tribu de San Francisco de Locomapa cuenta con un título ancestral que reconoce a la tribu como propietaria en comunidad de siete caballerías de territorio (más de 6 mil hectáreas). Sin embargo, terratenientes en confabulación con los gobiernos han logrado acaparar las mejores tierras de las planicies y el control de la madera. 

Todas estas acciones se desarrollan violentando las disposiciones del Convenio 169 de la OIT- Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en el que señala que se debe consultar de buena fe con las comunidades indígenas, con la finalidad de llegar a acuerdos.

La región donde se encuentra ubicada la tribu cuenta con una gran riqueza de bienes naturales, destacando entre ellas las extensas plantaciones de árbol de pino, las cuales han sido históricamente profanadas para su corte, aprovechamiento y comercialización por parte de personas ajenas a la tribu, de igual forma, la abundante agua de sus ríos y los minerales de sus montañas.

La conflictividad social se recrudeció a raíz del otorgamiento de planes de manejo forestales y planes operativos anuales de explotación de madera aprobados por el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (en delante ICF) a terratenientes ladinos en territorio de la tribu. 

“En la actualidad se han otorgado el corte de 5 mil metros de madera de pino y a las comunidades no le han consultado. El acuerdo sólo lo hacen con la dirigencia de la tribu y la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXY y el ICF, a espaldas de la asamblea”, indicó el dirigente indígena José María Pineda. 

Continúan las amenazas 

“Ahora estamos amenazados a muerte; Celso Cabrera, Ramón Matute, Ángela Murillo y su servidor”, indicó José María Pineda, quien a renglón seguido dijo que las amenazas han sido por mensajes o de forma personal. 

“Es importante recordar que producto de esa conflictividad en la zona de San Francisco de Locomapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH impuso medidas cautelares para nosotros. Sin embargo, el Estado no ha reaccionado en la protección nuestra”, indicó Ramón, beneficiario de las medidas. 

El 18 de diciembre 2013 la CIDH otorgó medidas de protección a favor de 18 indígenas miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia-MADJ-, así como de sus familiares. En total se ordenó proteger a 38 personas en virtud de los actos de hostigamiento, amenazas y agresiones que han sufrido como consecuencia de sus acciones en defensa del medio ambiente.

La Tribu San Francisco, está conformada por 15 aldeas entre las que destacan: Los tolupanes del Palmar, Cabeza de Vaca Uno y Dos, San Francisco Aldea, San Francisco Campo, Las Brisas, entre otras comunidades de las cuales sus dirigentes denuncian que los sicarios reciben dinero de madereros, mineros, terratenientes para que impidan el nombramiento del nuevo Consejo de la tribu.

Dos años ha transcurrido desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte- IDH), encontró al Estado de Honduras Internacionalmente responsable por la violación de varios derechos de las comunidades garífunas Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

Sin embargo, hasta la fecha el Estado sigue incumpliendo el mandato del organismo internacional de justicia. 

Estado se lava las manos

Pese a que las comunidades siguen a la espera de la reparación por la violación del derecho a la propiedad colectiva de las tierras ancestrales que le fueron despojadas, el procurador General de la Republica Abraham Alvarenga, indicó que existe una comisión interinstitucional que avanza en cumplir las sentencias a favor de los pueblos garífunas.

Alvarenga Urbina, dijo a Radio Progreso, que el Estado de Honduras está cumpliendo con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz.

Aseguró que se ha nombrado una comisión interinstitucional que está dando seguimiento a los casos, y que si no se cumple el tiempo que da la Corte, analizan pedir como Estado una prórroga.

Agregó que están asignado los recursos para delimitar el territorio y pagar las indemnizaciones a las comunidades.

Comunidades desmienten al Estado

A criterio de Teresa Reyes, secretaria del Comité de Defensa de tierras en la comunidad Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida el Estado se ha encargado de dar largas al cumplimiento, poniendo excusas, demostrando el poco interés y voluntad en el tema.

La lideresa asegura que el Estado conformo una mesa interinstitucional hace varios meses, en donde se construyó un cronograma de trabajo que estaba programado para cumplirse a mitad del año 2017, pero ya pasó el tiempo acordado y los representantes del Estado no han regresado a visitar la comunidad para implementar los acuerdos.

“La programación indica que en Julio se tendría que haber cumplido la sentencia, pero el Estado únicamente ha estado jugando con nuestras comunidades”, dijo Reyes. 

Recientemente, los pobladores y pobladoras de la comunidad Triunfo de la Cruz realizaron una toma de carretera en el sector conocido como “El Boquete”, para presionar al Estado en el cumplimiento de la sentencia internacional. Las comunidades aseguran que arreciarán las medidas de presión hasta lograr una respuesta satisfactoria del Estado.

La sentencia de la Corte-IDH ratifica la violación del derecho a la propiedad colectiva, establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por el incumplimiento de delimitar y demarcar las aproximadamente 380 hectáreas de territorio que le habían sido conferidas a la Comunidad del Triunfo de la Cruz, en calidad de título ejidal en el año 1950 y en dominio pleno en 1993. 

El caso de Punta Piedra en el departamento de Colón, se remonta a una invasión promovida por un militar en el año de 1992, sin que dos décadas después exista interés alguno por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios.

Hasta la fecha no se ha dado ninguna diligencia del Estado en relación a la demarcación de los territorios de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, y mucho menos efectuar el saneamiento territorial, siendo este el punto crucial para las víctimas.

Ambos casos ponen en discusión la forma en que los proyectos turísticos o habitacionales se instalan en las comunidades sin consultar a las mismas, violando el derecho internacional a la Consulta Previa, Libre e Informada.

Página 1 de 278

Suscríbase a nuestro boletín informativo

Opiniones

HomeShortCodesDividerMelissa Cardoza Top of Page

Aléf | Sección Cultural

Con ojos de Mujer