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Radio Progreso
Joaquín Mejía

Joaquín Mejía

Doctor en Derechos Humanos, investigador del ERIC-SJ y del IUDPAS-UNAH.

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El 20 de diciembre de 1907 los 5 Estados centroamericanos -Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica- adoptaron una Convención Adicional al Tratado General de Paz y Amistad con el fin de continuar con las buenas relaciones entre ellos y establecer las más sólidas bases para la existencia de un escenario de paz en el istmo . En virtud de ello, los Estados centroamericanos se comprometieron a cumplir dos principios fundamentales para el fortalecimiento y la defensa común de la consolidación democrática en la región.

En primer lugar, considerar una amenaza para la paz regional todo acto, disposición o medida que altere el orden democrático, ya sea que proceda de algún poder público o de particulares, y no reconocer a gobiernos de ninguna de las 5 repúblicas que surjan de un golpe de Estado (art. I); y en segundo lugar, realizar reformas constitucionales para prohibir la reelección del Presidente de la República, donde tal prohibición no exista, y adoptar “todas las disposiciones necesarias para rodear de completa garantía el principio de alternabilidad en el poder” (art. III). 

A la luz de lo anterior y debido al largo periodo de gobiernos autoritarios y golpes de Estado que provocaron una profunda inestabilidad política, la proscripción de la reelección se constituyó en un elemento esencial de nuestra forma de gobierno, a tal punto que fue establecida en una cláusula pétrea en nuestra Constitución nacional con el fin de blindarla y evitar que fuera modificada incluso por el procedimiento especial que requeriría el voto de 86 diputados y diputadas, y su ratificación en la subsiguiente legislatura.

El presente artículo tiene el objetivo de analizar la permisión de la reelección presidencial a la luz de las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la teoría democrática del poder constituyente y el derecho constitucional, y desmontar los argumentos de su presunta legalidad basados en la simple idea de que es legal porque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió que era legal, lo cual ignora que en las democracias modernas no es suficiente valorar la validez de los actos y omisiones de los poderes públicos únicamente desde la legalidad, sino también desde la legitimidad.

LA REELECCIÓN A LA LUZ DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Las normas deben adaptarse a los cambios políticos y sociales, y los Estados tienen un margen para establecer el ejercicio de los derechos políticos conforme a los estándares universalmente aceptados. En este sentido, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha señalado que los derechos políticos tienen dos aspectos claramente identificables. 

Por un lado, el derecho al ejercicio directo del poder y por otro, el derecho a elegir a quienes deben ejercerlo. Ambos aspectos suponen una concepción amplia de la democracia representativa que descansa en la soberanía del pueblo, en la que las funciones a través de las cuales se ejerce el poder público son desempeñadas por personas escogidas en elecciones libres y auténticas . 

Estos aspectos están íntimamente ligados entre sí y representan la expresión de las dimensiones individual y social de la participación política. La primera supone que las ciudadanas y ciudadanos pueden postularse como candidatos en condiciones de igualdad, y que pueden ocupar cargos públicos si logran obtener la necesaria cantidad de votos; y la segunda implica que pueden elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes les representarán . 

Formar parte del gobierno y participar en elecciones genuinas, libres y mediante el voto secreto, es un derecho fundamental para la salvaguardia de todos los derechos humanos, dado que sólo un gobierno derivado de la legítima voluntad popular, expresada en elecciones libres, puede proporcionar la más sólida garantía de que los derechos humanos sean respetados . Dado que los derechos políticos son elementos esenciales de la democracia, los Estados tienen la obligación de garantizar la organización de todos los partidos políticos y otras asociaciones, el debate libre de los principales temas de interés, y la realización de elecciones generales, libres y garantes de la voluntad popular .

La realización de las elecciones debe caracterizarse por su autenticidad, su periodicidad y su universalidad. La autenticidad está relacionada con la necesidad de que exista una correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección. En sentido negativo implica que no existan interferencias que distorsionen la voluntad popular. Para determinar la autenticidad de un proceso electoral es necesario analizar las condiciones generales en que dicho proceso se desarrolla, es decir, las condiciones para la participación política, tales como ausencia de coerciones directas o de ventajas indebidas para uno u varios sectores y de un ambiente de temor e inseguridad; y las condiciones específicas relativas a la organización del proceso electoral y a la realización de la votación misma, es decir, las condiciones concretas en las cuales los derechos electorales puedan ser eficaces, tales como la ausencia de obstáculos normativos y fácticos sobre organización de partidos políticos, desarrollo de campañas electorales y todo aquello relacionado con la emisión del voto .

La periodicidad tiene que ver con la necesidad de escrutinio popular sobre el desempeño de las autoridades y debe vincularse con la prohibición de la perpetuación en el poder o el ejercicio de éste sin plazo determinado. La universalidad implica que las elecciones deben ser realizadas por sufragio universal, a través del cual se tiende a asegurar la participación política de todas las personas facultadas para hacerlo, teniendo en cuenta que es posible establecer ciertas limitaciones o exclusiones, tales como las mencionadas en el numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal . 

No obstante, hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH) en su sentencia sobre el caso Castañeda Gutman concluyó que “no es posible aplicar al sistema electoral que se establezca en un Estado solamente las limitaciones del párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana” . En otras palabras, el derecho a ser elegido puede ser limitado por razones distintas a las ya mencionadas en dicha disposición, siempre y cuando no implique una restricción indebida a los derechos políticos .

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la inaplicabilidad del artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial argumentando que restringe, disminuye y tergiversa los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos como la Convención Americana. Sin embargo, la pregunta que la Sala debía responder no era si la Convención Americana limita o permite por sí misma y de manera expresa un supuesto derecho a la reelección, sino si este instrumento interamericano admite restricciones a los derechos contenidos en él, entre ellos, el de ser reelegido. Para admitir una restricción al derecho a ser elegido mediante la prohibición de la reelección, se requiere la aplicación de un “test tripartito” que analice su legalidad, su finalidad y su necesidad en una sociedad democrática, y su proporcionalidad .

De esta manera, para que la prohibición de la reelección sea admisible y no se preste para una aplicación abusiva, es necesario que (a) esté definida en forma precisa y clara a través de una ley en el sentido formal y material . Por tanto, no se pueden restringir derechos mediante decretos ejecutivos, reglamentos o actos administrativos de otra índole; (b) esté orientada al logro de objetivos imperiosos y de finalidades generales legítimas como los derechos y libertades de las demás personas o las justas exigencias del bien común ; y (c) sea necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines que se buscan, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr. En otras palabras, que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos restrictivo .

La Corte IDH ha señalado que la palabra “necesarias”, sin ser sinónimas de “indispensables”, “implica la existencia de una ‘necesidad social imperiosa’ y que para que una restricción sea ‘necesaria’ no es suficiente demostrar que sea ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’”. De esta manera, la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones al “derecho a ser reelegido” dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, lo que significa que la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo que se presume legítimo .

La Convención Americana no impone un sistema electoral determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y ser electo. Las normas interamericanas establecen lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permiten a los Estados que dentro de esos parámetros regulen tales derechos de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad, en distintos momentos históricos . 

A la luz de todo lo anterior es posible sostener que la prohibición de la reelección aprueba sin problemas este “test tripartito” y, por tanto, no es comprensible en qué se basa realmente la Sala de lo Constitucional para decretar que la prohibición de la reelección es incompatible con el artículo 23 de la Convención Americana si, de acuerdo con las interpretaciones y jurisprudencia de sus dos órganos facultados para ello -la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte IDH-, las normas interamericanas no imponen un sistema electoral concreto y deja a los Estados la discrecionalidad de establecer otras limitaciones distintas a las contenidas en el párrafo 2 del citado artículo 23 . 

Nuestra reciente historia de autoritarismo, ingobernabilidad y violencia política, hizo de la prohibición de la reelección una garantía legítima frente al despotismo. Sin embargo, no se puede ignorar que las normas deben adecuarse a los cambios políticos y sociales que experimenta una sociedad, y que cada Estado goza de soberanía para configurar los derechos políticos conforme a diversas causas sociales e históricas, y bajo ciertos principios universalmente aceptables. En este sentido, bajo el prisma de la Convención Americana un Estado podría permitir o prohibir la reelección sin incurrir en una restricción indebida al derecho a ser electo.

En consecuencia, la prohibición o no de la reelección no es el problema de fondo, la cuestión es que es un asunto que debe ser debatido en un amplio espacio democrático de participación directa, ya que su modificación o eliminación fue reservada por la Constitución exclusivamente al poder constituyente, es decir, al pueblo hondureño, el único sujeto político legítimamente facultado para reformar aquellos principios incluidos en cláusulas pétreas por ser considerados fundamentales.

 

PROHIBICIÓN DE REELECCIÓN, CLÁUSULAS PÉTREAS Y PODER CONSTITUYENTE

La Constitución hondureña tiene las características de una norma fundamental rígida, ya que (a) es escrita, (b) está protegida o garantizada contra la legislación ordinaria, en el sentido de que las normas constitucionales no pueden ser derogadas o modificadas si no es mediante un procedimiento especial de revisión constitucional mucho más complejo que el procedimiento de formación de leyes y (c) contiene principios constitucionales que no pueden ser modificados en modo alguno. Estos principios están contenidos en cláusulas pétreas que, de acuerdo con el artículo 374 constitucional, no pueden ser modificadas en ningún caso.

Uno de los principios establecidos en las cláusulas pétreas es la prohibición de la reelección presidencial (art. 239), no obstante, dichas cláusulas no están dirigidas al poder constituyente que es soberano, sino a los poderes constituidos, quienes en el ejercicio de sus facultades de reforma parcial de la Constitución pueden modificar cualquiera de sus disposiciones, menos las consagradas en tales artículos. Por tanto, las cláusulas pétreas operan contra los poderes constituidos y no contra el pueblo en el ejercicio del poder constituyente, ya que es el titular de la soberanía, como lo estable el artículo 2 de la Constitución de la República, y el único facultado para realizar este tipo de reformas.

Por esta razón, la propia Sala de lo Constitucional reconoció en su sentencia que “no tiene la atribución de reformar la Constitución”  y por tanto, aunque no tuvo la rigurosidad técnica de plantearlo expresamente, nadie puede ignorar que la prohibición de la reelección está contenida en un artículo pétreo que ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema de Justicia pueden derogar o modificar. La razón es simple, tales instituciones son poderes constituidos que emanan de la soberanía popular y no tienen la facultad de reformar las cláusulas pétreas que operan contra ellos para evitar que se transformen en poder constituyente.

La inclusión de la prohibición de la reelección en una cláusula pétrea refleja que es uno de los principios supremos y sustanciales de nuestra Constitución que por su importancia fueron sustraídos de la competencia y la facultad reformadora de los poderes constituidos. En ese contexto, es importante resaltar que una Constitución es algo más que una mera norma, pues también es el diseño de cómo idealmente tendría que funcionar una sociedad , y quienes elaboraron dicho diseño ordenaron jurídicamente el ejercicio del poder estatal y limitaron a los poderes constituidos para que no pudieran modificar esos principios supremos, entre ellos, la prohibición de la reelección. 

Por ello es que una Constitución supone ante todo un poder constituyente, sin el cual no puede haber Constitución; en otras palabras, sin el consentimiento expreso del pueblo no puede haber Constitución, sino un gobierno de facto. Así como sin poder constituyente no hay Constitución, sin soberanía no hay poder constituyente, el cual “es el instrumento a través del cual se hace realidad una determinada concepción de la soberanía. Porque la nación es soberana por lo que dispone el Poder Constituyente y no a la inversa. Esto es el significado de esa indisoluble asociación entre el pueblo y la soberanía o, dicho de otra manera, la idea de que la soberanía reside en el pueblo” .

En consecuencia, es absolutamente ilegal e ilegítimo que dos poderes constituidos, es decir, la Sala de lo Constitucional con sus 5 magistrados y magistradas, y el Congreso Nacional con los 55 diputados y diputadas que votaron en contra del plebiscito para consultarle al pueblo hondureño sobre la reelección, puedan reformar la cláusula pétrea que la prohíbe. Dicho de otro modo, la Sala de lo Constitucional asumió facultades que le corresponden al poder constituyente, se convirtió temporalmente en poder originario y usurpó sus funciones declarando inaplicable un artículo pétreo. Del mismo modo, la intención del Congreso Nacional de interpretar la sentencia para reglamentar la reelección implica atribuirse facultades judiciales y vulnerar el principio de separación de poderes . 

Indudablemente, estos actos implican suplantar la soberanía popular que reside en los más de 4 millones de hondureñas y hondureños habilitados para votar, y que son los únicos legitimados como titulares del poder constituyente para decidir sobre los aspectos fundamentales de nuestro sistema político, y vulneran la legitimidad de la Constitución que se basa en el “acuerdo en torno a su contenido, o al menos al respeto del mismo” . 

A la luz de lo anterior, la reelección no puede considerarse legal ni legítima porque su prohibición está contenida en un artículo pétreo que actúa contra los poderes constituidos y cuya reforma únicamente corresponde al pueblo como poder constituyente . Por tanto, mientras el pueblo hondureño no se manifieste al respecto, la reelección no está revestida de validez democrática y, consecuentemente, las intenciones de Juan Orlando Hernández de optar nuevamente a la presidencia y la inscripción de su candidatura constituyen un delito de traición a la patria por suplantación de la soberanía popular, tal como lo estable el artículo 2 constitucional.

REELECCIÓN Y ALTERNABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

El segundo párrafo del artículo 4 de la Constitución establece que “[l]a alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria”. De acuerdo con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la alternabilidad “procura que exista una rotación en el poder”  y según el Diccionario de Derecho Constitucional emitido por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la alternabilidad implica que “las personas deben turnarse sucesivamente en los cargos, o que los cargos deben desempeñarse por turnos” .

En otras palabras y en caso que aceptáramos la permisión de la reelección únicamente si así lo decidiera el titular del poder constituyente, el principio de alternabilidad obliga a que la persona titular de la Presidencia de la República cambie periódicamente y prohíbe a quien ostenta actualmente ese cargo, ejercerlo por otro período consecutivo sin mediar el intervalo de un período. En palabras del Dr. Edmundo Orellana, “por este principio no podría admitirse la reelección sucesiva o continua, aunque no sea prohibida la reelección” .

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en ningún momento declaró inaplicable la totalidad del artículo 4 constitucional, solamente su último párrafo que establece que su infracción constituye delito de traición a la patria, y en consecuencia, siguiendo al Dr. Orellana, “[a]unque aceptáramos el absurdo de que la sentencia de marras es legal, tendríamos que convenir, entonces, que el único que no puede postularse como candidato a Presidente, es el actual Presidente, porque se lo impide el principio de la ‘alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia’” . En otras palabras, el señor Juan Orlando Hernández no debió inscribirse como candidato a la presidencia pues tiene que esperar al menos a que pase un período presidencial .

La decisión del Tribunal Supremo Electoral de inscribir la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández violenta abiertamente la Constitución y todos los responsables incurren en los delitos de traición a la patria por suplantación de la soberanía popular y de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir de oficio, de acuerdo con el artículo 25 del Código Procesal Penal. 

EL PAPEL DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA FRENTE A LA REELECCIÓN

La reelección del presidente Juan Orlando Hernández no es un simple capricho personal que surgió a último momento. Es parte de un plan bien orquestado que se fraguó desde que se convirtió en presidente del Congreso Nacional en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, surgido de unas cuestionadas elecciones organizadas por el gobierno de facto que asumió el poder después del golpe de Estado en 2009.

Uno de los puntos centrales de dicho plan ha sido asegurar el control absoluto de las instituciones democráticas y exaltar su figura personal desde una lógica mesiánica que proyecta al presidente Hernández como el único hombre capaz de manejar con mano dura las riendas del país. Para ello, él y sus partidarios han logrado concentrar el poder en su persona pero guardando las apariencias formales de la democracia representativa.

Así, en la madrugada del 12 de diciembre de 2012, Juan Orlando Hernández, siendo presidente del Congreso Nacional, y su partido se basaron en acusaciones vagas de vinculación con el crimen organizado para destituir ilegalmente a cuatro magistrados y magistradas de la anterior Sala de lo Constitucional, que había declarado inconstitucional uno de sus proyectos estrella, la “Ley de las Ciudades Modelo”, y en el mismo acto nombraron a cuatro nuevos magistrados y magistradas afines que posteriormente revirtieron esa decisión. El Congreso Nacional no tenía la competencia para ejecutar esta destitución y aprovechando la mayoría técnica violó abiertamente los principios de separación de poderes y de independencia judicial.

El único magistrado sobreviviente a las destituciones fue Óscar Chinchilla, quien fue el único que votó a favor de la constitucionalidad de dicho proyecto, y ocho meses después fue nombrado Fiscal General del Estado por el parlamento anterior en una cuestionada elección debido a que en el proceso de preselección había sido descartado por la Junta Nominadora y a que conforme a la Constitución debía ser elegido por el congreso actual .

Bajo esta misma lógica de control de instituciones claves, se eligió al nuevo Procurador General del Estado, Abraham Alvarenga , y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, se integró el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, cuya ley de creación fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional actual, provocando que sus funciones se concentren en la figura del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, hombre cercano al presidente Hernández.

La elección de la actual Corte Suprema de Justicia que quedó integrada por 8 magistrados y magistradas afines al Partido Nacional, y 7 al Partido Liberal, también se enmarca dentro de esa misma lógica y, además, en la primacía de criterios políticos sobre la meritocracia, evitando así la existencia de un Poder Judicial independiente y profesional que luche frontalmente contra la corrupción y la impunidad. A su vez, se activó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que más que un órgano de coordinación entre los poderes del Estado, tiene todas las características de un supra gobierno presidido por el Presidente de la República.  

Las Fuerzas Armadas tampoco han escapado de tal control, ya que el presidente Hernández ha logrado colocar a familiares, amigos y ex compañeros del Liceo Militar del Norte en puestos claves, tales como, la Universidad de Defensa, el Estado Mayor Presidencial, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, las Fuerzas Especiales, la Fuerza Aérea Hondureña y la comandancia general del Ejército . Y para cerrar el círculo, se creó la Policía Militar de Orden Público que además de otorgarle las mismas facultades de la Policía Nacional, mediante una reforma a su ley constitutiva en el año 2003, se le asignó todas aquellas funciones y acciones que le ordene el Presidente de la República. 

Lo anterior nos muestra cómo el presidente Hernández ha consolidado una inmensa de red de favores y controles para colocar al frente de la institucionalidad a fieles partidarios que no entorpecerán sus planes continuistas aunque para ello se cometan aberraciones jurídicas inimaginables en un Estado de derecho y que representan un nuevo golpe a la frágil democracia hondureña. Por ello es que toda la institucionalidad del Estado defiende la supuesta legalidad de la reelección y con una pobreza argumentativa impresionante se limitan a señalar que la reelección es legal porque hay una sentencia que dice que es legal. 

De esta manera, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inaplicable el artículo pétreo que contiene la prohibición de la reelección, el Congreso Nacional rechazó la petición de convocar a un plebiscito para consultar al poder constituyente si está de acuerdo o no con la reelección, el Tribunal Supremo Electoral inscribió la candidatura del señor Hernández y las Fuerzas Armadas se declararon “respetuosas” de estas decisiones pese a que el artículo 272 constitucional les ordena garantizar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.

Finalmente, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos solicitó al Congreso Nacional derogar los artículos constitucionales que prohíben la reelección a pesar de su ilegalidad e ilegitimidad , y el Ministerio Público sigue guardando un silencio sepulcral pese a su obligación de iniciar investigaciones de oficio por suplantación de la soberanía popular y la transgresión del principio de alternabilidad . El irrespeto hacia la ciudadanía es tal que ninguno de los titulares de las instituciones mencionadas son capaces de hilvanar justificaciones éticas y jurídicas congruentes para sostener semejante ilicitud e intentan lavarse las manos con el lacónico argumento de que la reelección es legal porque supuestamente lo dice una sentencia y que es cosa juzgada.

CONCLUSIÓN

Sustentar la supuesta legalidad y legitimidad de la reelección del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se enfrenta a importantes obstáculos para encontrar argumentos democráticos sólidos que permitan negar que su candidatura representa una nueva ruptura del orden constitucional. En el año 2009, quienes ahora defienden con dogmatismo la reelección presidencial, dieron un golpe de Estado por considerarla ilegal, con nefastas consecuencias para la institucionalidad republicana y los derechos humanos. Y lo más grave es que han usurpado al soberano su facultad constituyente de modificar o no el artículo pétreo que la prohíbe, y se colocan por encima de la Constitución nacional para ignorar la obligatoriedad del principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Indudablemente nos encontramos frente a un tercer rompimiento del orden constitucional ejecutado en los últimos 8 años, el cual no puede comprenderse sin el contexto de subordinación absoluta de las instituciones democráticas al Poder Ejecutivo. Los tres están intrínsecamente conectados y no se pueden explicar los unos sin los otros; el primero fue en el 2009 cuando se dio el golpe de Estado al ex presidente Manuel Zelaya Rosales; y el segundo fue en diciembre de 2012 cuando el Congreso Nacional destituyó ilegalmente a 4 de los 5 magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional, y que paradójicamente es la misma Sala que jugó un papel legitimador de las violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno de facto .

Creo que a estas alturas me quedé corto cuando hace unos meses señalé que la consolidación del despotismo en el país era aún una amenaza a la funcionalidad y esencia de la democracia , pues realmente nos encontramos ante un momento histórico plagado de autoritarismos en donde solo una ciudadanía activa, pensante, crítica y consciente de sus derechos, podrá detener “la dulce dictadura” que desde el 2009 comenzó a instaurarse y que a todas luces se va convirtiendo en una dictadura en toda su crudeza, a vista y paciencia de la llamada “comunidad” internacional que se empeña en continuar financiando reformas normativas e institucionales con los mismos actores que hasta el momento han impedido el logro de resultados tangibles que se traduzcan en una verdadera democratización del país .

Una de las más claras expresiones de las tendencias autoritarias que se está profundizado en un gran número de países de nuestra región, es la respuesta de las autoridades públicas frente a las manifestaciones pacíficas, la cual se caracteriza por (a) el uso arbitrario y excesivo de la fuerza por parte de policías y militares; (b) excesos e inexistencia de control respecto al uso de la fuerza letal y no letal con el objetivo de castigar a quienes participan en las manifestaciones; (c) la inobservancia de los criterios de proporcionalidad, oportunidad, necesidad y legitimidad en el uso de la fuerza; y (d) la persecución penal de las personas manifestantes encasillando sus conductas dentro de tipos penales que no cumplen con los principios más básicos del derecho penal liberal.


En particular, la disolución de manifestaciones pacíficas mediante el uso excesivo de la fuerza es una violación a los derechos humanos que se agrava con la impunidad que el sistema de justicia le brinda a los policías y militares que atentan contra un derecho tan fundamental para la vida democrática, y que fomenta la repetición de los hechos, envía un mensaje intimidatorio a las víctimas que quedan en total indefensión y alienta a los policías y militares a actuar como criminales con uniforme, violentando la dignidad humana a la que tienen el deber de proteger.


En relación con los militares, conocemos perfectamente que su intervención y participación en la vida pública tiene graves implicaciones para nuestras democracias. La década de los 70, 80, el golpe de Estado de 2009 en Honduras y la mal llamada “Guerra contra el narcotráfico” en México, son memoria viva y heridas abiertas que nos recuerdan que la estrategia de involucrar a los militares en la represión de la violencia y la criminalidad supone peligrosos riesgos para la democracia y los derechos humanos.


Los militares son formados para asegurar la supervivencia del Estado, la integridad del territorio y la vida de la población frente a un enemigo externo, y en ese contexto cumplirán sus funciones mediante el uso de una violencia mucho más intensa y letal. Es evidente que los miembros de las Fuerzas Armadas carecen del entrenamiento adecuado para abordar la protesta social y cualquier otra función que le competa a una policía civil; y no es suficiente que reciban un curso de unos cuantos meses para cambiar la lógica militar del combatiente que tiene la misión de acabar con el enemigo, por la lógica de proteger y garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía.


Con respecto a muchas Policías civiles de la región, pareciera que han desnaturalizado su función de velar por la conservación del orden público y lo han convertido en el mantenimiento de los privilegios de una clase política y económica que de forma permanente atenta contra la dignidad de la población. En términos democráticos, da vergüenza cómo los encargados de servir y proteger a la ciudadanía, se arman hasta los dientes y actúan como criminales frente a la población indefensa que en el ejercicio de sus derechos constitucionales se manifiesta pacíficamente contra el ejercicio abusivo o negligente del poder.


Por ello es fundamental resaltar que las acciones represivas en las protestas sociales pacíficas colocan en grave riesgo los derechos a la vida y a la integridad personal, frente a los cuales el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no sean transgredidos, pues ambos son derechos que no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia a la luz del artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


Como nadie puede argumentar ignorancia de la ley, es injustificable que policías y militares no conozcan que de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Honduras, su verdadera obligación es tomar las medidas conducentes a facilitar el ejercicio del derecho a la manifestación pública y pacífica sin entorpecer de manera significativa el desarrollo de las actividades cotidianas del resto de personas. Es imperdonable que este tipo de funcionarios ignore que el derecho a la libertad de expresión reviste un interés social imperativo y que no se puede invocar el “orden público” como justificación para limitar la libertad de expresión de las personas manifestantes si no existe una amenaza cierta y verificable de disturbios graves que pudiera significar un riesgo para la vida, la integridad y la libertad de las personas.


En este orden de ideas, es necesario recordarle a policías, militares, fiscales y jueces que de acuerdo con el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley, la obligación más importante de un agente de la fuerza pública es respetar y proteger la dignidad humana, y defender los derechos humanos de todas las personas, y en este sentido, el uso de la fuerza debe ser excepcional en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla.


En este contexto, es imperativo analizar de manera general los límites y principios que deben ser observados por las fuerzas policiales y militares al momento de abordar manifestaciones públicas que se realizan en el marco constitucional del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y sus derechos conexos, tales como el derecho de manifestación pública y pacífica, y el derecho de reunión. Previamente, debemos dejar establecido varias premisas que son ignoradas intencionalmente por las autoridades públicas y que están contenidas en varias resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas :


La participación en manifestaciones pacíficas es una forma importante de ejercer el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos. Por ello, el Estado debe promover un entorno seguro y propicio para que las personas puedan ejercer estos derechos y facilitarles el acceso a espacios públicos y protegerlas, donde sea necesario, contra cualquier forma de amenaza.


Las manifestaciones pacíficas contribuyen al pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y por tanto, toda persona tiene derecho a expresar sus quejas o aspiraciones de manera pacífica, entre otras cosas, mediante manifestaciones públicas, sin temor a ser lesionada, golpeada, detenida y recluida de manera arbitraria, torturada, asesinada u objeto de desaparición forzada. En este sentido, el Estado tiene la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos e impedir su vulneración.


Las manifestaciones pacíficas no deben considerarse una amenaza y, por consiguiente, el Estado debe entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero al afrontarlas, así como sus causas. Las autoridades públicas deben reconocer que los defensores y defensoras de derechos humanos pueden desempeñar un papel útil a la hora de facilitar el diálogo entre los participantes en manifestaciones pacíficas y ellas, y que los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la documentación de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el contexto de las manifestaciones pacíficas.


Las autoridades competentes deben abordar la gestión de la protesta social con el objetivo de contribuir a su pacífica celebración, prevenir muertes o lesiones entre los manifestantes, los transeúntes, los responsables de supervisar las manifestaciones y los funcionarios de las fuerzas de seguridad pública, y evitar cualquier tipo de abuso a los derechos humanos.


A la luz de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en su jurisprudencia que (a) el Estado tiene la facultad e incluso, la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público; (b) sin embargo, el uso de la fuerza debe ser excepcional y solo podrá usarse cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control; y (c) el uso de la fuerza letal y las armas de fuego se ubica en un mayor grado de excepcionalidad y debe estar prohibido como regla general. Por tanto, su uso excepcional debe estar formulado por ley “y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el ‘absolutamente necesario’ en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler” .


En virtud de la jurisprudencia interamericana, existen 4 criterios que determinan el uso legítimo de la fuerza por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado : En primer lugar, el uso de la fuerza debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades; en este orden de ideas, debe estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad. Los agentes estatales deben distinguir entre las personas que, por sus acciones, constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas personas que no representan esa amenaza, y usar la fuerza sólo contra las primeras.


Por tanto, prima facie el Estado tiene la obligación de evitar, en la medida de lo posible, el uso de la fuerza en manifestaciones pacíficas y en los casos en que dicho uso sea absolutamente necesario, asegurar que nadie sea objeto de su utilización excesiva o indiscriminada. De esta manera, el uso de la fuerza solo es  permisible cuando los medios no violentos sean ineficaces, no obstante, de acuerdo con el principio 5 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (Principios de La Habana):


Se ejercerá con moderación y se actuará en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga.
Se reducirá al mínimo los daños y lesiones, y se respetará y protegerá la vida humana.
Se procederá de modo que se preste lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas.
Se procurará notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.


Incluso en las manifestaciones ilícitas pero no violentas, los policías y militares deben evitar el empleo de la fuerza o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario. De la misma manera, cuando se trate de manifestaciones violentas, estos agentes estatales se abstendrán de emplear las armas de fuego salvo cuando resulte insuficiente la utilización de medidas menos extremas y peligrosas en circunstancias tales como defensa propia o de otras personas, peligro inminente de muerte o lesiones graves, evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a la autoridad, o impedir su fuga. Como lo señala el principio 9 de los citados principios, “sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.


En segundo lugar, deben existir normas que establezcan pautas lo suficientemente claras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de policías y militares, “así como para asegurar un control independiente acerca de la legalidad de la misma”. No se debe perder de vista que “la fuerza letal solo puede usarse como protección contra amenazas inminentes a la vida y que su uso no es admisible para la mera disolución de una manifestación”. En este sentido, el Estado está obligado a poner a disposición de policías y militares equipos de protección y armas no letales, a desalentar el uso de la fuerza letal durante las manifestaciones pacíficas, y reglamentar el uso de armas no letales y establecer protocolos para su uso.


En tercer lugar, el Estado tiene la obligación de asegurar que el personal policial y militar reciba una formación adecuada sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, y sobre los límites a los que deben estar sometidos en toda circunstancia en relación con el uso de la fuerza y las armas. En este sentido, el Estado debe adecuar los planes operativos tendientes a abordar las manifestaciones públicas, a las exigencias del respeto y protección de los derechos humanos, y adoptar las medidas orientadas a controlar la actuación policial y militar para evitar que se produzcan excesos.  Es importante resaltar que cuando sea necesario emplear medios físicos para enfrentar situaciones de perturbación del orden público, los agentes policiales y militares “utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada, y con respeto a los derechos a la vida y a la integridad personal” .


Y en cuarto lugar, la obligación de garantizar los derechos humanos implica el deber de investigar los casos de violaciones al derecho que debe ser amparado, protegido o garantizado. En casos de uso de la fuerza, una vez que se tenga conocimiento de que un agente estatal ha hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, el Estado está obligado a iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva.


En una sociedad democrática, es una necesidad imperiosa la plena rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el contexto de manifestaciones pacíficas; por ello, el Estado debe investigar cualquier abuso cometido durante las manifestaciones y velar para que las víctimas puedan acceder a un recurso rápido y sencillo, y ser reparadas.


En conclusión, el uso de la fuerza para disolver una manifestación pública se convierte en ilegítimo e irracional cuando se utiliza como sanción y castigo, y no para lograr fines legítimos, tales como la salvaguarda de los derechos de las personas y la preservación de las libertades y el orden público, el cual no puede ser invocado para suprimir o desnaturalizar derechos, sino que debe ser interpretado de acuerdo a lo que demanda una sociedad democrática, es decir, el máximo nivel de ejercicio del derecho a la libertad de expresión .


Ello obliga a las autoridades públicas, a la luz del principio 20 de los Principios de La Habana, a prestar especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, y “a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a los medios técnicos destinados a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego”.

El 20 de diciembre de 1907 los 5 Estados centroamericanos -Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica- adoptaron una Convención Adicional al Tratado General de Paz y Amistad con el fin de continuar con las buenas relaciones entre ellos y establecer las más sólidas bases para la existencia de un escenario de paz en el istmo. En virtud de ello, los Estados centroamericanos se comprometieron a cumplir 3 principios fundamentales para el fortalecimiento y la defensa común de la consolidación democrática en la región.

En primer lugar, considerar una amenaza para la paz regional todo acto, disposición o medida que altere el orden democrático, ya sea que proceda de algún poder público o de particulares, y no reconocer a gobiernos de ninguna de las 5 repúblicas que surjan de un golpe de Estado. En segundo lugar, inhabilitar para las altas magistraturas del Estado a los líderes de una ruptura del orden constitucional. Y en tercer lugar, prohibir la reelección del Presidente de la República y adoptar todas las medidas necesarias para rodear de completa garantía el principio de alternabilidad en el poder.

A la luz de lo anterior y debido al largo periodo de gobiernos autoritarios y golpes de Estado que provocaron una profunda inestabilidad política, la proscripción de la reelección se constituyó en un elemento esencial de nuestra forma de gobierno, a tal punto que fue establecida en una cláusula pétrea en nuestra Constitución nacional con el fin de blindarla y evitar que fuera modificada incluso por el procedimiento especial que requeriría el voto de 86 diputados y diputadas, y su ratificación en la subsiguiente legislatura.

La reelección a la luz de las normas interamericanas

Las normas deben adaptarse a los cambios políticos y sociales, y los Estados tienen un margen para establecer el ejercicio de los derechos políticos conforme a los estándares universalmente aceptados. En este sentido, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha señalado que los derechos políticos tienen dos aspectos claramente identificables.

Por un lado, el derecho al ejercicio directo del poder y por otro, el derecho a elegir a quienes deben ejercerlo. Ambos aspectos suponen una concepción amplia de la democracia representativa que descansa en la soberanía del pueblo, en la que las funciones a través de las cuales se ejerce el poder público son desempeñadas por personas escogidas en elecciones libres y auténticas.

Estos aspectos están íntimamente ligados entre sí y representan la expresión de las dimensiones individual y social de la participación política. La primera supone que las ciudadanas y ciudadanos pueden postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que pueden ocupar cargos públicos si logran obtener la necesaria cantidad de votos; y la segunda implica que pueden elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes les representarán.

Formar parte del gobierno y participar en elecciones genuinas, libres y mediante el voto secreto, es un derecho fundamental para la salvaguardia de todos los derechos humanos, dado que sólo un gobierno derivado de la legítima voluntad popular, expresada en elecciones libres, puede proporcionar la más sólida garantía de que los derechos humanos sean respetados . Dado que los derechos políticos son elementos esenciales de la democracia, los Estados tienen la obligación de garantizar la organización de todos los partidos políticos y otras asociaciones, el debate libre de los principales temas de interés, y la realización de elecciones generales, libres y garantes de la voluntad popular.

La realización de las elecciones debe caracterizarse por su autenticidad, su periodicidad y su universalidad. La autenticidad está relacionada con la necesidad de que exista una correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección. En sentido negativo implica que no existan interferencias que distorsionen la voluntad popular. Para determinar la autenticidad de un proceso electoral es necesario analizar las condiciones generales en que dicho proceso se desarrolla, es decir, las condiciones para la participación política, ausencia de coerciones directas o de ventajas indebidas para uno u varios sectores y de un ambiente de temor e inseguridad; y las condiciones específicas relativas a la organización del proceso electoral y a la realización de la votación misma, es decir, las condiciones concretas en las cuales los derechos electorales puedan ser eficaces, tales como la ausencia de obstáculos normativos y fácticos sobre organización de partidos políticos, desarrollo de campañas electorales y todo aquello relacionado con la emisión del voto.

La periodicidad tiene que ver con la necesidad de escrutinio popular sobre el desempeño de las autoridades y debe vincularse con la prohibición de la perpetuación en el poder o el ejercicio de éste sin plazo determinado. La universalidad implica que las elecciones deben ser realizadas por sufragio universal, a través del cual se tiende a asegurar la participación política de todas las personas facultadas para hacerlo, teniendo en cuenta que es posible establecer ciertas limitaciones o exclusiones, tales como las mencionadas en el numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal.

No obstante, hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia sobre el caso Castañeda Gutman concluyó que “no es posible aplicar al sistema electoral que se establezca en un Estado solamente las limitaciones del párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana”. En otras palabras, el derecho a ser elegido puede ser limitado por razones distintas a las ya mencionadas en dicha disposición, siempre y cuando no implique una restricción indebida a los derechos políticos.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la inaplicabilidad del artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial argumentando que restringe, disminuye y tergiversa los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos como la Convención Americana. Sin embargo, la pregunta que la Sala debía responder no era si la Convención Americana limita o permite por sí misma y de manera expresa un supuesto derecho a la reelección, sino si este instrumento interamericano admite restricciones a los derechos contenidos en él, entre ellos, el de ser reelegido.
Para admitir una restricción al derecho a ser elegido mediante la prohibición de la reelección, se requiere la aplicación de un “test tripartito” que analice su legalidad, su finalidad y su necesidad en una sociedad democrática, y su proporcionalidad.

De esta manera, para que la prohibición de la reelección sea admisible y no se preste para una aplicación abusiva, es necesario que (a) esté definida en forma precisa y clara a través de una ley en el sentido formal y material . Por tanto, no se pueden restringir derechos mediante decretos ejecutivos, reglamentos o actos administrativos de otra índole; (b) esté orientada al logro de objetivos imperiosos y de finalidades generales legítimas como los derechos y libertades de las demás personas o las justas exigencias del bien común ; y (c) sea necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines que se buscan, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr. En otras palabras, que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos restrictivo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la palabra “necesarias”, sin ser sinónimas de “indispensables”, “implica la existencia de una ‘necesidad social imperiosa’ y que para que una restricción sea ‘necesaria’ no es suficiente demostrar que sea ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’”. De esta manera, la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones al “derecho a ser reelegido” dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, lo que significa que la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo que se presume legítimo.

La Convención Americana no impone un sistema electoral determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y ser electo. Las normas interamericanas establecen lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permiten a los Estados que dentro de esos parámetros regulen tales derechos de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad, en distintos momentos históricos . A la luz de todo lo anterior es posible sostener que la prohibición de la reelección aprueba sin problemas este “test tripartito”.

Sin embargo, no se puede ignorar que las normas deben adecuarse a los cambios políticos y sociales, y que cada Estado goza de soberanía para configurar los derechos políticos conforme a diversas causas sociales e históricas, y bajo ciertos principios universalmente aceptables. En este sentido, bajo el prisma de la Convención Americana un Estado podría permitir o prohibir la reelección sin incurrir en una restricción indebida al derecho a ser electo.

En consecuencia, la prohibición o no de la reelección no es el problema de fondo, la cuestión es que es un asunto que debe ser debatido en un amplio espacio democrático de participación directa, ya que su modificación o eliminación fue reservada por la Constitución exclusivamente al poder constituyente, es decir, al pueblo hondureño, el único sujeto político legítimamente facultado para reformar aquellos principios incluidos en cláusulas pétreas por ser considerados fundamentales.

Prohibición de reelección, cláusulas pétreas y poder constituyente

La Constitución hondureña tiene las características de una norma fundamental rígida, ya que (a) es escrita, (b) está protegida o garantizada contra la legislación ordinaria, en el sentido de que las normas constitucionales no pueden ser derogadas o modificadas si no es mediante un procedimiento especial de revisión constitucional mucho más complejo que el procedimiento de formación de leyes y (c) contiene principios constitucionales que no pueden ser modificados en modo alguno. Estos principios están contenidos en cláusulas pétreas que, de acuerdo con el artículo 374 constitucional, no pueden ser modificadas en ningún caso.

Uno de los principios establecidos en las cláusulas pétreas es la prohibición de la reelección presidencial (art. 239), no obstante, dichas cláusulas no están dirigidas al poder constituyente que es soberano, sino a los poderes constituidos, quienes en el ejercicio de sus facultades de reforma parcial de la Constitución pueden modificar cualquiera de sus disposiciones, menos las consagradas en tales artículos. Por tanto, las cláusulas pétreas operan contra los poderes constituidos y no contra el pueblo en el ejercicio del poder constituyente, ya que es el titular de la soberanía establecida en el artículo 2 de la Constitución de la República y el único facultado para realizar este tipo de reformas.

Por esta razón, la propia Sala de lo Constitucional reconoció en su sentencia que “no tiene la atribución de reformar la Constitución”  y por tanto, aunque no tuvo la rigurosidad técnica de plantearlo expresamente, nadie puede ignorar que la prohibición de la reelección está contenida en un artículo pétreo que ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema de Justicia pueden derogar o modificar. La razón es simple, tales instituciones son poderes constituidos que emanan de la soberanía popular y no tienen la facultad de reformar las cláusulas pétreas que operan contra ellos para evitar que se transformen en poder constituyente.

La inclusión de la prohibición de la reelección en una cláusula pétrea refleja que es uno de los principios supremos y sustanciales de nuestra Constitución y por su importancia fueron sustraídos de la competencia y la facultad reformadora de los poderes constituidos.

En consecuencia, es absolutamente ilegal que dos poderes constituidos, es decir, la Sala de lo Constitucional con sus 5 magistrados y magistradas, y el Congreso Nacional con los 55 diputados y diputadas que votaron en contra del plebiscito para consultarle al pueblo hondureño sobre la reelección, puedan reformar la cláusula pétrea que la prohíbe. De hacerlo, implicaría suplantar la soberanía popular que reside en los más de 4 millones de hondureños y hondureñas habilitados para votar y que son los únicos legitimados como titulares del poder constituyente.

A la luz de lo anterior, la reelección no puede considerarse legítima porque su prohibición está contenida en un artículo pétreo que actúa contra los poderes constituidos y cuya reforma únicamente corresponde al pueblo como poder constituyente. Por tanto, mientras el pueblo hondureño no se manifieste al respecto, la reelección se encuentra en suspenso y consecuentemente, las intenciones de Juan Orlando Hernández de optar nuevamente a la presidencia y su posible inscripción constituye un delito de traición a la patria por suplantación de la soberanía popular, tal como lo estable el artículo 2 constitucional.


Reelección y alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República

El último párrafo del artículo 4 de la Constitución establece que “[l]a alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria”. De acuerdo con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la alternabilidad “procura que exista una rotación en el poder”  y según el Diccionario de Derecho Constitucional emitido por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la alternabilidad implica que “las personas deben turnarse sucesivamente en los cargos, o que los cargos deben desempeñarse por turnos”.

En otras palabras y en caso que aceptáramos la permisión de la reelección únicamente si así lo decidiera el titular del poder constituyente, el principio de alternabilidad obliga a que la persona titular de la Presidencia de la República cambie periódicamente y prohíbe a quien ostenta actualmente ese cargo, ejercerlo por otro período consecutivo sin mediar el intervalo de un período. En palabras del Dr. Edmundo Orellana, “por este principio no podría admitirse la reelección sucesiva o continua, aunque no sea prohibida la reelección”.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en ningún momento discutió o declaró inaplicable el artículo 4 constitucional y en consecuencia, siguiendo al Dr. Orellana, “[a]unque aceptáramos el absurdo de que la sentencia de marras es legal, tendríamos que convenir, entonces, que el único que no puede postularse como candidato a Presidente, es el actual Presidente, porque se lo impide el principio de la ‘alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia’” . En otras palabras, el señor Juan Orlando Hernández no puede inscribirse como candidato a la presidencia pues tiene que esperar al menos a que pase un período presidencial.

Si el Tribunal Supremo Electoral decide inscribir la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández, se violentaría nuevamente la Constitución y los responsables incurrirían en un grave delito de suplantación de la soberanía popular, de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, y de traición a la patria, que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir de oficio.

A modo de cierre: El papel del Ministerio Público

Argumentar la supuesta legalidad y legitimidad de la reelección del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se enfrenta a importantes obstáculos para encontrar justificaciones éticas y jurídicas que permitan negar que la inscripción de su candidatura provocaría una nueva ruptura del orden constitucional con su consecuente crisis política y de derechos humanos.

En el año 2009, quienes ahora defienden con dogmatismo la reelección presidencial, dieron un golpe de Estado por considerarla ilegal, con nefastas consecuencias para la institucionalidad democrática y los derechos humanos. Y lo más grave es que han despojado al pueblo hondureño de su facultad constituyente de modificar o no el artículo pétreo que la prohíbe.

Por ello, la actuación del Ministerio Público puede ser fundamental para poner un alto a los abusos de quienes se consideran por encima de la Constitución y para evitar que las Fuerzas Armadas asuman la defensa de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, tal y como lo establece el artículo 272 constitucional. La participación de los militares como supuestos guardianes de nuestra democracia tendría nuevamente graves implicaciones para el Estado de derecho pues como lo señala Víctor Meza, su intervención y participación en la vida política nacional ha “sido una permanente pesadilla en la historia política contemporánea del país” .

La inscripción de la candidatura de Juan Orlando Hernández implicaría para sus responsables la comisión de varios delitos contenidos en el Código Penal. En primer lugar, el delito de traición a la patria que de acuerdo con el artículo 310-A se sanciona con reclusión de 15 a 20 años.

En segundo lugar, el delito contra la forma de gobierno establecido en el artículo 328 y que sanciona con reclusión de 6 a 12 años a quienes alteren el orden legítimo de suceder a la presidencia.

Y en tercer lugar, el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios contenido en el artículo 349 y que sanciona con reclusión de 3 a 6 años al funcionario o empleado público que dicte o ejecute sentencias o resoluciones contrarias a la Constitución o se abstenga de cumplir lo dispuesto en ella.

Frente a la inscripción de la candidatura de Juan Orlando Hernández, la ciudadanía tiene los elementos técnico-jurídicos suficientes para sustentar las denuncias penales respectivas ante el Ministerio Público y los recursos de impugnación ante el Tribunal Supremo Electoral.

Pero sobre todo, de acuerdo con el artículo 25 del Código Procesal Penal, el ejercicio de la acción pública en este tipo de delitos le corresponde al Ministerio Público, quien puede proceder de oficio.

Por tanto, ante la ilegalidad de las intenciones reeleccionistas del presidente Hernández, el Ministerio debe de iniciar de oficio el procedimiento criminal respectivo en contra de quienes incurran en los delitos señalados en relación con la reelección presidencial.

Sin duda alguna, esta es una oportunidad histórica para que el actual Fiscal General del Estado, Óscar Chinchilla, demuestre a la sociedad hondureña que pese a su cuestionado nombramiento, el Ministerio Público que rectora, en esta ocasión representará y defenderá los intereses generales de la sociedad.

Por: Joaquín A. Mejía Rivera

Coordinador de Investigaciones Científicas del IUDPAS-UNAH e investigador del ERIC-SJ. 

 

En el año 2010, 20 especialistas de diferentes países publicamos un libro sobre el golpe de Estado en Honduras desde una perspectiva de los derechos humanos1, el cual coordiné junto con el abogado Víctor Fernández. Recuerdo que el libro provocó que sus autoras y autores fuéramos señalados al mismo tiempo como golpistas y como zelayistas por parte de dos sectores polarizados. Desafortunadamente, las críticas no se centraron en el contenido del texto sino en la descalificación, en los insultos y en las ofensas contra quienes intentamos ofrecer en ese momento una visión científica de lo que estaba pasando. 

Por ello, al leer los artículos de Leticia Salomón sobre la crisis en la UNAH, en uno de los cuales hace un llamado al debate de calidad, me sentí profundamente motivado a plantear mis posiciones y entrar en una discusión seria y de altura que, pese a los puntos de desencuentro y a que me considere parcializado o sesgado en mi análisis, permitan buscar las pautas y las condiciones para el diálogo. 

Puede leer el artículo de Leticia Salomón aquí: Los derechos de unos, los derechos de otros

De entrada quiero aclarar que aunque es necesario y pertinente, mi objetivo con lo que he escrito no ha sido valorar el contenido de las demandas estudiantiles ni las posiciones de las autoridades universitarias, tampoco analizar la colisión y ponderación de derechos (prometo escribir pronto al respecto); mi objetivo central ha sido evaluar la conducta de la UNAH frente a la crisis, a la luz de las obligaciones derivadas de los derechos humanos porque la UNAH es la manifestación del poder público en el ámbito de la educación superior y en consecuencia, sus acciones u omisiones pueden generar la responsabilidad internacional del Estado. 

En este sentido, no es que haya “olvidado a los demás sectores que también tienen derechos que deben ser protegidos”, como lo plantea Salomón, simplemente es que no eran objeto de mi análisis en ese momento pues insisto, mi objetivo era señalar los límites y parámetros que los estándares internacionales imponen a las actuaciones de la UNAH y que definen su validez y legitimidad. Por tanto, delimité mi análisis a tres cuestiones concretas sobre las cuales consideré importante debatir y que están expresadas en mis tres preguntas sobre el diálogo y la consulta como garantía de los derechos humanos, la importancia de la manifestación pública y pacífica para la democracia, y la gravedad del uso del derecho penal para enfrentar la protesta social.

Gracias a los otros elementos que plantea Leticia Salomón, me animo a profundizar y reiterar en algunos aspectos relacionados particularmente con las obligaciones que tiene la UNAH como la autoridad pública del Estado en el ámbito de la educación superior.

1. Las dos disposiciones constitucionales (artículos 62 y 70) que Leticia Salomón invoca, resumen una de las ideas que más calado tiene no solo en la cultura jurídica sino también en la cultura popular, me refiero a la idea de que “el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro”. Esta idea se ha constituido en casi un dogma que en muchas ocasiones se utiliza para restringir derechos sin hacer un análisis de ponderación. 

Por ello, es preciso resaltar que tal argumento requiere ser llenado de contenido para darle sentido constitucional, ya que utilizarlo abiertamente para condenar la protesta social solo nos lleva a un círculo interminable en el que también aquellas personas que defienden su derecho a la protesta podrían decir lo mismo en el sentido que si los derechos de quienes rectoran la UNAH terminan donde comienzan los derechos de los estudiantes, ¿entonces por qué tales autoridades no respetan los derechos de los estudiantes que protestan por considerar que sus derechos son transgredidos? 

Bajo esta lógica, existe el peligro de que dicho argumento se utilice para lo que se quiera y se dé por terminada la discusión cuando apenas debería estar comenzando, lo cual coloca la posibilidad del diálogo en arenas movedizas; por ello, es fundamental que comprendamos que después de invocar que los derechos del otro terminan donde comienzan los míos y viceversa, presentemos argumentos para determinar cuándo es legítima la restricción de un derecho, ya que es claro que el ejercicio de los derechos no es absoluto, tal y como lo señalé en mi escrito anterior. 

El derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia internacional nos brindan esos argumentos, los cuales están destinados sobre todo a las autoridades que ejercen el poder público y que tienen ante sí a los derechos humanos como vínculos y límites a sus acciones y omisiones. En este sentido, la restricción de un derecho solo es admisible (a) si está establecida en una ley redactada de manera clara y precisa, (b) si está orientada al logro de los objetivos imperiosos autorizados, (c) si es necesaria en una sociedad democrática para el logro del objetivo que persigue, (d) si es estrictamente proporcional a la finalidad que busca y (e) si es idónea para lograr dicho objetivo. 

Tales requisitos son compatibles con la importancia dada al derecho a la manifestación pública para la consolidación de la vida democrática, el cual reviste un interés social imperativo y por ello es que el Estado y sus instituciones tienen un marco más estrecho para justificar su limitación2

Insisto, la UNAH es quien representa al Estado en el ámbito de la educación superior y por tanto, debe tener claro que hay una serie de obligaciones derivadas de los derechos humanos que debe cumplir, pues de acuerdo con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el Estado hondureño no puede invocar las disposiciones de su derecho interno (incluida la autonomía universitaria) como justificación del incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Valga recordar que la protesta social bajo el nombre de manifestación pública es un derecho humano y está reconocido constitucional y convencionalmente en conexión con otros derechos, tales como el derecho a la libertad de expresión y el derecho de asociación y reunión, consagrados en los artículos 72, 78 y 79 de la Constitución de la República, y en los artículos 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado hondureño el 5 de septiembre de 1977.

También es importante destacar que los intérpretes finales de este tratado son la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, cuya competencia fue reconocida por Honduras el 9 de septiembre de 1981. Este reconocimiento implicó cederles la facultad para aclarar y desarrollar los estándares normativos interamericanos, evaluar el grado de actuación estatal de conformidad con las obligaciones internacionales y ordenar la adopción de las medidas preventivas o correctivas para asegurar el cumplimiento de las mismas.

A su vez, el artículo 15 constitucional señala que la jurisprudencia internacional es de obligatorio cumplimiento, lo cual fue ratificado por la Sala de lo Constitucional, quien incluso fue mucho más allá al señalar que no solo son vinculantes las sentencias de la Corte Interamericana en las que el Estado es parte en el litigio, sino también aquellas en las que no lo es, ya que pueden ser “relacionadas y desarrolladas pertinentemente como derecho vinculante también para el Estado de Honduras”3 . Por ello es que en mi escrito anterior y en este, hago uso de las interpretaciones que han realizado ambos órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con respecto al derecho a la protesta social. Esta cuestión representa un desafío para las autoridades universitarias en el sentido de promover que la abogacía general esté permanentemente actualizándose sobre esta jurisprudencia para asegurar que los estándares ahí establecidos sean aplicados en el ámbito de las facultades de la UNAH y evitar que una de sus acciones u omisiones pueda generar la responsabilidad internacional del Estado.

2. En cuanto a la utilización del derecho penal, las autoridades universitarias deben preguntarse dos cuestiones esenciales: Primero, ¿la utilización de sanciones penales encuentra justificación bajo los estándares interamericanos que establecen la necesidad de comprobar que dicha limitación (la penalización) satisface un interés público imperativo necesario para el funcionamiento de una sociedad democrática? Segundo, ¿la imposición de sanciones penales se constituye como el medio menos lesivo para restringir la libertad de expresión practicada a través del derecho de reunión manifestado en una demostración en la vía pública o en los espacios públicos?

A la luz de lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es inadmisible la invocación de normas penales que convierten en actos criminales la simple participación en una protesta, la toma de calles, plazas, predios o espacios universitarios “o los actos de desorden que en realidad, en sí mismos, no afectan bienes como la vida o la libertad de las personas”4 . Lógicamente, la protesta social distorsiona la rutina del funcionamiento cotidiano de la comunidad y puede llegar a afectar el ejercicio de otros derechos que también merecen de la protección del Estado, sin embargo, al momento de hacer un balance entre esos otros derechos y el derecho de reunión y manifestación pública, “corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática”5 . Sin duda, la protesta social puede generar traumatismos e interrupciones en el transcurso cotidiano de las actividades, “pero esto no puede justificar el tratamiento penal de las conductas”6 .

Evidentemente, es permisible la penalización de actos de protesta que son violentos, pero se deben tomar en cuenta dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la presencia de disrupciones accidentales o la mera presencia de unos pocos agitadores durante una manifestación no la convierten en una manifestación violenta7 ; y en segundo lugar, los actos violentos en el marco de la protesta social deben estar estrictamente definidos por la ley y “operar de conformidad con criterios de proporcionalidad y bajo la premisa de que lo que puede ser objeto de reproche penal es el uso de la violencia, no el acto de protestar. Además, es preciso que la respuesta penal sea proporcional a la entidad del derecho afectado porque, de lo contrario, se genera una criminalización ilegítima de la protesta”8

No obstante, lo que hemos presenciado con las denuncias penales contra estudiantes universitarios es que en las mismas se les suelen imputar delitos que están tipificados de una forma amplia o ambigua, contrarios al principio de legalidad, o se basan en tipos penales que son contrarios a los compromisos internacionales en materia de protección de los derechos humanos que ha asumido el Estado hondureño. El principio de estricta legalidad exige que “los tipos penales estén formulados sin ambigüedades, en términos estrictos, precisos e inequívocos, que definan con claridad las conductas penalizadas como delitos sancionables, estableciendo con precisión cuáles son sus elementos y los factores que les distinguen de otros comportamientos que no constituyen delitos sancionables o son sancionables bajo otras figuras penales”9 .

A la luz de lo anterior, las autoridades universitarias, el Ministerio Público y el Poder Judicial deberían de tomar en consideración lo señalado esta semana por Silvia Lavagnoli, Representante Adjunta del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras, quien manifestó su preocupación por “la aplicación del tipo penal de sedición a los estudiantes”, el cual “es un delito político de carácter muy grave, que implica el ánimo de subvertir el funcionamiento del orden constitucional” y “que ya en el 2009, la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navy Pillay, señaló que la tipificación de los delitos de sedición en Honduras era incompatibles con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”10 .

Judicializar los conflictos sociales y llevarlos a la arena penal es renunciar al diálogo, y es la forma más radical y definitiva de dejarlos sin solución. Utilizar el derecho penal frente al conflicto universitario es sacarlo de su ámbito natural y asignarle una naturaleza artificial como es la penal, es garantizar que el problema no será resuelto. Como lo señala Zaffaroni, “la mejor contribución a la solución de los conflictos de naturaleza social que puede hacer el derecho penal es extremar sus medios de reducción y contención del poder punitivo, reservándolo sólo para situaciones muy extremas de violencia intolerable y para quienes sólo aprovechan la ocasión de la protesta para cometer delitos”11 .

3. En cuanto al derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, las autoridades universitarias deben entender que en una sociedad democrática, las personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas –y no menos expuestas- al escrutinio y la crítica del público. La necesidad de que exista un debate abierto y amplio debe abarcar necesariamente a las personas que participan en la formulación o la aplicación de la política pública. Dado que estas personas están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, deben demostrar mayor tolerancia a la crítica incluso frente a los inevitables discursos ofensivos12 .

Esto no significa que el honor de los funcionarios públicos o de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que este debe serlo de acuerdo con los principios del pluralismo democrático que exige que la protección a su honra o reputación sólo deba garantizarse a través de sanciones civiles. Quienes cumplen altas funciones dentro de la UNAH “se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público”13

Teniendo en cuenta que toda restricción al derecho a la libertad de expresión debe ser proporcional al daño ocasionado y que su finalidad debe ser la reparación del demandante y no la sanción del demandado, no se deben invocar normas penales que incluyan los delitos de injuria, calumnia y difamación porque estas son incompatibles con los estándares interamericanos de derechos humanos. 

De realizarse una acción legal, debe quedar claramente establecido que el principal objetivo es que las personas demandadas rectifiquen sus posiciones y ofrezcan una disculpa pública, y en caso contrario, que la sanción sea de carácter estrictamente civil y no penal, respetando en todo momento el principio de proporcionalidad. El sometimiento de una persona a un proceso penal constituye un medio particularmente gravoso de restricción de sus derechos, no sólo por el riesgo de la pérdida de la libertad, sino también por el efecto estigmatizador que el proceso y la sanción penal acarrean, así como por otras consecuencias adicionales14

4. Finalmente, comparto con Leticia Salomón que nadie quiere ver a nuestra universidad en crisis y mucho menos a sus estudiantes perseguidos penalmente por las propias autoridades universitarias. Haciendo eco al citado comunicado de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras, me sumo a la exhortación a las autoridades estatales (a) a promover el respeto y la protección de los derechos humanos en el contexto de la protesta social”, (b) a “no estigmatizar a las personas y grupos que se movilizan”, y (c) “a las partes a redoblar esfuerzos para disminuir las tensiones y adoptar gestos de buena voluntad para recobrar la confianza y avanzar en el diálogo”.

Los gestos de buena voluntad implican cesiones de ambas partes, por ello, un primer paso para retomar el diálogo debe consistir en que las autoridades universitarias retiren inmediatamente las denuncias penales contra los estudiantes a nivel nacional y que el movimiento estudiantil se comprometa a no utilizar medidas de presión como las tomas de las instalaciones universitarias. Tampoco en este punto se debe cerrar la posibilidad a una mediación que goce de la legitimidad necesaria, como lo plantea Miguel A. Cálix Martínez.  

Me satisface sobremanera que sea posible este diálogo entre la sociología y el derecho para buscar caminos que nos conduzcan a probables soluciones, y espero que este intercambio respetuoso de ideas y opiniones anime a otros sectores de la sociedad, sobre todo a quienes tienen el deber como académicos de aportar luces sobre los problemas nacionales. No son suficientes los simples comunicados, en algunos casos mal redactados y con importantes errores de ortografía; en este momento histórico nuestra universidad requiere de debates profundos, fundamentados y de calidad.

 

 

 

 

 

1.  MEJÍA R., Joaquín A. y FERNÁNDEZ, Víctor (Coord.), El golpe de Estado en Honduras desde una perspectiva de los derechos humanos, Editorial San Ignacio/MADJ, Tegucigalpa, Junio de 2010.

2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005. Vol. II: “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”. Capítulo V, 27 de febrero de 2006, párr. 91.

  Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Recurso de Inconstitucional vía Acción RI-1343-2014 acumulada con el RI-0243-2015, considerando 20.

3.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008. Vol. II: “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”. Capítulo IV, párr. 29 y 70. La cita textual corresponde al párr. 29.

  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II, 31 de diciembre de 2009, párr. 198.

 4. UPRIMNY, Rodrigo y SÁNCHEZ DUQUE, Luz María, “Derecho penal y protesta social”, en BERTONI, Eduardo (Comp.), ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 49.

  Corte Europea de Derechos Humanos, Stankov and the United Macedonian Organisation Ilinden vs. Bulgaria, 2 de octubre de 2001.

5.  UPRIMNY, Rodrigo y SÁNCHEZ DUQUE, Luz María, “Derecho penal y protesta social”…op. cit., p. 48.

6.  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, reparaciones y costas), párr. 121; Íd., Caso Usón Ramírez vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de noviembre de 2009, párr. 55.

7.  Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Preocupa la judicialización de la protesta estudiantil de la UNAH, Comunicado de prensa, Tegucigalpa, 4 de julio de 2016.

8.  ZAFFARONI, E. Raúl, “Derecho penal y protesta social”, en BERTONI, Eduardo (Comp.), ¿Es legítima la criminalización de la protesta social?... op. cit., p. 15.

9.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1994. Capítulo V. Informe sobre compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 de febrero 1995, p. 210.

10. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Sentencia de 2 de Julio de 2004, párr. 127-129.

11. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. La protección de la libertad de expresión y el sistema interamericano. CEJIL. San José, Costa Rica. 2004, p. 114.

 

Por: Joaquín A. Mejía Rivera
Coordinador de Investigaciones Científicas del IUDPAS-UNAH e investigador del ERIC-SJ.

Hace unos días, la socióloga Leticia Salomón publicó una reflexión sobre la calidad del debate a propósito de la crisis que atraviesa nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Comparto con ella la necesidad “de debatir las ideas en lugar de atacar al que coloca sus ideas en la mesa de discusión”1. Y aunque el derecho a la libertad de expresión también protege las informaciones y discursos que ofenden, chocan, inquietan o resultan ingratos o perturbadores a los funcionarios y otros sectores de la población2, en el ámbito académico se requiere dejar a un lado el ataque “furibundo, violento, soez, desquiciado” –como lo plantea Salomón- para poder debatir con altura y buscar los puntos de encuentro que nos permitan resolver los conflictos.

Siendo la educación superior un derecho humano cuya titularidad corresponde a todas las personas y coloca al Estado como el principal obligado a respetarlo y garantizarlo, la UNAH que es la responsable constitucional de organizar, dirigir y desarrollar la educación universitaria, tiene el deber de asegurar que esta se oriente hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, al respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz3.

Asimismo, la UNAH tiene la obligación de garantizar que la educación superior capacite a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz4. En consecuencia, la UNAH tiene la responsabilidad de formar ciudadanos y ciudadanas respetuosas del pluralismo, las libertades, la justicia, la diversidad y el diálogo, valores que son fundamentales para el fortalecimiento democrático y que las autoridades universitarias son las primeras llamadas a predicar con el ejemplo.
 
Los últimos acontecimientos derivados de la crisis universitaria nos han dejado dos imágenes que golpean profundamente a cualquiera que cree en la democracia como el único camino para lograr una convivencia orientada a la solución dialogada de los conflictos: Primero, la imagen de las fuerzas de seguridad del Estado entrando a la UNAH, buscando y capturando a varios estudiantes que mantenían tomadas las instalaciones universitarias; y segundo, la imagen de decenas de estudiantes con órdenes de captura en todo el país, y otras decenas capturados y esposados de pies y manos, y acusados de delitos con un alto grado de indeterminación semántica -usurpación y sedición- y enfrentados a una temible discrecionalidad punitiva de fiscales y jueces que, cuando se trata de perseguir los graves casos de corrupción, invocan el principio de inocencia y observan el principio de estricta legalidad penal pero cuando se trata de sancionar la protesta social aplican a toda costa lo
que Ferrajoli llama la legalidad violenta5, ignorando su obligación de interpretar y aplicar la ley de la manera que más proteja y garantice los derechos humanos, los cuales constituyen la razón de ser de un Estado que se precie democrático y de derecho.

Haciendo eco de la necesidad de un debate de calidad que oportunamente plantea la socióloga Salomón, me permito esbozar tres preguntas cuyas respuestas deberían aportar argumentos y contra argumentos que permitan a la UNAH dar un ejemplo de diálogo, razón, espíritu de apertura y tolerancia, a una sociedad marcada por la polarización y las tendencias autoritarias, y una pauta hacia la protección y garantía de los derechos fundamentales que faciliten que las decisiones relevantes de la vida universitaria puedan ser construidas mediante un proceso participativo y deliberativo.

1. ¿SE COMPRENDE EL ALCANCE DEL DIÁLOGO Y LA CONSULTA COMO GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS?

A la luz de la interrelación entre nuestro derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la educación superior impone a la UNAH, como responsable y manifestación del poder público en el ámbito de la educación universitaria, el deber de prevenir cualquier violación a este derecho mediante la adopción de todas las medidas de carácter jurídico, político, administrativo y de cualquier otro orden que promuevan la tutela del derecho a la educación superior6. Para prevenir posibles vulneraciones a este derecho, la UNAH debe adoptar las medidas de regular, monitorear, remover obstáculos y realizar estudios de impacto.

La medida de regular implica que la UNAH debe de imponer límites legales a la conducta de quienes tienen responsabilidades en relación con el derecho a la educación y cuyas acciones u omisiones puedan afectar su ejercicio. Como primer paso, las autoridades universitarias deben revisar su normativa interna y su conducta, para adaptarla y suplir eventuales lagunas o insuficiencias o para realizar las modificaciones necesarias que aseguren el fiel cumplimiento de su obligación de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos en su ámbito de influencia7. Ello implica la obligación de suprimir reglamentos, normas disciplinarias o cualquier otra normativa y práctica que entrañen una restricción o limitación al derecho a la educación, y de expedir normas y desarrollar prácticas conducentes a su efectiva realización8.

La medida de monitorear implica que la UNAH debe realizar una evaluación constante sobre la situación del derecho a la educación superior para determinar si su normativa o práctica es respetuosa de los derechos humanos, si es efectiva, si es discriminatoria o si imponen obstáculos a su acceso, y si la conducta de las autoridades y docentes es conforme con su respeto. La medida de remover obstáculos implica que la UNAH debe remover aquellos impedimentos fácticos y normativos que limitan el disfrute efectivo del derecho a la educación superior y que mantienen la discriminación e impiden la igualdad9.
Finalmente, la medida de realizar estudios de impacto exige que antes de ejecutar programas, reglamentos, normas académicas o políticas, las autoridades universitarias deben realizar estudios de impacto para conocer los posibles efectos sobre los derechos de los estudiantes y del personal docente y administrativo, y en caso de que tales efectos puedan ser negativos, tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier menoscabo a la vigencia de tales derechos. Pero sobre todo, la realización de este tipo de estudios fortalece el diálogo democrático y la transparencia dentro de la UNAH, en el sentido de brindar a las autoridades la oportunidad de informar con claridad sobre las decisiones que se pretenden adoptar, y a los probables sectores afectados ser escuchados.


2. ¿SE COMPRENDE EN SU JUSTA DIMENSIÓN LA IMPORTANCIA DE LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA Y PACÍFICA PARA LA DEMOCRACIA?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha resaltado que en una sociedad democrática el espacio urbano y público no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación política10, en el que el derecho a la libertad de expresión es fundamental para colocar en el debate público los intereses de los sectores más vulnerabilizados y marginados de la sociedad, y la protesta social es uno de las vías para situar sus demandas en las calles, en las plazas, en los edificios públicos y en las paredes. Por ello, la libertad de expresión en todas sus manifestaciones constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática pues es indispensable para la formación de la opinión pública y es una condición para que quienes deseen incidir sobre la colectividad y las políticas públicas, puedan desarrollarse plenamente11.

Por su cercanía al nervio democrático, el derecho a la libertad de expresión está íntimamente conectado con el derecho de manifestación pública y pacífica, y el derecho de reunión y asociación, y constituyen elementos vitales para el buen funcionamiento del sistema democrático. De ahí que la naturaleza democrática de la protesta social exige como mínimo la existencia de “canales abiertos para expresar el disenso político y reclamar por los derechos. Y de eso se trata, precisamente, el derecho a la protesta como ejercicio colectivo de la libertad de expresión”12. En otras palabras, “el derecho a protestar aparece así, en un sentido importante al menos, como el ‘primer derecho’: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos”13.

Aunque genere incomodidad, molestia, se interrumpa el desarrollo normal de las actividades cotidianas o se afecte el ejercicio de otros derechos como la libertad de circulación, manifestarse y protestar pacíficamente es hacer democracia en la vida pública y reconocer que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática, por lo que su socavamiento afecta directamente al nervio principal del sistema democrático. En consecuencia, tales alteraciones de la vida pública “son parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse”14.


Naturalmente las huelgas, los cortes de calle, el acaparamiento del espacio público e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales, pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar, sin embargo, las restricciones desproporcionadas de las manifestaciones públicas comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión15. Evidentemente, este derecho no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones; no obstante, dada la importancia de la manifestación pública para la consolidación de la vida democrática, el derecho a la libertad de expresión reviste un interés social imperativo, lo que deja al Estado un marco más estrecho para justificar su limitación.


Tales restricciones deben ser de naturaleza excepcional y, para ser admisibles, deben someterse a tres condiciones básicas establecidas en el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: (a) deben establecerse mediantes leyes redactadas de manera clara y precisa, (b) deben estar orientadas al logro de los objetivos imperiosos autorizados por dicho tratado y (c) deben ser necesarias en una sociedad democrática para el logro del objetivo que persiguen, estrictamente proporcionales a la finalidad que buscan e idóneas para lograr dicho objetivo. Por tanto, cualquier limitación al ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública debe estar dirigida exclusivamente a evitar amenazas graves e inminentes, por lo que sería “insuficiente un peligro eventual y genérico, ya que no se podría entender al derecho de reunión como sinónimo de desorden público para restringirlo per se”16.

Además, cuando se justifique la implementación de limitaciones para proteger derechos ajenos, es necesario que estos derechos se encuentren efectivamente lesionados o amenazados; del mismo modo, no se puede invocar el “orden público” como justificación para limitar la libertad de expresión si no obedece a causas reales y verificables objetivamente que representen una amenaza cierta y creíble de una perturbación potencialmente grave de las condiciones básicas para el funcionamiento de las instituciones democráticas. No es “suficiente invocar meras conjeturas sobre eventuales afectaciones del orden ni circunstancias hipotéticas derivadas de interpretaciones de las autoridades frente a hechos que no planteen claramente un riesgo razonable de disturbios graves (‘violencia anárquica’)”17.

Es importante dejar claro que tampoco basta un mero desorden como justificación suficiente para que la policía pueda detener a los y las estudiantes que están protestando en forma pacífica; solamente si la conducta de las personas manifestantes es legal pero es razonable pensar que va a causar violencia al interferir con los derechos o libertades de otras personas, “entonces los agentes pueden tomar medidas para prevenirlas, siempre y cuando dicha conducta instigue o provoque violencia18. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el orden público no puede ser invocado para suprimir o desnaturalizar derechos, sino que debe ser interpretado de acuerdo a lo que demanda una sociedad democrática. La defensa del orden público exige la máxima
circulación posible de informaciones e ideas, es decir, el máximo nivel de ejercicio de la libertad de expresión19.


3. ¿SE COMPRENDE LA GRAVEDAD DE LA UTILIZACIÓN DEL DERECHO PENAL PARA ENFRENTAR LAS PROTESTAS ESTUDIANTILES?

Debemos partir de una premisa elemental: La criminalización de la protesta social es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión y en donde la protesta y la movilización social son herramientas de petición a la autoridad pública y canales de denuncias públicas sobre abusos a los derechos humanos20. La criminalización incluye la descalificación, la represión directa con policías y militares, y el uso del derecho penal y la apertura de procesos criminales contra quienes protestan.

Las declaraciones, pronunciamientos y comunicados emitidos por las autoridades públicas en los que señalan a los manifestantes y a quienes los defienden como delincuentes, conspiradores, vándalos, adversarios políticos y desestabilizadores, pueden generar un contexto adverso y estigmatizador, deslegitimar sus demandas frente a la sociedad, lesionar su derecho a la honra y dignidad, y el principio de presunción de inocencia, e incluso colocarlos en una situación de riesgo y de vulnerabilidad, “ya que funcionarios públicos o sectores de la sociedad podrían interpretarlas como instrucciones, instigaciones, autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos contra su vida, seguridad personal, u otros derechos”21.

Ejemplo de ello lo constituyen (a) el manejo desigual y en ocasiones sesgado de las protestas sociales por parte de los medios de comunicación, quienes hacen prevalecer la información proveniente de las fuentes oficiales sobre las no oficiales y en ciertos casos ejercen cierta presión pública sobre los operadores de justicia a la hora de admitir una denuncia o dictar prisión preventiva o medidas cautelares; (b) las lesiones, tratos crueles, torturas, amenazas, detenciones arbitrarias y desapariciones temporales a manifestantes por parte de las fuerzas policiales y militares que ignoran abiertamente los criterios de proporcionalidad, oportunidad, necesidad y legitimidad en el uso de la fuerza; y (c) la persecución y sanción penal de las personas manifestantes “mediante la aplicación indebida de tipos penales formulados en forma ambigua o vaga, con modalidades de participación en el delito poco claras, o bien, sin especificar el dolo o intencionalidad que son requeridos para que la conducta se convierta en ilícita, impidiendo conocer adecuadamente las conductas que son sancionadas”22.

Por su parte, la utilización de la denuncia penal para enfrentar las protestas estudiantiles resulta sumamente grave en una sociedad democrática, ya que la invocación de normas que convierten en actos criminales la simple participación en una protesta, la toma de calles, plazas, predios o espacios públicos “o los actos de desorden que en realidad, en sí mismos, no afectan bienes como la vida o la libertad de las personas”23, es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. En este sentido, es inadmisible la criminalización per se de las manifestaciones públicas cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión, y la utilización de sanciones penales no encuentra justificación alguna bajo los estándares internacionales ni constituye el medio menos lesivo para restringir la libertad de expresión ejercida a través de la protesta social24.


El uso de la sanción penal frente a la protesta social tiene un enorme efecto disuasivo y por ello sólo es permisible en casos absolutamente excepcionales en los que suceden hechos de violencia intolerable; pero la protesta social que se mantiene dentro del ejercicio regular de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica nunca puede “ser materia de los tipos penales, es decir, que no es concebible su prohibición penal. En estos supuestos queda excluida la primera categoría específicamente penal de la teoría estratificada del delito, esto es, la misma tipicidad de la conducta”, ya que por más que el número de manifestantes provoque molestias, interrumpa la circulación de vehículos y personas, genere ruidos molestos, ensucie las calles, provoque la interrupción del desarrollo normal de las actividades universitarias, etc., los manifestantes estarán ejerciendo su derecho legítimo en el estricto marco constitucional25.

No se puede ignorar que regularmente se dan excesos en el ejercicio de este derecho, pero ello no convierte automáticamente en típica la conducta puesto que si una protesta excede el tiempo razonablemente necesario para expresarse, no interrumpen la calle por el mero efecto del número de personas sino por acciones dirigidas intencionalmente a hacerlo, algunos grupos prolongan sus gritos una vez concluida la manifestación y se reiteran utilizados para volver a los hogares, etc., “se penetra en un campo que puede ser antijurídico o ilícito, pero que no necesariamente es penal, porque sólo una pequeña parte de las conductas antijurídicas está tipificada penalmente”26.

En este orden de ideas, cuando el ejercicio de este derecho pueda ser abusivo y causar daños importantes, su restricción desproporcionada puede generar “un efecto de silenciamiento, censura e inhibición en el debate público que es incompatible con los principios de pluralismo y tolerancia, propios de las sociedades democráticas. No resulta fácil participar de manera desinhibida de un debate abierto y vigoroso sobre asuntos públicos cuando la consecuencia puede ser el procesamiento criminal, la pérdida de todo el patrimonio o la estigmatización social”27. Como lo señala Gargarella, en “el núcleo esencial de los derechos de la democracia está el derecho a protestar, el derecho a criticar al poder público y privado. No hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disentir, de expresar las demandas. Sin protesta la democracia no puede subsistir”28.

Por ello, ante la complejidad que representan las protestas sociales, las autoridades deben tener presente que son una forma de participación política legítima en una sociedad democrática y tienen el deber de dar respuestas adecuadas y conformes al respeto y garantía de los derechos humanos, lo que implica sobre todo, (a) tomar en consideración el alto grado de protección que merece la libertad de expresión como derecho que garantiza la participación ciudadana y la fiscalización del accionar de las autoridades universitarias29, (b) que el uso del derecho penal genera un efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa del estudiantado30 y (c) que se violentan los principios más básicos del derecho penal como el principio de estricta legalidad, de interpretación restrictiva, de ofensividad, de insignificancia y de proporcionalidad31.

Como lo señala el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, las manifestaciones pacíficas no deben considerarse una amenaza y, por consiguiente, las autoridades públicas deben entablar un diálogo abierto, incluyente y fructífero al afrontarlas, así como sus causas32. Por tanto, en una sociedad democrática la protesta social exige de las autoridades universitarias elevadas cuotas de tolerancia hacia la crítica para garantizar el mayor nivel posible de debate colectivo acerca del funcionamiento de la vida universitaria y al mismo tiempo, representa una oportunidad más para que logren articular y procesar las peticiones y demandas del estudiantado, y traducirlas en reconocimiento de derechos33 mediante un proceso de diálogo y negociación de buena fe entre ambas partes, con la finalidad de alcanzar un acuerdo que redunde en mayores niveles de democratización y de garantía del derecho humano a la educación superior.

No está de más decir que lo que diferencia un régimen democrático de uno autoritario es la máxima tolerancia del primero a la crítica pública aunque sea perturbadora, chocante u ofensiva, y su apuesta por la creación de espacios para alentar la deliberación vigorosa y abierta de los asuntos relevantes para la comunidad universitaria, y la utilización del segundo de su más poderoso poder coercitivo –el derecho penal- para castigar, reprimir e inhibir las expresiones y manifestaciones que considera inconvenientes, lo cual es incompatible con los principios que orientan los valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.

 

 


1 SALOMÓN, Leticia, “Argumentos, contra argumentos y calidad del debate”, en Presencia Universitaria, 30 de junio de 2016.
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 113; Íd., Caso de “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, Sentencia de 5 de febrero de 2001, párr. 69.
3 Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, publicados, respectivamente, en los siguientes números del Diario Oficial “La Gaceta”: 23,167 del 30 de julio de 1980 y 32,002 del 1 de agosto de 2009.
4 Ibídem.
5 FERRAJOLI, Luigi, “La legalidad violenta”, en Cuadernos de Política Criminal, N° 41, 1990, pp. 305-320.
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 175.
7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso “La Última Tentación de Cristo”… op. cit., párr. 87.
8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999, párr. 207; Íd., Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 26 de septiembre de 2006, párr. 118.
9 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993, 11 de febrero de 1994, Capítulo V. I. VI. Recomendaciones, puntos 1-4.
10 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos de las Américas, OEA/Ser.L/V/II.124, 7 de marzo de 2006, párr. 56.
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 70.
12 RABINOVICH, Eleonora, “Protesta, derechos y libertad de expresión”, en RABINOVICH, Eleonora, MAGRINI, Ana Lucía Magrini y RINCÓN, Omar, “Vamos a portarnos mal”. Protesta social y libertad de expresión en América Latina, Centro de Competencia en Comunicación para América Latina/Friedrich Ebert Stiftung, Bogotá, Colombia, 2011, p. 18.
13 GARGARELLA, Roberto, El derecho a la protesta. El primer derecho, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2007, p. 19.
14 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, 31 diciembre 2009, párr. 198.
15 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010, párr. 71.
16 Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Libertad de expresión en las Américas. Los cinco primeros informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 2003, pp. 246-247.
17 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 30 de diciembre de 2009, p. 29, párr. 82.
18 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005. Vol. II: “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”. Capítulo V, párr. 99.
19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, La colegiación obligatoria de periodistas… op. cit., párr. 69.
20 Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Libertad de expresión en las Américas… op. cit., pp. 244-245.
21 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, CIDH, 31 diciembre 2015, pp. 53-54, párr. 84-86.
22 Ibíd., p. 131, párr. 240.
23 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008, Vol. II: “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”. Capítulo IV, párr. 29 y 70.
24 Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Libertad de expresión en las Américas… op. cit., pp. 247-248.
25 ZAFFARONI, E. Raúl, “Derecho penal y protesta social”, en BERTONI, Eduardo (Comp.), ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 6-7. La cita textual corresponde a la p. 6.
26 Ibíd., p. 7.
27 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión… op. cit., párr. 73.
28 RODRÍGUEZ, Esteban, No hay democracia sin protesta. Las razones de la queja. Entrevista a Roberto Gargarella”. 2005.
29 Corte Interamericana de Derechos Humanos. La colegiación obligatoria de periodistas… op. cit., párr. 70.
30 Ibídem.
31 ZAFFARONI, E. Raúl, “Derecho penal y protesta social”… op. cit., pp. 7-8.
32 Consejo de Derechos Humanos, Resolución 19/35. La promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, 55ª sesión, 23 de marzo de 2012.
33 RABINOVICH, Eleonora, “Protesta, derechos y libertad de expresión”… op. cit., p. 30

Por Joaquín Mejía, doctor en derechos humanos.

No se pueden analizar las protestas del estudiantado universitario sin partir de una premisa fundamental: el derecho a la libertad de expresión constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática pues es indispensable para la formación de la opinión pública y es una condición para que quienes deseen incidir sobre la colectividad y las políticas públicas, puedan desarrollarse plenamente[i].

Por su cercanía al nervio democrático, este derecho supone el ejercicio de otros derechos conexos reconocidos constitucional y convencionalmente, tales como el derecho de asociación y reunión, y el de manifestación pública y pacífica, consagrados en los artículos 72, 78 y 79 de la Constitución de la República, y en los artículos 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado hondureño el 5 de septiembre de 1977.

El derecho a la libertad de expresión y todos los derechos conexos a él se constituyen en elementos vitales para el buen funcionamiento del sistema democrático, aunque ello no significa que sean derechos absolutos pues pueden estar sujetos a limitaciones. Así, el artículo 79 constitucional que reconoce el derecho a la manifestación pacífica establece que puede estar sujeto a un régimen de permiso especial con el único fin de garantizar el orden público.

No obstante, el régimen que reglamenta este derecho no puede tener como objetivo crear una base para prohibir su ejercicio, por el contrario, la reglamentación que establece, por ejemplo, el aviso o notificación previa, debe tener como objetivo informar a la autoridad que corresponda para que tome las medidas conducentes a “facilitar el ejercicio del derecho sin entorpecer de manera significativa el desarrollo normal de las actividades del resto de la comunidad”[ii].

De la misma manera, los artículos 13 y 15 de la Convención Americana establecen que las restricciones a estos derechos deben estar expresamente fijadas por la ley y que sean necesarias para asegurar el respeto a los derechos de las demás personas o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Ante la importancia de la manifestación pública para la consolidación de la vida democrática, el derecho a la libertad de expresión reviste un interés social imperativo, lo que deja al Estado un marco más estrecho para justificar su limitación.

Por tanto, cualquier limitación al ejercicio del derecho de reunión y manifestación pública debe estar dirigida exclusivamente a evitar amenazas graves e inminentes, por lo que sería “insuficiente un peligro eventual y genérico, ya que no se podría entender al derecho de reunión como sinónimo de desorden público para restringirlo per se”[iii]. Además, cuando se justifique la implementación de limitaciones a la libertad de expresión para proteger derechos ajenos, es necesario que estos derechos se encuentren efectivamente lesionados o amenazados; del mismo modo, no se puede invocar el “orden público” como justificación para limitar la libertad de expresión si no existe una amenaza cierta y verificable de disturbios graves.

Tampoco basta un mero desorden como justificación suficiente para que la policía pueda detener a los y las estudiantes que están protestando en forma pacífica; solamente si la conducta de las personas manifestantes es legal pero es razonable pensar que va a causar violencia al interferir con los derechos o libertades de otras personas, “entonces los agentes pueden tomar medidas para prevenirlas, siempre y cuando dicha conducta instigue o provoque violencia[iv].

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el orden público no puede ser invocado para suprimir o desnaturalizar derechos, sino que debe ser interpretado de acuerdo a lo que demanda una sociedad democrática. De hecho, la defensa del orden público exige la máxima circulación posible de informaciones e ideas, es decir, el máximo nivel de ejercicio de la libertad de expresión[v].

A la luz de lo anterior y sin entrar en el análisis de los contenidos de las demandas estudiantiles, el modelo constitucional y convencional vigente les garantiza el derecho a manifestarse de forma pública y pacífica como herramienta de petición a las autoridades universitarias y también como canal de denuncias públicas sobre las presuntas violaciones a los derechos del estudiantado.

Aunque genere incomodidad, molestia y se interrumpa el desarrollo normal de las actividades dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), manifestarse y protestar pacíficamente es hacer democracia en la vida pública e implica ejercer colectivamente el derecho a la libertad de expresión y los demás derechos civiles y políticos que vigorizan la ciudadanía, algo que la UNAH, como un espacio llamado a ser ejemplo de debate, democracia, diálogo y tolerancia, tiene la obligación de promover y no de coartar.

Sin embargo, las autoridades universitarias han optado por la denuncia penal para enfrentar las protestas estudiantiles, lo cual es grave en un país donde policías, jueces y fiscales reducen el ejercicio de la protesta social a un ámbito exclusivamente penal, sin hacer el más mínimo esfuerzo de realizar un análisis jurídico serio, desde el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos, que permita ponderar ante una posible colisión de derechos.

Las personas que son denunciadas terminan enfrentándose a unos funcionarios públicos con una combinación explosiva y peligrosa para la democracia y las libertades: Por un lado, una pobreza argumentativa que da vergüenza y que debería obligar a las facultades de derecho a cuestionarse qué tipo de abogados y abogadas están formando, pues se advierte que se parecen más, en sentido peyorativo, a la imagen dada por Montesquieu de ser simples seres inanimados y desconectados del contexto social y de los avances del derecho, por cuyas bocas pronuncian las palabras de la ley, aunque estas sean inconstitucionales y contrarias a las normas internacionales de derechos humanos.

Y por otro lado, una amplia discrecionalidad a la hora de criminalizar la manifestación pacífica pese a ser parte fundamental del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Como consecuencia, a quienes ejercen este derecho se les estigmatiza y criminaliza, y además de ser víctimas de la represión policial y militar, se les instruyen pro­cesos criminales mediante el encasillamiento penal de las conductas y acciones que pertenecen al ámbito del ejercicio de la libertad ciudadana a expresarse públicamente mediante la protesta social. De esta manera, nos encontramos con jueces y fiscales eficientes para torcer el derecho penal e imputar a las personas manifestantes delitos tales como asociación ilícita, sedición y usurpación pero inoperantes para tutelar los derechos y las libertades consagradas en la Constitución nacional y los tratados internacionales[vi].

La UNAH, como instancia del poder público obligada a garantizar el derecho a la educación superior, no puede ignorar que el uso del derecho penal frente a las protestas estudiantiles es particularmente grave y por tanto, al ser un espacio natural para la academia y los valores democráticos, está en el deber de evitar la invocación de las normas que convierten en actos criminales la simple participación en una protesta, la toma de calles, plazas, predios o espacios universitarios, que son públicos, “o los actos de desorden que en realidad, en sí mismos, no afectan bienes como la vida o la libertad de las personas”[vii].

Como es evidente que estas acciones colectivas sólo pueden desarrollarse en amplios espacios públicos, es normal que se generen tensiones que desafortunadamente a menudo se reducen a una cuestión de competencia entre la libertad de expresión y la libertad de circulación o el derecho a la educación de quienes no participan en las protestas[viii].

Frente a ello, es preciso resaltar que el derecho de libertad de expresión no es un derecho más, sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática, por lo que requiere de una atención privilegiada[ix], que debe reflejarse en la tolerancia de las autoridades frente a las manifestaciones pacíficas, aun cuando el uso de los espacios públicos para las mismas cause inevitables molestias en la vida cotidiana y los derechos de otras personas. Por tanto, las restricciones a este derecho sólo pueden justificarse cuando se trata de medidas estrictamente proporcionales que se adoptan para garantizar que las protestas sociales se desarrollen pacíficamente, y no para frustrar la expresión de las opiniones[x].

En virtud de todo lo anterior, prima facie es inadmisible la criminalización per se de las manifestaciones públicas cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión. Por tanto, la UNAH, a través de sus asesores legales y las autoridades universitarias, tiene la obligación de saber que (a) la invocación de sanciones penales no encuentra justificación bajo los estándares internacionales que establecen la necesidad de comprobar que dicha restricción satisface un interés público imperativo y necesario para el funcionamiento de una sociedad democrática; y que (b) la imposición de sanciones penales no constituye el medio menos lesivo para restringir la libertad de expresión ejercida a través de la protesta social[xi].

El uso de la sanción penal frente a la protesta social sólo es permisible en casos absolutamente excepcionales en los que suceden hechos de violencia intolerable; pero la protesta social que se mantiene dentro del ejercicio regular de los derechos constitucionales a la libertad de expresión, reunión y manifestación pacífica “nunca pueden ser materia de los tipos penales, es decir, que no es concebible su prohibición penal. En estos supuestos queda excluida la primera categoría específicamente penal de la teoría estratificada del delito, esto es, la misma tipicidad de la conducta”, ya que por más que el número de manifestantes provoque molestias, interrumpa la circulación de vehículos y personas, genere ruidos molestos, ensucie las calles, provoque la interrupción del desarrollo normal de las actividades universitarias, etc., los manifestantes estarán ejerciendo su derecho legítimo en el estricto marco constitucional. En este sentido, se debe evitar forzar el encasillamiento penal de estas acciones que, como lo señalé anteriormente, pertenecen al ámbito de las libertades ciudadanas[xii].

No se puede ignorar que regularmente se dan excesos en el ejercicio de este derecho, pero ello no convierte automáticamente en típica la conducta puesto que si una protesta “excede el tiempo razonablemente necesario para expresarse, no interrumpen la calle por el mero efecto del número de personas sino por acciones dirigidas a hacerlo, pequeños grupos prolongan sus gritos una vez concluida la manifestación, se reiteran los gritos en los transportes utilizados para volver a los hogares, etc., se penetra en un campo que puede ser antijurídico o ilícito, pero que no necesariamente es penal, porque sólo una pequeña parte de las conductas antijurídicas está tipificada penalmente”[xiii].

En consecuencia, la UNAH está en la obligación de hacer un análisis técnico serio y desideologizado en relación con la criminalización administrativa y penal de las protestas estudiantiles, teniendo en cuenta (a) el alto grado de protección que merece la libertad de expresión como derecho que garantiza la participación ciudadana y la fiscalización del accionar de las autoridades universitarias[xiv], (b) que las sanciones administrativas como las expulsiones y el uso del derecho penal generan un efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa del estudiantado u otros sectores dentro de la UNAH[xv] y (c) que se violentan los principios más básicos del derecho penal como el principio de estricta legalidad, de interpretación restrictiva, de ofensividad, de insignificancia y de proporcionalidad[xvi].

 

 

[i] Corte Interamericana de Derechos Humanos. La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 70.

[ii] Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Libertad de expresión en las Américas. Los cinco primeros informes de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica. 2003, pp. 246-247.

[iii] Ibídem.

[iv] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005. Vol. II: “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”. Capítulo V, párr. 99.

[v] Corte Interamericana de Derechos Humanos. La colegiación obligatoria de periodistas… op. cit., párr. 69.

[vi] Una de las figuras penales más utilizadas es la del delito de usurpación (art. 231 del Código Penal), el cual requiere que la intención o finalidad de quien lo cometa sea la apropiación del bien inmueble; sin embargo, hasta una persona que no es especialista en derecho penal comprende que la finalidad de las protestas mediante la toma de las instalaciones universitarias no es la apropiación de las mismas, sino la presión y la exigencia de proteger el derecho a la educación pública superior.

[vii] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008. Vol. II: “Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión”. Capítulo IV, párr. 29 y 70. La cita textual corresponde al párr. 29.

[viii] RINCÓN, Omar. “…De rebeldías y protestas públicas y masivas”. En RABINOVICH, Eleonora, MAGRINI, Ana Lucía Magrini y RINCÓN, Omar. “Vamos a portarnos mal”. Protesta social y libertad de expresión en América Latina. Centro de Competencia en Comunicación para América Latina/Friedrich Ebert Stiftung. Bogotá, Colombia. 2011, p. 23.

[ix] GARGARELLA, Roberto. El derecho a la protesta. El primer derecho. Ad-Hoc. Buenos Aires. 1ª ed. 2005. 1ª reimp. 2007, pp. 26, 29 y 73.

[x] European Court of Human Rights. Case Sergey Kuznetzov v. Russia. 23 October 2008; Ibíd. Case Galstyan v. Armenia. 15 November 2007; Ibíd. Case Chorherr v. Austria. 25 August 1993; Ibíd. Case Women on Waves a.o. v. Portugal. 3 February 2009; Ibíd. Case Nisbet Özdemir v. Turkey. 19 January 2010.

[xi] Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Libertad de expresión en las Américas… op. cit., pp. 247-248.

[xii] ZAFFARONI, E. Raúl. “Derecho penal y protesta social”. En BERTONI, Eduardo (Comp.). ¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho penal y libertad de expresión en América Latina. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 2010, pp. 6-7.

[xiii] Ibíd., p. 7.

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