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Radio Progreso

Campaña para reelegir al fiscal causa eco en medio de críticas por altos niveles de impunidad

En septiembre Honduras debe tener un nuevo fiscal general de la república, a menos de seis meses, la campaña para reelegir en el cargo por…

Por amenazas a muerte renuncia sindicalista

El tesorero del sindicato de trabajadores y trabajadoras de la fábrica Star, SitraStar, ubicada en Zip Porvenir, El Progreso, Yoro, Lino Hernández, renunció a su…

Luego de la renuncia del vocero de la MACCIH, cree demanda de organismo internacional bajo responsabilidad de la ONU

Para nadie es un secreto que, a la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, MACCIH no la están dejando trabajar, y más allá…

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INFORME ESPECIAL NOTI NADA - LA HONDURAS DE AQUI Y DE ALLA

Este es un Informe Espacial sobre la Honduras de aquí y de allá: la que beneficia a las minorías corruptas y la que excluye, criminaliza, condena y desplaza forzosamente a las mayorías.

La MACCIH y el crimen organizado

Ahora resulta que, por decisión de Almagro, la MACCIH debe investigar la influencia del crimen organizado en el sistema político y en el proceso electoral. ¡En tremendo lío se meterá la MACCIH!

Eso fue lo que pidió el gobierno y a lo que Almagro, bien mandado, accedió. ¿Era necesario? Para responder esta pregunta primero debemos respondernos lo siguiente: ¿Cómo podría el crimen organizado influenciar el sistema político y el proceso electoral? Financiando, por supuesto, candidaturas a alcaldes, diputados y presidente.

Para este menester ya existe un órgano recién creado, a iniciativa de la MACCIH, ciertamente. Se trata de la “Unidad de Política Limpia”, con potestades de exigir, compulsivamente, a los partidos y candidatos el detalle de las aportaciones recibidas durante su campaña, indicando fuentes y cantidades, y dotada de lo necesario para obtener, por sí o por medio de otras entidades del sector público o privado, la información necesaria para verificar si la fuente del financiamiento es legal o ilegal.

Si ya existe una dependencia estatal con funciones para investigar lo que el gobierno pidió atribuir a la MACCIH y que Almagro accedió, ¿cuál es el propósito de conferir esta función a la MACCIH? Orientar sus acciones hacia otros rumbos, para que no se concentre en la corrupción, particularmente, en la denominada “Red de Corrupción”. De seguir por esa ruta, seguramente habría identificado a muchos diputados que llegaron al Congreso con un patrimonio modesto y ahora, por el manoseo de dineros públicos. son verdaderos potentados.

También habría alcanzado a las ONG, y a los directivos de éstas, que recibieron fondos para ser entregados a los diputados y habría confirmado quienes no liquidaron o liquidaron irregularmente. Especialmente, en aquellos casos de diputados que pusieron precio a sus votos para elegir la junta directiva del Congreso, el Fiscal, el TSC y la Corte Suprema, entre otros casos, o decidieron, a cambio de dinero, abandonar sus respectivas bancadas, para debilitar los partidos de oposición.

La investigación no se agotaría en estas diligencias, por supuesto. Porque comprendería, inevitablemente, a la Secretaría de Finanzas, para determinar el criterio de selección de esas ONG, de las cantidades a distribuir y de la selección de los diputados que, bajo el concepto de subsidios, las recibieron. E iría más allá, hasta el verdadero responsable de esos fondos a los que se refiere, justamente el Decreto de la Impunidad, al que acudían, reptando, mendigantes, los diputados de la oposición para financiar, en muchos casos, no los proyectos sociales de sus votantes, sino el aumento de su patrimonio personal o familiar. Subsidios que, originalmente, se manejaron directamente por el Presidente del Congreso y, a partir del 2014, por el Presidente de la República, que, ¡Oh sorpresa!, resulta ser la misma persona.

Seguramente habría avanzado más allá en el tiempo, comprendiendo, como había advertido, oportunamente Jiménez Mayor, el gobierno de Zelaya y el de facto. En otras palabras, el Decreto convenía no solo a los diputados del “Congreso de la Vergüenza”, sino también a los anteriores. Por eso, no nos sorprende que haya diputados de la oposición que no rechacen el Decreto de la Impunidad o que simulen rechazarlo con voces inaudibles.

Esos mismos diputados que se sintieron amenazados por la investigación de la MACCIH, desde el gobierno de Zelaya, respiraron hondo cuando explotó la crisis en la MACCIH. Fue música para sus oídos. El alivio fue total y general. Se sintieron arropados, protegidos, acunados (hasta canciones de cuna escucharon muchos) por “Mamá Impunidad”. Iguales sentimientos experimentaron los miembros de esas ONG, funcionarios de la Secretaría de Finanzas y hasta el gobernante.

Lo rescatable de este episodio truculento en la historia de la OEA y de nuestro sistema de justicia, es que los diputados corruptos y demás funcionarios amenazados no pudieron doblegar al Fiscal General para que no presentara los requerimientos judiciales contra la “Red de Diputados”. Fue el único. Por eso, y a sabiendas de que la Corte Suprema de Justicia cedería, aprobaron el Decreto de la Impunidad, cuya vigencia esperó el tribunal, posponiendo la audiencia respectiva, para liberar a los diputados procesados.

En este contexto, surge la pregunta medular: ¿Tiene futuro la lucha contra la corrupción?

Edmundo Orellana.

Campaña para reelegir al fiscal causa eco en medio de críticas por altos niveles de impunidad

En septiembre Honduras debe tener un nuevo fiscal general de la república, a menos de seis meses, la campaña para reelegir en el cargo por cinco años más al actual fiscal Oscar Fernando Chinchilla, arrancó con mucha fuerza y eco mediático.

Esta semana la Confraternidad Evangélica de Honduras, emitió un comunicado en el que plantea claramente la continuidad de Chinchilla al frente del Ministerio Público, fundamentando la propuesta en los resultados que él ha obtenido en la institución durante los últimos años.

La propuesta de la Confraternidad es acuerpada por algunas organizaciones de sociedad civil, que son afines al gobierno de Juan Orlando Hernández y también por los sectores conservadores del país, quienes argumentan que la creación de unidades como la Dirección de Investigación Policial, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal son la carta de presentación de Chinchilla en su lucha contra la corrupción y criminalidad organizada.

De la misma forma, los proponentes subrayan las declaraciones del ex vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, que alaba cada vez que puede la labor del fiscal en materia de investigación contra varios actos de corrupción, como por ejemplo la red de diputados, que al final fue uno de los puntos que, por los obstáculos presentados por el oficialismo, facilitaron la renuncia de Mayor al frente de la Misión.

Pero en esa campaña para su continuidad, las organizaciones no apuntan los retos pendientes y deudas de la justicia hondureña en materia de investigación, por ejemplo, los altos niveles de impunidad en crímenes en el país, y mucho menos en las investigaciones de los 38 asesinatos cometidos por militares contra manifestantes en la crisis post electoral.

“En realidad, el fiscal Chinchilla, ha sido un peón de las estructuras de poder, del Partido Nacional en particular, para mantener y proteger los niveles de corrupción e impunidad que se han generado desde los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández”, comenzó valorando el defensor de derechos humanos, Carlos del Cid.

Carlos considera que el papel del fiscal y del Ministerio Público ha sido lamentable, pues las investigaciones en el país si afectan a grupos ligados al presidente o al partido de gobierno no se desarrollan, para muestra un botón los asesinatos políticos, que hasta la fecha no registra ningún requerimiento fiscal contra los responsables de los mismos.

“La confraternidad es un sector que ha estado visiblemente pegado a las políticas de estos dos últimos gobiernos y si está pidiendo la continuidad del fiscal es porque ha recibido el mandato del gobierno y lo proponen para hacer creer que otras organizaciones lo piden y no el mismo gobierno”, dijo Carlos.

Desde su perspectiva, organizaciones como la Confraternidad Evangélica son estructuras religiosas que sirven de voceros del propio gobierno, al que han sido incapaces de criticar sobre todo en materia de violaciones a derechos humanos y de actos de corrupción.

Por tal razón, cree que ellos se prestan al juego de toda la maquinaria organizacional y mediática para poner en la agenda la nominación de la candidatura del fiscal para continuar en el cargo por cinco años más.

Por su parte Tomás Andino, analista político, dice que esta propuesta se fortalecerá en la medida que la elección del fiscal se acerque, y que la reacción de los sectores involucrados en el nombramiento evidencia su tesis.

En las últimas horas los medios de comunicación corporativos impulsaron con fuerza la campaña, que además fue acuerpada por dirigentes del Partido Nacional en el Congreso, el secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano dijo que por ahora no hay una postura oficial, pero que desde su punto de vista la propuesta no le parece descabellada.

“Hemos visto en el fiscal, un hombre que ha hecho una extraordinaria labor en su lucha contra la criminalidad, impunidad, corrupción, durante estos cinco años, y podemos ratificar es el que mejores resultados ha dado de los últimos fiscales.

Todo eso le da meritos para que este Congreso, la Junta Proponente, y organizaciones de sociedad civil lo respalden y el Congreso lo tome como una de las opciones serias para ratificarlo en su cargo”, dijo en conferencia de prensa Zambrano.

Para elegir al fiscal se necesita mayoría calificada en el Congreso Nacional, significa que el Partido Nacional deberá lograr acuerdos con las distintas bancadas para alcanzar el total de 86 votos y así elegir al candidato que responda a sus intereses.

Mientras las opiniones surgen, hay una realidad concreta en torno al funcionamiento de las instituciones y también en el marco de la separación de poderes. En Honduras no hay independencia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, ese ha sido un punto de crítica hacia el Ministerio Público en los últimos años.

En ese sentido, el analista político y también candidato a la presidencia por el Colegio de Abogados de Honduras, Julio Ramírez cree que esas son acusaciones sin sustento, y que la mayoría de ellas son fundamentadas a base de chismes y conjeturas.

Para Ramírez más allá del tema de la independencia es importante reconocer que la creación de esas entidades de investigación es una buena carta de presentación de Chinchilla para continuar en el cargo.

Por ahora Oscar Fernando Chinchilla es el único nombre que ha sonado para dirigir el Ministerio Público, pero en el mes de julio el Congreso Nacional dará vida a la Junta Proponente, para iniciar el proceso de evaluación y postulación de candidatos y candidatas.

Por amenazas a muerte renuncia sindicalista

El tesorero del sindicato de trabajadores y trabajadoras de la fábrica Star, SitraStar, ubicada en Zip Porvenir, El Progreso, Yoro, Lino Hernández, renunció a su cargo sindical y laboral por constantes amenazas a muerte. El hecho más reciente ocurrió el 12 de febrero cuando cuatro desconocidos en motocicletas lo interceptaron en la carretera que conduce de El Progreso a Tela, al norte de Honduras. 

Lino es fundador del primer sindicato de trabajadores en la maquila de El Progreso. En sus primeros 10 años, el sindicato ha logrado la aprobación de cuatro contratos colectivos, mejorando las condiciones laborales de casi dos mil empleados y empleadas. 

Lino, junto al presidente del sindicato Waldin Banegas han denunciado que son víctimas de amenazas, hostigamiento, persecución y vigilancia dentro de la empresa maquiladora y en sus propias casas. 

Los sindicalistas responsabilizan al dueño del parque industrial Zip El Porvenir, Nicolás Chaín, quien públicamente los ha acusado de organizar las tomas de carretera contra el gobierno ilegal e ilegitimo de Juan Orlando Hernández, y al grupo denominado de “choque” creado por los ejecutivos de la corporación Gildan. 

En reunión de emergencia, Lino notificó a la junta directiva del sindicato su renuncia irrevocable, lamentando la falta de seguridad y protección por parte del Estado hondureño. Ante las constantes amenazas los sindicalistas solicitaron ayuda al Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos pero su solicitud aún está en proceso. 

Lino, fue obligado abandonar su casa junto a su familia para salvaguardar la vida. Es padre de tres menores y su esposa, víctima de amenazas, también renunció a su puesto de trabajo en la empresa Star. “Es una pesadilla lo que estamos viviendo”, expresó entre lágrimas asegurando que es difícil sobrevivir sin trabajo en una Honduras que no garantiza la vida de sus ciudadanos.

El SitraStar es el primer sindicato de la maquila en El Progreso, al norte de Honduras. Las amenazas contra los líderes se originaron desde su creación, debido a las denuncias por despidos injustificados, actos de corrupción y la situación precariedad laboral que viven los empleados de la industria maquiladora en Honduras. 

En el país unas 147 mil personas trabajan en la maquila, devengando un salario mensual de casi 7 mil Lempiras (290 dólares). Y tienen que trabajar 11 horas diarias para poder cubrir sus necesidades primarias. La mayor parte de la clase trabajadora son jóvenes mujeres, de estas el 80 por ciento son madres solteras. 

La libertad de asociación es un derecho fundamental que gozan las personas y consiste en agruparse como un colectivo para defender intereses comunes lícitos. Su expresión jurídica en el mundo laboral es la libertad sindical. En Honduras, la libertad de asociación se encuentra recogida en el artículo 78 de la Constitución y, específicamente, la libertad sindical está garantizada por el artículo 128 numeral 14 de la Constitución. Este derecho está amparado en el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

El SitraStar ha denunciado las repetidas acciones que Gildan ha empleado para desintegrar el sindicato. La empresa despidió en 2017 a más de 350 personas base de la organización. Los sindicalistas aseguran que la empresa ha creado un grupo de choque que pretende desarticular el sindicato. “Responsabilizamos a esas personas por la vida de Lino y el resto de compañeros”, asegura Waldin Banegas presidente de SitraStar, quien sostiene que la salida de Lino es un duro golpe para la organización sindical en el país.

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