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Radio Progreso
Martes, 30 Mayo 2017 11:43

ENVÍO No.52 MAYO 2017

Ante una posible dictadura con reformas penales arbitrarias a los derechos humanos, con una institucionalidad secuestrada por el presidente que pretende reelegirse aunque sea inconstitucional. No se pierda la nueva edición de la Revista Envío para conocer a profundidad la realidad que nos rodea y decidir desde ese conocimiento.

 

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La quema del Congreso Nacional en Paraguay y la represión policial que ya cobra la vida de un ciudadano, ha puesto la mirada del mundo en este país del sur. La población ha salido a las calles para decir NO a la reelección del actual presidente del partido Colorado, Horacio Cartes. Al ver lo que sucede en Paraguay notamos semejanzas en este momento histórico y de “democracia autoritaria” que se vive en Honduras.

Los gobiernos autoritarios de América Latina están generando que la población salga a las calles. Ya en la calles, las reprime y la institucionalidad secuestrada responde a los intereses de quienes controlan el poder con la venia del gobierno de Estados Unidos. Aquí compartimos una lista de las semejanzas entre la crisis política de Paraguay con la de Honduras, ambas con un mismo guion.

1. Reelección es ilegal: Las constituciones de ambos países prohíben la reelección presidencial. La constitución de la república de Paraguay, vigente desde 1992 prohíbe la reelección en el artículo 229: “El Presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el quince de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso.” 

La Constitución de la república de Honduras, vigente desde 1982 prohíbe la reelección en dos artículos, el artículo 4 en el que apunta que la alternabilidad en el poder es obligatoria y quien viole esta regla, comete el delito de traición a la patria. Y en el artículo 239 en que dice que quien haya sido titular del ejecutivo no podrá ser de nuevo presidente.

La única manera de modificar la carta magna de ambos países es llamando a un referéndum o plebiscito para que el poder constituyente (el pueblo) decida si la reelección presidencial es necesaria o no.

2. Dictaduras que se quieren repetir: Durante 35 años, Paraguay fue gobernado por una dictadura al mando de Alfredo Stroessner del partido Colorado. El actual presidente Cartes es asesorado por actores prominentes en tiempos de la dictadura de Stroessner. Durante 16 años, Honduras fue gobernada por una dictadura al mando de Tiburcio Carías Andino, del partido Nacional, el actual presidente, quien lleva 8 años en el poder, sigue las políticas de seguridad nacional de esa dictadura.

3. Golpes de Estado del siglo XXI: En 2009, el sistema político hondureño parió un golpe de Estado de la nueva era. Un golpe que nació en la Embajada de Estados Unidos con el objetivo de evitar la avanzada Chavista que iba subiendo y ganando terreno desde el sur. Ese golpe dado desde el poder Legislativo y las Fuerzas Armadas para “garantizar la alternabilidad en el poder, ante las ansias de reelección de Mel Zelaya”, fue ejemplo que años después se replicó en el sur, específicamente en Paraguay. En este país ya gobernaba la izquierda, influenciada por Chávez de Venezuela, con el ex obispo Fernando Lugo. En 2012, en Paraguay se da un golpe de Estado mejorado, realizado a través de un juicio político tras una masacre de campesinos que “desestabilizó el país”.

4. Polarización política: Después de los golpes de Estado, tanto en Paraguay como en Honduras, ambos países se polarizaron aún más. Era la izquierda contra la derecha. La oposición política se redujo pero tenía representación en el Congreso Nacional, con el liderazgo de Lugo, al igual que en Honduras con la conformación del partido LIBRE con Mel Zelaya al frente. Esto aumentó la conflictividad, pero sobre todo, la represión contra la oposición al oficialismo.

5. Presidentes con ansias de poder: Cuando Cartes asumió la presidencia de Paraguay en 2013 juró no permanecer un día más en la misma. Dijo que no era su interés reelegirse. Al asumir la presidencia Juan Orlando Hernández en Honduras dijo lo mismo, aunque desde el golpe de Estado manejó la institucionalidad para concentrarla y perpetuarse en el poder. En una concentración política de Cartes en 2016, sus activistas pedían a gritos la reelección. Él básicamente dijo que su gente lo estaba pidiendo y presionó al Senado para aprobar una enmienda y reformar la Constitución de la república de manera ilegal. En Honduras, el Partido Nacional organizó una concentración a finales de 2016 en la que se pidió la reelección del presidente y éste la aceptó. Antes ya había destituido magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se oponían a la reelección y colocó a los de su confianza para abrir paso desde una resolución judicial la reelección. Ambos presidentes demostraron tener poder sobre los otros poderes del estado, violando la independencia de poderes que en ambas constituciones está estipulada.

6. Legalizan reelección de forma arbitraria: Juan Orlando Hernández controla la Corte Suprema de Justicia que emite resolución a favor de que se discuta el tema de reelección, luego evita que en el Congreso Nacional se apruebe un plebiscito para consultar a la población si acepta o no la reelección y lanza su candidatura para elecciones de noviembre de 2017 por primera vez en un ambiente hostil, de represión e ilegal. El presidente Cartes presiona al Senado y en agosto de 2016 se da la primera discusión sobre la controversial enmienda. Lugo, presidente destituido, es ahora senador. No logra mayoría y la discusión solo se puede retomar un año después, así lo dice el reglamento del poder legislativo. Sin embargo, la semana pasada, la discusión se da a puerta cerrada en una comisión especial en la que participa la oposición Luguista y aprueban la enmienda. Lugo desaparece delg Senado.

7. Pactos: El gobierno de Cartes logra hacer un pacto con la oposición política con Lugo al frente, quien tiene interés en volver a ser electo presidente. En Honduras, los pactos han sido diferentes, sin embargo no han logrado frenar la reelección. Aunque el Partido Libre esté interesado en llevar a Zelaya de nuevo a la presidencia, optaron por unificar una alianza política que enfrente al gobierno oficial y su proyecto reeleccionista. Actualmente la alianza se ve debilitada desde adentro y con la amenaza que el Partido Liberal (fiel socio del partido Nacional) resurja de la mano de un “outsider” que se enfrenta al gobierno.

8. Población indignada: A pesar de la polarización de la sociedad en Paraguay, quienes han salido a las calles a protestar contra la ilegalidad de la reelección, en su mayoría son personas no simpatizantes de partidos, “la población indignada”. En Honduras, se vivió este fenómeno en 2015 cuando un periodista reveló que el partido de gobierno que pretendía reelegirse, estaba vinculado a uno de los más grandes casos de corrupción en Honduras, el robo millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social. En ese tiempo la población indignada en Guatemala pedía la renuncia del binomio presidencial y lograron la renuncia y su juzgamiento. En Honduras la indignación dejó de reflejarse en las calles y el gobierno pasó de ser señalado a fortalecer su continuidad a través de la reelección. En Paraguay la fuerza de la indignación ha unido al pueblo que enardecido exige no vivir de nuevo una dictadura.

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Después de varias semanas de propaganda electoral disfrazada de preocupación por la inseguridad y criminalidad, el gobierno de Juan Orlando Hernández y la bancada del Partido Nacional aprobaron la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad o “paquete de reformas penales”.

Bastaron seis horas, divididas en dos días, para que los diputados oficialistas legalizaran la criminalización de la protesta pública, la invasión a las comunicaciones privadas y la censura a los medios de comunicación.

En escenarios de autoritarismo nacionalista y manifestaciones convocadas por la Alianza Opositora, que daban un ambiente de concentración política, la aprobación, en tercer debate, del paquete de reformas penales inició con la modificación de los artículos 222 y 335 del Código Penal.

Se reformó el párrafo 222 del Código Penal para establecer que la extorsión se considera consumada si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, el que realice la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva.

Los diputados nacionalistas, con apoyo de los denominados partidos bisagra –Vamos y UD-, modificaron el artículo 335 para agregarle un párrafo en el que califican de terroristas a las personas que desarrollen acciones cuyo propósito sea alterar gravemente la paz pública o intimidar a la población.

El hemiciclo legislativo se convirtió en un estadio lleno de árbitros sonando silbatos. La bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) expresó su malestar de esa forma al negársele espacio para ampliar el debate.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, suspendió la discusión y aprobación argumentando que “muchos andan exacerbados y vamos a esperar que se les baje el gas”.

Jari Dixon Herrera, diputado de LIBRE, en su intervención durante la discusión y al finalizar la sesión señaló el fracaso del Partido Nacional en políticas de seguridad, y cuestionó el no endurecimiento de penas por los delitos de corrupción.

“Hace 14 años, se había reformado el artículo 332, le llamaron la Ley Antimaras, y decían que esa era la solución al problema de maras y extorsión, 14 años después siguen diciendo que reformas penales es la solución. Pero más grave aún es que este tema siga siendo usado como bandera de campaña electoral para atraer votos, cuando han fracasado durante años”, puntualizó Herrera.

La diputada Fátima Mena, integrante de la bancada del Partido Anticorrupción, condenó la falta de debate, la politización de los problemas de seguridad y la tipificación del delito de terrorismo, mediante el cual se criminaliza la protesta pública.

“Le debería de dar vergüenza al partido de gobierno por estar instrumentalizando el problema de la inseguridad. Es evidente que ellos han venido fracasando y tiene miedo que el pueblo salga a protestar, quieren criminalizar y evitar que el pueblo salga a las calles. Es realmente penoso”, opinó Mena.

Por su parte, la diputada de Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez, a quien se le negó la palabra durante la sesión, reflexionó sobre sobre los escenarios que se esperan después de aprobadas las reformas: “yo fui diputada cuando se aprobó el artículo 332 y dijeron que iba a eliminar las maras y las pandillas, y ahora miremos como está la situación, está comprobado que la profundización de las penas es una solución al problema, hay que darle un tratamiento integral y verificar cuales son las causas y buscarle solución pero no de manera represiva, a corto y mediano plazo veremos las consecuencias de una política imprudente”.

Durante la aprobación de la tipificación del terrorismo como delito la bancada liberal se ausentó. El diputado Ángel Darío Banegas justificó que sus compañeros y compañeras estaban reunidos con militares y policías, los que exponían porqué deberían de ser aprobadas las reformas penales.

“Estábamos atendiéndolos a ellos. Yo estaba escuchándolos a ellos que estaban presentando argumentaciones, eso es parte también de mi deber como diputado. Cuando la bancada terminó su sesión y venimos aquí inmediatamente suspendieron, parece que la presencia de la bancada liberal los asusta”, dijo Banegas.

Asesor presidencial vota por reformas penales

El segundo día de debate y aprobación continuó con las modificaciones a la Ley Especial de Intervención de las Comunicaciones Privadas y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

En ese sentido, la unidad de intervención de comunicaciones quedará a cargo del Consejo Nacional de Seguridad, explica el diputado de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya: “usted puede comprar un aparato y escuchar a cualquier persona, lo que están es legalizando para que el presidente los escuche a usted, ahora el presidente lo puede escuchar”.

En la sesión, no solo la prepotencia y autoritarismo nacionalista resaltó, también se evidenciaron las cachurecadas, como se le llama popularmente, al momento en el que Ángel Darío Banegas, diputado liberal, denunció que el ministro asesor de la presidencia, Ebal Díaz, votaba durante la aprobación de las reformas penales.

El diputado del Partido Anticorrupción, Luis Redondo, manifiesta que el Ministerio Público debe de actuar de oficio y recuerda que no es la primera vez que el partido de gobierno protagoniza acciones ilegales.

“No solamente votó una vez, votó varias veces, y esa es una práctica que han venido haciendo los nacionalistas, igual sucedió con el señor Pineda de Coalianza. Es vergonzoso, se le pidió al presidente del Congreso Nacional que mostrará la votación y no quisieron”, comentó Redondo.

Sin embargo, las sorpresas no terminaban. Y es que el diputado nacionalista y jefe de bancada, Oscar Álvarez, en la reconsideración del acta presentó una moción para que en la reforma al artículo 335 del Código Penal, que tipifica el delito de terrorismo, se contemple que quien públicamente o a través de medios de comunicación haga apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo sea sancionado con penas de reclusión entre cuatro y ocho años.

Reformas penales son ambiguas, señala Alto Comisionado de la ONU y la CIDH

Luego de aprobado el paquete de reformas penales, que deja en claro su objetivo principal de criminalizar la protesta social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación.

La CIDH y la OACNUDH señalaron que las reformas aprobadas están marcadas por la ambigüedad y facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo.

“La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”, apuntaron los organismos internacionales.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras, articuladas en la Coalición Contra la Impunidad, también indicaron que las reformas penales traerán como consecuencia la criminalización de la protesta social, “especialmente con la nueva tipificación del terrorismo, de la misma forma, significarían un duro golpe a otros derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República”.

La Alianza Opositora, integrada por los Partidos Libertad y Refundación, Anticorrupción e Innovación y Unidad, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo en el que piden al Poder Judicial investigar las actas en las que quedó constancia de la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad.

José Manuel Zelaya, coordinador de Libertad y Refundación, dijo que la CSJ debe amparar su investigación en la Constitución hondureña, en los tratados y convenios internacionales que han sido violentados con las reformas penales al criminalizar la protesta pública y coartar la libertad de expresión.

La solicitud de amparo se realiza en un poder del Estado que días antes emitió un pliego de recomendaciones y opiniones a favor de las reformas impulsadas desde la presidencia de la república, dirigida por Juan Orlando Hernández que busca continuar pese a que la Constitución lo prohíbe.

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El tenebroso hallazgo de dos personas, madre e hijo, decapitados en la colonia La Soledad Dos, de Tegucigalpa, tras ser raptados en horas de la madrugada del jueves y el incendio de carros repartidores, son la muestra que la presente  semana ha estado marcada por crímenes y hechos delictivos de alto impacto mediático.

 

A criterio de la Comisionada de Policía en condición de retiro, María Luisa Borjas,  no se puede descartar que estos crímenes y demás acciones delictivas sean escenarios creados para generar zozobra en la población,  y a partir de allí  presionar para que en el Congreso Nacional se genere un ambiente flexible para que se aprueben las reformas al Código Penal impulsadas desde el oficialismo.

“Resulta curioso que mientras el gobierno mantiene una campaña de estigmatización contra la los partidos de oposición que se oponen a las reformas penales, resulten carros quemados, incremento en las masacres y extorsiones. Sin duda alguna esto refleja que el presidente Juan Orlando Hernández busca garantizar por todos los medios posibles su proyecto reeleccionista”, indicó Borjas.

A renglón seguido dijo que cuando se quería aprobar la “Ley Antimaras” se incrementaron los asesinatos, cuando se hizo la campaña sobre la implementación de la pena de muerte se produjo una masacre en bus de Cofradía, Cortés y en este momento que se promueven las reformas penales se han registrado 17 masacres en lo que va del año. 

En su cuenta de Facebook el diputado Jari Dixon, escribió el siguiente mensaje: “después  que se aprueben las reformas penales con votos de los diputados liberales, los actos terroristas de los últimos días desaparecerán como por arte de magia”, además dejó  a los seguidores de las redes sociales una  pregunta “¿Quién quiere apostar?”.

Organizaciones de derechos humanos y varias personalidades de la oposición política hondureña, se han pronunciado en contra de las pretensiones del presidente Juan Hernández, de aprobar las reformas al código penal, ya que según la opinión de los expertos, en estos cambios se pretende criminalizar la protesta social.

El presidente del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Guillermo Valle, ha expresado que lo que se quiere lograr es “criminalizar la protesta de la oposición, de estudiantes y a los que están en contra de los peajes”. “Que se tipifique como terrorista como lo dice textualmente el decreto a todo aquel que se oponga a las acciones que un gobierno haga, eso es nefasto”, indicó el diputado Jari Dixon.

Por su parte Jorge Díaz, integrante de la Mesa de la Indignación de El Progreso, dijo que “terrorista no es el que lucha contra los peajes o enciende una antorcha en la calle para protestar contra la corrupción y la impunidad. Al contrario este tipo de protestas  son luces de patriotismo que alumbran el camino y por lo tanto  tenemos que protegerlo”, indicó. 

Hechos delictivos de la semana

Una madre y su joven hijo fueron encontrados decapitados la mañana de ayer jueves en la colonia La Soledad de Comayagüela. Arely Palencia Fuentes  y Allan Cerrato, habrían sido raptados de su casa y luego fueron encontrados decapitados y atados de pies y manos. Versiones de testigos indican que las víctimas   fueron sometidas a la impotencia por sujetos que se transportaban en un vehículo  y que portaban uniformes policiales y chalecos antibalas.

Horas después en la siempre caliente zona de la Rivera Hernández, en la norteña San Pedro Sula, se informó de la muerte violenta de dos personas una de las cuales apareció embolsada. Un día antes  se conoció  el encuentro de dos osamentas en un cementerio clandestino en la zona sur del país.

El lunes varios sujetos quemaron  un camión repartidor de leche en la colonia Cerro Grande, mientras el martes en otro sector de la capital el crimen organizado quemó otro camión de la misma empresa de lácteos.

Así mismo el martes se dio a conocer el cierre de  “Instituto Modelo”  ubicado en la colonia Tiloarque, en Comayagüela, debido a que  los antisociales solicitan el pago de extorsiones, incluso a los estudiantes, los esperan a la hora que salen de clases para amenazarlos. El responsable del colegio, confirmó que eran extorsionados y les piden 300 mil lempiras de prima y 25 mil al mes.

Aparte de otras muertes violentas, este viernes el líder tolupan José Santos Sevilla fue asesinado de varios disparos en el interior de su casa, ubicada en la Montaña de la Flor en el departamento de Francisco Morazán. De acuerdo al reporte policial  al menos 5 malhechores le dieron muerte.  

Todos estos hechos ocurren precisamente en la etapa que el Congreso Nacional se apresta a debatir sobre las reformas penales que el presidente Juan Orlando Hernández pide que se aprueben para luchar contra la criminalidad. El mandatario hondureño considera que la quema de buses y extorsión debe considerarse como acto de terrorismo y quiere que la ley sea más fuerte contra ellos.

A nivel nacional se reportan a diario alrededor de 15 muertes violentas, según informes del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma  de Honduras y de estas más del 90% quedan en la impunidad. Para varios sectores esto representa  el fracaso en las políticas de seguridad del Gobierno.

La extorsión un negocio de altos personajes

“Cuando se refieren al delito de extorsión no hay que hacerlo específicamente a las maras y pandillas, ahí hay muchas figuras públicas y  empresarios detrás de ese magno delito”, indicó  recientemente en un foro televiso el  retirado comisionado de Policía, Henry Osorto Canales.

Según el comisionado retirado “esto es porque la extorsión es uno de los mayores delitos que generan más ganancias”. Añadió “por lo tanto estamos cometiendo un error al decir que son las maras MS o la 18. Todos se escudan detrás de esas maras pero la realidad no es esa”, comentó Osorto Canales.

La extorsión es una pirámide de siete escaleras: hay figuras importante del engranaje político por tal razón se da ese fenómeno que capturan solo al que llega a cobrar. En tal sentido dijo “la estructura de la extorsión es una pirámide que tiene siete escaleras y en ese sentido a la figura principal nadie la conoce. Es donde está el político, el alto funcionario y entonces es porque existe el delito de la impunidad.

“Aun poniendo la pena de muerte no funcionará porque será al menor de edad que fue a cobrar la extorsión el que pagará. Los dueños del dinero son aquellas grandes personalidades que salen a reuniones en hoteles de cinco estrellas que son los que aportan millones a campañas políticas”, añadió.

 

Asimismo indicó que en la extorsión están metidos policías, militares, magistrados y funcionarios de Gobierno. Por lo que comentó  “aquí las leyes existen pero lo que no se hace es aplicarlas. El problema es que el poder político domina Honduras y en manos de ellos estamos y desgraciadamente está contaminado con el crimen organizado”, concluyó.

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El paquete de reformas penales que contiene la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, es objeto de críticas,  de debate y discusiones en algunos sectores de la sociedad hondureña. Esta semana se desarrolló el “Simposio Nacional Derechos Humanos y Normas Penales” impulsado por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Honduras, OACNUDH, y otras instituciones en la que expertos expusieron sus puntos de vista.

La representante residente de la OACNUDH, María Soledad Pazo, destacó como objetivo ampliar la discusión y debate sobre este tipo de leyes.

“Lo que queremos proponer es que se amplíe el debate. No se trata solamente el tema de adoptar las medidas que se tengan que adoptar para cumplir los compromisos internacionales y proteger a la población y garantizar derechos” dijo la abogada Pazo.

La OACNUDH considera que lo más importante es que sea una participación efectiva de todos los que están involucrados. “Ya sea víctimas del crimen, operadores de justicia, sociedad civil, todos tienen que tener una participación en procesos de reformas legislativas, esa es una posición de Derechos Humanos” dijo María Soledad Pazo.

Protesta social

El Congreso Nacional ha convocado para el martes 21 de febrero a sesiones para continuar debate de reformas penales e insiste que no criminalizarán la protesta social.

El diputado  Tomás Zambrano, presidente de la Comisión de Dictamen, insistió que la reforma al artículo 325 del código penal, referente a la tipificación del terrorismo no criminalizará la protesta social.

“Por qué políticos se manifiesta sobre un tema existiendo un dictamen que está desde enero en el Congreso Nacional, o quieren confundir a la gente o son políticos que no se informan y no les gusta leer. No se criminaliza la protesta porque es un derecho y una garantía constitucional que está en los tratados de derechos humanos que Honduras ha suscrito” manifestó Zambrano.

Pero los partidos de oposición se mantienen en contra del paquete de reformas porque consideran que no hay garantías para respetar el derecho ciudadano a la protesta. 

El diputado del Partido Anticorrupción (Pac) Virgilio Padilla, señala que su bancada votará en contra. “Les hemos explicado a los altos funcionarios del poder ejecutivo la posición política del partido en el sentido que nosotros no apoyamos la ampliación del concepto del delito de terrorismo” señaló Padilla.

El diputado aseguró que la población está abocada también a un acto ilícito del poder Ejecutivo que precisamente autoriza la rebelión, autoriza la protesta, autoriza la insurrección popular. “Y ante ese hecho vemos muy mal que el poder Ejecutivo proponga limitar la protesta pública, nosotros pedimos respetuosamente al poder Ejecutivo claudicar en la intención de la reelección, por la paz del país” dijo Padilla.

La abogada Silvia Lavagnoli, representante adjunta de OACNUDH, es del criterio que en Honduras se está confundiendo el delito de terrorismo.

“Para la Oficina, el problema serio que ve en Honduras es el crimen organizado que es diferente del terrorismo. Nosotros pensamos que hay una equivocación en los conceptos que sería importante que se tomara en cuenta en ese paquete de reformas. Debemos entender de qué fenómeno estamos hablando, porque una vez que entendamos el fenómeno también entendemos cómo es que lo tenemos que manejar” explicó Lavagnoli.

La representante de la OACNUDH dijo que las reformas penales no se han adecuado a las buenas prácticas y a los principios internacionales en relación a la definición de  terrorismo.

“Nosotros consideramos que la noción sigue siendo demasiado amplia, no bastante típica, entonces potencialmente tiene riesgo de impactar sobre los fenómenos que no son fenómenos de terrorismo o en personas que no están cometiendo terrorismo” manifestó Silvia Lavagnoli.

Pero el presidente de la Comisión de Dictamen para dichas reformas, Tomás Zambrano, señala que las organizaciones están equivocadas en sus apreciaciones. “Se criminaliza como terrorismo a los integrantes de grupos ilícitos, de asociación ilícita, que aterroricen a la población, que la amenacen, que utilicen actos violentos que le vengan a quitar la paz y tranquilidad” dijo Zambrano.

Sectores que la apoyan

Varios sectores han manifestado su apoyo, más que a las reformas, al presidente Juan Orlando Hernández que ha desplegado una campaña publicitaria en los medios corporativos criminalizando la posición de los partidos que no lo apoyan señalándolos hasta de ser cómplices en las operaciones del crimen organizado.

La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, está convencida que las reformas sí son necesarias y deben ser aprobadas para contrarrestar las distintas manifestaciones de la violencia y criminalidad.

“Yo creo que lo que estamos viendo en el país no es un invento, los problemas están, la violencia ya no es política como en los años 70´s y 80´s, es una violencia criminal con otras dimensiones, con otros impactos, está impactando mucho en la gente y creo que esa es la responsabilidad que deben asumir los políticos” dijo Castellanos.

Para el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jacobo Cálix, una de las preocupaciones con las reformas de leyes penales es que siempre deben de guardar un equilibrio entre lo que es la sanción y lo que es la punición con los derechos fundamentales de la ciudadanía en general. “Hay ciertas reglas y ciertos principios que no se deben dejar de lado porque se puede correr el riesgo de que resulten vulnerados ciertos derechos que se le deben garantizar a la ciudadanía” expresó Cálix.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, Roberto Herrera Cáceres, también apoya las reformas penales contenidas en la ley de fortalecimiento de la seguridad del Estado.

“Las reformas penales tienen que ver siempre con el estado de la evolución del delito, y siempre en la medida en que estas reformas respeten los derechos humanos y respeten la institucionalidad en sí, las reformas tienen que producirse a través de un diálogo que es responsabilidad del mismo Congreso Nacional llevarlo seriamente, e internamente poder definir qué es aquello que no afecta el bien común” manifestó Herrera Cáceres.

Herrera considera que las reformas van a apoyar la lucha contra la criminalidad. “Nosotros estamos siempre por el estado democrático de derecho que hace que el fin supremo sea el respeto a la dignidad humana y en eso debe mantenerse todas las reformas, no sólo la acción penal sino toda la legislación de Honduras” dijo el funcionario.

Una discusión de altura

Algunos analistas son de la idea que la discusión alrededor de las reformas penales se contaminó con la politización. Mientras el sector oficial vende la idea que con dichas reformas se busca fortalecer su política de seguridad, otros sectores políticos regatean su apoyo sin detenerse siquiera en los impactos que esas reformas puedan tener más allá de los objetivos planteados públicamente. 

Para el tercer y último debate, pendiente en el Congreso Nacional, se le pide a los diputados que abandone el debate político y asuman el debate jurídico, señala el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jacobo Cálix.

“Ojalá que el debate se centre en un debate jurídico, en un debate ponderado, en base a los principios constitucionales que tienen que ver con el tema de la materia penal: principio de legalidad, principio de proporcionalidad, principio de adecuación, principio del respeto de los derechos fundamentales, para guardar un equilibrio en lo que pueden ser estas posibles reformas” dijo Cálix.

En vísperas de la convocatoria a reunión en el hemiciclo legislativo prevalecen las reuniones al más alto nivel del Partido Nacional con otros actores políticos y económicos, buscando consensuar algunos acuerdos para lograr el apoyo al paquete de reformas.

“Me parece a mí que debe ser un debate que debe generar mucha discusión, una discusión que no sea apasionada ni acalorada por condicionamientos políticos sino que sea apasionada y acalorada por condicionamientos jurídicos” insistió el ex magistrado Jacobo Cálix.

 

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