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Radio Progreso

¿Quién gobierna el deterioro hondureño?

Feb 05, 2016

Por: Ismael Moreno, SJ

Cuando faltaban diez minutos para las doce de la noche del día 25 de enero --día tope para la elección de los quince magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia--, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, puso a votación la nómina de quince candidatos propuesta por la Comisión Nominadora nombrada por el mismo Oliva. Ocho candidatos del Partido Nacional y siete candidatos del Partido Liberal. Un reparto conforme a los estrictos acuerdos del bipartidismo. En menos de un minuto, de los 128 diputados,  82 votaron a favor de la nómina, 44 votaron en contra y 2 se abstuvieron. 

La nueva Corte no se eligió. Se necesitaban 86 votos para alcanzar mayoría calificada. Los 82 votos representaron a 26 votos del Partido Liberal, 3 del partido Demócrata Cristiano, uno de Unificación Democrático, 3 de diputados que renunciaron del partido LIBRE, y 49 del mayoritario Partido Nacional. Por su parte, los votos en contra se sumaron así: 29 de LIBRE, 13 del Partido Anti Corrupción, PAC, uno del Partido Liberal y uno del Partido Innovación y Unidad, PINU.  Las dos abstenciones fueron del partido LIBRE. Unos días después se eligieron ocho de los quince, y luego de diez días de la fecha tope, los diputados, siguen entrampados sin elegir los siete restantes, no obstante las amenazas. 

Diversas amenazas, la misma lógica

En un momento --cuando en la urna apareció un voto en una papeleta falsa que elegía a tres magistrados más conforme a la plancha nacionalista/liberal — un diputado nacionalista lanzó a voz en cuello una portentosa amenaza con la que se resumía el sentir y pensar de la larga historia de zancadillas y chanchullos cachurecos: “Hay que validar ese voto a punta de verga”. El tres de febrero en la solemne misa en la Basílica Menor de Suyapa, el Cardenal sacralizó la expresión del diputado cachureco con frases sublimes y melifluas, pero no menos amenazantes: “Esperamos que mañana se elijan esos magistrados que faltan…de lo contrario tendrán que dar cuentas al Señor, a su conciencia, a su familia y a su patria”. Ni la amenaza profana del diputado ni la amenaza divina del Cardenal logró la elección de los restantes magistrados decididos por el estricto mandato bipartidista. 

Dos reveses

El presidente Juan Orlando Hernández ha recibido de esta manera su segundo revés político en sus dos años de administración pública. La primera ocurrió el 23 de enero de 2015 cuando en ambiente de feroz campaña y de amenazas quiso elevar a rango constitucional “su” Policía Militar del Orden Público, y los diputados de la oposición se unieron para alcanzar resultados similares a los de la frustrada elección de la Corte Suprema de Justicia conforme a la nómina debidamente revisada por los propia mirada de Juan Orlando Hernández. 

Proceso seguido para elección de CSJ

De esta manera escabrosa e inédita en la historia de las elecciones de segundo grado --basadas en nóminas y listas decididas por quienes ejercían el poder dentro de los dos partidos tradicionales--, ha llegado a un final inconcluso el último proceso de elección de magistrados que, de acuerdo a los mecanismos aprobados a inicios del presente siglo, comenzó a mediados del año 2015 con la conformación de la Junta Nominadora integrada por siete miembros en representación de siete instituciones con el objetivo de seleccionar a candidatos solo de entre unos mil quinientos notarios de entre más de 18 mil abogados. La siete instituciones son las siguientes: Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, las Centrales Obreras, el Colegio Hondureño de la Empresa Privada, Las universidades y de la Sociedad Civil. 

Como sabemos, cada una de ellas envió para el mes de septiembre un listado de veinte candidatos. De esas listas, la Junta Nominadora hizo una primera selección de cerca de cien candidatos, los que debían pasar por un proceso riguroso de exámenes e investigaciones. En este proceso participaron diversos sectores, siendo la palabra de la Embajada Americana sin duda la de más peso decisorio. Envió una lista de más de veinte de entre los 97 seleccionados implicados en actividades del crimen organizado. Finalmente la Junta Nominadora entregó el 22 de enero la última lista de 45 nominados para que el Congreso Nacional eligiera el día 25 de enero los quince magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia. 

Control de CSJ, asunto de vida o muerte para JOH

La elección de la Corte Suprema de Justicia bajo su control es un asunto de vida o muerte para Juan Orlando Hernández. Esta razón está en la base de la complejidad que alcanzó el final inconcluso y tormentoso de la elección de los magistrados. Juan Orlando Hernández no se puede dar el lujo, ni tiene margen de contar con una Corte Suprema que no responda a sus orientaciones y decisiones políticas. No puede existir una instancia judicial sin su control. Juan Orlando Hernández tiene en marcha su proyecto político de reelegirse de manera continua al cual no renunciaría por nada del mundo, puesto que con ello se juega su propia sobrevivencia como político y con ciudadano en libertad. Todos los dispositivos los está estructurando, como quien va armando un rompecabezas, conforme al control exitoso del próximo proceso electoral. 

Para este propósito, Juan Orlando Hernández no podía en este comienzo del año negociar cinco cosas ni con el Partido Liberal ni con la llamada oposición política: una, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y el subsiguiente control del Consejo de la Judicatura; dos, reformas electorales que pusieran en riesgo su proyecto reeleccionista, especialmente lo concerniente a la nueva tarjeta de identidad, el control del registro de las personas y sobre todo la segunda vuelta electoral; tres, el control del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y la dirección general de la policía; cuatro, la derogación o reforma de la Ley de funcionamiento del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la instancia desde donde alcanza control legal de todos los poderes del Estado; y cinco, derogación de las figuras jurídicas aprobadas en diciembre de 2013, justo antes de culminar como presidente del Congreso Nacional y cuando ya era presidente electo de la República, que aprobaron las ZEDEs o Ciudades Modelo, las concesiones de ríos, minas y territorios a empresas multinacionales extractivistas y las concesiones de todas las arterias y redes carreteras a la alta empresa privada concesionarias a su vez de empresas multinacionales.

MACCIH amenaza

Luego de dos años de gobierno, Juan Orlando Hernández necesita contrarrestar su obvio desgaste ante la sociedad y especialmente ante las amenazas de sus adversarios políticos, empresariales y del crimen organizado. Necesita un mayor control de los poderes del Estado, del Ministerio Público y los otros órganos contralores, y sobre todo necesita tener control militar y policial, como instrumentos obligados para proteger su proyecto. De suyo, en la última sesión de la segunda legislatura del Congreso Nacional, logró que se introdujera una moción orientada a eliminar el burocrático cargo de comandante de las Fuerzas Armadas y dejar solo el del Jefe del Estado Mayor Conjunto para así eliminar escalas que atrasen su don de mando directo sobre jefes de batallones. 

Otra razón por la que Juan Orlando Hernández no podría vivir sin control de la Corte Suprema de Justicia es la existencia de la Misión de Apoyo a la lucha Contra la corrupción y la Impunidad, MACCIH, instancia que entró en vigencia tras la firma del documento por parte del presidente hondureño y el Secretario General, Luis Almagro, que hace efectiva la alianza entre la Organización de Estados americanos, OEA, y el gobierno de Honduras. La MACCIH es la respuesta de la OEA a la demanda del fenómeno de la indignación de una instancia internacional de investigación al modo como ha actuado la CICIG en Guatemala. La diferencia entre las dos instancias no solo es de nombre ni solo de ente impulsor. Es mucho más de fondo, y lo que mantiene en vigilancia a diversos sectores hondureños. Las antorchas gritaron la CICI-H y la OEA en alianza con Juan Orlando Hernández trajo bajo el brazo la MACCIH. 

Mientras la CICI-H era una demanda de la indignación hondureña para que la ONU investigara los casos más relevantes de corrupción e impunidad y cuyos resultados los entregara al Ministerio Público y luego pasaran al poder judicial, la MACCIH es una instancia de Apoyo a la investigación que realice el Ministerio Público. Mientras la primera pone un peso especial a la investigación directa y es completamente independiente del gobierno hondureño, la segunda, y ya en vigencia, pone el peso en el Apoyo a la investigación que realice el ministerio público, y es una instancia que deberá contar con el apoyo del gobierno para que cumpla con sus funciones de apoyo y acompañamiento. Con esta instancia ya vigente  el Fiscal General del Estado tiene el mayor liderazgo en tanto tiene la conducción en la investigación de casos, mientras cuenta con el apoyo de expertos internacionales. 

Todo sería muy valioso si no fuera porque los casos de corrupción más sonados a investigar tienen que ver con saqueos de instituciones públicas en donde han tenido metidas las manos miembros del actual equipo de gobierno, y las investigaciones deberán tocar las puertas de la propia vida del presidente de la República y de sus familiares y colaboradores más cercanos.  Y también porque existen casos a investigar que vinculan de manera directa al Fiscal General Adjunto, y que todos los casos deberá liderarlo el Fiscal General cuyo puesto fue ocupado en un proceso sumamente irregular dirigido de manera directo por Juan Orlando Hernández. Todas las voces coinciden en que el actual Fiscal General del Estado le debe no solo su puesto, sino muchos favores a Juan Orlando Hernández que a fin de cuentas lo imposibilitan para que cumplan su función con independencia.

De todos modos, Juan Orlando Hernández no puede prescindir de controlar la Corte Suprema de Justicia porque aun con lo enclenque que pueda resultar su implementación, la MACCIH no deja de ser una amenaza. Aunque tenga control del Fiscal General, no puede tener control de los expertos y de los mandos que conducen los hilos de la MACCIH. No es ocioso tener en cuenta que la OEA, y particularmente su Secretario General, necesitan reivindicarse ante la comunidad continental. Luis Almagro cuenta en su haber un historial de progresista y honestidad que no puede poner en riesgo en su misión en un país como Honduras. Con la MACCIH, Luis Almagro no solo se juega su prestigio sino que la misma OEA se juega su oportunidad para recuperar una credibilidad que desde hace muchas décadas la ha perdido. 

La OEA tiene en su contra la desconfianza ganada por su apego y su subordinación descarada a las políticas del gobierno de los Estados Unidos. En no pocas ocasiones se ha escuchado que la OEA es un brazo más de la política exterior e intervencionista del gobierno norteamericano. Luis Almagro como Secretario General se esforzó en aprovechar la crisis institucional hondureña y la presión por una asistencia internacional para combatir la corrupción para elevar el perfil de la OEA –y su perfil personal—para proponer una instancia que por primera vez en la historia de la OEA interviene directamente dentro de un Estado para buscar la resolución de conflictos a través del apoyo a las investigaciones de hechos emblemáticos de corrupción e impunidad. 

Éxitos y logros ¿de qué país?

Cuando cumplió su segundo año de administración pública, el presidente Juan Orlando Hernández aseguró ante la opinión pública haber sentado las bases de un país diferente. Argumentó con su mayor logro: la captura y extradición a Estados Unidos de varios líderes del narcotráfico. A renglón seguido identificó otros logros: la reducción de los homicidios de 86.5 a 64 por cada cien mil habitantes, haber logrado la estabilidad educativa con más de doscientos días de clases, el saneamiento de los índices de crecimiento económico, la construcción de parques y centros de recreación en las principales ciudades del país, y de manera especial la recuperación de zonas que durante años estuvieron bajo control de las maras y pandillas y de contar con proyectos de asistencia social cuyas ayudas llegan a miles de familias en el marco del programa “una vida mejor”. 

Juan Orlando Hernández valora como un éxito el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado de Derecho. “Ya no somos ni el primero, ni el segundo, ni el tercero ni el cuarto ni el quinto país más violento del mundo”, dijo con euforia el presidente en la apertura de la tercera legislatura del Congreso Nacional mientras centenares de militares y policías tenían acordonado el ingreso a las instalaciones a lo largo de varias cuadras de distancia y con el ingreso de apenas 40 comunicadores sociales, entre los que no pudo estar Radio Progreso por la expresa prohibición a que cubriera los eventos con el argumento que cuanta más gente ingresara más peligro corrían las personalidades asistentes. 

JOH aplazado

Sin embargo, en el sondeo de opinión pública que el ERIC realizó el año 2015, la sociedad hondureña reprobó con 4.7 el segundo año de gestión del presidente Juan Orlando Hernández. La institucionalidad del Estado llegó a niveles de descrédito que ya no solo subió la desconfianza hacia ella por parte de la ciudadanía, conforme al sondeo de opinión, sino que 2015 se podría calificar y recordar como el año con el nivel más directo de intervencionismo que el gobierno de los Estados Unidos tuvo en Honduras como nunca antes, tanto que en los hechos las decisiones del presidente de Honduras y de los diversos entes del Estado quedaron plenamente subordinadas a las decisiones directas del Embajador del gobierno de los Estados Unidos.

“Alianza tutelada y dispareja”

El gobierno de los Estados Unidos está plenamente consciente de que la institucionalidad hondureña llegó a niveles de crisis sistémica, y que sus aliados los políticos y altos empresarios no tienen la dosis de confiabilidad necesaria para una alianza estable y creíble. Así lo dejó establecido el sondeo de opinión pública de 2015: los tres poderes del Estado, seguidos de la instancia de lucha contra la corrupción, tienen niveles de desconfianza que superan el ochenta por ciento. 

Por ello, el gobierno estadunidense actúa con sus antiguos y tradicionales aliados a partir de lo que podríamos definir como “alianza tutelada y dispareja”. Cuando a comienzos del año 2015 la banda de los Cachiros se entregó al gobierno de los Estados Unidos a comienzos del año, el gobierno hondureño titubeó en su respuesta y tardó horas y días antes de oficializar como cierta la noticia. Tanto este hecho como la mayoría de acciones que condujeron a la captura y extradición de narcotraficantes fueron posibles por la acción directa de agentes e instancias del gobierno de los Estados Unidos. Parte del éxito de varias de las acciones contra el narco negocio se logró por la decisión de instancias del gobierno de los Estados Unidos de evitar que la información sobre los operativos se filtrara hacia los organismos internos del Estado hondureño. 

Toda la operación que condujo a la captura y demanda en contra de la poderosa familia Rosenthal acusada de delitos vinculados con el lavado de activos y vínculos con el narcotráfico provino de los Estados Unidos y efectuada por agentes de organismos de seguridad del país del norte. El gobierno hondureño se limitó a avalar y ratificar las decisiones, mientras que la voz del Embajador James D. Nealon acabó reemplazando en eficacia y oficialidad a la del presidente de la República. Sin embargo, Juan Orlando Hernández al cumplir su segundo año de mandado sacó pecho de éxitos ajenos.

De acuerdo al último sondeo de opinión pública del ERIC, los éxitos de Juan Orlando Hernández en estabilidad económica y de respuestas a necesidades de la población más pobre no tienen sustento. Junto a la inseguridad, el desempleo y la incertidumbre económica siguen siendo las angustias mayores de la gente, y es lo que sustenta la muy baja calificación que recibe el Presidente por su gestión pública. Existe un enorme abismo entre los éxitos y logros que publicita el gobierno y la percepción de la sociedad hondureña que prima el repudio y malestar muy por encima de los reconocimientos positivos a la gestión pública. 

La reelección va y nadie la detiene

Juan Orlando Hernández inicia el tercer año de gobierno atrapado entre su desgaste como político y funcionario público y su enorme afán por agrupar fuerzas y recursos para convertir su tercer año en la plataforma política de su relanzamiento a la campaña por su reelección. “la reelección va y nadie la detiene”, es la consigna que se escucha entre sus más cercanos colaboradores. Este tema, que junto con el del saqueo del Seguro Social, significaron los dispositivos de mayor rechazo hacia Juan Orlando Hernández para el éxito de las caminatas de las antorchas, seguirá siendo el de mayor controversia en este año 2016. Muchos sectores de cúpulas parecen coincidir en mantener las puertas abiertas a la reelección presidencial. Se dice incluso que es un tema en el que la Embajada de los Estados Unidos habría dado su aval. 

Los oráculos hondureños parecen coincidir. Marvin Ponce, el oráculo de Juan Orlando Hernández, ha advertido la reelección desde hace año y medio. Desde que lo anunció hasta ahora, este oráculo se ha dedicado a ratificar su vaticinio. Omar Rivera y sus adláteres en la Asociación por una Sociedad más Justa, ASJ, el oráculo de la Embajada Americana, con más discreción y elegancia, han ido abriendo las mismas condiciones reelecionistas a través de la validación del diálogo oficial de JOH y la irremediable defensa de la institucionalidad en harapos.

El asunto entonces no parece ser la reelección. El asunto es la regulación de la misma. Y más claro todavía, el problema es Juan Orlando Hernández y su decisión política de asegurar que la reelección sea continua. Al entender su tercer año de gobierno como plataforma para  conformar y lanzar su campaña reeleccionista, Juan Orlando Hernández ha zanjado de un tajo su principal obstáculo político interno: Rafael Leonardo Callejas, el único que podía significar una sombra para sus pretensiones. Una vez descalificado no por razones políticas sino por las acusaciones de corrupción en la FIFA, Callejas dejó allanado el camino para que Juan Orlando Hernández organice con tranquilidad política su dispositivo proselitista sin desgastarse por fuerzas demasiado adversas al interior de su partido.

Su contrincante político oficialmente más enconado, LIBRE, y particularmente el expresidente Manuel Zelaya y su equipo, estarían muy anuentes a avanzar hacia la implementación de la reforma constitucional que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aprobó en abril de 2015 para permitir la reelección presidencial. Para LIBRE hablar de reelección no significa ningún problema político, lo que evitan a toda costa es aparecer abanderados de la misma. “Este no es un tema de LIBRE, es del presidente Juan Orlando Hernández”, repiten cada vez que se les pregunta.  Lo dejan muy claro: siendo la reelección un asunto que especialmente interesa a Juan Orlando Hernández, el tema debía llevarse a una consulta nacional, sabiendo que lo que políticamente rechazan ellos, los de LIBRE, es el continuismo que subyace en el interés del presidente de la República. Desde la valoración de alguno de los ideólogos del sector más leal a Manuel Zelaya Rosales, la confrontación entre reeleccionistas y no reeleccionistas es falsa o una disputa alimentada por sectores interesados en debilitar a LIBRE como opción política. Así lo dice Ricardo Salgado, pensador de alto relieve en LIBRE: “la manipulación del tema reelección lleva como objeto desmantelar la oposición y reducir el interés por los planteamientos estructurales que surgen del Partido LIBRE”.

La confrontación real es, para este analista de LIBRE,  entre la democratización propuesta por LIBRE y el continuismo de Juan Orlando Hernández. En este debate, pensadores de LIBRE relativizan la condena que hacen sectores “no reeleccionistas” a la administración actual como “dictadura”. Y así lo formula Ricardo Salgado: “Por supuesto, para crear semejante efecto de impotencia en la clase media se debe construir un mito de grandes proporciones, este es elevando a Juan Hernández a la cúspide de un estado dictatorial; sin dictador no existe ningún movimiento. Y aquí se complica mucho el asunto, pues Hernández, el presidente hondureño más complaciente con las esferas de poder norteamericanas se implanta en el imaginario colectivo como un objetivo de caza del “intransigente justiciero americano”, y ahí se distorsiona todo a extremos impensables”. 

Dicho con palabras más precisas: para LIBRE el problema no parece ser la decisión de Juan Orlando Hernández y su proyecto de concentración de decisiones en torno a su persona –y por eso mismo, con rasgos que lo asemejan a una dictadura--, sino la maliciosa tendencia que aglutina a diversos sectores de clase media y que ha liderado el fenómeno de la indignación, de dar a Juan Orlando Hernández unos poderes que no tiene acentuando la lucha en contra de su reelección, golpeando de esa manera no tanto al proyecto de Juan Orlando Hernández, sino la propuesta de LIBRE y de su líder Manuel Zelaya Rosales.

¿Reelección sin reformas?

Así las cosas, la reelección se va convirtiendo en una realidad novedosa en el proceso electoral que tendrá entretenidos a los diversos partidos políticos en los dos años siguientes. Una reelección que no ha pasado por reformas a la regla del juego electoral, una demanda de los partidos de oposición que se expresa en la integración de representantes de los nuevos partos en el Tribunal Supremo Electoral, en el Registro Nacional de las Personas, nueva tarjeta de identidad y una segunda vuelta. Estas reformas ya no pueden ser posibles que tengan efecto para el actual proceso electoral puesto que la aprobación de las mismas por una legislatura ha de ser ratificada en la siguiente legislatura. 

En caso de que el Partido Nacional accediera a las reformas y las mismas se aprobaran a lo largo de la presente legislatura, tendría que esperarse la siguiente legislatura, es decir, hasta el próximo año, cuando el Tribunal Supremo Electoral ya habría dado por abierta la contienda electoral para las elecciones primarias. Sin embargo, el Partido Nacional, es decir, Juan Orlando Hernández, no ha dado ni la menor de las señales para acceder a reformas. Pero, insistimos, aunque accediera, a estas alturas del tiempo todo el proceso electoral y las pretensiones reelecionistas de Juan Orlando Hernández deberán realizarse bajo las actuales reglas del juego del proceso electoral así como ha venido funcionando tradicionalmente. Y así, el continuismo del actual presidente de la República se advierte como una amenaza inminente.

Sin embargo, aunque las reglas del juego sigan siendo las mismas, el deterioro político institucional va también definiendo sus propias reglas del juego. Y también de actores. En el primer trimestre del año 2015 nada podría prever la irrupción del fenómeno de las antorchas. No obstante, el destape del saqueo del Seguro Social unido a que quien tiene directas implicaciones en el mismo provoca la reforma constitucional para reelegirse como presidente, estremecieron las conciencias de amplios sectores de la ciudadanía hasta obligar a Juan Orlando Hernández a que llamara a un diálogo y a que finalmente aceptara la presencia de una instancia internacional como la MACCIH. Es decir, las reglas del juego en un Estado resquebrajado como el hondureño se pueden trastocar y los actores pueden también emigrar de una estabilidad y reconocimiento nacional a ser enjuiciados y perder de un porrazo toda su credibilidad. Así ocurrió especialmente con el expresidente Rafael Leonardo Callejas, quien a mediados del año 2015 emergió como una carta política que rompía las trancas jurídicas que impedían la aspiración de expresidentes para ser reelegidos. 

 

Políticos proponen y el deterioro dispone

De ser el hombre que podía no solo apadrinar la candidatura de Juan Orlando Hernández a una nueva elección presidencial sino a competir con él con notables signos de reemplazarlo en el liderazgo de la extrema derecha, pasó a ser a partir de diciembre del mismo año 2015, un vulgar perseguido por la justicia internacional, particularmente a ser demandado por la justicia del gobierno de los Estados Unidos, y exigir su extradición, hasta terminar con un pie en una de las cárceles de los Estados Unidos por estar acusado de actos de soborno y de corrupción como directivo de la FIFA. Dentro de Honduras el nombre de Callejas siempre ha sido sinónimo de corrupción. Ha sido el corrupto ejemplar, el paradigma de político hondureño que logró la poderosa capacidad de ganar seguidores justamente por su capacidad de convertir todo acto político en acto de corrupción, y toda demanda legal en carta de sobreseimiento o libertad. Siempre fu el intocable, y quien elevó la práctica corrupta a los más altos niveles de honorabilidad. Se puede decir que la cualidad eximia de callejas fue el haber convertido el acto corrupto en honor, la evasión de la justicia en sagacidad y el hacer del Estado un negocio en inteligencia política.     

En la situación de ebullición y colapso de la institucionalidad del Estado la vida de Callejas dio un giro literalmente de un día a otro. Lo mismo ocurrió con la familia Rosenthal y su poderoso emporio financiero y empresarial, y aunque parezca que era previsible, es lo mismo que sucedió con los principales líderes del narcotráfico, quienes vivían sobre el entendido de que en Honduras nadie los podía tocar. Y en efecto dentro de Honduras nadie los tocó. Por ello, en la ebullición hondureña solo un actor como el gobierno de los Estados Unidos puede intervenir para cambiar el día por la noche, la oscuridad por la claridad, la honorabilidad por la pillería. Callejas pasó de un día a otro de ser el honorable político y empresario honorable a un forajido, como él mismo llamaba a los rateritos y ladronzuelos callejeros. 

A más deterioro, más gobierno imperial

El actor llamado Embajada y gobierno de los Estados Unidos ha sido decisivo en conducir la vida política, judicial y de seguridad del país a lo largo del año 2015. Y parece que seguirá siendo así el año actual y los años venideros. Los logros y éxitos que Juan Orlando Hernández se adjudica a sí mismo son éxitos y logros de otro gobierno que no es el hondureño. Juan Orlando Hernández ha sabido comportarse a la altura de un obediente cumplidor de órdenes superiores. Y ese es sin duda su éxito. Es el éxito del mercenario. El éxito del fiel servidor del extraño. 

En asuntos de la reelección, como en los asuntos de la seguridad interna y de la persecución del crimen organizado, la conducción del proceso reside en los hilos del gobierno de los Estados Unidos. Habrá reelección se la Embajada de los Estados Unidos da el banderillazo. De acuerdo a diversos datos, todos los signos estarían decantándose hacia la reelección. No tanto como la desea Juan Orlando Hernández --continua e indefinida--, sino alterna y a lo sumo la reelección solo para un siguiente período. Y todos los hilos conducen a identificar la propuesta de Juan Orlando Hernández en un franco proceso de debilitamiento y con un futuro de incertidumbre. Aunque parece que se ha echado en la bolsa a la comunidad internacional, y que goza del respaldo de las delegaciones diplomáticas europeas y de norte América, a Juan Orlando Hernández no parece que le esperen escenarios muy distintos a los que tuvieron que enfrentar los expresidentes Portillo y Pérez Molina de Guatemala, su amigo personal y maestro, el expresidente Rafael Callejas, o el que trágicamente ha debido correr el expresidente Francisco Flores de El Salvador. Puesto que su futuro fuera de la presidencia de Honduras es muy incierto, Juan Orlando Hernández reforzará este año tanto su propuesta proselitista como su obediencia a la política de seguridad del gobierno de los Estados Unidos.

Recuento de conjunto

Un recuento del cuadro político como está pintado en la Honduras de comienzos del año: los actores internos perdieron capacidad para conducir sus propias crisis y menos para buscar respuestas desde sus capacidades. Así lo ha entendido  el gobierno de los Estados Unidos, por ello ha decidido comprender su política de seguridad no desde una intervención desde lejos, sino desde la conducción y toma de decisión directa. Así quedó establecido con las acciones que condujeron a la extradición de líderes del narcotráfico, empresarios y políticos que han estado en alianza con las bandas del narco negocio, y así se ha evidenciado en la presencia directa para responder a la crisis generada por las presiones de las antorchas a través del aval para la instalación de la MACCIH en lugar de la CICI-H, y en saber intervenir para una elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia no salpicados con el crimen organizado. 

De igual manera, un recuento político pasa por una lectura del proceso seguido en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  Ese proceso tortuoso ratifica tanto el colapso de la institucionalidad del Estado hondureño como del modelo tradicional del bipartidismo hondureño, así como la incapacidad de los actuales liderazgos políticos para conducir por su cuenta respuestas que conduzcan a nuevos escenarios institucionales y políticos. Es colapso de modelo pero no del bipartidismo como expresión política de las élites hondureñas. El bipartidismo se encuentra actualmente en un proceso de tránsito hacia la construcción de un nuevo modelo político que mejor  represente los intereses de las élites dentro de un mapa político definido por la pluralidad de fuerzas. Cómo asegurar el liderazgo bipartidista en esa pluralidad partidista es el desafío que buscan resolver las élites hondureñas. Hacer cambios para que no cambie nada, es el objetivo en el áspero ambiente político hondureño. 

Asimismo, la justicia hondureña sigue siendo remolcada por los partidos políticos, lo que imposibilita que haya independencia judicial en las decisiones que se van a tomar en los próximos siete años. Con la institucionalidad actual, las elecciones tanto de primer grado como de segundo grado serán cada vez más complejas y se convertirán en escenarios de confrontaciones y polarizaciones. Si la elección de esta Corte ha sido cuestionada y cargada de confrontación, ¿cómo será la siguiente elección de los otros órganos contralores del Estado que tienen que ser electos por el actual Congreso Nacional? ¿Y cómo serán las siguientes elecciones de primer grado?

La alta crisis de institucionalidad que se evidenció en la elección de la Corte Suprema de Justicia, la pérdida de confianza en toda la institucionalidad es lo que caracteriza al Estado hondureño cuando Juan Orlando Hernández inicia su tercer año de gobierno. Esta crisis es sistémica no coyuntural. Las élites hondureñas expresadas en los dos partidos tradicionales buscan resolver la crisis con respuestas coyunturales. Las fuerzas políticas de oposición acentúan la búsqueda de respuestas a partir de cambios o reformas, pero sin contar con los diversos sectores sociales no partidarios. 

La crisis sistémica actual y que se viene arrastrando a lo largo de varias décadas y que se acentuó a partir del golpe de Estado de junio de 2009, no se resuelve con parches, es decir, ni con respuestas coyunturales ni con reformas que se definan a espaldas del conglomerado. Toda respuesta que no toque a fondo los conflictos es generadora de mayores incertidumbres, y los políticos actuales prefieren que se ahonde la inestabilidad y el deterioro a perder cuotas de poder. Al final juegan con su propia existencia, porque al no romper con sus propias lógicas de poder lo que hacen es afinar más la punta de la estaca que ellos mismos se están hundiendo. 

El colapso actual es propicio para un debate nacional que conduzca a la construcción de propuestas de una nueva institucionalidad, y un nuevo pacto que reemplace el pacto de 1981, cuando se redactó la Constitución vigente y que ha pasado por decenas de reformas y que sufrió su mayor revés con su ruptura constitucional en 2009. Es decir, más que parches o reformas dentro de una institucionalidad colapsada, lo que ha de ponerse en discusión es el proceso hacia una Constituyente que redacte una nueva Constitución Política. Y en esta apuesta es en donde se juega el presente y el futuro del país y de la estabilidad o inestabilidad de toda la sociedad hondureña.

 

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