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Viernes, 16 Febrero 2018 15:54

Semanario No. 514

Viernes, 16 Febrero 2018 15:44

NOTI NADA 366 | RADIO PROGRESO

Un #NotiNadaHN cargado de ataques y estrategias para neutralizar a los opositores que se opone al continuismo; también le motivamos a opinar en nuestra noti encuesta, esto y más aquí y ahora.

Nuevas administraciones han llegado a varias municipalidades en el departamento de Atlántida, al norte de Honduras. Pese a ello, los problemas siguen intactos a pesar del cambio. Alcaldías como Tela y La Ceiba, vienen arrastrando millonarias deudas que ponen en precariedad el funcionamiento de las entidades.

La falta de transparencia, el personal supernumerario y la falta de voluntad política han sido factores que han influido para que dichas municipalidades enfrenten la crisis económica que las tiene al borde de la quiebra. 

Según Gloria Zelaya Murillo, vicealcaldesa de Tela, Atlántida, encontraron una municipalidad complicada, con la infraestructura deteriorada y una deuda millonaria que ronda los 600 millones de Lempiras. 

La funcionaria detalla que con la banca privada se tiene una deuda que se arrastra desde administraciones anteriores, de aproximadamente 233 millones de Lempiras, y el resto de la deuda es por concepto de demandas laborales, contratos y pagos de otras obligaciones. 

En ese sentido, dijo que están realizando una reestructuración para reducir personal y comprimir costos de operación. “Hay un acuerdo para reducir personal, actualmente estamos funcionando con 343 empleados, pero esperamos reducir la cantidad a unos 200 empleados”, dice la vice alcaldesa.

Zelaya Murillo, también señaló que para verificar en qué se invirtió el dinero de los préstamos adquiridos con la banca privada, realizarán una auditoria a la administración saliente del ex alcalde Mario Fuentes.

La crisis económica y la corrupción en la comuna Teleña no es nada nuevo. El año 2015, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), publicó un informe sobre actos irregulares encontrados durante una auditoría realizada entre el 27 de agosto del 2009 al 31 de mayo del 2014. 

El informe detalla que durante la administración del ex alcalde David Zaccaro; empleados y particulares cobraron 20 cheques por la suma de 56. 2 millones de Lempiras. Además de sobrevaloración de terrenos y desvío de fondos.

Mil millones la deuda de La Ceiba 

La situación económica en la comuna de la cabecera departamental de Atlántida, La Ceiba, no dista nada con la del municipio de Tela. Según las nuevas autoridades, esa alcaldía tiene actualmente una deuda de mil millones de Lempiras, aproximadamente.

El regidor German Cruz, dice que esa municipalidad pasa una de las peores crisis económicas en la historia del municipio. Son más de mil millones de Lempiras, 396 millones con la banca privada, y el resto con diferentes entidades financieras, además de demandas laborales por despidos injustificados.

El funcionario en entrevista con Radio Progreso aseguró, que tal nivel de endeudamiento es producto de la mala administración en los últimos 8 años. 

Cruz agregó que entre las medidas para sacar la municipalidad a flote están la consolidación de deudas, buscar en el Congreso Nacional autorización para readecuarlas, además de condonaciones y la revisión del personal para determinar si realizan o no despidos.

“Hay varias demandas de empleados y empleadas de la administración saliente, más o menos unas 200 personas renunciaron debido a la falta de pago”, expresa el regidor.

En varias ocasiones la administración del saliente alcalde, Carlos Aguilar fue señalada de cometer diferentes actos de corrupción. El año 2016 se conoció en un informe del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), cinco hechos irregulares por un monto de 100 millones de Lempiras.

El informe dice que se constató que la administración municipal obtuvo cuatro préstamos sin contar con la aprobación del pleno de la corporación municipal. Además del pago adelantado a “contratistas” por valores mayores al 20% que establece la ley, uno de ellos para el proyecto de instalación de cámaras de vigilancia en la ciudad, que al final resultó inservible.

En el país al menos 32 alcaldías han sido señalas de actos de corrupción. Durante el 2017, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), entregó al Ministerio Público al menos 15 casos en los que se involucran a corporaciones o alcaldes. Según datos de la Asociación de Municipios de Honduras, (AMHON) 40 alcaldes y ex alcaldes enfrentan procesos penales, muchos de ellos señalados de actos de corrupción.

El proceso de municipalización del agua potable a nivel nacional avanza a pasos agigantados. Desde los primeros días de febrero, las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) han visitado varios municipios para dar pie a la transición que en los planes gubernamentales está estipulada para culminar en el mes de marzo.

Roberto Zablah, titular del SANAA a nivel nacional, visitó La Ceiba, en ese viaje conversó con autoridades municipales sobre este proceso, paulatinamente ciudades como El Progreso están a la espera de la notificación y en otras como Tegucigalpa ya inició.

La municipalización del agua inició en el 2003, cuando el Congreso Nacional aprobó la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico. Esta ley define como titulares de los servicios de agua y saneamiento a las municipalidades, identificando éstas el modelo de gestión pública directa por medio de algún departamento de la municipalidad o la gestión privada a través de la concesión del agua potable.

El Progreso fue uno de los puntos de oposición clave para evitar que la municipalización del agua se hiciera una realidad cuando fue propuesta. La iniciativa propuesta en el Congreso Nacional generó un movimiento de oposición al gobierno integrado por organizaciones territoriales, populares y gremiales. En la actualidad, esas estructuras desaparecieron y la propuesta avanza con rapidez. 

Tegucigalpa en los últimos años ha sufrido de escases de agua, en ocasiones la población de algunos barrios y colonias de zonas altas recibe el servicio de agua una vez cada semana y en el mejor de los casos una vez cada tres días, esa realidad es producto del abandono estatal en políticas de solución a este problema.

Ante esos problemas administrativos ya se inició con la transición para que la alcaldía del Distrito Central sea la que maneje en su totalidad el servicio, situación que preocupa a diversos sectores.

“Ya hay una transición del manejo del agua para la municipalidad, en ese sentido debe ser una prioridad y para mí lo es: dotar de agua a toda la capital”, calificó el regidor liberal en Tegucigalpa Osman Aguilar.

Para Aguilar la municipalización no es sinónimo de privatización, sino una oportunidad para que la alcaldía haga lo que el gobierno no pudo hacer por años, entregar un servicio de calidad y con regularidad.

Según estudios de ambiente, el 55% de los habitantes de Tegucigalpa tiene problemas en abastecimiento de agua en sus viviendas. “Esto nos demuestra que podemos cambiar la situación, porque existe voluntad de la alcaldía para tomar cartas en el asunto”.

Aguilar no específica como harán esas mejoras, por ahora solo adelanta que hay un informe sobre análisis de la problemática para tomar decisiones.

Para la regidora de la municipalidad de El Progreso, Araminta Pereira y una de las participantes durante la lucha contra la municipalización del agua, cree que este es el punto donde se concreta la privatización, porque la mayoría de alcaldías, al no tener capacidad de sostener la plataforma de manejo del agua, la entregan a la empresa privada.

San Pedro Sula, Choloma y Puerto Cortés son el ejemplo de lo que dice Pereira. San Pedro Sula ha tenido irregularidades, aumento desmedido de tarifas de servicio y problemas en el tratamiento de aguas residuales por parte de la empresa que administra el servicio: Aguas de San Pedro.

Mientras tanto Choloma y Puerto Cortés han sido noticia, a través de las denuncias de la población en contra de las tarifas y el servicio que brindan las empresas.

“A nosotros no se nos ha planteado un plan para saber cómo se hará el manejo de ese servicio, y ahora con esa nueva ley habrá un ente auditor a las juntas de agua y esas organizaciones barriales, y eso va justificar para quitárselas y pasarlas a una empresa privada. A todas luces, estaríamos esperando que aparezca una empresa que será la que manejará este servicio y sabemos que sería con fondos de empresarios o fuera del país, entre otros”, dijo la funcionaria.

A criterio de Pereira la gente debe volver a organizarse para poner un alto a lo que ocurre en los municipios donde todavía está en transición, caso contrario correrán el mismo destino que las ciudades que ahora, gracias a la privatización, pagan más tarifa por un pésimo servicio.

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