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En sus primeros nueve meses de administración, Donald Trump, ha avanzado a fortalecer las fronteras para impedir el paso de migrantes hacia Estados Unidos. Esta orden ejecutiva consiste en la construcción del famoso muro, equipamiento de los centros de detención en frontera sur e incremento de agentes fronterizos.

Además, ha reactivado el programa “ciudades seguras”, para poner nuevamente a la policía comunitaria a colaborar en las redadas que hace el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. Este programa había sido eliminado en la administración de Obama. Y recientemente, a través del Fiscal General de Estados Unidos, Trump ha propuesto dejar morir los programas Acción Diferida para los llegados en la Infancia, DACA, conocidos como dreamers y el Estatus de Protección Temporal TPS, que en el caso de Honduras será revisado el 2018.

Desde la elección y posterior llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, el temor se ha apoderado de gran parte de la comunidad hispana. Los anuncios hechos siendo candidato han comenzado a tomar forma en sus primeros meses de gobierno.

En Estados Unidos se estima que viven más de 3.5 millones de personas centroamericanas, la mitad se encuentra sin autorización, es decir que entraron al país de forma irregular. De esta cifra según la Red de Jesuitas con Migrantes el 20 por ciento son hondureños y hondureñas, que con la implantación de la política de seguridad en la “Era Trumpiana”, se encuentran con miedo e incertidumbre.

“La situación es peligrosa, porque la nueva política seguridad y defensa de Trump está en manos del Pentágono”, expuso Laura Carlsen del Programa Américas en el Seminario Centroamericano que organiza anualmente la Compañía de Jesús. Carlsen asegura que Estados Unidos apuesta por la militarización de su país y de los “países amigos”, justificando una guerra contra las drogas, que al final es una guerra fría racista y misógina contra migrantes.

Carlsen también explicó que la apuesta militarista de Trump le costará millones al país. La propuesta presupuestaria del presidente para el año fiscal 2018 incluye un aumento de 4.700 millones de dólares (un 7,1 %) para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), centrados en las agencias migratorias y fronterizas.

También propone un aumento del 21,6 % (2.913 millones más) respecto al año fiscal anterior para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que ronda el 23,2 % del presupuesto total e incluye partidas para contratar más agentes para la Patrulla Fronteriza y para iniciar la construcción y reparación del muro con México. “Todo esto forma parte de una guerra fría que muestra el lado más oscuro de los Estados Unidos”, agregó Carlsen.

Oscar Chacón de Alianza Américas, quien también participó en el Seminario Centroamericano, dice que Estados Unidos está dejando ver su verdadero rostro racista, misógino y violador de derechos humanos. Las organizaciones que trabajan el tema migratorio tienen la oportunidad de crear puentes y oportunidades que garanticen la vida de la población migrante. A criterio de Chacón la política de seguridad implementada por Trump responde a los intereses de quienes financiaron su campaña política.

“Los centros privados de detención para migrantes fueron los principales financiadores de Trump”, dice Oscar explicando que el 62 por ciento de las “camas” para los migrantes detenidos están en los centros privados de detención. Hay aproximadamente unas 8 mil 500 camas aseguradas con el pago, se ocupen o no, “Eso equivale a unos 193 dólares al día por cada persona detenida que paga el gobierno de Estados Unidos”, agrega Chacón.

Si bien las deportaciones no han aumentado, si lo han hecho las detenciones en Estados Unidos y México, especialmente de migrantes centroamericanos. “Podríamos esperar después de estos nueve meses una nueva crisis de deportaciones”, dice Yolanda Gonzales de la Red Jesuitas con Migrantes. Yolanda asegura que es necesario monitorear y analizar todas las acciones impulsadas por Trump para medir su impacto en la región Centroamérica.

Frente a la “Era Trumpiana”, es necesario echar una mirada al sur. Costa Rica registra en los últimos cinco años un aumento del flujo inmigratorio desde el Triángulo Norte de Centroamérica, en especial de El Salvador y Honduras, países golpeados por la violencia, pobreza y corrupción, según la Red de Jesuitas con Migrantes.

Datos de solicitudes de refugio en Costa Rica reflejan la tendencia de los centroamericanos a buscar asilo en ese país, en momentos en que la corriente migratoria desde Guatemala, El Salvador y Honduras a la frontera de Estados Unidos está en crisis producto de la política de seguridad de Donald Trump.

Karina Fonseca de la Red de Jesuitas con Migrantes en Costa Rica, dice que tradicionalmente Nicaragua ha sido el país que más solicitudes de refugio ha presentado, sin embargo, es evidente el creciente flujo migratorio de salvadoreños y hondureños a ese país.

Los más golpeados 

En el marco del foro “Migrantes Retornados con Discapacidad, la Pastoral de Movilidad Humana y la Comisión Nacional de Apoyo a Migrantes Retornados con Discapacidad (CONAMIREDIS) dieron a conocer que, desde el año 2009 hasta la fecha, han regresado al país 546 personas con mutilaciones sufridas al intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

La hermana Lidia Mara Sousa, integrante de la Pastoral de Movilidad Humana, señala el desinterés del gobierno al no implementar un programa que responda a las necesidades de salud y a la reinserción integral de los migrantes retornados con discapacidad.

Desde la Red Jesuita con Migrantes se propone conocer más a los migrantes, no individualmente, sino colectivamente y socialmente para trabajar, pensar y soñar juntos y juntas. Ver al migrante como un desobediente civil ante un sistema legal, social y económico injusto, que cada día expulsa a decenas de hondureños.

Contribuir a construir una ciudadanía que impulse una política pública inclusiva, hospitalaria, solidaria y tolerante sobre todo hacia las personas migrantes, desplazadas internas, refugiadas y deportadas.

Medelin David Hernández, una garífuna acusada del delito de usurpación por los canadienses Patrick Forseth y Randy Jorgensen, este último conocido como “el rey porno”, es uno de los 11 casos de criminalización en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, que revela la recién inaugurada campaña Yo Defiendo.

La Coalición contra la Impunidad, una plataforma que aglutina a diversas organizaciones de derechos humanos, lanzó esta iniciativa para visibilizar la labor que desempeñan los defensores y defensoras de derechos humanos, bienes naturales y territorios en el país.

Yo defiendo tiene como finalidad disuadir del consciente colectivo la estigmatización impulsada por el Estado, a través de todas sus entidades y particularmente desde el Ejecutivo, y evidenciar la utilización del derecho penal para criminalizar la protesta social. 

La campaña que fue lanzada esta semana en San Pedro Sula, al norte de Honduras, cuenta la historia de hombres y mujeres defensoras que han sido víctima de persecución, estigmatización y criminalización, enfatizando el derecho humano a la protesta y la obligación del Estado de proteger a quienes lo ejerzan. 

Entre los casos resaltan los defensores y defensoras de derechos humanos, bienes naturales, territorio, mujeres, independencia judicial, LGTBI, entre otros.

El abogado Guillermo López Lone de la Asociación de Jueces por la Democracia, instancia que forma parte de la Coalición contra la Impunidad, asegura que la campaña llega en un momento crítico para los defensores y defensoras de derechos humanos, por el discurso de odio, estigmatización y criminalización que está a la orden del día en todo el territorio. 

López Lone agregó que la primera etapa de la campaña arranca este septiembre y finaliza la segunda semana de noviembre, ante de las elecciones generales de este 2017. Un segundo momento de Yo Defiendo será a partir del 15 de enero de 2018, donde se continuará la producción de distintos materiales audiovisuales y comunicativos que revelan las realidades que los defensores y defensoras están haciendo en los territorios.

Perfiles de defensores y defensoras

La campaña z través de producciones multimedia, cuenta casos e historias de varios defensores y defensoras que están amenazados o criminalizados por estar denunciando y acompañando las luchas en defensa de las mujeres, los territorios, bienes naturales, la independencia judicial, personas LGTBI, entre otros.

Abel Antonio Pérez

Miembro de la Asociación para el desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), comunicador Social de “La voz de Zacate Grande” y parte de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR).

Sentenciado a cinco años y un mes de prisión, acusado de los delitos de usurpación, daños a la propiedad y amenazas, en perjuicio del señor Jorge Luis Cassís Leiva.

Santos Hernández

Miembro de la Asociación para el desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y parte de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR).

Santos junto a su compañero Abel, ha sido sentenciado a cinco años y un mes de prisión, acusado de los delitos de usurpación, daños a la propiedad y amenazas, en perjuicio del señor Jorge Luis Cassís Leiva.

José Isabel “Chabelo” Morales

Integrante del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), de la comunidad Guadalupe Carney en el municipio de Trujillo, Colón.

Privado de libertad casi 7 años acusado injustamente por el asesinato de Carlos Manrique Osorto, sobrino Henry Osorto un alto jefe policial.

Después de ser juzgado tres veces por el mismo delito, Chabelo fue puesto en libertad y ahora junto al equipo jurídico del ERIC –SJ y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Los Ángeles, California, ha presentado una demanda contra el Estado hondureño.

Miriam Miranda

Coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), espacio que aglutina a las comunidades garífunas que defienden sus territorios y derechos humanos.

En esa lucha por la defensa del territorio y la soberanía, Miriam ha recibido constantes amenazas y ataques de manos de empresarios y políticos interesados en acaparar las tierras de las comunidades garífunas.

Medaline David Fernández

Lideresa garífuna acusada por el supuesto delito de usurpación en perjuicio de Carivida, propiedad de Patrick Forseth y Randy Jorgensen conocido como “el Rey del Porno.

Madeline permanece en campamentos de recuperación de tierras ancestrales en el municipio de Santa Fe, Colón, ante la venta ilegal del territorio a favor de los canadienses en complicidad con las autoridades hondureñas.

Irma Lemus

Integrante del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán (OPDDHH). Acusada por usurpación de tierras, hurto de ganado, daños y perjuicios contra el Fondo Ganadero, acto señalado como criminalización de la lucha por la defensa de derechos humanos y la tierra en medio de un conflicto agrario que ha cobrado la vida de más de cien campesinos en el Aguán.

Gaspar Sánchez

Gaspar Sánchez defensor de derechos humanos del pueblo indígena Lenca y activista de la diversidad sexual.

Es uno de los jóvenes Lencas que mantiene vivo el legado: la lucha por el ambiente, la identidad indígena. 

Pedro Canales Torres

Dirigente de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), periodista comunitario de “La voz de Zacate”.

Criminalizado por los delitos de usurpación de las tierras de Miguel Facussé, fallecido terrateniente de Honduras, y por el delito de defraudación de la administración pública por instalar la radio sin contar con los permisos por parte de Comisión Nacional de Telecomunicación (CONATEL).

Pedro recibe contantes amenazas a muerte por su labor en defensa del territorio en Zacate Grande.

Tirza Flores Lanza

Defensora de derechos humanos y de la independencia judicial en Honduras.

Se desempeñó como magistrada de la Corte de Apelaciones en San Pedro Sula, pero debido a su oposición al Golpe de Estado de 2009 y a varias acciones realizadas en su calidad de ciudadana y de miembro activo de la asociación Jueces por la Democracia de Honduras, la Corte Suprema de Justicia decidió destituirla como parte de una oleada de represalias que se llevaron a cabo durante ese periodo.

Moisés y Misael Sánchez

Moisés y Misael son dos hermanos integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO) y el Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS).

Por defender los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras fueron despedidos en 2016 junto a 90 personas más.

Esta semana se cumplieron 34 años de la desaparición forzada del sacerdote jesuita, Guadalupe Carney, conocido por sus amigos y cercanos como Padre Lupe.

Carney fue un misionero jesuita estadounidense que nació el 28 de octubre de 1924, en la ciudad de Chicago, Illinois. Después de ser ordenado fue enviado a Honduras a trabajar con las familias más desposeídas.

Desde su llegada realizó su trabajo pastoral en los departamentos de Yoro y Colón, predicando el evangelio liberador de Jesucristo y acompañando a las comunidades campesinas que luchaban por obtener un pedazo de tierra para cultivar.

En la década de los 80, Honduras se vio sumida en tristeza el dolor y el terror provocado por la “Doctrina de Seguridad Nacional”, donde se perseguía y se tildaba de comunista a toda aquella persona que buscaba transformaciones, en especial a los campesinos y campesinas que luchaban por la liberación de la tierra.

En ese contexto, el Padre Lupe realizaba su trabajo.

Años antes, en 1973, inspirado por el trabajo realizado con las clases oprimidas y esperando estar luchando hombro a hombro junto a los campesinos obtiene su naturalización como ciudadano hondureño. Desde esa fecha, el Padre Guadalupe, arrecia su trabajo como fiel seguidor de Jesucristo.

Como consecuencia de su labor pastoral, enmarcada en la opción preferencial por los pobres, el 16 de septiembre de 1983 fue declarado desaparecido. De ese hecho se responsabiliza a tropas norteamericanas y hondureñas ubicadas en la zona de El Aguacate, en el departamento de Olancho. 

La operación se realizó durante el gobierno de Roberto Suazo Córdova, estando a cargo el general Gustavo Álvarez Martínez, en colaboración con inteligencia norteamericana. Doctrina que dejó más de 180 personas desaparecidas.

Vigencia en su lucha 

Actualmente en el país existen más de 300 mil familias campesinas que no tienen un pedazo de tierra para cultivar, familias que viven sumidas en la pobreza y la miseria.

Para Jerónimo Carranza, coordinador del área de Articulación del ERIC, la lucha del Padre Lupe sigue vigente, pues se continúa criminalizando y persiguiendo a los campesinos y campesinas, especialmente en el sector del Aguán, departamento de Colón.

“La problemática en vez de solventarse, sigue agudizándose y afectando a las familias más pobres. El pueblo sigue haciendo suyas las palabras del Padre Lupe, sigue imitando ese espíritu de fortaleza, ese toque de acompañamiento espiritual”, expresa Carranza.

34 años desde su desaparición forzada, no han pasado al olvido. El acompañamiento a muchos campesinos y campesinas sigue vivo en la memoria del campesinado hondureño.

Jornadas soberanas 

Recordando los 34 años de la desaparición del Padre Guadalupe, y por la vigencia que tiene su mensaje, el próximo viernes 22 de septiembre se realizarán varias actividades, entre ellas la Santa Eucaristía junto a las comunidades a partir de las a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación ERIC y Radio Progreso.

La jornada continua el día sábado 23 de agosto con la entrega del premio “Patriota del año”, la presentación del documental Soberanía Vial, Honduras Pa Lante, que relata la lucha contra la instalación de peajes en Honduras, y finaliza con una jornada cultural en las casetas de peaje en San Manuel, Cortés.

Viernes, 15 Septiembre 2017 16:27

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