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Esta semana es crucial para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en las próximas horas el movimiento estudiantil presentará ante el Congreso Nacional, un Anteproyecto de Ley que propone la instalación de un gobierno provisional conformado por integrantes de la máxima casa de estudios.

Ante la falta de diálogo, la crisis en la UNAH continúa, a tal punto que al Centro del Litoral Pacífico se le suspendió el periodo académico por la toma indefinida del edificio. En ese sentido el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) ve en el Anteproyecto una salida a la problemática.

La iniciativa que plantean pretende poner punto y final al problema, pero esa propuesta implica que el Congreso debe suspender de su cargo a la rectora Julieta Castellanos, procedimiento que ha sido calificado por las autoridades como un golpe a la autonomía universitaria.

“El Congreso tiene facultades para decidir, pero si se involucran en decisiones internas de la universidad darán un golpe a la independencia de la UNAH”, expresó el vicerrector académico Ayax Irías.

Por su parte Hector Ulloa, vocero del MEU cree que ante la intransigencia de las autoridades, la única salida que queda es destituirlos de su cargo y dar paso a una nueva administración. “La iniciativa propone un gobierno provisional de un año, que esté conformado por cinco estudiantes de las asociaciones, dos representantes de asociaciones de docentes, uno del sindicato de maestros, dos del sindicato de trabajadores, uno de las autoridades actuales, una persona honorable y uno de los colegios profesionales de Honduras”.

Ulloa aclara que ellos no están pidiendo al Congreso una intervención, sino una transición con solución interna, sin irrespetar la autonomía. “Queremos un órgano que reestablezca los organismos de gobierno dentro de la universidad, que desde 2004 no existen porque han sido secuestrados por las autoridades”.

La rectora Julieta Castellanos dijo a medios de comunicación que los estudiantes están actuando de forma equivocada, asimismo que esa salida que están proponiendo puede violentar la autonomía. “La universidad debe solucionar sus problemas a lo interno”, dijo Castellanos.

El MEU anunció que la mañana del miércoles 19 de julio se movilizará hasta el Congreso para entregar a los diputados la propuesta de Anteproyecto.

La propuesta ya causó reacciones en los legisladores, el diputado Aníbal Cálix dijo que se debe tener mucho cuidado al tocar el tema de la universidad, porque se puede violentar la autonomía si se toman decisiones incorrectas.

“Creo que se debe crear una comisión, para que en primer lugar investigue cúal es la situación en la universidad, y que además intente buscar un acercamiento entre ambas partes, se debe hacer eso primero antes de aprobar cualquier intervención”, consideró Cálix.

Por su parte la diputada Waldina Paz, quien ha manifestado que por su cuenta presentará otra iniciativa al Congreso, dice que se encuentra preocupada por la pérdida de clases y por lo tanto hará la propuesta de crear un gobierno de transición en la universidad, muy parecido al que plantean los estudiantes.

“Creo que es necesario hacer algo por la universidad, yo propongo que se cree una junta de transición, para que se solvente la problemática, ojalá los diputados apoyen mi iniciativa”, dijo Paz a un espacio informativo de Radio Progreso.

“Se debe tener mucho cuidado con lo que se está proponiendo, el Congreso perfectamente puede decidir intervenir la universidad y poner alguien peor al frente de la UNAH”, comenzó caracterizando el defensor de derechos humanos, Wilfredo Méndez.

Para Méndez sí es necesario que las autoridades salgan de su cargo, pero que se nombren a otras con independencia de los partidos políticos y que respondan estrictamente al pensamiento académico y científico.

"El gobierno provisional debe englobar un sentido académico para evitar que se enmarque en las características del actual gobierno, se trata de generar la búsqueda que en la academia lo que debe privar es la capacidad y no el compadrazgo político”, expresó Méndez.

Mientras que Claudia Bustillo, Comisionada Universitaria recomienda que se instale una mesa de diálogo, para buscar una salida a la crisis, hay que lograr que las partes dialoguen y busquen soluciones.

Las expectativas sobre el Anteproyecto están planteadas y el destino inmediato de la UNAH desde ya se encuentra en manos del Congreso Nacional.

Más de veinte comunidades en la zona alta del municipio de Quimistán, Santa Bárbara en el occidente hondureño, están amenazadas con desaparecer debido a la instalación de la represa hidroeléctrica Santa Lucia, del empresario cafetalero Emilio Medina, sobre el río Cuyagual. Importante fuente de agua que abastece a comunidades de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés.

Producto de las acciones de protesta emprendidas por las comunidades, el 14 de julio en la alcaldía de Quimistán, se acordó formar una comisión tripartita para investigar los daños ambientales que la empresa ha causado en la zona, exigir los permisos de operación y un estudio de impacto ambiental. Además las comunidades buscan detener la instalación de otras represas hidroeléctricas en los ríos Cuyamel y Listón. 

El 10 de julio, muy temprano y con pancarta en mano, representantes de las comunidades se ubicaron en el desvío al Cacao, para impedir que la empresa de Emilio Medina continuara transportando materiales y combustible hasta el lugar donde se construye la hidroeléctrica. El 11 de julio la acción de protesta se acrecentó y la población instaló dos campamentos. 

En reunión realizada en la alcaldía el apoderado legal de la empresa hidroeléctrica Oscar Ríos, amenazó que de continuar las protestas, fácilmente la empresa se retiraba dejando a más de 300 empleados sin ingresos económicos. Esta amenaza hizo que los trabajadores y trabajadoras también se manifestaran confrontando violentamente a la población que se opone al proyecto extractivista. En esta acción también fue retenido por espacio de media hora el equipo del ERIC y Radio Progreso, personal que daba acompañamiento y cobertura a las problemática que aquejan a las comunidades.

Según las organizaciones ambientalistas en Honduras hasta ahora los proyectos hidroeléctricos y mineros únicamente han generado una sociedad polarizada, empobrecida y contaminada. “Lo primero que hacen las empresas en las comunidades es comprar líderes para que defiendan sus intereses por encima de la voluntad de la gente”, dice la regidora municipal de Macuelizo, Santa Bárbara Eunice Ramírez, asegurando que en el sector de Quimistán, hay familias divididas por la instalación de la represa. 

A pesar de eso la población se ha organizado para resistir pacíficamente en la defensa de sus bienes naturales. En esa zona son cuatro los ríos que se encuentran amenazados con ser represados. Uno de ellos el río Listón, donde el Estado de Honduras otorgó una concesión para la generación de energía al empresario Jhony Canahuatti.

La gente de la montaña y del valle de Quimistán, exige que se deduzcan responsabilidades a la empresa de Emilio Medina por los daños irreversibles al ambiente que ha provocado y por las enfermedades en la piel que padecen algunos pobladores. “Se han secado dos fuentes de agua y tenemos gente con infecciones en la piel porque han contaminado el río”, expresó con indignación Vidal Méndez durante las acciones de protesta que realizaron. 

Santa Bárbara en peligro

Santa Bárbara es el departamento con mayor inserción de la industria minera e hidroeléctrica. Con un total de 98 empresas de 537, que son en el país, según el informe del Observatorio de Bienes Naturales y Derechos Humanos, del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC). Además de 28 ríos destinados para la instalación de represas hidroeléctricas.

Solo a American Pacific de Honduras Inc, de origen canadiense, se le han otorgado 45 concesiones mineras, todas metálicas. Estas concesiones a American Pacific de Honduras, representan un total de 22,607.96 hectáreas. La empresa, fundada en 2011, tiene como principal objetivo, la extracción de metales en los departamentos de Santa Bárbara y Choluteca.

Treinta y cinco, de las concesiones otorgadas a American Pacific en el occidente hondureño están en los municipios de Concepción del Sur, San Pedro Zacapa, Santa Bárbara, Quimistán y Macuelizo. Hasta el año 2013, la empresa canadiense tenía diecinueve concesiones en categoría de “suspenso” en los municipios de Ceguaca, Concepción del Sur, Santa Bárbara, y San Pedro Zacapa.

Además a la trasnacional minera “Aurora Exploración”, le otorgaron tres concesiones en el departamento de Santa Bárbara, dos en el municipio de Quimistán, en la zona de Pinal II de 1,000 hectáreas y en la zona de Zopilote de 400 hectáreas, una tercera en el municipio de San Marcos, en la zona de Zarnoso con 800 hectáreas. Otras concesiones a Aurora Exploración en los municipios de Petoa y Macuelizo se encuentran en solicitud. 

“Hay municipios que podrían desaparecer completamente”, aseguró para Radio Progreso Betty Vásquez del Movimiento Ambientalista Santabarbarense MAS, un espacio que aglutina a las comunidades defensoras de la madre tierra. Betty ha denunciado que el gobierno de Juan Orlando Hernández, ha irrespetado la autonomía de los municipios y el Convenio 169 de la OIT, ya que Santa Bárbara se compone de comunidades indígenas Lencas.

En Quimistán las comunidades esperan que se logre acuerdo para evitar la conformación entre los mismos habitantes, además que se respete el derecho al ambiente sano que tiene la ciudadanía, ya que la represa representa una amenaza para la vida misma de la gente.

Global Witness presentó un informe sobre la situación que vive del ambiente a nivel mundial. La organización documentó el asesinato de 200 defensoras y defensores de la tierra y medio ambiente en el 2016. Honduras registra catorce crímenes.

El 2016 fue el año con más muertes documentadas. Esta tendencia no solo está creciendo; se está expandiendo con asesinatos diseminados en 24 países, mientras que en 2015 fueron en 16 países. Considerando que muchos asesinatos no son reportados, y aún menos son investigados, es probable que el número verdadero sea en realidad mucho más alto.

El informe resalta que la oleada de violencia contra los defensores del ambiente, es generada por la lucha en defensa de la tierra y bienes naturales, dejando como responsables a las empresas mineras, madereras, hidroeléctricas, agrícolas y a los gobiernos.

En general, el documento dice que Brasil es el país más mortífero del mundo y que Honduras continúa siendo el más peligroso, considerando el número de asesinatos per cápita registrados durante la última década.

Asimismo, el informe manifiesta que enfrentarse a la minería es más peligroso que a otros proyectos, con 33 personas asesinadas; mientras que el número de asesinatos con temas relacionados a la tala de madera va en aumento. Global Witnees dice que el 40% de los 200 líderes asesinados son indígenas, la mayor parte en América Latina

Para esta organización, los gobiernos y los actores empresariales están fallando en combatir la causa fundamental de los ataques: la imposición de proyectos extractivos en comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado. Los inversionistas, incluyendo a los bancos de desarrollo, en realidad están alimentando la violencia al financiar proyectos. La criminalización y los casos civiles agresivos están usándose para reprimir el activismo ambiental y la defensa del derecho a la tierra alrededor del mundo, incluso en países como Estados Unidos.

Honduras y sus 14 víctimas

Global Witnees registra el crimen de 14 líderes ambientalistas en 2016, sin contar los no reportados. Para este organismo internacional, el país es el más peligroso para los defensores del ambiente, porque la mayoría enfrenta procesos criminales o son asesinados.

La lista la encabezan los dirigentes campesinos Allan Reynieri Pérez y Manuel Milla quienes fueron asesinados el domingo 19 de junio de 2016 en la comunidad de Panamá en Trujillo, Colón. Ambos eran integrantes del Movimiento Campesino Gregorio Chávez.

El informe resalta el asesinato de los campesinos Elvin Joel Palencia, José Pantaleón Alvarenga Galdámez, Roberto Carlos Palencia Fuentes y Santos Filander Matute, víctimas de la masacre del 21 de febrero de 2016 en el caserío Cabeza de Vaca Número Dos en Locomapa, Yoro. Todos eran miembros de la Tribu Tolupana de Locomapa, quienes se oponían al corte ilegal de madera en el sector.

Asimismo Jairo Ramírez estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), de 22 años de edad, fue asesinado después de participar en una protesta por la muerte de la ambientalista Berta Cáceres.

La lista continúa con el crimen del presidente del Movimiento Campesino del Aguán-MCA-, José Ángel Flores, quien fue asesinado en la comunidad La Confianza, en Colón, también en ese mismo suceso perdió la vida el campesino Silmer Dionisio George.

En la nómina se registra el crimen contra Lesbia Yaneth Urquía de 49 años, madre de tres hijos que fue asesinada en Mata Mula en Marcala, La Paz y el asesinato de Rufino Alexis Bulnes Mejía, indígena tolupán que falleció en la comunidad de Aguadero, en Morazán, Yoro.

La lista de los catorce la cierra Berta Cáceres, ex coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien fue asesinada en su vivienda la madrugada del 2 de marzo del 2016.

Entre impunidad y criminalización

Catorce defensoras asesinadas en 2016 reafirman que Honduras es el país per cápita más peligroso de la última década, con 127 asesinatos desde 2007. Las represas hidroeléctricas y los agronegocios son las industrias más vinculadas a los asesinatos. La corrupción generalizada, la falta de consulta a las comunidades y el fracaso total del gobierno en proteger a los activistas son los detonantes de los ataques.

El 90% de crímenes de defensores del ambiente se encuentra en la impunidad, pocos de ellos han logrado la captura de asesinos materiales, pero ninguno ha dejado tras las rejas a los responsables intelectuales. Un ejemplo de ello, es el asesinato de Berta Cáceres, crimen en el que no se vislumbran a los autores intelectuales.

“Creemos que la impunidad prevalece en este asesinato: el Estado no da información sobre las investigaciones, sí es cierto que tiene abiertos procesos judiciales contra supuestos autores materiales, pero por el momento no conocemos quienes están detrás de ellos, la impunidad prevalece ante un ambiente de secretividad”, dijo el abogado de la familia Cáceres, Víctor Fernández.

Mientras que Berta Zúniga, hija de Berta, afirma que seguirán luchando hasta que se instale una comisión internacional que investigue el crimen de su madre, para que se castigue a los responsables intelectuales del asesinato.

Para Fernández, la impunidad prevalece porque el mismo sistema que investiga es el que criminaliza a los defensores del ambiente. “En el caso de Berta, el Ministerio Público, la justicia hondureña que investiga su crimen, fue la estructura que la persiguió, que abrió procesos criminales en su contra, solo por luchar junto a su comunidad por la defensa del río Gualcarque, esa misma situación enfrentan los líderes en todo el país, si no son criminalizados, son asesinados”.

Para Zúniga es importante que el Estado tome responsabilidad, en lo que corresponde a brindar seguridad a los defensores del ambiente, además que retome las sugerencias de los organismos internacionales para que niegue permisos de operación a los proyectos hidroeléctricos y mineros que solo traen muerte para la población afectada.

La responsabilidad de las empresas, el Estado y la cooperación

El informe de Global Witnees, muestra su preocupación por el papel que juegan en el conflicto los inversionistas, los Estados y la cooperación internacional. El documento toma de partida el ejemplo del banco Holandés de Desarrollo (FMO) y su contraparte finlandés (FINNFUND) que luego del asesinato de Cáceres, continuaron financiando el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

“Los bancos sólo se pronunciaron cuando el asesinato de Berta generó indignación internacional, y anunciaron su retirada del proyecto solo cuando un empleado de la compañía en la que invirtieron fue arrestado por supuesta participación en el asesinato. Si hubieran actuado antes, Berta podría seguir viva y la reputación de los bancos podría continuar intacta”, cita el informe.

Hace unos días, estos organismos anunciaron su retiro de Honduras para dejar de financiar los proyectos en coordinación con la empresa Desarrollos Energéticos. Ante el comunicado emitido, Berta Zúniga dijo que todo es parte de un protocolo para que estas empresas inversionistas en colaboración con el Estado puedan retomar sus trabajos en otras regiones y así seguir afectando a la naturaleza y generando riquezas para ellos.

“El Estado juega un papel nefasto en nuestra realidad, ellos son cómplices de las empresas inversionistas y hasta de la cooperación que ven en la tierra hondureña un negocio”, declaró Zúniga.

Bajo ese contexto, Juan Jiménez Mayor vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), dijo que el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, recibió la licencia ambiental después de entregarse los contratos, en ese sentido recalcó que el procedimiento no garantizó la opinión de las comunidades bajo la consulta previa, libre e informada.

En conferencia de prensa, el vocero de la MACCIH Juan Jiménez Mayo, reveló que se amplió la capacidad de generación del proyecto, dicha ampliación no paso por el Congreso Nacional, la otorgó un funcionario, un ministerio, situación que traerá consecuencias jurídicas, ya que esas competencias únicamente corresponden al poder Legislativo. “Esta ampliación además excede el periodo de gobierno. Hay una serie de consideraciones de orden jurídico para determinar que esto se dio así y que tuvo que pasar por el Congreso”, dijo Jiménez Mayo.

Luego que la empresa Desarrollos Energéticos S.A, DESA anunciara un retiro temporal del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, en el departamento de Intibucá, aparecen nuevas líneas de investigación conducidas por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, MACCIH por los supuestos delitos de abuso de autoridades, fraude y colusión entre funcionarios y representantes de la empresa.

La consulta previa a las comunidades, es otro punto que resalta el informe, y pone de ejemplo la comunidad de Santa Elena, La Paz, donde habitantes de la comunidad se enteraron que la represa Los Encinos comenzó trabajos en la zona sin antes consultar a las comunidades.

El asesinato de defensores del ambiente en Honduras, junto a la impunidad y criminalización, son las principales preocupaciones de Global Witness en este informe sobre la realidad de defensores del ambiente durante el 2016.

Asesinados por defender su tierra

El mundo es ahora más peligroso que nunca para los hombres y las mujeres que defienden su tierra, bosques y ríos. Al menos 200 activistas de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados el año pasado, a medida que la crisis se extiende por todo el planeta. Lea nuestro nuevo informe: http://bit.ly/2sTG1GB

Publicado por Global Witness en Jueves, 13 de julio de 2017
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