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Radio Progreso

Instan a gobiernos del triángulo norte a proteger a migrantes retornados víctimas de la violencia

Sep 13, 2017

Organizaciones de países del Triángulo Norte pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), inste a los gobiernos, poner en marcha acciones concretas que garanticen la protección de los derechos de las personas migrantes víctimas de la violencia y la inseguridad, y que son retornados a Honduras, Guatemala y El Salvador, puesto que muchas de las que han sido deportadas fueron asesinadas en sus lugares de origen. 

Lo anterior fue dado a conocer en una audiencia pública ante CIDH, desarrollada en México la semana anterior, la misma se tituló: “Denuncias sobre violencia e inseguridad de las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo retornados a países del Triángulo Norte”, en la que participó; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Amnistía Internacional, El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), la organización hondureña lésbica-feminista CATTRACHAS, entre otras organizaciones. 

“Reconocemos que los flujos migratorios de los países del triángulo norte hacia Estados Unidos, es histórico, no obstante, en los últimos años dado al incremento de la violencia endémica y las fallidas respuestas de protección de los Estados, se ha empujado a las personas a abandonar sus comunidades y países de origen en una lucha por la supervivencia”, indicó ante la CIDH, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

Las personas que son víctimas de la violencia su única esperanza de supervivencia es la huida del país, sin embargo, la crisis de desplazados forzados en los países del Triángulo Norte es una de las más invisibles del mundo, aseguró Indira Mendoza, de CATTRACHAS. 

A renglón seguido dijo que esto afecta desproporcionadamente a grupos históricamente vulnerados a violaciones de sus derechos humanos como la niñez, la mujer y la diversidad sexual. “Cuando las personas abandonan sus países se enfrentan a deportaciones o retornos a países de origen en contravención del principio de no devolución y faltando a la responsabilidad compartida de protección. 

Guevara Rosas, dijo que han visto y documentado que no existen indicios o estrategias integrales por parte de los Estados para brindar respuestas de protección que garanticen la seguridad de la ciudadanía. 

La violencia genera desplazamientos 

“La criminalidad y la violencia son factores claves que impulsan a un gran número de personas de los países del Triángulo Norte a migrar a Estados Unidos. Este desplazamiento forzado requiere de mayor atención de los gobiernos”, indicó Indira Mendoza, de CATTRACHAS. 

Destacó que es “fundamental” que Honduras, El Salvador y Guatemala, así como las naciones que reciben refugiados, cooperen para fortalecer los mecanismos de protección a estas personas en la región. “Se debe fortalecer la protección hacia la población que se moviliza de manera forzada o abandonan su país en una extrema situación de vulnerabilidad”, manifestó Mendoza. 

Indicó que uno los grupos que está generando violencia son las maras y pandillas. Cada año, la extorsión alcanza los 390 millones de dólares en El Salvador, los 200 millones en Honduras y los 61 millones en Guatemala, según cifras presentadas ante la CIDH. 

 “Asesinatos, secuestros, amenazas, reclutamiento por parte de actores armados no estatales, extorsión, violencia sexual y desapariciones forzosas, son parte de las realidades de muchas zonas de los tres países”.

Menores que huyen de las pandillas antes de ser reclutados, familias enteras que temen por su vida, decenas de miles de personas salen de sus países con rumbo a Estados Unidos. 

Exigencias 

“Pedimos a la CIDH, que las obligaciones contenidas en la declaración de Nueva York, sobre migrantes y refugiados adoptada por Naciones Unidas en octubre de 2016, particularmente aquellas que hacen referencias al marco de respuesta integral de refugiados, y que buscan que los países de origen posibiliten el retorno en condiciones de seguridad y dignidad, sean desarrolladas y adoptadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, manifestó la representante de Amnistía Internacional. 

Al mismo tiempo, “consideraron imperativo que los mecanismos de protección de los derechos humanos, principalmente el regional desarrolle estándares de protección efectiva de las personas retornadas, en especial cuando se enfrenten a las mismas condiciones de violencia e inseguridad que les obligaron a huir, ya sea que la violencia sea generada por agentes estatales o no estatales”. 

Brenda Mejía, del ERIC-SJ, organización que junta a ACNUR desarrolla la campaña Vidas Desplazadas: Historias de personas forzadas a huir, indicó que la población emigrante hondureña retornada sufre violación de sus derechos en las distintas etapas de su recorrido hacia Estados Unidos y en su país vive en una situación compleja y denigrante ante la ausencia de políticas públicas que les garanticen condiciones de una vida digna.

“Los derechos fundamentales, entre ellos, la seguridad ciudadana, la educación, la salud, la alimentación y el empleo, no son garantizados en Honduras, situación que obliga a decenas de hondureños y hondureñas a migrar cada año poniendo en riesgo sus vidas”, indicó.

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