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Radio Progreso

Ni la memoria, ni los muertos frenan la extracción minera en Honduras

Sep 13, 2017

 “Nos toca ver de lejos como la empresa saca a nuestros muertos, porque si nos acercamos al cementerio nos capturan o matan”, Miguel Ángel López presidente del Comité Ambientalista de Azacualpa.

La gente encerrada en sus casas, apenas asomándose por las ventanas. Calles desoladas y un olor putrefacto vertido, según algunos, por los cuerpos que están sacando del cementerio, así se pasan los días en Azacualpa, una aldea del municipio de La Unión, Copán, en el occidente de Honduras. En esa zona la industria minería se instaló hace años. 

En la primera semana de septiembre, la empresa Minerales de Occidente S.A, MINOSA, junto a la Secretaria del Ambiente, Salud y Seguridad, iniciaron los trabajos de exhumación en el cementerio de Azacualpa. Ese cementerio está entre los territorios concesionados a la minera para la extracción de oro, plata y bronce. Sin embargo, desde el 31 de agosto la empresa mandó una circular a la comunidad detallando la cantidad de médicos forenses y antropólogos que realizarán la exhumación de más de 250 osamenta. Desde entonces el cementerio es resguardado por la policía militar. 

En el lugar es evidente la presencia de la Secretaria de Salud y el Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, ente encargado de la promoción y fomento de todas las actividades mineras en el país. Desde Radio Progreso buscamos una entrevista con sus representantes, quienes al identificar la radio se subieron a un vehículo, negándonos la posibilidad de conocer su versión sobre los hechos. 

“Hemos interpuesto denuncias, hemos hecho comunicados y la voz de la comunidad nunca ha sido escuchada por las autoridades”, dijo entre lágrimas Miguel Ángel, quien permanece en su casa por seguridad mientras la empresa saca los muertos del cementerio. En 2015, él junto a otros miembros del comité estuvo privado de libertad en Santa Rosa de Copán. La empresa acusa a 23 líderes de “Manifestación Ilícita”, por una toma de carretera que se realizó demandando el cumplimiento de los acuerdos pactados con la minera. Según los dirigentes comunitarios constantemente reciben amenazas a muerte.

Miguel y sus compañeros fueron puestos en libertad bajo la condición de no volver a manifestarse, ni expresarse mal de la empresa minera en público. Razón por la cual la población vive reprimida y con miedo ante el poder político y económico que tiene la minera dice Miguel, quien amablemente abrió las puertas de su casa a Radio Progreso, agregando que el techo que cobija a su familia también fue concesionado a la empresa para su explotación. 

“Más del 50 por ciento del centro poblado de Azacualpa está concesionado”, dijo Miguel preguntándose cómo el gobierno puedo permitir que una empresa extranjera deje a gente hondureña sin casa. Mientras él nos daba más detalles poco a poco otros miembros de la comunidad iban llegando a su casa, con la necesidad de expresarse y contarle al mundo lo que están viviendo, ya que los medios locales solo publican la versión de la empresa. 

Contexto 

El departamento de Copán es uno de los más empobrecidos del país, un informe de la Secretaría de la Presidencia establece que, de sus 23 municipios, 15 registran un índice alto de extrema pobreza. Paradójicamente, es uno de los departamentos más codiciados por sus yacimientos de oro y plata, explotados por extranjeros desde el siglo XVIII.

En 1983 el Estado de Honduras otorgó más de 300 hectáreas de tierra para extraer metales a cielo abierto, principalmente oro, a la empresa Aura Minerals de capital canadiense, que opera a través de la filial Minerales de Occidente S.A. desde 2009. La empresa se ubica donde antes era San Andrés y San Miguel, pero en su afán de seguir extrayendo oro, ha logrado que el gobierno amplíe su concesión. 

MINOSA tiene en trámite con Instituto Hondureño de Geología y Minas, Inhgeomin, cuatro solicitudes, San Andrés II, III, IV y V, además de la concesión ya aprobada. También existen tres concesiones más en la zona colindante a las solicitudes de MINOSA. Dos son a nombre de EMECA S.A de C.V, en San Miguel y Las Juniapas, y una a nombre de Inversiones Orden S.A. 

Para Hedme Castro de la Asociación para una Ciudadanía Participativa, Aci-Participa, de ser aprobadas estas concesiones afectarían el territorio de 24 caseríos, sin incluir los que ya son afectados como San Andrés, Azacualpa y Platanares. 

MINOSA es la plataforma sólida de la producción de Aura Minerales, con una base de recursos actual de más de 1,6 millones de onzas de oro y el potencial de aumentar los recursos, según lo informa su propia página web. En otras palabras, es Honduras quien aporta más oro a la empresa canadiense, aunque las autoridades nacionales desconocen el dato exacto, al menos eso han manifestado públicamente. 

En 2012, MINOSA se comprometió a construir 300 viviendas para reubicar las familias que viven en las cercanías de la zona donde se ubica la extracción. Sin embargo, hasta la fecha no ha cumplido el compromiso firmado con las comunidades.

En 2013, las comunidades del municipio de La Unión iniciaron una lucha para denunciar los daños provocados por las excavaciones que realiza la empresa en su misión de extraer oro de la zona. Y para frenar las intenciones de exhumar más de 250 osamentas con el fin de obtener la licencia ambiental y proceder a explotar el área del cementerio.

En 2015, la municipalidad de La Unión, Copán realizó un cabildo abierto donde las comunidades rechazaron la explotación del terreno donde se ubica el cementerio, sin embargo, la empresa minera con el aval del gobierno ha irrespetado la decisión. Ante esto, la población de Azacualpa mantuvo una toma permanente de 36 días en la entrada principal al cementerio. Acción que provocó represión y criminalización para los líderes de la comunidad. 

En 2016, el gobierno de Juan Orlando Hernández comenzó un proceso de diálogo para solucionar el conflicto entre la empresa y la comunidad. A través del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, y la designada presidencial Roxana Guevara, figuras mediadoras del diálogo. Se convocó a una reunión donde nuevamente la empresa se comprometió a cumplir las demandas de la población. Sin embargo, la historia que ahora cuentan sus habitantes es otra, un año pasado desde ese compromiso y MINOSA lejos de cumplir esas demandas ha comenzado la exhumación de los cuerpos del cementerio a pesar del rechazo y dolor de la población. 

Contaminación y muerte 

En el municipio de La Unión existen 37 casos documentados clínicamente, donde se refleja la presencia de arsénico, plomo y mercurio en la orina y sangre de las personas, producto de la actividad minera. Sin embargo “mientras la Secretaría de Salud no sea capaz de avalar esos dictámenes médicos, el Estado no reconocerá los graves daños que produce la minería,” dice Ramiro Lara, técnico de Asociación de Organismos No Gubernamentales, Asonog. 

MINOSA en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile realiza todos los años exámenes de orina y sangre a sus empleados. José Rubio Pérez trabajó más de 10 años en la minera, muchas veces sin equipo de protección, “era muy raro cuando nos daban equipo para protegernos”, asegura explicando que cada vez que los médicos le practicaban los exámenes le decían que tomara mucha agua para que el mercurio, arsénico y plomo fueron expulsados de su cuerpo. 

“Estoy muy enfermo, a veces me desmayo y mareo”, sigue explicando Pérez quien fue despedido de la mina sin una indemnización y ahora sobrevive gracias al dinero que ganan sus hijos. Rubio Pérez afirma que aún vive con metales pesados en su organismo, al igual que un centenar de personas que por necesidad se ven obligados a trabajar en la mina. 

La minera también ha desaparecido 13 fuentes de agua parcialmente de la zona y otras están siendo contaminadas con los químicos que usa para extraer el oro. Santa Rosa de Copán una de las ciudades principales en el occidente hondureño, toma agua del río Higuito, que se alimenta del río Lara, zona de descarga de agua con cianuro según investigaciones realizadas por Asonog. “Podemos estar frente a un desastre natural producto de un drenaje ácido de mina, que puede afectar el occidente y el norte de Honduras”, agregó Ramiro Lara, debido a las enormes cantidades de material tóxico que la empresa ha ido acumulando y derramando en los ríos más importantes de la región.

En julio de 2017, los pobladores de Azacualpa publicaron en redes sociales fotografías y videos de miles de peces muertos en el río Lara. En un comunicado la Coalición Ambientalista de Copán, denunció que producto de la actividad minera, han existido derrames de cianuro que han causado la muerte de peces en los años 2003, 2009 y 2017. 

Los ambientalistas interpusieron denuncias en la Fiscalía del Ambiente, pero hasta la fecha esas denuncias continúan engavetadas. “Está en riesgo la vida de la gente”, explica el presidente de Asonog José Ramón Ávila. La población ha podido constatar que cada vez que llueve fuerte la empresa aprovecha a vaciar las pilas de lixiviación al río sin que las autoridades le deduzcan responsabilidad. 

La Coalición Ambientalista Copán se opone a la explotación minera metálica en Honduras ya que no ha promovido ningún desarrollo significativo y ha generado enormes daños sociales y ambientales desde la época colonial. La supuesta minería “responsable y moderna” que promueve MINOSA es una farsa, como volvemos a comprobar con esta horrible noticia, concluyó José Ramón. 

Dinero a cambio de los muertos

A las afueras del cementerio se ve al personal de la empresa sacando listados y entregando el dinero a las familias que han aceptado exhumar a sus familiares. Doña Zoila y su esposo caminaron dos horas en la montaña para llegar hasta el lugar y autorizar que saquen los restos de su padre. Para ella lo que está haciendo la empresa está mal porque su padre no es un animalito del monte, aunque al mismo tiempo reconoce que en su hogar existe la enorme necesidad de tener uno dinerito para seguir sobreviviendo. “Mi mamá está enferma y con ese dinero la vamos a llevar al hospital”, dijo asegurando que en su vida volverá a tener la oportunidad de agarrar tanto dinero. 

La minera está ofreciendo unos ocho mil dólares a las familias que acepten exhumar a sus muertos. Entrega cuatro mil dólares el día que saca los restos de la tumba y la diferencia se las entregará el día que no haya ningún muerto en el cementerio. El problema es que solo el 40 por ciento de la población ha aceptado el dinero de la empresa a cambio de sus difuntos, el otro 60 sigue resistiéndose a tal atrocidad. 

“La empresa nos está poniendo a pelear entre hermanos. He recibido amenazas de mis propios vecinos quienes sí están a favor de la empresa y esa situación es horrible”, dice el presidente del Comité Ambientalista Miguel Ángel, quien hace 17 años enterró a su madre en el cementerio en mención, y no está dispuesto a negociar la memoria de su madre. Sin embargo, Miguel reconoce que la culpa no es de la gente, sino del gobierno y la empresa minera que juegan con la necesidad de la gente. 

Mientras el equipo de Radio Progreso conversaba y se refrescaba en casa de Miguel llegó Bersy Rivera, una joven que forma parte del comité y quien fue expulsada de la zona donde se exhuman los restos por ser de oposición. “Yo estaba tomando fotos y me dijeron que me desapareciera del lugar”, dijo Bersy denunciando que los “supuestos” médicos forenses son trabajadores de la mina. “Yo pude reconocer a un empleado de la mina haciéndose pasar como doctor”. 

Bersy también denunció que mientras exhumaban un cuerpo, los médicos dejaron restos de la mortaja y la osamenta regados en el área verde del cementerio, provocando indignación en las familias de la comunidad porque ven a sus muertos como parte fundamental de la historia del pueblo. 

Paralelo al trabajo de exhumación, la empresa ha comenzado con las labores de explotación en la zona. A unos 50 metros del cementerio se ve como la maquinaria ha comenzado a raspar la capa vegetal para sacar el oro. La empresa sigue violando el acuerdo que tiene con la comunidad, porque no le han autorizado para que trabaje en esa zona.

La situación que viven los habitantes de La Unión, Copán es muy compleja pero no lejana del resto de las comunidades hondureñas. Por un lado, hay toda una política estatal de entrega de territorios a industria transnacional extractivista y por el otro una ciudadanía activa que se juega la vida en defensa de los bienes comunes y los territorios. 

En los últimos años, particularmente, a partir del golpe de Estado de 2009, los actores internacionales y nacionales promotores y ejecutores de este modelo, han logrado que se aprueben paquetes legislativos que legalicen el extractivismo. Como resultado de la puesta en marcha de ese modelo, 16 de los 18 departamentos de Honduras cuentan con concesiones mineras.

En la actualidad se ha aprobado 364 proyectos de minería metálica. Actualmente se encuentran en proceso de aprobación al menos 563 nuevos proyectos mineros y se está promoviendo la adjudicación de no menos de 950 títulos mineros adicionales derivados del catastro minero, según la investigación “Impacto socio ambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de casos: montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro)”, realizada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) junto a la Universidad de Saint Louis en Missouri, Estados Unidos.

El modelo de desarrollo promovido por el gobierno de Juan Orlando Hernández, que se basa únicamente en la acumulación de capital, sin importar la dignidad humana, únicamente ha generado división y ruptura del tejido social comunitario. Desde la campaña “Madre Tierra, Nuestra Casa Común”, una iniciativa de organizaciones sociales y populares de Honduras en coordinación con el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ se cree en el aprovechamiento correcto de los bienes naturales siempre que sean para dignificar la vida de las personas y el ambiente.

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