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Radio Progreso

Desalojo violento duplica cantidad de procesos criminales en la UNAH

Sep 08, 2017

La problemática en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a pesar que los centros universitarios fueron entregados por los estudiantes, sigue desarrollándose en medio de la violencia y agresiones. La mañana del viernes 9 de septiembre, las autoridades universitarias acudieron nuevamente al Poder judicial y policial para que desalojaran a los estudiantes de Ciudad Universitaria. La jornada dejó más de 20 personas detenidas, entre ellos a defensores y defensoras de derechos humanos. La nueva cifra duplica la cantidad total de procesos judiciales contra alumnos y alumnas.

A inicios de septiembre, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), luego de conocer el decreto publicado en La Gaceta, en el que el Congreso pide a las autoridades cumplir con la Ley Orgánica, presentó una propuesta-borrador, la que planteaba una iniciativa de reprogramación de clases, el documento fue elaborado después de una reunión entre parte del Claustro de Profesores y estudiantes el pasado viernes 1 de septiembre. Ellos solicitaban a las autoridades que las clases inicien desde cero a finales de septiembre, fecha en que la rectora Julieta Castellanos dejaría su cargo, asimismo estructuraba un plan de nombramientos de rectores de los centros regionales.

Un día después de ser presentada la propuesta, la rectora Julieta Castellanos convocó a una conferencia de prensa. “En primer lugar ni los estudiantes ni los Claustros están autorizados a elaborar reprogramaciones académicas, además hablan de reunión de Claustro y apenas eran 15 maestros los que se reunieron”, dijo Castellanos en reacción a la iniciativa.

Castellanos fue fuerte en sus declaraciones, asegurando que los estudiantes no están interesados en buscar una salida a la crisis, además afirmó que la propuesta planteada no tiene fundamento legal, en ese sentido hizo un llamado al MEU para que entreguen las instalaciones de la universidad esta semana y así poder reiniciar las clases el próximo lunes 11 de septiembre.

Algunos dirigentes analizaron la propuesta más que otros. Los centros regionales, entre ellos Valle de Sula, procedieron el jueves 7 de septiembre a la entrega del centro a las autoridades, después de más de 50 días de toma, y ellos sin mediar palabras y por la presión de las asociaciones aceptaron volver a clases el lunes 11 de septiembre. El acuerdo se dio a pesar que en San Pedro Sula todavía hay un estudiante bajo proceso criminal.

Ciudad Universitaria se negó a aceptar la planificación, pero la idea de volver a clases siempre estuvo en agenda, El MEU de Tegucigalpa seguía hasta antes del viernes planteando retornar a clases la última semana de septiembre. Héctor Ulloa, vocero del MEU cree que las declaraciones de Castellanos responden a la actitud de intransigencia y radicalismo que ella ha mantenido durante todo el conflicto. Ulloa dijo que su propuesta está fundamentada en los reglamentos de la universidad, además es parte del mandato que dio el Congreso Nacional en lo que responde al nombramiento de autoridades interinas y elecciones estudiantiles.

“También pedimos un alto a los procesos criminales tanto administrativos como judiciales, queremos el compromiso y voluntad de las autoridades para buscar un acuerdo con respecto a eso”, siguió relatando Ulloa.

Hasta el jueves había un total de 25 procesos criminales contra estudiantes, pero con las detenciones del viernes ya suman más de 50. “La universidad no puede detener los procesos judiciales, ellos deben esperar a que la justicia dé su veredicto al respecto, pero en lo que corresponde a los procesos administrativos no vamos a retroceder en las sanciones, pues en el 2016 lo hicimos y eso es interpretado por ellos como una muestra de debilidad. Muchos de los estudiantes que estuvieron en las tomas de ese año, ahora mismo están acusados”, dijo sobre la criminalización estudiantil la rectora Castellanos.

La rectora advirtió que no estaban en la disposición de retirar los procesos criminales, y como acto de respuesta enviaron de nuevo a los policías y ahora los criminalizados aumentaron.

“Entregamos las instalaciones como acto de buena fe, para que las autoridades cumplan nuestras demandas”, dijo Marcos Rubí a los medios de comunicación, representando al MEU de la zona norte, después de entregar los edificios a las autoridades.

La molestia no se hizo esperar, los afectados denominaron la entrega de las instalaciones por parte de los dirigentes como un acto de traición. El estudiante de Matemáticas, Daniel Morales, actualmente criminalizado en la zona norte dijo que la dirigencia no tiene solidaridad, ni claridad política para seguir demandando un alto a los procesos judiciales. 

“No podemos confiar en una dirigencia que cree que el Congreso les solucionará los problemas, cuando ellos han demostrado que defienden los intereses de los grupos de poder, tampoco podemos confiar en una dirigencia que lejos de pensar más acciones de presión, están discutiendo cuando volver a clases. A este paso seremos sentenciados”, se quejó Morales.

Esta semana el Congreso Nacional dio a conocer de forma oficial el documento de decreto para solventar la crisis universitaria, el documento se centra en tres aspectos: nombramiento de autoridades, elecciones estudiantiles y conformación de una comisión de vigilancia integrada por diputados y diputadas. 

El MEU no acuerpa del todo la posición legislativa y dice que es difícil confiar en la Junta de Dirección Universitaria, ente que en el marco de la Ley Orgánica debió de ser reestructurada en abril pasado. 

Mientras la dirigencia estudiantil de San Pedro Sula entregaba el centro como acto de buena fe, en Tegucigalpa la Policía Preventiva, Cobras y militares se preparaban para desalojar violentamente a los estudiantes. Desde tempranas horas de la mañana, una fuerte presencia policial ingresó a las instalaciones y dio con la captura de varios estudiantes, los que fueron trasladados al Core 7, la Unidad Policial Metropolitana de Tegucigalpa.

“También queremos denunciar la detención de representantes de derechos humanos, ellos llegaron a la universidad a vigilar que el proceso se diera en el marco del respeto a los derechos fundamentales de la gente, en primer lugar, no nos dejaron entrar y en segundo nos encerraron junto a estudiantes y luego querían trasladarnos a una posta policial”, denunció Hedme Reyes, defensora de derechos humanos en la capital.

Los estudiantes detenidos en la jornada de represión de la tarde fueron: Cristian Sanabria, Edwin Salas, Brayan González, Santos Ruiz, Andy Villanueva, Marcio Silva, Nahúm Portillo, mientras que los defensores de derechos humanos detenidos son Tommy Morales, Hedme Castro, Ariel Díaz, Carlos Moisés del Cid.

En la primera jornada de detenciones detuvieron a: Erik Gómez, Fernando Ramírez, Brenda Miranda, Dorian Turcios, Misael Flores, José Chacón, Adonay Turcios, Erik García, Junio Oyuela, Pablo Madrid, Yaser Fuentes, Kenny Reyes, Suly Rodríguez, Susset Vásquez y Jenny Bonilla.

Por el momento las autoridades se han llamado al silencio, la única vía de reacción han sido sus redes sociales, manifestando que el próximo lunes 11 de septiembre se reanudan las clases a nivel nacional y que será un reinicio no un inicio desde cero. 

“Ahora queda analizar la situación, vamos a reunirnos pronto y veremos si continuamos con las acciones de presión o nos replanteamos”, dijo uno de los voceros del MEU luego de las detenciones.

La crisis continúa intacta, pero con un leve sabor de victoria para las autoridades universitarias, que al final esperaron el desgaste y cansancio del MEU para culminar con una última jornada de represión, detenciones y acusaciones. Las instalaciones a nivel nacional de la UNAH están libres para que las clases reinicien el lunes 11, pero el corazón de la crisis sigue a la espera de latir en cualquier momento.

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