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Radio Progreso

“Injerencia política” mayor obstáculo para cumplir Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Ago 11, 2017

Pese a las denuncias de violaciones al proceso para seleccionar funcionarios públicos, el Congreso Nacional desarrolló las audiencias públicas para nombrar a los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Los comisionados no fueron electos porque la clase política representada en el poder legislativo no logró llegar a consensos.

Ante la falta de consensos, el nacionalista y presidente de la Comisión Especial, Mario Pérez, presentó una moción en la que proponía como candidatos a los actuales comisionados del IAIP (Suyapa Thumann, Gaudí Bustillo y Damián Pineda), pero la iniciativa no obtuvo la mayoría calificada de 86 votos.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, dijo que los nuevos comisionados del IAIP serían electos hasta después de las Elecciones Generales, “porque yo no voy a aceptar condicionantes de nadie”.

“Percepción es que ambos partidos de oposición, tanto el Partido Liberal como el Partido Libertad y Refundación, le hicieron caso a sus asesores políticos nacionales y extranjeros, les dijeron no lleguen a ningún arreglo porque van a decir que están haciendo arreglos con el partido de gobierno”, afirmó Oliva.

Los actuales comisionados del IAIP, de acuerdo la Ley Orgánica del Congreso Nacional en su artículo 80, continuarán en el cargo hasta que la cámara de diputados alcance la mayoría calificada de 86 votos.

IAIP “un elefante blanco”

A más de una década de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y el funcionamiento del IAIP, un reciente sondeo reveló que 6 de cada 10 hondureños y hondureñas desconocen la normativa en materia de transparencia.

El sondeo, realizado por el capítulo Transparencia Internacional Honduras, refleja que el 56 por ciento de las personas consultadas cree que aún no existe la Ley de Transparencia; mientras que el 46 por ciento sostiene que “no existe un Instituto de Acceso a la Información Pública”.

Según el informe del sondeo, la ciudadanía encuestada señaló “que el mayor obstáculo para el cumplimiento de la Ley de Transparencia es que no se castiga a los funcionarios que la incumplen”, y opinan que los mayores obstáculos para su cumplimiento son “la injerencia política, la Ley de Secretos y la debilidad del IAIP”.

 “Ese es un aspecto que como pleno de comisionados no podemos pronunciarnos directamente en contra de una Ley, porque una ley dictada por el Congreso Nacional tiene sus fundamentos”, comenta el actual comisionado del IAIP, Damián Pineda, en relación a la Ley de Secretos Oficiales, normativa que impide el derecho ciudadano de acceder a la información, al establecer hasta por 25 años la reserva de documentos de interés nacional.

En opinión de la diputada Doris Gutiérrez el Instituto de Acceso a la Información Pública no tiene razón de existir, puesto que se ha “convertido en un elefante blanco, lamentablemente, hemos invertido millones de lempiras y más bien cada día está peor la corrupción y la impunidad”.

La encuesta de Transparencia Internacional deja ver que el 46 por ciento de la población hondureña tiene mucho interés en conocer sobre el gasto público; sin embargo el 56 por ciento estima que las autoridades están nada interesadas en proporcionar información sobre ese tema.

Dennis Gómez, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y aspirante a comisionado del IAIP, dice que la Ley de Secretos Oficiales ha puesto al Instituto de Acceso a la Información en un “peldaño inferior al que la ley lo define”.

“Lamentablemente no es el Instituto el que va a cambiar el panorama de derogar la Ley o hacer una nueva, le corresponde al Congreso Nacional, sin embargo, debe hacer incidencia y esperar que hay suficiente conciencia a nivel de los partidos políticos y puedan dar marcha atrás”, considera Gómez.

Según los resultados de la “Encuesta Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, siete de cada diez hondureños conocen poco o nada sobre la Ley y apenas dos de cada diez han solicitado información al Estado amparados en la misma.

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