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Radio Progreso

Hernández avanza en proyecto continuista legalizando criminalización de la protesta pública

Feb 24, 2017

Después de varias semanas de propaganda electoral disfrazada de preocupación por la inseguridad y criminalidad, el gobierno de Juan Orlando Hernández y la bancada del Partido Nacional aprobaron la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad o “paquete de reformas penales”.

Bastaron seis horas, divididas en dos días, para que los diputados oficialistas legalizaran la criminalización de la protesta pública, la invasión a las comunicaciones privadas y la censura a los medios de comunicación.

En escenarios de autoritarismo nacionalista y manifestaciones convocadas por la Alianza Opositora, que daban un ambiente de concentración política, la aprobación, en tercer debate, del paquete de reformas penales inició con la modificación de los artículos 222 y 335 del Código Penal.

Se reformó el párrafo 222 del Código Penal para establecer que la extorsión se considera consumada si se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación, el que realice la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva.

Los diputados nacionalistas, con apoyo de los denominados partidos bisagra –Vamos y UD-, modificaron el artículo 335 para agregarle un párrafo en el que califican de terroristas a las personas que desarrollen acciones cuyo propósito sea alterar gravemente la paz pública o intimidar a la población.

El hemiciclo legislativo se convirtió en un estadio lleno de árbitros sonando silbatos. La bancada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) expresó su malestar de esa forma al negársele espacio para ampliar el debate.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, suspendió la discusión y aprobación argumentando que “muchos andan exacerbados y vamos a esperar que se les baje el gas”.

Jari Dixon Herrera, diputado de LIBRE, en su intervención durante la discusión y al finalizar la sesión señaló el fracaso del Partido Nacional en políticas de seguridad, y cuestionó el no endurecimiento de penas por los delitos de corrupción.

“Hace 14 años, se había reformado el artículo 332, le llamaron la Ley Antimaras, y decían que esa era la solución al problema de maras y extorsión, 14 años después siguen diciendo que reformas penales es la solución. Pero más grave aún es que este tema siga siendo usado como bandera de campaña electoral para atraer votos, cuando han fracasado durante años”, puntualizó Herrera.

La diputada Fátima Mena, integrante de la bancada del Partido Anticorrupción, condenó la falta de debate, la politización de los problemas de seguridad y la tipificación del delito de terrorismo, mediante el cual se criminaliza la protesta pública.

“Le debería de dar vergüenza al partido de gobierno por estar instrumentalizando el problema de la inseguridad. Es evidente que ellos han venido fracasando y tiene miedo que el pueblo salga a protestar, quieren criminalizar y evitar que el pueblo salga a las calles. Es realmente penoso”, opinó Mena.

Por su parte, la diputada de Innovación y Unidad (PINU), Doris Gutiérrez, a quien se le negó la palabra durante la sesión, reflexionó sobre sobre los escenarios que se esperan después de aprobadas las reformas: “yo fui diputada cuando se aprobó el artículo 332 y dijeron que iba a eliminar las maras y las pandillas, y ahora miremos como está la situación, está comprobado que la profundización de las penas es una solución al problema, hay que darle un tratamiento integral y verificar cuales son las causas y buscarle solución pero no de manera represiva, a corto y mediano plazo veremos las consecuencias de una política imprudente”.

Durante la aprobación de la tipificación del terrorismo como delito la bancada liberal se ausentó. El diputado Ángel Darío Banegas justificó que sus compañeros y compañeras estaban reunidos con militares y policías, los que exponían porqué deberían de ser aprobadas las reformas penales.

“Estábamos atendiéndolos a ellos. Yo estaba escuchándolos a ellos que estaban presentando argumentaciones, eso es parte también de mi deber como diputado. Cuando la bancada terminó su sesión y venimos aquí inmediatamente suspendieron, parece que la presencia de la bancada liberal los asusta”, dijo Banegas.

Asesor presidencial vota por reformas penales

El segundo día de debate y aprobación continuó con las modificaciones a la Ley Especial de Intervención de las Comunicaciones Privadas y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.

En ese sentido, la unidad de intervención de comunicaciones quedará a cargo del Consejo Nacional de Seguridad, explica el diputado de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya: “usted puede comprar un aparato y escuchar a cualquier persona, lo que están es legalizando para que el presidente los escuche a usted, ahora el presidente lo puede escuchar”.

En la sesión, no solo la prepotencia y autoritarismo nacionalista resaltó, también se evidenciaron las cachurecadas, como se le llama popularmente, al momento en el que Ángel Darío Banegas, diputado liberal, denunció que el ministro asesor de la presidencia, Ebal Díaz, votaba durante la aprobación de las reformas penales.

El diputado del Partido Anticorrupción, Luis Redondo, manifiesta que el Ministerio Público debe de actuar de oficio y recuerda que no es la primera vez que el partido de gobierno protagoniza acciones ilegales.

“No solamente votó una vez, votó varias veces, y esa es una práctica que han venido haciendo los nacionalistas, igual sucedió con el señor Pineda de Coalianza. Es vergonzoso, se le pidió al presidente del Congreso Nacional que mostrará la votación y no quisieron”, comentó Redondo.

Sin embargo, las sorpresas no terminaban. Y es que el diputado nacionalista y jefe de bancada, Oscar Álvarez, en la reconsideración del acta presentó una moción para que en la reforma al artículo 335 del Código Penal, que tipifica el delito de terrorismo, se contemple que quien públicamente o a través de medios de comunicación haga apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo sea sancionado con penas de reclusión entre cuatro y ocho años.

Reformas penales son ambiguas, señala Alto Comisionado de la ONU y la CIDH

Luego de aprobado el paquete de reformas penales, que deja en claro su objetivo principal de criminalizar la protesta social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) emitieron un comunicado conjunto expresando su preocupación.

La CIDH y la OACNUDH señalaron que las reformas aprobadas están marcadas por la ambigüedad y facilitan interpretaciones amplias que pueden conllevar a la sanción de conductas que no corresponden con la gravedad y la naturaleza del delito de terrorismo.

“La adopción de definiciones de terrorismo demasiado amplias puede dar lugar a tergiversaciones deliberadas del término, para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de los defensores de derechos humanos”, apuntaron los organismos internacionales.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Honduras, articuladas en la Coalición Contra la Impunidad, también indicaron que las reformas penales traerán como consecuencia la criminalización de la protesta social, “especialmente con la nueva tipificación del terrorismo, de la misma forma, significarían un duro golpe a otros derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República”.

La Alianza Opositora, integrada por los Partidos Libertad y Refundación, Anticorrupción e Innovación y Unidad, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo en el que piden al Poder Judicial investigar las actas en las que quedó constancia de la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad.

José Manuel Zelaya, coordinador de Libertad y Refundación, dijo que la CSJ debe amparar su investigación en la Constitución hondureña, en los tratados y convenios internacionales que han sido violentados con las reformas penales al criminalizar la protesta pública y coartar la libertad de expresión.

La solicitud de amparo se realiza en un poder del Estado que días antes emitió un pliego de recomendaciones y opiniones a favor de las reformas impulsadas desde la presidencia de la república, dirigida por Juan Orlando Hernández que busca continuar pese a que la Constitución lo prohíbe.

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