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Radio Progreso

Resistencia en peaje de San Manuel: principal obstáculo de concesiones viales

Feb 17, 2017

En una piedra en el zapato se ha convertido la población del Valle de Sula para la política privatizadora de carreteras impulsada desde el gobierno. La lucha contra la instalación del peaje en San Manuel, Cortés, es hasta el momento la única experiencia permanente que le hace frente a la concesión de las vías públicas a la empresa privada.

El gobierno a través de los proyectos: Corredor Logístico y Turístico le apostó en los últimos años a la entrega abierta de las carreteras a la administración privada, generando un golpe duro a la economía de la población en varias regiones del país.

Por el momento la carretera más afectada es la CA5, que conduce de San Pedro Sula a Tegucigalpa, contando con tres casetas; una a la altura de Santa Cruz de Yojoa, Siguatepeque y Zambrano. Paulatinamente a esa concesión se ven afectadas las vías que conectan de El Progreso, Yoro a La Barca, con la construcción de casetas en esa zona y en Santa Rita.

En ese sentido, en la carretera que conduce de La Ceiba a El Progreso, se promueve la construcción de dos casetas que también entrarían en funcionamiento como parte de la política privatizadora del gobierno.

Por el momento, el principal obstáculo para el gobierno en esta proyección se ha registrado en San Manuel, Cortés, donde la población indignada ha impedido el cobro del mismo, con una lucha que lleva más un año, que ha  generado plantones, protestas y campañas de concienciación para que en la actualidad la gente se niegue a pagar el impuesto cada vez que circula por ese tramo carretero.

El gobierno ha implementado varias estrategias para ablandar el rechazo de la gente, entre estas cartas jugadas se han dado pactos con empresarios de la zona, diálogo con transportistas y propuestas para que los usuarios paguen tarifas con descuentos. A pesar de eso el rechazo de la gente no claudica y la negación a ser víctima de pago se mantiene vigente.

“Seguiremos en lucha, no nos detendremos hasta que quiten ese peaje de San Manuel y el gobierno retroceda en su política de privatizar lo público”, expresó Karina Flores integrante de la Mesa de Indignación en El Progreso.

La Mesa de Indignación ha presentado dos recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ambos fueron rechazados y declarados inadmisibles por parte de ese poder del Estado.

“Es lamentable que el gobierno sea tan descarado y desestime un recurso que debería, en una institucionalidad eficiente, detener una iniciativa como esta, que además de ser ilegal, se hizo sin consultar previamente a la población de las zonas afectadas”, manifestó el abogado Omar Menjivar, quien interpuso junto a la Mesa de Indignación el recurso ante la CSJ.

Por el momento la lucha sigue intacta, por una parte el gobierno busca mecanismos y aliados que faciliten implementar el cobro del peaje y por otra las acciones de protestas semanales del sector indignado del Valle de Sula continúa. El capítulo está abierto, con dudas sobre el desenlace final de esta situación.

Amenazas y hostigamiento

Durante más de ocho meses de lucha contra el peaje de San Manuel, Cortés, la Policía Nacional se ha convertido en la principal amenaza de los manifestantes, a tal punto de ser los responsables de varias jornadas de represión, donde se han registrado detenidos, personas golpeadas e intimidaciones.

En la actualidad, un grupo de ciudadanos instalaron un campamento contiguo a las casetas, donde diariamente llegan con megáfonos, pancartas para hacer un llamado a los conductores para que no paguen el impuesto.

Ante la presencia permanente de ciudadanía indignada, también hay un campamento policial, que a diario asigna elementos de seguridad para amedrentar a los manifestantes; en repetidas ocasiones las denuncias de los protestantes se han hecho públicas, asegurando que la Policía quiere sacarlos del campamento instalado en la zona.

Asimismo, los integrantes de este movimiento de protesta, afirman que la Policía además de hostigarlos ha iniciado una investigación selectiva de varias personas que llegan a protestar a diario, tal es el caso del escritor Hector Flores, quien denunció en Zona Informativa de Radio Progreso que un oficial de Policía consultó a sus compañeros datos sobre él.

“Un policía preguntó a la gente que llega al campamento sobre mí, les consultó que a qué me dedico, quién soy yo, donde trabajo y más datos que son personales y que viniendo de un ente de seguridad sin credibilidad como éste, genera lejos de confianza, miedo”, declaró Flores.

Asimismo la población hace un llamado a organismos defensores de derechos humanos, para que de forma permanente acompañen con vigilancia a la gente que protesta a diario en esa zona.

Oposición de diente a labio

En la lucha contra el peaje de San Manuel, hay sectores claramente definidos, grupos que mantienen su constancia y persistencia y que aseguran sostener su beligerancia hasta que el gobierno retroceda en su política.

Pero el ejemplo de lucha de la población de la zona norte, todavía no es tomado por la ciudadanía de otras regiones, que también se ven afectados por las concesiones viales, tampoco los usuarios de las carreteras expresan acciones de rechazo contundentes contra el problema.

Un ejemplo de ello, son los transportistas del sector público, quienes se limitan a expresar su rechazo solo con discursos y no con acciones, misma situación evidencian los transportistas de carga.

“El peaje nos está matando, es un golpe fuerte para nuestra economía, pero por ahora no haremos nada, tenemos otras prioridades”, dijo el dirigente del transporte pesado Benjamín Castro.

Castro manifestó que ha conversado el tema con el gobierno, pero que su propuesta gira a que sea el usuario el que pague los peajes; es decir su postura no es que se eliminen sino que suavicen el pago para su gremio.

“Esperamos que el gobierno haga caso a nuestra solicitud, por ahora no queremos, ni haremos un paro, porque el país no está preparado para eso, pero es un tema de agenda pendiente por resolver”, sentenció Castro.

Ante la política nacional de privatización de carreteras, la oposición general de la población es una tarea pendiente para las regiones afectadas, que al sufrir la implementación del cobro, registrarán golpes directos en el incremento a otros productos que van ligados al transporte.

 

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