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Radio Progreso

Migración: una forma de escape ante violencia y pobreza en Honduras

Jun 09, 2015

Este es un contexto de país que culmina con las exigencias de familiares de migrantes desaparecidos y sugerencias a las autoridades hondureñas en el marco de la Misión de Investigación e Incidencia que la Red Jesuita con Migrantes realiza por toda Centroamérica hasta llegar a Méjico en busca de respuestas a casos de migrantes desaparecidos y políticas violatorias de los derechos de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos.

Red Jesuita con Migrantes

Honduras, con 8.5 millones de habitantes, en donde casi 6 millones de sus habitantes viven en la pobreza y según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE,) de estas 6 millones de personas, 4.2 millones de personas viven en pobreza extrema.

Sin duda que estas condiciones paupérrimas se reflejan en una disminución general en la calidad de vida, lo que a su vez afecta la cosmovisión del hondureño, lo que opina de sí mismo y del entorno.

Por ejemplo, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), consultó a la población “¿Cuál es el principal problema que enfrenta Honduras?”. El 51.4% dijo que la delincuencia y la inseguridad y en segundo lugar la pobreza con un 20.4%. Este sondeo de opinión pública se realiza por quinto año consecutivo.

Esta situación por la que atraviesa el país es un factor determinante para que en los últimos años el flujo migratorio se incremente principalmente hacia los Estados Unidos, sin obviar la posibilidad de un reencuentro con sus familiares. Migrar es la única salida que miles de ciudadanos y ciudadanas encuentran para escapar de la inseguridad, la falta de empleo y de oportunidades para salir adelante en un país que a día a día se sumerge en la violencia, la inseguridad.

“El Triángulo Norte de América Central” compuesto Guatemala, Honduras y El Salvador, cuenta con uno de los más altos índices de violencia del mundo, esto debido al crimen organizado.

Honduras ha sido un país que históricamente ha presentado problemas de pobreza, desigualdad y debilidad institucional, sin embargo, a raíz del golpe de Estado del 28 de junio del 2009, la situación se ha agravado y actualmente nos enfrentamos a una creciente militarización; la reducción de los espacios de participación de sociedad civil; la ausencia de diálogos reales y productivos entre gobierno y sociedad civil; la falta de eficacia y efectividad de las instituciones estatales; la implementación de leyes y decretos que restringen derechos humanos; asesinato de periodistas y limitaciones a la libertad de expresión; aumento grave de las índices de femicidios y violencia contra la mujer; el control de las instituciones del sector justicia y seguridad por grupos de poder lo que ocasiona altos índices de impunidad; mayor desprotección de sectores de la población históricamente vulnerados, como ser: mujeres, niñez, indígenas, población LGBTI; mayores niveles de criminalidad e inseguridad; persecución.

Judicialización y criminalización de las luchas de defensoras y defensores de derechos humanos; la vinculación de la policía a la violencia y criminalidad; y la pobreza extrema; entre otras problemáticas.

En cuanto a los niveles de pobreza, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Honduras se encuentra entre los países con menores ingresos en América Latina y el Caribe, con una incidencia de pobreza por hogares de 64.5 % al 2012, una pobreza extrema por hogares de 42.6 % en el 2013 a nivel nacional, 29.0 a nivel urbano y 55.6 % a nivel rural”. En relación a la inequidad, los datos son los siguientes: “Mientras que el 10% más pobre de la población percibe el 0.7% del ingreso nacional, el 10% más rico percibe el 40.6% del ingreso nacional. El 10% más rico tiene un nivel de ingreso similar al que percibe el 80% de la población de menores ingresos”

En cuanto a índices de violencia, vemos que, a pesar de que el gobierno se ha esforzado por controlar la emisión de estadísticas, producto de lo cual se ha establecido una reducción en las tasas de homicidio, las mismas continúan siendo extremadamente altas, situándose, para el año 2014, en 66.49 homicidios por cada 100 mil habitantes, según la Secretaría de Seguridad y 68 homicidios por cada 100 mil habitantes según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras .

Unido a lo anterior, se encuentra la creciente militarización y represión que sufre la población hondureña ante sus reclamos por mejores condiciones de vida, todo lo cual hace que, a pesar del peligro que se enfrenta en la ruta migratoria, sean miles los hondureños y las hondureñas que deciden migrar en busca de mejores oportunidades. Según datos de la organización Save The Children en el 2014 fueron deportados 8,400 niños migrantes hondureños y según cifras manejadas por el Instituto Nacional de Migración fueron deportados 71,508 hondureños en ese mismo año

Personas migrantes privadas de libertad

En su ruta hacia los Estados Unidos las personas migrantes son víctimas de muchos delitos como ser: asesinatos, desapariciones, abusos sexuales, trata, secuestro, robos, extorsiones, discriminación, abusos de autoridad, uso excesivo de la fuerza en su contra, sin que se les de la debida protección de parte de las autoridades de los países de tránsito y origen.

Otro tema de especial preocupación que está afectando gravemente a las personas migrantes es el creciente número de casos en el que se les priva de su libertad acusándolos de haber participado en delitos, muchas veces ejecutados bajo coacción de grupos de criminalidad organizada.

Esta situación además afecta a sus familiares que no encuentran la forma de obtener información sobre su situación debido a la poca o nula atención que desde las autoridades consulares reciben los migrantes que se encuentran privados de libertad en diferentes cárceles y centros de detención en México y los Estados Unidos.

Es importante recalcar que toda persona privada de libertad, debido a su especial condición, debe gozar de un marco de protección diferenciado que incluye varios derechos, entre estos el derecho a un debido proceso que incluye: ser informado de inmediato y con lenguaje comprensible sobre el motivo de su detención y las acusaciones que se les imputan , para que este derecho sea real y efectivo es necesario que se le informe teniendo en cuenta su nivel educativo y con la asistencia jurídica necesaria para que entienda claramente la situación legal en la que se encuentra; el acceso inmediato del detenido a una autoridad judicial competente que revise sin demora la legalidad de la detención ; el derecho de participar activamente en su proceso penal mediante la presentación de pruebas para desvanecer las imputaciones del Estado en su contra, así como la posibilidad de contar con un apoderado defensor durante todo el proceso.

En relación al derecho a la asistencia consular , el artículo 16.7 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares establece que cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea arrestado, recluido en prisión o detenido, las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen, o de un Estado que represente los intereses del Estado de origen, serán informadas sin demora, si así lo solicita el detenido, de su detención, así como de los motivos de dicha medida. Este derecho también incluye el derecho de la persona interesada a comunicarse sin demora con dichas autoridades. Pero debe quedar claro que este derecho, las autoridades consulares solo deben ser contactadas cuando sea solicitado por el migrante detenido, pues en algunos casos la intervención del consulado puede llevar a una deportación no deseada

Otro aspecto de especial importancia que debe ser garantizado a las personas migrantes privadas de libertad y asimismo a sus familiares es el acceso a servicios de salud y atención psicológica, ya que por la especial situación que enfrentan de encontrarse en un entorno extraño pueden sufrir afectaciones, asimismo tienen que enfrentar en muchas ocasiones tratos discriminatorios y estigmatizantes que pueden derivar en transtornos psicológicos y físicos.

En cuanto a la comunicación con familiares y con el mundo exterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México” , refiriéndose a la detención migratoria, ha establecido: “La posibilidad de acceso a una comunicación económica, segura y regular es de particular importancia para las personas bajo detención migratoria. La compleja situación en la que se encuentran los migrantes, alejados de sus familias y seres queridos, contribuye a aumentar su situación de vulnerabilidad, de inseguridad y de sufrir afectaciones psicológicas, y las cuales en algunos casos llegan a tener repercusiones sobre su salud física. En general, la Comisión considera que los servicios de comunicación a los que pueden acceder las personas detenidas en las estaciones migratorias requieren ser mejorados. En especial, a través de la habilitación de acceso telefónico, acceso a correo electrónico y otros servicios de comunicación a través de Internet de forma periódica, frecuente y gratuita” Estimamos que lo expresado por la CIDH aplica también a las personas migrantes privadas de libertad en cualquier centro penal o similar, y que la necesidad de comunicación se hace todavía mas imperativa en casos que ya están cumpliendo condenas, sobre todo cuando estas son de mucha duración e incluso, algunas de ellas, a perpetuidad.

Además del monitoreo de las condiciones de detención que puede hacerse desde los consulados es importante que se impulsen, con el apoyo de los entes gubernamentales correspondientes, procesos de verificación y acompañamiento desde organizaciones de sociedad civil incluyendo comités de familiares, comisiones de derechos humanos y organismos nacionales e internacionales, tales como el ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la OIM, el CICR y que además de que verifiquen la condiciones en que se encuentran los migrantes y que garanticen su acceso a un debido proceso, mantengan comunicación permanente con los familiares de dichos migrantes para que también tengan información oportuna.

Debido a que varios de las personas migrantes privadas de libertad han sido ubicadas en centros de detención, en el transcurso de su trabajo los Comités han asumido la atención y defensa de derechos de familiares de MPL. Desde COFAMIPRO se han enviado a la Dirección de Asuntos Consulares, entre el 2013 y el 2015, al menos 15 casos de personas migrantes privadas de libertad, cuyos familiares solicitan tener información sobre su situación jurídica y estado de salud física y psíquica. (Se adjunta cuadro con la información sobre estos casos). Desafortunadamente estas solicitudes no han tenido el debido seguimiento y la mayoría de los migrantes privados de libertad no cuentan con apoyo consular y asimismo sus familiares continúan sin tener una comunicación efectiva e información periódica sobre los privados de libertad

Se tiene conocimiento a través de una solicitud de información realizada a la Dirección de Asuntos Consulares que no cuentan con información de los nombres de los centros penales o prisiones estatales, locales o de otra naturaleza que están dentro de la zona territorial que debe atender cada consulado en México y EEUU , lo cual denota claramente su escaso interés en las personas migrantes hondureñas que se encuentran privadas de libertad en el exterior.

En relación a las solicitudes que los familiares de personas migrantes privadas de libertad expresan a los Comités, principalmente, se encuentran las siguientes:

a)Conocer exactamente el lugar donde está detenido su familiar, cual es la situación jurídica del mismo, si se le imputa algún delito y de ser así, conocer detalladamente de que delito se trata, en qué estado se encuentra el proceso y cuáles pueden ser las consecuencias del mismo

b)Saber si cuenta con un apoderado defensor y poder tener comunicación frecuente con el mismo, para conocer la situación de su familiar y para aportar medios de defensa

c)Que las autoridades consulares velen por la integridad física y psíquica de su pariente, sobre todo, evitar que el mismo esté recibiendo malos tratos en el centro donde se encuentra recluido

d)Poder tener comunicación periódica y directa con su familiar privado de libertad, por teléfono, por correo electrónico o por carta y conocer las posibilidades de visitarlo personalmente.

e)En casos de migrantes cumpliendo una condena, saber si existe la posibilidad de que sea trasladado a cumplir la misma en un centro penal de su país de origen o tener conocimiento de la fecha en que finalizará su condena para que sea deportado a su país

SOLICITUDES SUGERIDAS

A la Dirección de Asuntos Consulares:

a)Que la Dirección de Asuntos Consulares realice una solicitud por escrito a las autoridades correspondientes para asignación de mayor presupuesto y nombramiento de cónsules y personal administrativo, la cual será suscrita también por organizaciones de sociedad civil que le darán apoyo y realizarán acciones de incidencia en torno a la misma.

b)Que se nombren dos personas encargadas de la atención y seguimiento de las solicitudes hechas por los familiares de personas migrantes privadas de libertad que tengan contacto frecuente y directo con los Comités de Familiares, en especial con COFAMIPRO.

c)Que se realicen reuniones periódicas, por lo menos cada dos meses, con estas dos personas, en las que participen COFAMIPRO, SJM, PMH, FONAMIH, CICR, CONADEH y los familiares de migrantes privados de libertad, en la cual se le de seguimiento a los casos y se puedan presentar nuevas solicitudes. Este podría ser el inicio de una Comisión Interinstitucional de Atención a los Migrantes Privados de Libertad y sus familiares.

d)Que la Dirección de Asuntos Consulares permita el cruce de información entre los listados de personas migrantes desaparecidas que tienen los Comités y los listados de personas privadas de libertad con que cuenta la Dirección, con lo cual podría darse con el paradero de algunas de estas personas desaparecidas.

e)Que a través de los Consulados correspondientes, se realice un censo de las personas migrantes privadas de libertad en cada uno de los centros penales de Guatemala y México, en especial los de los Estados de la ruta migratoria: Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuaha, Sonora y Baja California. Este censo debe ser por nombre, pero también por fotografía y huella dactilar . En esta labor pueden ser apoyados por CICR.

 

Al Comisionado Nacional de Derechos Humanos:

a)Que nombre dos personas que hagan seguimiento y monitoreo de las actuaciones de la Dirección de Asuntos Consulares para aunar esfuerzos en la protección de las personas migrantes privadas de libertad y sus familiares y que se mantengan en comunicación frecuente y directa con los comités de familiares y las organizaciones de sociedad civil que apoyan su trabajo.

b)Que asimismo estas dos personas sean las encargadas de recibir las denuncias de los familiares de personas migrantes privadas de libertad y que establezcan comunicación con las comisiones de derechos humanos de Guatemala y de los Estados de la ruta migratoria en México para velar por la integridad física y psíquica de las personas migrantes en los centros penales.

c)Que a través de las comisiones de derechos humanos estatales en México se pueda tener conocimiento de los nombres, fotografías, documentación y huellas dactilares de las personas centroamericanas privadas de libertad a efecto de comparar estos datos con los listados de los Comités de Familiares de migrantes desaparecidos.

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