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Radio Progreso

El fraudulento "Caiga quien caiga"

Jul 07, 2015

–Y así quién no-

No solo se ha descubierto, sino que lo ha confesado el propio Juan Orlando (aunque admitiendo una cantidad mínima), que su partido y su candidatura recibió fondos provenientes del saqueo del Seguro Social para financiar su campaña y a pesar de eso, dicen sus adláteres, fue él quien dispuso la intervención del Seguro Social y hoy, con claros visos de propaganda política, Juan Orlando Hernández emplea el slogan de “caiga quien caiga”, para dar la impresión de que está determinado a despojar del beneficio de la impunidad, sea quien sea el involucrado o involucrada, para someterlo a la justicia. No obstante, ese el mayor fraude con el que este gobierno pretende sorprender la buena fe de un pueblo que efectivamente está harto de tanta corrupción e impunidad. Veamos:

NOMBRÓ A SU PROPIO FISCAL GENERAL. Haciendo uso abusivo de las facultades constitucionales y en clara usurpación de la soberanía popular (porque era al Congreso actual a quien le correspondía) Juan Orlando Hernández, presidiendo el Congreso Nacional anterior y luego de forzar la renuncia de Luis Alberto Rubí, nombró como Fiscal General a Oscar Fernando Chinchilla quien en el proceso de preselección que hizo la Junta Nominadora, fue eliminado en la tercera prueba, si mal no recuerdo, con lo cual quedó fuera del proceso pero lo hicieron ingresar de nuevo, porque él era el que ya había sido escogido por Juan Orlando al modificarse las reglas acordadas al interior de la junta nominadora, lo cual, por cierto, hizo que se retiraran de ese órgano de preselección, las representaciones de la UNAH, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y de la “sociedad civil”, en protesta por la clara maniobra. En el proceso de audiencias públicas ante el congreso, Ivis Discua Varilla, uno de los cinco nominados por la junta y prominente miembro del Partido Nacional, denunció en la propia audiencia pública ante los diputados, que todo eso era un circo y un engaño para el pueblo, porque ya estaba decidido quién sería el Fiscal General. Oscar Fernando Chinchilla debía cumplir sólo el tiempo que le faltaba para completar el periodo a Luis Alberto Rubí, quien fue obligado a renunciar (sin discusión, era un incompetente), sin embargo, Juan Orlando necesitaba un Fiscal General que lo protegiera durante todo su periodo, por lo que abusando de las facultades constitucionales y aprovechando la mayoría mecánica de 71 diputados que tenía su partido, reformó la ley del Ministerio Público y lo nombró por cinco años y no por los siete meses que faltaban del periodo de Rubí. Es tal la condición de sumisión a Juan Orlando Hernández, del Ministerio Público, que por disposición constitucional y legal debe ser independiente de todos los poderes del Estado, que las últimas acusaciones presentadas (como resultado de las enormes movilizaciones de las antorchas), son presentadas como mérito del gobernante y no del Ministerio Público.  

SE ASEGURÓ SU PROPIA CORTE SUPREMA. Antes de lo del Fiscal General, en la madrugada del doce de diciembre de dos mil doce (12/12/12/ -como cabalístico-) Juan Orlando Hernández, haciendo acusaciones inespecíficas de vínculos con el crimen organizado, contra cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que le habían declarado inconstitucional la ley de las ciudades modelo, los destituyó inconstitucionalmente (porque no tenía facultades para ello) dejando como sobreviviente de esa sala, sólo a Oscar Fernando Chinchilla (nombrado Fiscal General, ocho meses después y el único que no votó por la inconstitucionalidad de las ciudades modelo), nombrando en el mismo acto a cuatro incondicionales magistrados suyos. Con dicho acto envió un mensaje de fuerza al resto de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes quedaron advertidos de cuál sería su suerte, si alguna vez se atreviesen a fallar en contra de sus deseos e intereses. Hoy, ninguna acción planteada ante la Sala de lo Constitucional contra determinaciones del gobierno o del actual congreso, prospera; en cambio, toda petición oficial que se hace llegar ante dicha sala, es inmediatamente resuelta a favor, sin importar que tal petición sea contraria a la Constitución, tal como ocurrió con el tema de la reelección.

SE ASEGURÓ EL CONTROL Y SOMETIMIENTO DE LOS JUECES. Con la creación del Consejo de la Judicatura, Juan Orlando Hernández se aseguró el instrumento mediante el cual intimida y somete a los jueces de la República, los cuales, para emitir sus resoluciones, primero miden cuál será la reacción del Consejo de la Judicatura y luego piensan, si acaso, en la ley, pesando más el miedo ante una posible audiencia de descargo y segura sanción, despido y hasta acusación en su contra, que lo que dice la ley. No es casual el hecho de que recientemente hayan reaccionado más de cien abogados de Tegucigalpa, denunciando formalmente tal situación y que incluso nueve de los quince magistrados de la Corte Suprema hayan reaccionado también, enviándole una carta al Presidente de ese poder del Estado, haciéndole ver las constantes quejas contra el Consejo de la Judicatura, que lejos de ser el órgano garante de la idoneidad de los y las jueces, es mas bien el verdugo de la imparcialidad e independencia judicial. El juez que falle contra las líneas que ha definido Juan Orlando Hernández (no por el poder judicial), sencillamente se complica su vida. Y, como de costumbre, el nombramiento de los miembros del Consejo de la Judicatura, se hizo incumpliendo lo que manda la ley al no tomar en cuneta a todas las asociaciones de jueces que existen en el Poder Judicial, sino solo a la oficialista, con lo cual se aseguró, desde luego, la absoluta lealtad, tal como ha sido hasta ahora.

FUNDÓ SU PROPIA FUERZA MILITAR CON FUNCIONES POLICIALES. Contra lo que estipula la constitución de la república (para variar) en materia de seguridad, creó una policía militar, la cual funciona bajo su mando directo, condición que quiso elevar a rango constitucional pero que no pudo lograr al no reunir los votos necesarios para conseguir la mayoría calificada, debido a la nueva conformación del Congreso Nacional con los nuevos partidos políticos, Libre y PAC, que se opusieron a tal pretensión junto a varios liberales y el voto del Pinu. A la nueva fuerza militar policial le atribuyó funciones de seguridad pública propias de la policía preventiva, pero también la dotó de facultades de investigación, las que en muchos casos han sido usadas para hostigar a enemigos o potenciales enemigos políticos. Juan Orlando no solo tiene al Fiscal General y al Poder Judicial bajo su control total, sino que dicho control lo asegura directamente al colocarlas bajo la sobrilla de otra creación suya que denomina Consejo Nacional de Seguridad, el cual preside él y cuyas resoluciones operativiza principalmente a través de otra de sus creaciones denominada FUSINA (Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional) la cual la integra el Ministerio Púbico y otros órganos operadores de justicia además de COPECO y otras rarezas, y la preside un militar que responde directamente al Presidente. Es decir que el Ministerio Público, no solo materialmente es un subalterno del presidente, sino que también lo es formalmente a través del Consejo Nacional de Seguridad y FUSINA.

En conclusión, teniendo bajo su absoluto control al sistema operador de justicia, el cual sigue sus instrucciones (léase órdenes) y le rinde cuentas, es fácil para Juan Orlando Hernández disponer la intervención del Seguro Social encargándosela a una leal e incondicional Vilma Morales (quien no dijo nada sobre el financiamiento de la campaña del partido nacional), y luego presentarse como el paladín contra la corrupción e impunidad diciendo “caiga quien caiga”, porque quien decide quién va a caer, es él y obviamente todo responde a un cálculo político según el cual estará dispuesto a sacrificar a quien tenga que sacrificar y presentará como peces gordos, todo en su afán político de mantener un argumento que valide su proclama de “caiga quien caiga”, pero que el pueblo entiende y completa como “caiga quien caiga menos yo” y  probablemente tampoco su círculo familiar, especialmente su hermana Hilda Rosario Hernández Alvarado, a quien se le vincula al manejo de las contribuciones provenientes de los fondos del Seguro Social, junto a otros responsables de la campaña del partido en el poder.   

Finalmente, pero no menos importante y como número cinco en esta escalada dolosa para el control absoluto del poder, debe destacarse:

EL NOMBRAMIENTO ANTICIPADO DEL TRIBUNAL DE ELECCIONES: Como la pretensión es permanecer en el poder por cincuenta años mínimo, sino con él directamente al frente de la presidencia, entonces a través del Partido Nacional como la organización política que él controla (hasta ahora), en una nueva acción de usurpación de la soberanía popular, también se aseguró de tener el control del Tribunal Supremo Electoral y procedió, a través de sus diputados, en confabulación con la mayoría de la bancada liberal, en la última sesión del Congreso anterior, a nombrar anticipadamente a los miembros del TSE, los cuales tendrían que haber sido elegidos en abril del año pasado por el actual Congreso  Nacional. Con eso se asegura el control de los procesos electorales, porque es bien sabido que aquí, según los últimos procesos eleccionarios, el pueblo vota pero es el Tribunal Supremo Electoral, quien elige. Con la subordinación del Tribunal Supremo Electoral a sus designios, se asegura en buena parte la continuidad en el poder y por supuesto el beneficio indefinido de la impunidad, caiga quien caiga. 

 

Autor: Omar Menjívar, abogado y exfiscal. 

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