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Viernes, 12 Enero 2018 14:33

Ladrones no - Los Polirrateros del Norte

Esta es una canción para los que votaron contra el continuismo y gritan: "Ladrones no" de Los Polirrateros del Norte Una Producción de RadioprogresoHN ¡Comparta, Comparta!

“Salió a protestar porque yo le ensené a defender sus derechos, pero el gobierno me lo mató”, dijo esto entre indignación y dolor, Don David Ramos, padre de José David, joven de 22 años que fue asesinado por el Ejército y la Policía Militar el 01 de diciembre en Choloma, Cortés, durante una protesta contra el fraude electoral. En esa misma represión también fueron asesinados Roger Alberto Vásquez (35), Víctor Evelio Martínez (23). 

David tenía cuatro años de trabajar en una empresa maquiladora. El día de su asesinato llegó a casa temprano, se cambió de ropa, comió y dijo a su familia que iba a protestar. Su padre adolorido cuenta que no se opuso, dejó que se fuera a la protesta porque desde el golpe de Estado de 2009 su familia ha estado denunciando las injusticias. 

“Mi hijo no era un vago delincuente”, como dice el presidente y los medios de comunicación, era un muchacho trabajador, responsable y alegre, explicó a Radio Progreso el padre de David. Según fotografías y testimonios de la ciudadanía que se encontraba en la protesta, David era de los jóvenes animadores que entonaba con fuerza la consigna “Fuera JOH”. 

Cuando comenzó la represión un disparo le impactó en su espalda, cayó al suelo. En ese momento la Policía Militar lo recogió y llevó a un centro asistencial. David iba con vida pero horas después informaron a su familia que murió producto de una laceración en el cráneo, un certero disparo en la cabeza. 

“A mi hijo lo mató el gobierno por protestar y exijo justicia”, enfatizó el padre quien junto a su esposa ahora tienen la enorme responsabilidad de educar a Juan José, el pequeño hijo de David. Ese niño que no volverá a ver a su padre, que se quedó con esa imagen de un joven que luchaba porque su presente y futuro fueran distinto, que pudiera crecer en una Honduras libre de corrupción e impunidad. 

Las cifras hablan 

Sólo en el Valle de Sula, al norte de Honduras, 14 personas han sido asesinadas en el marco de las protestas que en su mayoría fueron pacíficas. Las víctimas eran jóvenes que decidieron salir a las calles a defender su voto, salvar la democracia. Muchos de ellos ejercieron el sufragio por primera vez, tenían la esperanza de cambiar el gobierno impositivo de Juan Orlando Hernández, contar un empleo y gozar del privilegio de seguir viviendo en su país. 

Hasta el momento el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, registra más de 30 asesinatos a manos de militares y policías a nivel nacional. David es el número cinco de esa lista. Además, más de 80 personas enfrentan procesos criminales, de los que 15 jóvenes se encuentran privados de libertad en los centros penales en Ilama, Santa Bárbara y El Progreso, Yoro, únicamente por participar en protestas contra el fraude electoral. 

A través de conferencias de prensa y comunicados el gobierno de Juan Orlando Hernández y las Fuerzas de Seguridad del Estado, han asegurado que las personas que permanecen en las calles protestando pertenecen a grupos delincuenciales y son los responsables de los saqueos a centros comerciales y de agresiones contra policías y militares. 

Sin embargo, en el trabajo de campo que ha realizado la Coalición contra la Impunidad junto a la Convergencia Juvenil contra el Continuismo se puede constatar que las personas asesinadas no pertenecían a ninguna agrupación criminal. “Eran jóvenes que siendo niños sufriendo el golpe de Estado de 2009 y que por primera vez salieron a ejercer el sufragio”, dice la abogada de la Coalición Heidy Alachán, explicando que desde las organizaciones buscan reivindicar la dignidad de las víctimas y rescatar la determinación que llevó a la gente a permanecer en las calles defendiendo la democracia. 

Desde la Coalición contra la Impunidad, también se ha documentado los casos de tortura y detenciones arbitrarias en el marco de la crisis post electoral. Hay otro grupo de personas en el sector de Villanueva, Cortés que fueron detenidas y torturadas por la policía y los militares, explicó la abogada del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación Eric, Brenda Mejía. 

Según Mejía, una de las víctimas narró que en el centro penal de El Progreso los colocaron en medio de una cancha, lanzaron gases lacrimógenos y disparos. “Estas personas tienen miedo de denunciar las agresiones”, dijo la abogada manifestando que algunas víctimas han recibido amenazas a muerte por parte de militares y policías. 

Otro caso de tortura documentado por la Coalición es el de 33 jóvenes detenidos el 01 de diciembre en San Pedro Sula. Ellos fueron acusados por saqueo y robo agravado. Inicialmente fueron trasladados a la 105 Brigada, campamento militar donde les lanzaron gas lacrimógeno cada vez que intentaban dormir, permanecieron sin ingerir alimentos durante dos días y fueron obligados a caminar de rodillas. Claros signos de tortura a manos de militares.

Posteriormente los trasladaron a la cárcel de máxima seguridad en Santa Bárbara “El Pozo”. Fue gracias al trabajo de las organizaciones de derechos humanos que 8 días después los dejaron en libertad. “Juan Orlando y su cúpula militar y policial deben ser juzgados por crímenes de lesa humanidad”, afirma la abogada Brenda Mejía. 

También desde la Coalición se ha documentado la negligencia de las instituciones del Estado, que deberían de garantizar la vida de la población. Un caso específico es la atención médica precaria que ha brindado el Hospital Mario Catarino Rivas y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, a la población herida durante las represiones violentas ejecutadas en las últimas semanas. A eso se suma la ineficiencia y falta de voluntad política del Ministerio Público para investigar las agresiones cometidas por los uniformados. 

“No vamos a parar” 

Las organizaciones de derechos humanos saben que ahora son las víctimas, sus familias y los sobrevivientes que los demandan cercanos, que los quieren en las calles, acompañado sus protestas, nadando contra corriente en medio de una institucionalidad que perdió rumbo, que fue secuestra y que es dirigida por el mismo grupo que se impone en el poder. 

Es por ese trabajo arduo y cercano, que Don David tiene la esperanza que el caso de su hijo y el de todos los asesinados en el marco de la crisis no queden impunes. Se consuela al saber que su hijo estuvo en el lugar correcto, estuvo en las calles, denunciado el evidente fraude electoral que se impuso pese a la voluntad ciudadana.

Jueves, 11 Enero 2018 10:58

Semanario No. 509

 

Un velo de misterio rodea la muerte de Oscar Antonio Flores, encontrado ahorcado en el interior de una celda policial en la ciudad de Pespire, Choluteca, al sur de Honduras. La historia de Oscar inicia al salir de su casa, el pasado 04 de enero, ubicada en la Colonia Torocagua de Tegucigalpa, para emprender su viaje hacia la zona de El Amatillo, frontera con El Salvador.

De acuerdo al testimonio de sus familiares Oscar se dedicaba al comercio y tradicionalmente viajaba a la ciudad de San Salvador, El Salvador, para comprar y luego vender ropa y accesorios en la capital Tegucigalpa. 

Un informe de la Jefatura Municipal de la Policía en Pespire, publicado luego que la muerte de Oscar fuese informada en las redes sociales, describe que “el día sábado 06 de enero en horas de la mañana un grupo de pobladores de la aldea Coldega, del municipio de Pespire, aprehendieron a un ciudadano que alteraba el orden público de la comunidad, atándole de pies y manos para controlarlo”.

Según la Policía Nacional, la denuncia ciudadana fue recibida por el Sistema Nacional de Emergencias 911 “para que fuera trasladado a la jefatura de policía más cercana”.

Se encontraría con su papá

La supuesta captura de Oscar Flores, por “alteración” del orden público, se dio horas después que pobladores de la zona de sur del país desarrollaron una serie de manifestaciones y tomas de carretera en contra del fraude electoral que sostiene la dictadura del Partido Nacional, encabezada por Juan Orlando Hernández.

“Una hora después durante la supervisión en los separos policiales, el oficial de guardia de la Jefatura reportó el hallazgo del cuerpo ya sin vida del detenido, con aparentes signos de suicidio”, aseguran la Secretaría de Seguridad en un comunicado emitido el domingo 07 de enero.

La muerte de Oscar se dio a conocer luego en que perfiles de las redes sociales Facebook y Twitter, se publicaran las fotografías en las que se le observa colgado, mediante una sábana, en el techo de la celda.

Declaraciones, en las mismas redes sociales, de personas ligadas a grupos que participaron en las acciones de protesta aseguraron que Oscar estuvo presente en las manifestaciones con toma de la vía pública. 

Sin embargo, Sandra Flores, hermana de Oscar, en entrevista a Radio Progreso, dijo que no pertenecía a ningún grupo político: “mi hermano iba de viaje, iba rumbo a El Salvador a ayudar a mí papá. Él no se dedicaba a ninguna manifestación, él iba rumbo a El Salvador, él no simpatizaba en ninguno de estos partidos, sino que encontró esa manifestación y no sabemos qué pasó”.

Sandra daba testimonio minutos antes que las autoridades de Medicina Forense les entregara el cuerpo de su hermano Oscar.

Signos de tortura y homicidio

En versión de la Secretaría de Seguridad, supuestos equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y fiscales del Ministerio Público, “procedieron a verificar la información” de la muerte del Oscar, quien, de acuerdo a investigaciones preliminares de organismos de derechos humanos, presenta claros signos de tortura.

“Las autoridades de la Dirección de Medicina Forense decidieron trasladar el cuerpo a Tegucigalpa donde se determinó preliminarmente que la causa de muerte seria asfixia por suspensión y como principal hipótesis el suicidio”, aseveran las autoridades policías y de seguridad.

En ese sentido, Amada Ponce, subdirectora del Comité Por la Libre Expresión (C-LIBRE), organización que ofreció acompañamiento legal a la familia Flores, explica que, de acuerdo las informaciones obtenidas a primera instancia, Oscar “presenta hematomas en diferentes partes de su cuerpo, hay serios indicios que no murió por asfixia por suspensión, sino que se trata de un homicidio”.

“Intención de matarse nunca la va a tener. Él tomaba, pero, la verdad, no para matarse; él tenía otro propósito, era un comerciante, un técnico en electrónica con visiones”, manifestó Sandra, al insistir que su hermano tenía como destino final El Salvador, para trabajar en los próximos días.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad dijeron que “desvirtuamos rotundamente las aseveraciones de medios de comunicación y páginas en redes sociales que desinforman a la población al vincular el lamentable hecho con diferencias de índole político”.

Aumento del uso de fuerza en crisis política

El último informe sobre violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas anti fraude, presentado por el Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), indica que después de desarrolladas las Elecciones Generales -26 de noviembre 2017- los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellas la Policía Militar del Orden Público (PMOP), han incrementado el uso de la fuerza mediante “ataques por la espalda y detenciones masivas”.

“El patrullaje intimidante a zonas residenciales identificadas como resistentes y la simulación de asaltos comunes que despoja a los opositores de sus aparatos de comunicación”, apunta el COFADEH.

Por su parte, Carlos del Cid, director del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, en relación a la muerte de Oscar Flores, dice que la situación demuestra que Honduras está en una “terrible y espantosa crisis de derechos humanos”.

“El Estado de Honduras, en el acto, tiene una responsabilidad penal sobre la muerte porque el Estado es garante de proteger los derechos de cualquier ciudadano que cae en sus manos, en este caso como privado de libertad”, recordó del Cid.

Además, detalla que, de acuerdo a las labores de investigación que han realizado, Oscar Flores fue trasladado hasta la posta policial del municipio de Pespire, Choluteca, aún con vida: “hay versiones de la población en las que dicen que él fue bajado de un bus que iba rumbo a El Salvador, y como la Policía estaba haciendo cateos ilegales bajando gente inocente, porque temen que van a participar en manifestaciones políticas, si sucedió bajo es pesquisa ya la Policía tiene una responsabilidad”.

Según las versiones de los familiares, el dictamen de Medicina Forense será entregado dentro de los próximos 15 días, sin embargo, para las organizaciones defensoras de los derechos humanos, basadas en los análisis de las fotografías compartidas en las redes sociales y las investigaciones preliminares, el caso podría tratarse de un homicidio, puesto que en las condiciones físicas y de ambiente de una celda policial en las que se encontraba Oscar Flores sería imposible cometer un suicidio.

El segundo informe del COFADEH, sobre violaciones a los derechos humanos, reporta que después de las elecciones generales del 2017, marcadas por el fraude nacionalista, se registran 30 ejecuciones a manos de policías y militares.

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