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Radio Progreso
Jennifer

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Un juez del Juzgado de Letras de lo Penal en Tegucigalpa declaró auto de apertura a juicio oral y público a cuatro de los ocho acusados por el asesinato y tentativa de asesinato en perjuicio de la lideresa indígena Berta Cáceres y el ambientalista mexicano Gustavo Castro.

Los cuatro acusados que enfrentarán juicio oral y público son: Douglas Bustillo, Mariano Díaz, Sergio Rodríguez y Elvin Heriberto Rápalo.

El pasado 08 de junio, durante la audiencia preliminar, la acusación privada planteó una formalización por el delito de asociación ilícita para tres los cuatro imputados –Bustillo, Rodríguez y Díaz- vinculados directamente con la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).

“Dentro de las posibilidades que hemos tenido nosotros de ver la investigación y las diligencias que particularmente hemos hecho, sí podemos establecer una conexión de estos tres imputados al nivel de ser parte de  una estructura que generó en el territorio lenca, donde pretende funcionar la hidroeléctrica “Agua Zarca”, una especie de grupos de terror para evitar la oposición al proyecto, y Elvin Rápalo resulta un ejecutor de las decisiones de esa estructura”, explica el abogado Víctor Fernández, representante legal de la familia Cáceres.

Bertha Zúniga, hija de Berta Cáceres, manifiesta que una de las principales demandas como familia es que se amplíe la imputación a asociación ilícita en la que se ven involucrados funcionarios públicos y las empresas que promueven el extractivismo: “una imputación en la que se da una perspectiva en la que este crimen y la tentativa de homicidio contra Gustavo Castro no son intereses particulares, sino que forman parte de un plan de ataque de una empresa para la que el trabajo de Berta Cáceres y COPINH era un obstáculo”.

Sin embargo, el juez con jurisdicción nacional estimó que no era procedente emitir resolución con de apertura a juicio por el delito de asociación ilícita contra el capitán retirado de las Fuerzas Armadas, Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez, gerente técnico ambiental de la empresa DESA, y Mariano Díaz, quien ejercía labores de seguridad para dicha compañía extractivista.

“Ahora mismo, emitido el auto de apertura a juicio, a las partes notificadas nos mandan a apersonarnos en un plazo de cinco días al Tribunal de Sentencias, para que siga el curso en aquella instancia”, detalla Rodil Vásquez, integrante de la representación legal de la familia de Berta Cáceres.

En relación a la determinación del juez, Vásquez manifiesta que como defensa privada “nos vamos a mantener firmes y en el debate –Juicio- vamos a incorporar hechos y circunstancias nuevas en el caso que nos llevan a la conclusión que cabe la modificación de la imputación”.

“Ellos coordinado, planificaron, se pusieron de acuerdo, anduvieron juntos y ejecutaron juntos el asesinato de Berta, vamos a hacer valer esta pretensión en el juicio oral y público”, remarca Vásquez.

Gaspar Sánchez, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), declara que las comunidades lencas y la organización están demandando que el Ministerio Público dirija sus investigaciones a los autores intelectuales del asesinato contra Berta Cáceres: “sabemos que la familia Atala, David Castillo, el presidente Juan Orlando Hernández y el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, tiene que ver en este asesinato”.

“El ministro porque él era responsable de cuidar y proteger la vida de ella, Juan Orlando Hernández por haber entregado el Río Gualcarque sin consultar a las comunidades, por eso vamos a seguir demandando justicia y que el gobierno acepte una comisión internacional independiente para garantizar mayor seguridad en la investigación”, manifiesta Gaspar.

Las autoridades de los Juzgados de lo Penal en Tegucigalpa informaron que siguen a la espera de la solicitud del Misterio Público para el desarrollo de la audiencia preliminar contra los hermanos Edilson y Emerson Duarte, Henry Javier Hernández y Óscar Aroldo Torres, que se suman a los ocho imputados por el asesinato de la lideresa indígena y defensora Berta Cáceres.

 

Ojo de Agua. Casi siempre las minas explotadas se encuentran en comunidades con ese nombre. Ojo de Agua se llama la comunidad de Macuelizo donde antes existía un nacimiento de agua y hoy solo hay un enorme hueco de donde mana agua roja y apestosa. Donde aún, un grupo de mineros artesanales rasga la piedra para encontrar un poco de oro. Donde la pobreza sigue siendo evidente.  

En 1998 el Estado de Honduras otorgó una concesión de 120 hectáreas para explotación minera a una empresa canadiense, en esta comunidad que oficialmente se llamaba Vueltas del río en Macuelizo, Santa Bárbara. Por 5 años esta empresa extrajo oro del cerro, pero de repente un día se retiró y la empresa fue comprada por Geomaque, de capital canadiense también. 

La veta dejó de ser rentable, se agotó.

La empresa detuvo sus operaciones en Vueltas del Río debido a problemas con la primera pila de lixiviación. En fecha 31 de diciembre de 2000, fueron reducidas en un 55%, de 5.1 millones de toneladas de roca (aproximadamente 410,000 onzas de oro) a 2.1 millones de toneladas de roca (aprox. 170,000 onzas de oro).

Desde 2009 la gente de la comunidad comenzó a buscar oro en esa veta e hizo de la minería artesanal su modo de vida. 

Selvin Marquez, líder de la comunidad nos espera en un piñal para llevarnos al lugar donde él un par de días a la semana intenta sacar oro. Selvin está buscando una alternativa a la minería artesanal, ese trabajo precario que pronto le podría quitar la vida. Es la primera cosecha de piñas que saca su familia y están contentos, da esperanza. 

Sale del piñal con sus botas de hule, sombrero y manga larga para resistir el sol y nos lleva a la veta que la empresa minera abandonó hace años. En el camino se encuentra con dos mujeres. A veces las mujeres van a ver si ha quedado algo de broza suelta por encima para lavarla y ver si hay algo que pueda servirles. A veces también van para llevar comida a sus esposos o hijos que pican piedra todo el día. 

En la entrada un par de jóvenes armados nos detienen. Son guardias de seguridad de la empresa que sigue teniendo control de la zona. Nos dejan pasar sin pedir mucha explicación.

A pesar que Geomaque no está explotando la mina, aún tienen presencia porque la concesión les pertenece, pero dejan pasar a los mineros artesanales de la comunidad para que se rebusquen la vida donde antes máquinas hacían lo que ahora se hace a punta de martillo, clavo y fuerza corporal. 

Carlos Batres, el asesor de la empresa canadiense que está tratando de negociar esta concesión con las comunidades, asegura que la empresa tiene presencia porque están en proceso de cierre y que la rehabilitación ambiental está en un 98% terminada.

“Estamos trabajando con el PNUD que es Naciones Unidas que tienen un proyecto de reducción de utilización de mercurio, estamos trabajando con la SERNA (ahora la secretaría de medio ambiente Mi Ambiente), para que ellos vean las situaciones ambientales y de explotación. Lo que queremos es capacitar a los mineros artesanales para que mejoren sus prácticas mineras y ellos puedan explotar en debida forma, legalmente, organizados, utilizando las mejores prácticas que existen”, cuenta Batres. 

Intentamos por varias vías hablar con alguien de PNUD para conocer el trabajo que realizan en la zona, su versión de lo que está pasando en esta negociación y porqué su nombre resuena, sin embargo, no nos atendieron. 

Selvin desconfía. “Tenemos miedo de que nos estén entregando un desastre ambiental y ¿cómo podríamos saberlo? Es muy fácil engañarnos”, dice mientras resuena el eco de los martillazos contra la piedra. 

Tres jóvenes mineros pican el cerro, trituran la piedra suelta y la mezclan con agua en una pala. “No hay nada. Tenemos 3 días de estar aquí y no sacamos nada”, cuentan. Dicen que hace un par de años unos mineros murieron soterrados por la mala práctica de escarbar el cerro a ciegas. El negocio no les da más que para sobrevivir. En esos 3 días los jóvenes apenas sacan broza para 7 gramos de oro, cada gramo lo venden a Lps. 700 ($35), pero de eso deben darle la mitad al molinero. “El mejor negocio es el del molino porque él solo viene a traer la broza en su carro, va y lo muele y se lleva la mitad, mientras que nosotros nos matamos trabajando 3 días”, dice uno de ellos.

Selvin cuenta que las personas encargadas de la empresa, entre ellas Carlos Batres, los han querido convencer que al aceptar la concesión ellos podrán ahora ser empresarios mineros. Pasarían de ser unos obreros precarios a ser empresarios y por eso los han instado a legalizarse como asociación de mineros y así hacer el traslado directo de la concesión.

Le preguntamos a Batres ¿por qué a la empresa ya no le interesa explotar ese cerro?

Y respondió que “la dueña actual nunca sacó un gramo de oro de allí, la compañía grande dueña de la concesión era otra compañía canadiense, esa compañía fue comprada por los actuales dueños, pero ya habían dejado de explotar allí. Más bien llevan 5 años rehabilitando, sembrando más de 80 mil árboles y hasta hicieron un canal para dirigir las aguas. La verdad de las cosas es que siempre llegan mineros artesanales, no se podía lograr un cierre definitivo. ¿por qué no aceptarían ellos ese regalo? No siempre hay cosas detrás, hay personas que solo quieren ver crecer el país”.

Y Batres asegura que las comunidades no recibirán un desastre ambiental.

La regidora municipal, Eunice Ramírez, miembro de la comisión de salud y medio ambiente de la municipalidad de Macuelizo ha acompañado a estas comunidades organizadas que piden información científica y legal de lo que realmente hay en la zona, del daño ambiental y de la situación legal de las tierras. Sin embargo, Ramírez dice que la municipalidad no tiene esa información y que lo que ya se hizo fue pedirla a las autoridades estatales a cargo de los monitoreos en la zona, Inhgeomin (Instituto Hondureño de Geología y Minas) y Mi Ambiente.  

“Pedimos el informe de los últimos informes de la actividad minera, tienen que estar viniendo cada 3 meses, pedimos información de los meses en que llueve porque es allí donde se presentan más problemas. Como regidora los he acompañado y esa información llevarla a la corporación, pero el alcalde quiere que las comunidades firmen. La municipalidad no me da toda la facultad para decidir porque el alcalde también esta como representante. El papel de Inhgeomin es de veedor, pero ellos no deben ser veedores, porque son la autoridad competente para dar ese trámite”, explica Ramírez. 

Por su lado, Batres asegura que Inhgeomin lo que quiere es que se explote la zona debidamente, legalmente. “El Estado no se opone, pero exige que las comunidades estén de acuerdo y que cumplan con la legalidad. No se podía transferir a ellos directamente sin el permiso de la autoridad minera”.

Consultamos a las autoridades de Inhgeomin, quienes confirmaron una entrevista para Radio Progreso, sin embargo, al día y la hora pactada no contestaron la petición. 

“Usted debería averiguar en qué condiciones venden el oro, que el mercurio que ellos procesan lo aspiran las mujeres embarazadas, los niños. Averigüen quiénes les pagan, a quienes venden los mineros el oro y en qué condiciones. Esas son cosas importantes que hay que ver qué es lo que queremos eliminar el estado, el PNUD, Ingeominh. ¿Qué pasa si no aceptan? Continuaremos con el cierre, pero ya tendremos que prohibir que ellos entren y vender las tierras a otra gente que quiera explotar, no es un gran drama para la empresa. Como le digo, para hondureños como usted o como yo puede sentirse extraño que el país no mejore”, explica Batres. 

El Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) en su informe Impacto socioambiental de la minería en la región noroccidental de Honduras a la luz de tres estudios de casos: Montaña de Botaderos (Aguán), Nueva Esperanza (Atlántida) y Locomapa (Yoro) afirma que el modelo extractivista de explotación y apropiación de los bienes naturales comunes es, en la actualidad, el principal generador de conflictos territoriales. También es factor de persecución, amenazas, agresiones y asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y ambientales, y de dirigentes de comunidades y organizaciones de base tanto en Honduras como en muchos otros países.

En los últimos años, sobre todo a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, los actores internacionales y nacionales promotores y ejecutores de este modelo han logrado que se aprueben paquetes legislativos que legalizan el extractivismo, aprovechando la enorme debilidad institucional y la presencia de funcionarios públicos proclives al soborno y al chantaje. La aprobación de una nueva ley de minería, la concesión de amplias zonas territoriales para la exploración y explotación minera, la construcción de represas, y la aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), durante la administración del señor Juan Orlando Hernández, primero como presidente del Congreso Nacional y luego como Presidente de la República, ha profundizado el modelo extractivista.

Después del golpe de Estado se aprobaron 364 proyectos de minería metálica. Actualmente se encuentran en proceso de aprobación al menos 563 nuevos proyectos mineros, y se está promoviendo la adjudicación de no menos de 950 títulos mineros adicionales derivados del catastro minero elaborado para profundizar el modelo extractivo. Nunca estas concesiones se han dado a comunidades ni a mineros artesanales, a pesar que la nueva ley de minería contempla esas figuras. Sin embargo, el caso de Ojo de Agua en Macuelizo refleja la desventaja y el abandono estatal de las comunidades más empobrecidas en cuanto a la decisión y la administración de su territorio. 

Mientras tanto, Selvin regresa a su casa, entra y se cambia de ropa. Va para una reunión con otros líderes del resto de comunidades afectadas para conversar y prepararse para una decisión. Mientras tanto hay silencio en la comunidad, los niños corren en la calle y los caballos comen zacate. El calor sofoca y algunas mujeres se asoman a la ventana para sufrirlo menos. Los molinos están parados, no ha salido nada en las últimas dos semanas. 

Un hombre joven se para al lado de su pequeño molino artesanal frente a la casa de Selvin. Estos molinos funcionan manualmente, meneando una manivela que mueve la piedra que muele la broza. Es un trabajo pesado. “Nosotros no tenemos más trabajo que ese cerro, aquí no tenemos otra vía y tampoco llegan las ayudas del gobierno”, dice apesarado. Dos semanas sin vender oro lo tiene en crisis. No hay más trabajo que ese cerro y se lo han acabado. 

 

"El gobierno busca desaparecer las tribus indígenas a nivel nacional a través de la explotación de nuestras montañas en manos empresarios “José María Pineda, de la Tribu San Francisco de Locomapa, Yoro, dijo esto en el espacio de Foros Populares de Radio Progreso, donde denunció que las amenazas a muerte contra dirigentes indígenas han incrementado. 

El dirigente indígena Tolupán organizado en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, salió de su comunidad  el 2013 debido a que su vida junto a la de varios dirigentes corría peligro. “Había orden de asesinar a 10 personas que nos oponíamos a la extracción de mineral y madera de nuestro territorio. Gracias a Dios pudimos salvar nuestras vidas, sin embardo tres indígenas fueron masacrados el mes de agosto de ese mismo año”, indicó.  

El golpe de Estado del 28 de junio del 2009 profundizó la  instalación de proyectos extractivistas y entrega de territorios ancestrales, sin la consulta previa, libre e informada, contenida en el convenio 169, logrando con esto el despojo contra los pueblos negros e indígenas.

Datos de una investigación del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, Eric de la Compañía de Jesús en Honduras, junto a la universidad Saint Luis en Estados Unidos, dan cuenta que los recursos hídricos, de 19 tribus Tolupanes consultadas cuenta con al menos 24 ríos y 140 quebradas; 16 reportan presencia de yacimientos minerales metálicos, siendo el oro y el hierro los más abundantes; en 11 tribus hay betas de antimonio, en 6 hay plata y en 4 hay indicios de presencia de cobre. 

Paradójicamente, esta enorme riqueza los condena al despojo, a la humillación y a llevar una vida miserable. A pesar de ello, el pueblo Tolupán no claudica en su intento por reivindicar sus derechos ancestrales.  Toda la riqueza natural los coloca en la mira de empresarios que quieren sacar ganancias, lo que ha dejado  muerte y criminalización de indígenas. 

Frente al irrespeto de su derecho a ser consultado, el pueblo Tolupán ha realizado diversas acciones de oposición y resistencia a las actividades extractivas, de exploración o factibilidad de proyectos dentro de sus territorios, lo que ha provocado la inmediata intervención del sistema de justicia y seguridad del Estado.

En el mapa de concesiones del departamento de Yoro destaca una reserva de minerales compartida por los municipios de Morazán y El Negrito (Yoro) con el municipio de Tela (Atlántida) que, presuntamente, corresponde a bancos de óxido de hierro. Esto se repite entre los municipios de Olanchito (Yoro), Sabá (Colón) y Gualaco (Olancho), en el área tridepartamental correspondiente al Parque Nacional Montaña de Botadores, donde también hay concesiones para la extracción de óxido de hierro.

Breve descripción 

Escritores y analistas hondureños se atreven a decir que el pueblo Tolupán lleva más de 500 años habitando las montañas de Yoro y Francisco Morazán, lugar donde mantienen una conexión especial con la madre tierra. Según la historia, estas tribus defendieron de los conquistadores la región que hoy conocemos como Valle de Sula, al norte de Honduras. Y que ahora siguen defendiendo ante la implementación del modelo extractivista. 

Sin embargo, son el pueblo que de manera sistemática han venido sufriendo un proceso de desplazamiento inhumano y amorfo, siendo arrancados de sus tierras ancestrales y de sus bienes naturales. Tal proceso de desplazamiento forzado ha supuesto también el desaparecimiento de la mayoría de sus métodos organizativos tradicionales y el desprendimiento de su idioma natal. 

En el pueblo Tolupán han sido asesinados aproximadamente un centenar de indígenas sin que hasta ahora el Estado de Honduras haya hecho justicia en siquiera algunos de dichos crímenes. En la web de la secretaría de Etnias podía leerse que éste es el pueblo originario más martirizado de Honduras. Sin embargo, con el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al reducir este ministerio a sub secretaría se eliminó de la web tan evidente afirmación martirial, denunció en 2016 el Movimiento Amplio por La Dignidad y la Justicia.

En Alerta Roja 

Actualmente los empresarios madereros están sacando más de 5 mil metros de bosque con el visto bueno de las autoridades gubernamentales pero sin el consentimiento de la tribu indígena de San Francisco en Locomapa, Yoro. Esto viene a sumar otra problemática para las comunidades indígenas, ya que desde hace varios años enfrentan problemáticas de territorio, desforestación y violaciones a los derechos humanos.

Ramón Matute del Consejo Preventivo de la Tribu San Francisco, asegura que además de sacar madera los empresarios están aprovechando la impunidad que les brinda el gobierno para extraer antimonio en horas de la noche. “Han introducido maquinaria en la zona y es posible que estén sacando minerales”, denuncia Matute asegurando que las volquetas cargadas con material salen de las comunidades sin que sean registradas por las autoridades responsables. 

Claramente la tribu San Francisco de Locomapa señala al terrateniente  Roy Varela de ocupar tierras tribales en el sector de Buenos Aires, Suyatal y la quebrada San Jacinto. Sin embargo, el caso más emblemático ocurre con el General en condición de retiro de las Fuerzas Armadas de Honduras, Oscar Filander Armijo Uclés, que desde la pasada década de los ochentas del siglo XX subía a la tribu con camiones militares cargados de soldados con quienes procedió a cercar grandes extensiones de tierra, despojando de la misma a toda familia tolupán que encontraba a su paso. 

La familia Uclés retiene bajo su control al menos 3 vastas extensiones de tierra: una hacienda entre el caserío El Zompopero, cerro Padre Vélez y borda El Esquinero; otra propiedad entre el volcán San Francisco y las comunidades indígenas de La Fortuna y El Terrero; y una finca extensa entre los cerros Jicarito, El Paragua y La Misión. 

La tribu Tolupán de San Francisco organizada en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, ha denunciado en repetidas ocasiones las violaciones a los derechos que han sufrido producto de la explotación de sus bienes naturales en manos de estos terratenientes, y la negligencia de las autoridades responsables de aplicar la justicia. Hasta el momento solo ha quedado en evidencia la complicidad del gobierno con los terratenientes y empresarios. Sin embargo, el pueblo Tolupán está convencido que a través de la organización y la auténtica resistencia indígena podrá mantenerse con vida. 

 

A partir del 1 de junio inició oficialmente la temporada de huracanes en el atlántico, para el pacífico, dio inicio a partir del 15 de mayo, ambas temporadas finalizarán hasta el 30 de junio del presente año. 

Según Juan José Reyes, coordinador de alerta temprana en la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), se podrían generar 15 formaciones. De esas entre 9 y 11 serían tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes, y uno de ellos podría tocar suelo centroamericano.

El experto asegura que esos fenómenos naturales dejarán muchas precipitaciones que andarán por los rangos de entre 150 y 400 milímetros,  además generarán vientos entre 80 y 100 kilómetros por hora, asimismo marejadas en la zona sur que podrían dejar serios daños en la infraestructura del país. 

En ese sentido Juan José Reyes, recomienda   a los comités de emergencia locales y municipales, comenzar con las limpiezas de cunetas, el dragado de ríos, y  la identificación de zonas vulnerables, para no poner en riesgo la vida de las personas al momento de presentarse una emergencia por fenómenos meteorológicos. 

A pesar que los expertos aseguran que este año tendremos, una temporada ciclónica poco activa, la preocupación en las miles de familias que viven en sectores vulnerables, no es menor.

A criterio de Jerónimo Carranza, del área de articulación territorial del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación (ERIC) y Radio Progreso, es necesario crear una cultura de prevención y comenzar a actuar desde antes que se presenten los fenómenos naturales.

Carranza cree que para esta temporada ciclónica las comunidades enfrentan los retos de siempre; las inundaciones, las pérdidas de sus casas y cultivos. Hace el llamado de atención a las autoridades avancen en crear una cultura de prevención en las familias, así mismo dice que es necesario impulsar los proyectos de mitigación para reducir el impacto de los fenómenos naturales.

Honduras Vulnerable

Nuestro País está situado en la ruta de tormentas tropicales y huracanes, lo que lo hace un país altamente vulnerable. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Honduras figura entre los 20 más vulnerables del mundo.

Ese mismo estudio revela que a lo largo de su historia, el impacto de los fenómenos naturales ha causado en Honduras enormes pérdidas humanas, sociales, económicas y ambientales. 

En el último siglo, casi 5 millones de personas han resultado afectadas por los desastres naturales. Los más dañinos han sido los 19 huracanes que han azotado la región, causando la muerte de casi 25,000 personas.

Existen varios factores que han hecho de Honduras, un país altamente vulnerable. Más del 60 % de nuestro territorio es montañoso; tras largos años de uso incontrolado de los suelos el resultado es la inestabilidad y la erosión. 

El acaparamiento por parte de familias poderosas (empresarios, políticos, terratenientes),  de las mejores tierras en los valles, han obligado a miles de familias a buscar otros lugares menos seguros, para construir sus casas y cultivar las tierras. 

En la costa norte las partes bajas y las riveras de los ríos han sido la alternativa poco acertada que han tenido las familias. Las familias construyen en zonas propensas a inundaciones.  En el caso de la zona central y occidental, las familias pobres han sido desplazadas a vivir en los cerros inestables.

Solo en Tegucigalpa, unas 327 mil personas viven en zonas propensas a deslaves e inundaciones, sin mencionar una cantidad mayor  que viven en las regiones sur, occidente y norte del país. 

La vulnerabilidad que registra el país, no solamente es en la temporada lluviosa, también Honduras, en especial el corredor seco, ubicado en la región sur, existe alta vulnerabilidad a fuertes y prolongadas sequías.

Según datos de la Asociación de Municipios de Honduras, AMONH, desde el año 2015, casi la mitad del territorio ha sido  afectada por la sequía, provocando serios problemas en el abastecimiento del agua y precarias condiciones de salud en la ciudadanía.

El efecto de la sequía a nivel nacional ha dejó como resultado que en 146 municipios haya escasez de alimentos. De esos municipios, 62 sufrieron condiciones críticas y se perdió  más del 70 % de los cultivos.


La tranquilidad de Albertina y de su familia fue irrumpida por una empresa, que sin pedir permiso se instaló en su comunidad y ahora se declara dueña de la principal fuente de agua de la zona. 

La amenaza de instalar una hidroeléctrica en el río Mezapa la mantiene en un campamento desde hace más de 75 días defendiendo lo que ella considera la vida para su comunidad. Eso mismo pasó con Suyapa, una mujer de campo que ahora junto a otros miembros de la Mesa de Indignación de la ciudad de El Progreso, Yoro llevan más de 200 días instalados bajo el sol y agua rechazando que se privaticen las carreteras a través de la instalación de peajes. 

La presencia del actual modelo de extracción mantiene a cientos de mujeres y hombres defendiendo los bienes naturales y territorios, una lucha que en muchas ocasiones acaba con su vida, como ocurrió con Berta Cáceres, líder indígena de las comunidades Lencas. 

Las historias de estas defensoras y sus luchas son abordadas desde la campaña Defender Sin Miedo: tu vida, la mía, nuestra casa común, una coordinación de la Fundación San Alonso Rodríguez, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ y el Centro de Derechos de Mujeres, CDM, con el apoyo de Diakonia-Unión Europea. 

La campaña es un esfuerzo por visibilizar la labor de los defensores y defensoras en los territorios, revelando sus problemáticas, generando mensajes de protección y de desmitificar su labor ante la opinión pública.

La campaña es parte de un proyecto más amplio que se ubica en las zonas donde existe mayor riesgo para personas, comunidades, población indígena y campesina que libra una lucha en contra de las pretensiones de acaparamiento que tienen las grandes concesiones mineras, hidroeléctricas y de territorios acaparados por el monocultivo. “Las organizaciones que participan en el proyecto, y concretamente en la campaña tienen su trabajo situado en la zona noroccidental, región mayormente afectada por la política extractiva que se promueve en Honduras”, dice José Palacio del equipo dinamizador de la campaña. 

“Desde el momento en que se formuló la campaña sabíamos que las organizaciones que ahora la promueven son las que están en los territorios acompañando a esas comunidades. El ERIC  tiene mucha experiencia y prestigio en apoyar y defender los derechos de los defensores, de forma particular los defensores de los territorios, la Fundación San Alonso Rodríguez acompaña directamente al Observatorio de derechos humanos en el Bajo Aguán, con toda la problemática que enfrentan los campesinos y campesinas en esta región y CDM reconocida nacional e internacionalmente por su trabajo en defensa y promoción de los derechos de las mujeres. En las luchas en defensa de los territorios las acciones de las mujeres son invisibilizadas, sabíamos que con el aporte feminista la campaña dejaría muchas lecciones a la sociedad”, agrega Palacios. 

La campaña inicia su segunda etapa con el reto de seguir llevando los testimonios, acciones y protestas de esos defensores y defensoras que se aferran a sus bienes y territorios. “En los primeros 6 meses de Defender Sin Miedo¸ buscamos que la ciudadanía reconozcas las luchas y se concientice sobre la labor de defensa que se hace en los territorios, y no únicamente para esas comunidades, sino para todo el país, una Honduras que tenga sus ríos libres, playas con acceso para todos y todas”, manifestó Merary Ávila en representación de Diakonia. 

Premio Nacional Carlos Escaleras

La campaña inició en octubre 2016 con la entrega del premio nacional Carlos Escaleras que busca rescatar la memoria histórica de “uno de los más reconocidos líderes populares del Valle del Aguán. Una de las facetas importantes de su lucha fue denunciar y oponerse a las actividades de empresas que causaban daño al medio ambiente y al ecosistema del valle al derramar sustancias tóxicas en los ríos.”

Carlos Escaleras fue asesinado el 18 de octubre de 1997. Veinte años después, su asesinato recuerda que muchos defensores de la tierra y de los bienes naturales siguen enfrontándose a agresiones encaminadas a bloquear o debilitar su trabajo de defensoría. Los ataques en contra de las defensoras y defensores revelan patrones estructurales y tienen un largo expediente en los registros anuales de violaciones de derechos humanos. La impunidad de estas agresiones es cercana al 100%. 

El año anterior la campaña reconoció la labor de Miriam Miranda, actual coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, Ofraneh, espacio que lucha por evitar el destierro de más de 40 comunidades garífunas que se oponen a proyectos extractivos en toda la costa caribeña. 

"Me niego a que Honduras siga siendo destruida por el modelo extractivista", declaró Miriam Miranda al momento de conocer que fue la ganadora del premio Nacional Carlos Escaleras."

José Palacio anuncia que la campaña este 2017 nuevamente hará un reconocimiento público de respaldo al trabajo legítimo de las defensoras y defensores del derecho a la tierra y los bienes naturales en Honduras, como un mecanismo de incidencia, posicionamiento y visibilización de su labor.  

“El premio oficialmente se lanzó para la segunda edición el primero de junio, ya se ha distribuido a través de las organizaciones los requisitos  y las fichas para la inscripción, esperamos recibir mucha postulaciones. Invitamos a las organizaciones a que hagan sus postulaciones porque sabemos a que nivel nacional hay muchos hombres y mujeres que hacen una gran labor de defensoría y protección de la vida”. 

El lanzamiento de la segunda etapa de la campaña se realizó en el marco del día mundial del ambiente como un aporte de posicionar un imaginario colectivo positivo y favorable frente a la labor de la defensa del derecho a la tierra y los recursos naturales como un aporte a la construcción de la democracia y la justicia en Honduras.

Escuchar entrevista completa sobre segunda etapa de la campaña Defender Sin Miedo. 

 

Más de 28 días permanecieron cerradas las instalaciones del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae). El movimiento estudiantil organizador de la acción de lucha exigía a las autoridades educativas que no modificaran las secciones y que no trasladaran docentes a otros colegios.

Durante la toma, las autoridades de educación en el departamento de Cortés se acercaron a los jóvenes pero sin ninguna propuesta clara que pusiera  fin a la crisis y reanudara las clases.

La toma estudiantil en el Intae inspiró a otros alumnos a pronunciarse sobre las nuevas disposiciones que vienen desde la Secretaría de Educación, en ese sentido el Instituto Oficial Patria de La Lima, Cortés lleva más de 25 días de lucha en contra de las modificaciones.

“Nos sentimos bien porque logramos nuestro objetivo, creo que el camino de la lucha es el único que puede dar conquistas a la gente afectada”, expresó Arnold Laureano dirigente estudiantil del Intae luego de la firma del acuerdo alcanzado con las autoridades del colegio el pasado lunes 5 de junio.

Para que se acordara un pacto entre autoridades y estudiantes del Intae, la parte administrativa del centro educativo buscó un acercamiento para crear un compromiso de los docentes para no trasladarlos y de la misma forma respetar la composición de las secciones en mayor parte de la jornada nocturna.

“No es posible que un maestro de física nos dé clases de Español, por eso protestábamos, porque queremos educación de calidad y el gobierno está obligado a eso”, argumentó Laureano.

Uno de los puntos que causó la molestia estudiantil es que producto del traslado de maestros, varios profesores se verían obligados a impartir clases que no son de su especialidad.

Mismo escenario se da en el Instituto Patria; a diferencia del Intae en el Patria no hay acuerdo y la toma continúa. La directora de la institución Lucía Granados afirmó que están buscando una salida a la crisis educativa y que los padres, madres y estudiantes junto a las autoridades han conformado una comisión para gestionar ante la Departamental de Educación un diálogo entre todos los sectores.

“Creemos en el poder del diálogo, ya es momento que las autoridades se acerquen a los estudiantes, que los escuchen y que aprueben consensos que eviten la pérdida de clases”, relató Granados.

Los estudiantes piden una respuesta inmediata de la Secretaría de Educación, caso contrario aseguran que la toma no la suspenderán y las clases no se reanudarán.

A inicios de mayo, los estudiantes lograron un acuerdo preliminar en el Patria, en el que las autoridades se comprometían a no mover maestros ni modificar secciones, el pacto duró una semana porque según las denuncias de los alumnos de El Patria el acuerdo no fue cumplido por las autoridades.

“Ahora ya no confiamos en ellos, el acuerdo ya no puede ser de palabra sino con un papel firmado, esa es nuestra condición”, aclaró un dirigente estudiantil del instituto limeño que prefirió no dar su identidad por miedo a represalias. 

La falta de un acercamiento de las autoridades y la exigencia de un acuerdo por escrito mantienen estancadas las negociaciones en El Patria y por el momento las clases están suspendidas.

Por su parte los estudiantes del Intae luego del acuerdo firmado con las autoridades del colegio dicen que vigilarán el pacto alcanzado y el cumplimiento del mismo, también advirtieron que si las autoridades implementan alguna modificación a las secciones volverán a cerrar el centro educativo.

El conflicto educativo en la zona norte está vigente, la falta de diálogo y concesiones de ambos sectores siguen generando la pérdida de clases en centros de educación media en el Valle de Sula.

 

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